Lavitola salpica a Martinelli en el juicio

 

Sara Morales Gallego

smorales@laestrella.com.pa

 

 

Fiscalía de Roma divulga las primeras piezas del expediente. El proceso por corrupción internacional se desarrolla en Roma

 

2013-05-31 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. La Fiscalía de Roma, Italia, dio a conocer los cargos por los que será juzgado Valter Lavitola, a mediados de julio, en el caso por corrupción internacional en el que funcionarios panameños, entre ellos el presidente de la República, Ricardo Martinelli, han sido mencionados.

Según un documento de la Procuraduría de Roma que fue divulgado a inicios de esta semana por Radio Panamá en el cargo de corrupción internacional, se menciona el supuesto pago ilícito a funcionarios panameños por alrededor de 23. 4 millones de dólares, y se cita directamente entre ellos al Presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Lavitola, consultor del consorcio italiano Finmeccanica y el intermediario con el gobierno panameño, será enjuiciado junto al ex director comercial del grupo, Paolo Pozzessere.

LA ACUSACIÓN OFICIAL

La acusación contra Lavitola consiste en el supuesto ‘pago ilícito por las decisiones políticas y administrativas’ de funcionarios panameños que beneficiarían las empresas del consorcio Finmeccanica: Telespazio, Augusta y Selex.

Según el último despacho de Joan Solés, corresponsal del Grupo Prisa para Radio Panamá, en el documento se detalla que ‘el presidente Ricardo Martinelli, y otros exponentes políticos y del gobierno, no identificados, determinaron con sus decisiones la ejecución de contratos habiendo prometido beneficios de relieve económico, objeto de la investigación’.

Se refieren a los contratos por los que el gobierno panameño adquirió helicópteros, radares y un sistema de cartografía, de Finmeccanica, por más de 230 millones de dólares en el marco de la operación internacional definida según el acuerdo de seguridad firmado en 2010 entre Italia y Panamá.

‘MILLONES CORRUPTOS’

El presunto soborno fue de aproximadamente 23. 4 millones de dólares, que sumado a los 20 o 25 millones de dólares que en teoría se desviaron por la construcción de cuatro cárceles modulares por la empresa Svemark, alcanzarían alrededor de 57 millones de dólares en pagos ilícitos. En este otro proceso, se menciona a un primo del mandatario panameño de nombre, Francisco ‘Frankie’ Martinelli.

Pero la investigación sobre la contratación de estas cárceles no ha avanzado hasta el momento.

Lavitola, quien lleva más de 14 meses detenido, ha insistido todo ese tiempo en que el dinero no habría sido dirigido al presidente Martinelli o su entorno.

El empresario ha colaborado en los últimos meses con la justicia italiana, y según informó Solés, habría reconocido como veraces el 90% de las acusaciones hechas por Mauro Velocci, testigo de la fiscalía romana.

El pasado 24 de mayo le concedieron arresto domiciliario, y desde el día siguiente se encuentra en su casa en Roma.

Además del juicio que tendrá lugar a mediados de julio, Lavitola tiene pendientes otros siete procesos penales en Italia.

En el caso de lavado de dinero mas grande del mundo se daba entre Panamá y Costa Rica.

Detención en el aeropuerto de Barajas de Arthur Budovsky (c), fundador y máximo responsable de Liberty Reserve

New York AFP

Las autoridades estadounidenses anunciaron el martes la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos USD 6,000 millones, en el caso de este tipo "mas grande de la Historia" según la fiscalía.

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, indicó la justicia federal estadounidense en un comunicado.

Se trata del "caso de lavado de dinero internacional más grande de la Historia", aseguró la misma fuente.

"La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por USD 6 000 millones" a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la fiscalía.

"Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado.

La investigación incluyó operativos policiales en 17 países, entre ellos Panamá, Costa Rica, sin embargo no se han dado a conocer el modus operandum que utilizaba en Panamá.

En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats.

Budovsky, de 39 años y conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.

En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadanía costarricense "para escapar a las leyes" de Estados Unidos, explicó la fiscalía.

 "A través de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales", sostiene el acta de inculpación.

Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento.

La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del usuario, "volviendo a la operación ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve".

Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones "oficiales" y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.

En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar 19,5 millones de dólares de una cuenta de Liberty Reserve  tras un pedido de la Justicia estadounidense.

Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la fiscalía estadounidense.

