Una política ambiental inmersa en contradicciones
JOSÉ C. LASSO | SOCIÓLOGO
Pantallazo de las medidas que el Estado
panameño ha aprobado en materia ambiental y las acciones discordantes de
los últimos años
 |
| CONVENIOS. La Autoridad Nacional del Ambiente ha firmado convenios que en la práctica en otras instancias poíticas y gubernamentales no han sido aplicadas. Foto: Archivo |La Estrella |
Después de la conferencia de
Estocolmo en 1972, los países del mundo emprendieron esfuerzos para
adecuar las estructuras institucionales, así como sus legislaciones, al
tema del medioambiente que no tenía vigencia unos años antes. Así nacen
las primeras políticas ambientales. En América Latina, países como
Venezuela y México a finales de la década del 70’, asumieron esfuerzos
de creación de ministerios y legislaciones para regular, la relación de
los hombres con la naturaleza.
En Panamá, esas políticas se han desarrollado paulatinamente en la medida de cambios y crisis políticas como las experimentadas en los años 70 y 80, que concluyeron con el establecimiento de gobiernos democráticos en la década del 90. En medio de estos eventos, las estructuras institucionales que atendieron la situación ambiental en el país se reducían a pequeñas oficinas, con poco personal y reducido presupuesto.
En Panamá, esas políticas se han desarrollado paulatinamente en la medida de cambios y crisis políticas como las experimentadas en los años 70 y 80, que concluyeron con el establecimiento de gobiernos democráticos en la década del 90. En medio de estos eventos, las estructuras institucionales que atendieron la situación ambiental en el país se reducían a pequeñas oficinas, con poco personal y reducido presupuesto.
El tema ambiental fue atendido por una dirección del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA), transformándose posteriormente en el
Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), lo que
ulteriormente, en la etapa democrática de los años 90’, se convertiría
en la hoy Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Desde entonces, se han aplicado principios generales y acciones, así como otros instrumentos, utilizados de forma explícita e implícita; constituyéndose en las políticas seguidas por los gobiernos en el tema medioambiental.
Así, se definen como políticas ambientales explícitas aquellas que están formuladas y publicadas en documentos oficiales aprobados o expedidas formalmente por algún organismo estatal y que tienen como objetivo la protección ambiental. Por otro lado, las políticas implícitas son aquellas decisiones o documentos oficiales que vienen de otros ámbitos de la política pública o en los medios productivos, y que su ejecución desemboca en un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Estas acciones, muchas veces son contrarias a las políticas explicitas (Gligo, 1998).
POLÍTICAS EXPLÍCITAS
En el país, la ley 41 del 1 de julio de 1998, dicta la normativa legal para la administración de los recursos naturales y crea oficialmente la Autoridad Nacional del Ambiente, como ente institucional encargado de coordinar con otras instituciones el manejo del ambiente y hacer cumplir la ley. Con esta acción, se crea la primera Estrategia Nacional del Ambiente 1999 – 2005. Según la ANAM, esta estrategia permitió consolidar la institucionalidad con la introducción de la dimensión ambiental en la estructura gubernamental.
Desde el año 2007, el Concejo de Gabinete, aprobó 7 políticas nacionales de gestión ambiental, transformadas en políticas de Estado. ANAM tiene la responsabilidad de vigilar su ejecución a través de estrategias distintas con la coordinación de las instancias gubernamentales involucradas. Todas estas políticas fueron diseñadas dentro del marco Constitucional de la República de Panamá y dentro de los Acuerdos Internacionales de los cuales Panamá es signatario.
Estas políticas desarrollan objetivos generales que se convertirían en un conjunto de buenos deseos, si las políticas aplicadas en otros ámbitos, generan un impacto negativo en el medioambiente nacional. Así, las políticas implícitas aplicadas serían incongruentes con las explícitas expresadas en la Estrategia Nacional de Ambiente. De la misma forma, si las estrategias e instrumentos de desarrollo sostenibles no son ejecutados o adecuadamente aplicados, se convierten en factores de la inacción por parte de los actores responsables, y se constituyen también en políticas implícitas de afectación medioambiental.
POLÍTICAS Y ACCIONES IMPLÍCITAS
Las principales afectaciones ambientales pueden estar contenidas en legislaciones en temas diversos que de manera indirecta difieren con los preceptos y objetivos generales de la política ambiental de los países. En el caso panameño, en el aspecto económico, aparecen acciones como los TLC, que de forma indirecta producirá un incremento en la producción nacional, que traerá beneficios económicos, pero inevitables impactos ambientales tanto en la apropiación como en la generación de desechos, resultado de los procesos productivos. ¿Quién establece lo prioritario en esta dinámica? En este evento, todas las políticas explícitas enunciadas se verán afectadas y puesta a prueba los reconocidos mecanismos de desarrollo sostenible.
Otro caso importante de política implícita, se ha dado en los intentos gubernamentales de adecuación de leyes mineras y de la utilización de los recursos hídricos para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, que ha traído consigo protestas, de nuevas expresiones de un movimiento social en el tema ambiental; como lo son indígenas y grupos ambientalistas organizados. Acciones políticas, que son contradictorias con la denominada Política Pública de Recursos Hídricos.
También, la suspensión de la Ley de Descentralización Municipal a finales del año 2009, ha afectado la posibilidad de que este tema sea atendido por los gobiernos locales, tal y como lo ha denominado la Política de Descentralización de la Gestión Ambiental.