Budovsky, que se había instalado en Holanda, fue detenido en España y Vladimir Kats, de 41 años, en Brooklyn (sudeste de Nueva York) , según la fiscalía.

De su lado, las autoridades de Costa Rica anunciaron el martes que preparaban la extradición a Estados Unidos de un ciudadano ruso vinculado a Liberty Reserve y arrestado durante allanamientos a ocho empresas, la mayoría en el oeste de San José.

En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.

El Tesoro estadounidende colocó a Liberty Reserve en su lista como "institución de primer orden de lavado de dinero" bajo la sección 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace esto con una plataforma de pago electrónico por internet.

Torres impedirían la vista en Amador

La construcción de edificaciones en el desdoblamiento de la calzada de Amador obstaculizaría mirar hacia la bahía yl a ciudad.

Mary Triny Zea 
mzea@prensa.com

 

La propuesta llamada Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico y Urbanístico de Amador flexibiliza con generosidad el plan de 1996 para desarrollar el sitio.

El desdoblamiento en U de la calzada –con nuevos rellenos–, por ejemplo, generará un enorme tráfico automovilístico en el área, ya que la nueva vialidad conectaría la ciudad por la cinta costera tres con las proyectadas facilidades que se crearían en Amador, algo que estuvo vetado en los planes de 1996, que contemplaban un turismo de bajo impacto.

Nueva desarrollo

Una de estas facilidades es una megamarina, con capacidad para anclar casi mil botes. Además, la construcción de comercios, resorts, hostales, apartahoteles, alojamientos para estudiantes, casinos, discotecas, centros de convenciones y exhibiciones marinas, también generaría un pesado flujo vehicular a su alrededor.

Turismo a gran escala, propone la empresa española C4T, autora del estudio, encargado por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas, en una zona de espacio reducido.

Este planteamiento de zonificación en el informe es, a juicio del arquitecto Ricardo Bermúdez –uno de los autores del plan de turismo de Amador de 1996–, lo más crítico de la propuesta.

“Esa culebra [el desdoblamiento en U de la calzada] es una caja de Pandora para que el día de mañana llenen eso de edificios y apartahoteles disfrazados”, advirtió (ver infografía).

Bermúdez teme que la zonificación sugerida se preste para hacer futuros desarrollos que impedirán la vista a la ciudad, justo lo que se quería evitar, porque un apartahotel puede llegar a tener 20 pisos de altura, y se puede mercadear como residencial de larga estancia, dijo.

Además, calificó de “ridículo” pretender hacer alojamientos para estudiantes en esa zona, por lo costoso y alejado de la ciudad.

“Esta parte [el desdoblamiento de la calzada] cambia radicalmente el aspecto de Amador”, obstruyendo la vista de la ciudad, dijo Bermúdez, ya que el estudio sugiere construir apartahoteles sobre el nuevo relleno.

Sería lo mismo que permitir –añadió– el polémico proyecto de Rafael Boli Bárcenas, que, según la extitular de la UABR Liriola Pittí, no es factible por las actuales limitaciones de suelo y altura en Amador.

El desarrollo propuesto por C4T es mayor al concepto de ciudad marina de Bárcenas, con sus rascacielos y su marina de 300 botes.

El informe que rediseñaría Amador contiene imágenes del proyecto “Amador Ciudad Marina”, del publicista Rafael Bárcenas.

“Se trata de un proyecto cultural, será como una señal de la llegada del visitante a un país nuevo, diferente”, se refiere C4T a la marina de Bárcenas (ver facsímile).

Curiosamente, el relleno desde la avenida de los Poetas hasta tierra firme, donde se edificaría “el hub del ocio” y las residencias de lujo, comparte el mismo nombre: “Ciudad Marina”.

“El problema es que estamos privatizando el espacio de Amador con áreas residenciales”, dijo Gerónimo Espitia, que participó en la elaboración del plan original de Amador.

Espitia se refirió al área residencial de lujo en el relleno de El Chorrillo: “Es un estudio urbanístico y no turístico, porque no habla de mercado ni el tipo de operadores. El estudio original de Amador sí decía el porcentaje de hoteles de inversión y tenía un plan de infraestructura”, comparó.

El arquitecto Espitia lamentó que la sociedad sea “apática” y “no le importe este bien patrimonial”.

Las UABR y la Autoridad Marítima se niegan a responder si se aprobó el documento y si los rellenos propuestos gozan de aval.

Pero hay que destacar que algunas de las propuestas del estudio coinciden con obras en desarrollo, como los rellenos en la avenida de los Poetas, la reubicación del centro de convenciones en Amador, un puerto de cruceros –ya descartado– y la ampliación de la calzada.

En 2011, Juan Carlos Orillac, secretario de la UABR, promovió en una entrevista a este medio una marina en Amador “que serviría para reubicar el Club de Yates y Pesca, ubicado en la cinta costera, y el Club de Yates de Balboa”, que debía ser trasladado, pues allí se construiría un puerto de cruceros, dijo. Sus palabras son exactamente lo que propuso la empresa C4T.

Dimiten otros cuatro jueces

Seis jueces de circuito y cuatro magistrados de tribunales superiores han renunciado a sus cargos desde el mes de enero del año pasado.

Rubén Polanco

ruben.polanco@prensa.com

Por lo menos cuatro jueces de circuito han renunciado a sus puestos este mes, debido a sus supuestas vinculaciones con irregularidades de carácter administrativo o hechos de corrupción, confirmaron a este diario fuentes del Órgano Judicial.

El primero en dejar el cargo fue el juez cuarto penal Silverio Rodríguez, que dimitió el 6 de este mes tras ser señalado por supuestas anomalías en el otorgamiento de permisos de salida del país al empresario Stephen Jones, procesado en el caso de los sobornos para la aprobación en 2001 del contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios, y al exdirector del extinto Servicio Marítimo Nacional Ricardo Traad Porras, procesado por lavado de dinero.

El segundo en renunciar, hace dos semanas, fue el juez segundo penal de La Chorrera, Ricardo Mazza, y ya fue reemplazado por María Lourdes Ortiz.

Según las fuentes, sobre Mazza pesaban señalamientos por supuestas anomalías en el manejo de su despacho, aunque no se le probó ningún ilícito.

La tercera en irse fue la jueza agraria de Veraguas, Gianna Polanco, quien presentó su renuncia la semana pasada, justo cuando se efectúa una auditoría en su despacho tras una denuncia por supuestos actos de corrupción en un litigio de tierras.

La salida de Polanco será efectiva desde el próximo viernes 31 de mayo.

El cuarto en irse es el juez segundo penal de Colón, Raúl Murdock, a quien las autoridades del Órgano Judicial pidieron la renuncia la semana pasada y la aceptó el pasado lunes, pero primero se acogerá a cuatro meses de vacaciones pendientes. Sobre él no había acusaciones.

Por otra parte, versiones que circulan en el Palacio de Justicia dan cuenta de la supuesta dimisión del juez primero penal, Rolando Quezada Vallespi, pero este no ha renunciado, según se confirmó oficialmente, aunque está de vacaciones y su puesto lo ocupa interinamente Irene Cedeño.

Las renuncias de los jueces Rodríguez, Mazza, Polanco y Murdock coinciden con el caso de la magistrada del Tribunal Superior de Herrera y Los Santos, Karem Benítez, quien fue enviada de vacaciones por 30 días, desde el 1 de este mes, después de ser acusada por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia por la supuesta sustracción de documentos públicos.

Benítez, acusada por llevar 15 expedientes a su casa, dijo que no renunciará.

Este diario pidió información a la Secretaría de Comunicación de la Corte sobre las renuncias, pero no hubo respuestas.

Según las fuentes, las renuncias de Rodríguez, Mazza, Polanco y Murdock fueron pedidas por el presidente de la Corte, Alejandro Moncada.

Renuncias no cesan

Con estos cuatro casos, suman seis los jueces de circuito y cuatro los magistrados de tribunales superiores que han renunciado desde que Moncada asumió la presidencia de la Corte Suprema en enero de 2012.

Jorge Isaac Escobar, quien era juez decimoséptimo civil de Panamá y que, entre otros casos, tramitaba la demanda por $30 millones que interpuso el presidente, Ricardo Martinelli, contra el vicepresidente, Juan Carlos Varela, renunció a su cargo el 1 de agosto de 2012 y fue reemplazado por Olga Rujano, que era asistente del magistrado Oydén Ortega.

Ese mismo mes, el juez de circuito civil y penal de Darién, Samuel Pereira, fue reemplazado en el cargo por Agilio Gudiño, que era secretario del Segundo Tribunal Superior.

Mientras tanto, la magistrada Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara renunció en enero de 2012 a su cargo en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en su puesto fue nombrado Adolfo Mejía, que era juez tercero penal.