Además, el caso del manejo de desechos, es de todos conocida la crisis en la recolección de basura y el mal manejo de los desechos tanto de recolectores, como de la población en general. Asi como las autorizaciones de paso de embarcaciones con desechos nucleares por el Canal de Panamá.
Por último, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ha dejado sin protección los sistemas de manglares ubicados en la Bahía de Panamá, eliminando la condición de área protegida.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La situación ambiental se encuentra en franco deterioro en nuestro país. Si insistimos en que los instrumentos de Gestión Ambiental para el ‘Desarrollo Sostenible’, llámense Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros; no se ejecuten efectivamente, y se sustenten en racionalidades económicas y de acumulación; estaremos simulando, a través de nuestras políticas explícitas, que conservamos el medioambiente, pero los indicadores ambientales nos seguirán desmintiendo. Mientras la prioridad sea la acumulación de riquezas, no habrá instrumento o política ambiental que pueda frenar la destrucción de nuestra naturaleza.
Desde entonces, se han aplicado principios generales y acciones, así como otros instrumentos, utilizados de forma explícita e implícita; constituyéndose en las políticas seguidas por los gobiernos en el tema medioambiental.
Así, se definen como políticas ambientales explícitas aquellas que están formuladas y publicadas en documentos oficiales aprobados o expedidas formalmente por algún organismo estatal y que tienen como objetivo la protección ambiental. Por otro lado, las políticas implícitas son aquellas decisiones o documentos oficiales que vienen de otros ámbitos de la política pública o en los medios productivos, y que su ejecución desemboca en un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Estas acciones, muchas veces son contrarias a las políticas explicitas (Gligo, 1998).
POLÍTICAS EXPLÍCITAS
En el país, la ley 41 del 1 de julio de 1998, dicta la normativa legal para la administración de los recursos naturales y crea oficialmente la Autoridad Nacional del Ambiente, como ente institucional encargado de coordinar con otras instituciones el manejo del ambiente y hacer cumplir la ley. Con esta acción, se crea la primera Estrategia Nacional del Ambiente 1999 – 2005. Según la ANAM, esta estrategia permitió consolidar la institucionalidad con la introducción de la dimensión ambiental en la estructura gubernamental.
Desde el año 2007, el Concejo de Gabinete, aprobó 7 políticas nacionales de gestión ambiental, transformadas en políticas de Estado. ANAM tiene la responsabilidad de vigilar su ejecución a través de estrategias distintas con la coordinación de las instancias gubernamentales involucradas. Todas estas políticas fueron diseñadas dentro del marco Constitucional de la República de Panamá y dentro de los Acuerdos Internacionales de los cuales Panamá es signatario.
Estas políticas desarrollan objetivos generales que se convertirían en un conjunto de buenos deseos, si las políticas aplicadas en otros ámbitos, generan un impacto negativo en el medioambiente nacional. Así, las políticas implícitas aplicadas serían incongruentes con las explícitas expresadas en la Estrategia Nacional de Ambiente. De la misma forma, si las estrategias e instrumentos de desarrollo sostenibles no son ejecutados o adecuadamente aplicados, se convierten en factores de la inacción por parte de los actores responsables, y se constituyen también en políticas implícitas de afectación medioambiental.
POLÍTICAS Y ACCIONES IMPLÍCITAS
Las principales afectaciones ambientales pueden estar contenidas en legislaciones en temas diversos que de manera indirecta difieren con los preceptos y objetivos generales de la política ambiental de los países. En el caso panameño, en el aspecto económico, aparecen acciones como los TLC, que de forma indirecta producirá un incremento en la producción nacional, que traerá beneficios económicos, pero inevitables impactos ambientales tanto en la apropiación como en la generación de desechos, resultado de los procesos productivos. ¿Quién establece lo prioritario en esta dinámica? En este evento, todas las políticas explícitas enunciadas se verán afectadas y puesta a prueba los reconocidos mecanismos de desarrollo sostenible.
Otro caso importante de política implícita, se ha dado en los intentos gubernamentales de adecuación de leyes mineras y de la utilización de los recursos hídricos para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, que ha traído consigo protestas, de nuevas expresiones de un movimiento social en el tema ambiental; como lo son indígenas y grupos ambientalistas organizados. Acciones políticas, que son contradictorias con la denominada Política Pública de Recursos Hídricos.
También, la suspensión de la Ley de Descentralización Municipal a finales del año 2009, ha afectado la posibilidad de que este tema sea atendido por los gobiernos locales, tal y como lo ha denominado la Política de Descentralización de la Gestión Ambiental.
Además, el caso del manejo de desechos, es de todos conocida la crisis en la recolección de basura y el mal manejo de los desechos tanto de recolectores, como de la población en general. Asi como las autorizaciones de paso de embarcaciones con desechos nucleares por el Canal de Panamá.
Por último, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ha dejado sin protección los sistemas de manglares ubicados en la Bahía de Panamá, eliminando la condición de área protegida.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La situación ambiental se encuentra en franco deterioro en nuestro país. Si insistimos en que los instrumentos de Gestión Ambiental para el ‘Desarrollo Sostenible’, llámense Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros; no se ejecuten efectivamente, y se sustenten en racionalidades económicas y de acumulación; estaremos simulando, a través de nuestras políticas explícitas, que conservamos el medioambiente, pero los indicadores ambientales nos seguirán desmintiendo. Mientras la prioridad sea la acumulación de riquezas, no habrá instrumento o política ambiental que pueda frenar la destrucción de nuestra naturaleza.
PERIODISTAS@LA
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