En tanto, Elvia Batista y Joaquín Ortega renunciaron a sus cargos de magistrados del Segundo Tribunal Superior de Panamá el 1 de agosto de 2012.

María Lourdes Estrada reemplazó a Batista, y Secundino Mendieta ocupó el puesto de Ortega.

Por su parte, Roberto González renunció este año a su cargo de magistrado del Tribunal Superior de Chiriquí y su reemplazo fue Carlos Cuestas, exsecretario general de la Corte Suprema.

Calzada de Amador, el gobierno tiene escondido su "As" bajo la manga

Hace 16 meses se entregó una propuesta para rediseñar Amador con casad de lujo y un turismo selecto, desarrollo en el que la cinta costera tres, sería el acceso expedito.

Plan turístico 1996. La visión de turismo en la calzada, en 1996, era conservar los ecosistemas y bosques de las islas y mantener el desarrollo en tierra firme, pero de bajo impacto. Le idea no era crear nuevos espacios, sino aprovechar el existente. Ministerio de Economía

Mary Triny Zea 
mzea@prensa.com

Los chorrilleros marcharon en respaldo a su dirigencia en junio de 2011. Reclamaban como suya la cinta costera tres: la llamaban como lo hacía el Gobierno: la “cinta chorrillera”.

Nada se conocía de una propuesta encargada por el Gobierno que propone cambiarle el rostro a un área destinada al esparcimiento de los panameños y polo de desarrollo turístico.

El presidente, Ricardo Martinelli, la Secretaría de Comunicación del Estado y cada vocero gubernamental repetía el discurso: el objetivo de la “cinta chorrillera” es agilizar el tráfico hacia el oeste del país, no era para unir supuestos proyectos inmobiliarios que se desarrollarían en Amador. Nada de eso.

Hoy, tras la renuencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se conoce la propuesta para actualizar el plan estratégico en Amador, gracias a una consultoría encargada por el MEF, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) y la Secretaría Ejecutiva del Fondo de Preinversión (FPI).

La propuesta tiene como un eje central la conectividad del desarrollo de Amador con la cinta costera tres –un polémico y costoso relleno sobre el mar– que ha puesto en peligro el carácter de Patrimonio de la Humanidad del histórico Casco Antiguo.

Según la proyección, “la cinta costera tres [será la] principal vía de acceso a la península y a las islas de Amador...”.

La propuesta, como se ve, sí conectaría la cinta costera con el desarrollo en Amador, cuya gran novedad sería la construcción de lujosos edificios de uso residencial, así como casas plurifamiliares de lujo, algo que riñe con el contenido en la aún vigente Ley de Uso de Suelos de las Áreas Revertidas.

Eso sin contar el plan de nuevos rellenos de mar a lo largo de la nueva configuración de la calzada, que irían “desde la ensenada de El Chorrillo hasta la isla de Flamenco en Amador [...] así como la interconexión de la cinta costera”.

Así se aprecia en el texto y maquetas del informe de 148 páginas denominado Actualización del Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico y Urbanístico de Amador para un horizonte de ejecución 2011-2026, fechado, empero, en enero de 2012.

Aunque la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del MEF asegura que este informe busca “actualizar” el plan maestro de turismo de Amador de 1996, expertos e involucrados en la materia aseguran que, más que actualizar, cambia completamente la visión vigente de Amador.

Después de más de 16 meses de haber sido entregado al Gobierno por la empresa española C4T Tourism, Business & Planning –a un costo de 1.5 millón–, el contenido de la “actualización” del plan maestro de Amador es todo un secreto.

Este diario obtuvo el documento tras un largo trámites, y con la advertencia del MEF de que no puede ser reproducido sin su autorización. No obstante, dado que su contenido es de carácter público, este medio decidió divulgarlo parcialmente.

Rellenos y riesgos

El plan maestro de turismo original –encargado por la extinta Autoridad de la Región Interoceánica, hoy UABR– promovía “como objetivo fundamental aprovechar al máximo el sitio existente” para el esparcimiento, contrario a la actualización que recomienda crear nuevos espacios a través de rellenos marinos.

Se planteaba mantener la mayor parte de vegetación, evitar parcelas costosas de bienes raíces en la bahía, edificios altos y el uso intensivo de las islas a fin de minimizar el tránsito automovilístico en la calzada. Pero todo lo que se quería evitar en el plan de 1996 es justamente el eje de desarrollo de la nueva propuesta.

“El plan estratégico proponía una mayor preservación medioambiental y un bajo nivel de explotación en las islas. Actualmente es precisamente aquí donde se concentra la explotación y la densidad con respecto al total del área del plan”, admite la propuesta.

Las consecuencias serían “alteraciones ambientales que podrían llevar a las islas a una condición de fragilidad en su paisaje”, indica el informe. El mismo documento señala que la deforestación en las islas para las nuevas infraestructuras pone en riesgo las especies que habitan en estos bosques tropicales secos.

Con la nueva visión de Amador, en la isla Naos se admiten los tres edificios residenciales de siete pisos y el hotel cinco estrellas que está en construcción y en la última isla, una marina.

Pero, a pesar de las prohibiciones del plan de 1996, si hoy se da un vistazo a la calzada de Amador, a simple vista se hace notorio que el plan no se respetó. Y, son esas alteraciones las que sirven de argumento a C4T para definir su nuevo desarrollo.

“El contexto social, económico y cultural ha cambiado de manera considerable, nuevas infraestructuras a nivel macroterritorial se han desarrollado en las cercanías de la zona, lo que altera flujos de consideración y añade nuevos puntos en el entorno”, observan los autores del estudio.

De ahí que ampliar la calzada de Amador a cuatro carriles sería la vía para incrementar el flujo turístico a las nuevas áreas, sustenta C4T.

Para el arquitecto Ricardo Bermúdez, que trabajó en el diseño de 1996, esta “actualización” rompe totalmente con lo original, que prohíbe proyectos de alto impacto en las islas por ser ecosistemas frágiles.

“No porque las islas hayan sido desarrolladas las vamos a rellenar de hoteles”, criticó Bermúdez. “Justificar los cambios en base a los yerros cometidos es, precisamente, aumentar el impacto de los yerros cometidos”, añadió.

“Debiéramos actuar con mucha prudencia en el tema de las islas”, enfatizó, tras revisar el estudio, que le proporcionó este diario.

Vialidad y su uso

El primer relleno que se propone es en El Chorrillo (avenida de los Poetas), que se adicionará a la tercera fase de la cinta costera. El relleno contaría con zonas verdes y estacionamientos, y conectará el puente de las Américas con la avenida de los Poetas.

Se propone dejar una franja de agua que separe la cinta costera del proyecto Amador, resultando una especie de lago artificial de agua salada, y tendría a su alrededor edificios, lujosas residencias y locales comerciales.

Las viviendas propuestas en esta “zona mixta” son de “alto nivel”, de hasta 250 metros cuadrados con jardín privado. Tendrían vistas al Canal, “lo que les permite tener su barco amarrado delante de casa”, indica el documento.

En esta misma franja con entrada al mar se propone construir el “hub del ocio”, en 20 mil metros cuadrados, con cabarets, teatro, salas de baile, restaurantes, bares y un casino de lujo para turistas “de elevado nivel socioeconómico” y con “reglas de etiqueta y normas de acceso que permitan seleccionar una clientela correspondiente a unos estándares socioeconómicos” y que “generen sinergias con otras actividades de ocio de máximo nivel”.

El relleno continúa, y antes de llegar al Museo de la Biodiversidad se convierte en un parque, cuya forma en la maqueta es parecida al Mirador del Pacífico de la cinta costera, recién inaugurado.

Luego, el estudio proyecta que el relleno conecte con el museo y prosigue con la ampliación a cuatro carriles de la calzada de Amador.

Antes de llegar a las islas, la calzada se desdobla en un relleno en forma de U, en cuyo centro albergaría una megamarina con una capacidad para 940 botes.

En tierra firme, en sentido contrario al relleno, se ubicaría el nuevo centro de convenciones y una terminal de cruceros, que ya fue descartada por la Autoridad de Turismo, en marzo pasado (ver punto 7 de la infografía).

Según Bermúdez, la nueva vialidad incrementaría el uso vehicular, que era lo que originalmente se quería evitar, y sería paso expedito para nuevos desarrollos en Amador.

“Enlazar la cinta costera tres promoverá el tráfico vehicular en el entorno de Amador, lo que lo hará perder su escala humana y peatonal”, indicó Bermúdez, nombrado como el “zar” de Amador por el hoy exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino.

¿Ejecutan trabajos?

Hace tres semanas la draga Barú –de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)– está en la zona donde se propone la megamarina.

Según la ACP, la draga saca muestras, hace un trabajo de exploración, parte del ensanche y mejoras a la calzada. El equipo fue contratado por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), por 1.2 millón de dólares, informó la ACP.

Pero Juan Carlos Orillac, secretario ejecutivo de la UABR, lo negó: “La UABR no ha alquilado ningún equipo a ninguna empresa ni institución. Sin embargo, la ACP es la que está diseñando la ampliación de la Calzada; es muy probable que ellos estén haciendo lo propio objeto de dicho diseño”, respondió por correo electrónico.

Se preguntó a la UABR, a través de Relaciones Públicas, si esos trabajos de perforación obedecían a la actualización del Plan Maestro de Turismo o a la marina que esboza dicho documento, pero tras cinco correos, no hubo respuesta.

El dragado de lama es, según el estudio, el primer paso para desarrollar la nueva vialidad con la cinta costera tres.

Parte de los trabajos que recomienda este nuevo plan de Amador ya se han discutido, como ampliar la calzada y el sitio para el nuevo centro de convenciones. El Gobierno también hizo estudios de batimetría para ubicar el puerto de cruceros donde está el Club de Yates, como propone C4T, pero se descartó dos meses atrás por lo costoso de mantener el calado.

Dado que la draga Barú hace exploraciones para trabajos “de ensanche y mejoras de la calzada” –según la versión de la ACP– se consultó a Orillac si el plan de C4T había sido aceptado con todos sus elementos, si los rellenos propuestos habían sido avalados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) o si se enviaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para cambiar la zonificación en Amador, pero nunca respondió.

Otra de las entidades consultadas fue la AMP. En cinco correos se le preguntó si había autorizado los rellenos, y ayer el equipo de prensa respondió que el cuestionario fue enviado al director y que esperaba su respuesta.

Los esfuerzos para obtener información del asunto se llevaron hasta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), donde negaron conocer la actualización del plan de turismo de Amador hecho por C4T. “No consta en los expedientes de esta Dirección”, contestó la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

Agregaron que, a la fecha, no se tiene previsto cambiar la zonificación en Amador.

Las respuestas del Miviot contradicen declaraciones de Orillac a este medio el año pasado, según las cuales había hecho circular la propuesta de C4T entre la ACP, la Autoridad de Turismo y los ministerios de Vivienda y Obras Públicas para recibir sus observaciones.

El funcionario confirmó también, el año pasado, que el Miviot seguiría con la recomendación del plan de C4T, de intensificar la zonificación en Amador, lo que permitiría residencias y comercios de alta densidad.

La ACP no respondió sobre la revisión del nuevo plan de turismo de Amador y recomendó consultar al MEF.

Contrato de $35 mil es adjudicado por $250 mil

El Consejo de Transparencia contra la Corrupción envió un informe al Ministero Público sobre contratación para diseño por valor de $250 mil

 

Luís Burón-Barahona

lburon@prensa.com

En la carta de cuatro páginas, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción detalla a la Procuradora General de la Nación, Ana Belfon, las anomalías encontradas en la Defensoría del Pueblo.

Abigaíl Benzadón, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, remitió el pasado 23 de mayo un informe a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, en la que le detalla una serie de irregularidades en el contrato por $250 mil entre la Defensoría del Pueblo y la empresa Imaginarium Studio, S.A.

Benzadón, en su nota con copia a Gioconda Torres de Bianchini, contralora de la República, argumentó que al verificar el contrato entre la defensora del Pueblo, Patria Portugal, y Jean Paul Ortega, presidente de la empresa, halló sobrecostos, y evidencias de que se saltaron varios procesos administrativos.

Además, Benzadón señaló en el informe, de cuatro páginas, que en la institución dirigida por Portugal no reposa constancia de haber recibido los trabajos por los que se le pagó a Ortega.

“No existe documento alguno que dé fe de la entrega de los proyectos enumerados en el presente contrato, como tampoco existen requisitos mínimos para la contratación que debe solicitarse al oferente”, señala la misiva.

La funcionaria sí deja claro que Portugal se mostró renuente a colaborar con el equipo de tres auditores, un abogado y una analista de informática.

El contrato 

En marzo de 2012, la Defensoría contrató a Imaginarium Studios, S.A. para, entre otros detalles, elaborar un nuevo logotipo institucional y desarrollar un nuevo diseño de la página web de la institución, a un costo de $250 mil.

Sin embargo, voces expertas señalaron que el trabajo encomendado no superaba los $35 mil. A esto se le añadió el hecho de que la empresa había sido creada menos de cuatro meses antes del contrato, y que Ortega, de 23 años, es militante del oficialista Cambio Democrático (CD) e hijo de la jefa de compras de la Caja de Seguro Social (CSS), Jazmine Ramírez.

Sobre el punto 12 del contrato, en el que se establece que Ortega se compromete a desarrollar el nuevo diseño de la página web de la Defensoría, Benzadón indicó que hubo una violación de los protocolos administrativos. “Cuestionamos cómo se contempló en el contrato como una actividad a ser desarrollada mediante una consultoría, si estos parámetros están establecidos y regulados mediante la Resolución 55 del 1 de marzo de 2011 (...) en que se aprueba el documento ´Estándares para páginas web en las entidades del Gobierno de Panamá´, que restringe la creatividad y consulta para los diseños de las páginas webs y supedita a parámetros ya reglamentados”.

Benzadón también calificó de gasto no justificado la creación de un nuevo logotipo para la institución, porque en septiembre de 2011 se llevó a cabo un concurso sobre este tema.

“La ganadora del concurso fue Thirza Santizo y el lanzamiento del nuevo logotipo se anunció en la página web de la Defensoría del Pueblo el día 6 de septiembre de 2011 y puede notarse en las fotos adjuntas del evento, que el logotipo revelado es exactamente el mismo que se utiliza actualmente”, dice la carta de Bezadón.

LAS RECOMENDACIONES

“Le remito a usted (Ana Belfon) nuestras observaciones, que de acuerdo a nuestra competencia van dirigidas únicamente al desempeño de las instituciones públicas, este breve análisis al contrato de consultoría entre la Defensoría del Pueblo y la sociedad Imaginarium Studio, S.A. evidencian la falta de controles administrativos internos en la institución tanto para la contratación como para el pago de este contrato”, señaló Benzadón.

“El refrendo de este contrato por parte de la Contraloría General de la República no es excusa válida para justificar la falta de controles internos y rendición de cuentas en las instituciones públicas”, añadió la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

Esto en relación con la única declaración dada por la Defensoría del Pueblo en un comunicado del pasado 20 de mayo, el cual decía que “el contrato fue refrendado por la Contraloría General cumpliendo con todos los pasos y procedimientos que establece la ley”.

Ayer, este medio intentó contactar varias veces a Portugal para obtener su reacción sobre el informe de Benzadón, pero el celular permaneció apagado.

Mientras que hoy, unos 30 organismos nacionales de derechos humanos, gremios y sindicatos se pronunciarán sobre la situación actual de la Defensoría del Pueblo.

Bhakta vende mina en rentable negocio

Más de 20 millones de dólares pactó Navin Bhakta por vender su concesión minera en Cañazas, el primer contrato metálico que otorgó esta administración. Involucrados el actual ministro Ricardo Quijano y el presidente Ricardo Martinelli.

Mary Triny Zea - Santiago Cumbrera

investigacion@prensa.com

Martinelli, con el ministro de Comercio, Quijano, y Navin Bhakta (camisa blanca), de Vera Gold Coporation

Navin Bhakta, un empresario cercano al presidente, Ricardo Martinelli, pactó en 25 millones de dólares la venta de la concesión de oro de su sociedad, por la que le paga al Estado unos pocos miles de dólares.

Se trata de dos contratos, uno de exploración por el cual pagó menos de un centavo la hectárea por año en fianza de garantía, en caso de perjuicios, y un dólar de canon por hectárea, que le dará derecho a explotar la mina.

Su sociedad, Vera Gold Corporation, es la primera concesión metálica que dio este gobierno, incluso antes de las reformas mineras, con lo cual podrá reactivar de forma directa la abandonada mina Santa Rosa, en Cañazas (Veraguas).

Bhakta, nombrado por el Ejecutivo en el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, ha gozado de millonarios de contratos directos en esta administración y hasta hace poco era dignatario de 4 empresas hidroeléctricas, junto a empleados del súper 99 y familiares de Martinelli.

Catorce años después de ser abandonado, el sitio de la antigua mina de oro Santa Rosa, en el distrito de Cañazas (Veraguas) volvería a producir el precioso metal, pero esta vez de la mano de Navin Bhakta, un empresario cercano al presidente, Ricardo Martinelli.

La empresa Vera Gold Corporation –que tiene entre sus dignatarios a Navin Bhakta– espera el aval de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para empezar a extraer a cielo abierto.

La semana pasada, en Cañazas se hizo el foro público en el que se expuso la factibilidad de reabrir la mina llamada Desarrollo Cañazas-Extracción.

VÍNCULOS

Bhakta era un empresario relativamente desconocido, pero su relación de confianza con Martinelli lo catapultó.

El Presidente lo nombró en el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Esta es una dependencia consultiva de la Cancillería, en la que figuran destacados empresarios y abogados, como José Miguel Alemán; Víctor Azrak Atie; Rafael Bárcenas; Aníbal Galindo; Emanuel González-Revilla; Guillermo Liberman; Jurgen Mossack; Stanley Motta; Janett Poll y Nicholas Psychoyos Tagarópulos, entre otros.

Al tiempo que empezaba a codearse en este exclusivo círculo de empresarios, Bhakta hacía jugosos negocios con el gobierno de Martinelli. Por ejemplo, en proyectos hidroeléctricos en Veraguas, y ventas de variados artículos al Programa de Ayuda Nacional (PAN) (ver nota relacionada).

Justamente, la cuenca del río San Pablo, en Veraguas, donde Bhakta tiene hidroeléctricas, sería utilizada también para reactivar la mina de la que es copropietario.

UNA VENTA DORADA

La abandonada mina Santa Rosa la adquirió de forma directa Silver Global, S.A., sociedad creada en 2007, y que cinco años después cambiaría su nombre a Vera Gold Corporation, luego de transacciones que se verán más adelante.

Bhakta actualmente es secretario de Vera Gold Corporation, pero su poder en la sociedad va más allá de su cargo. El acta de una reunión celebrada en enero de 2013 establece que “para poder representar y obligar a la sociedad en cualquier acto o contrato, al igual que para cambiar directores y dignatarios se requiere de la firma del secretario de la sociedad y esta función solo podrá ser ejercida por el titular”.

La sociedad en la que Bhakta es dignatario fue la primera en esta administración en recibir una concesión metálica, incluso antes de la reforma al Código de Recursos Minerales, de febrero de 2011, que incrementó los cánones y pagos.

Así, pues, desde 2010, su empresa extrae oro mediante la concesión de “transporte y beneficio”, en un área de 141 hectáreas, por un período de 25 años (hasta 2035). El mineral se extrae de la acumulación de tierra que quedó de la mina abandonada en 1999.

Por este contrato, la empresa aportó una fianza de garantía de 10 mil dólares en caso de incumplimiento, daños o perjuicios, que es el equivalente a menos de tres dólares por hectárea al año.

Luego, en febrero de 2011, Vera Gold Corporation obtuvo un contrato de exploración de oro –vigente hasta 2015– en la misma zona, solo que el área para exploración subió a 3 mil 561 hectáreas.

Por este contrato, la sociedad puso una fianza de 356 dólares –menos de un centavo por hectárea al año– mientras que el canon por la tierra es de un dólar por hectárea en el período de cuatro años.

En resumen, la empresa de Bhakta ha aportado al Estado unos 21 mil dólares, pero Bhakta se habría hecho millonario cuando su sociedad vendió parte de la mina.

Silver Global (hoy Vera Gold Corporation) cedió en septiembre de 2011 las concesiones y derechos de la antigua mina Santa Rosa a cambio de 20.5 millones de dólares en efectivo y 4.5 millones de dólares en acciones a Golden Phoenix, una minera de Estados Unidos con operaciones en su país, Canadá y Perú (ver facsímil).

Para entonces, Silver Global, S.A. era presidida por el estadounidense Antonio Bonilla; Bhakta era su vicepresidente y secretario, así como director, mientras que el tesorero era Juvenal Monteza.

Con la venta del 60% del proyecto a la empresa estadounidense, se acordó un joint venture para operar, explorar, extraer, transportar y beneficiarse de la concesión.

Para ello, en septiembre de 2011, Bonilla y Bhakta crearon una nueva sociedad denominada Golden Phoenix Panamá, S.A., de la que fueron sus primeros directores, hasta que en julio de 2012 el nombre cambió a Vera Gold Corporation.

LOS DERECHOS

Con la licencia de exploración, esta sociedad tiene derecho a que le concedan la extracción que está solicitando al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). El Código de Recursos Minerales indica que es “obligación” del Estado otorgar la extracción si la empresa exploró previamente en el sitio solicitado, por lo que la compañía espera que la Anam le apruebe el estudio de impacto ambiental (EIA).

Este diario consultó al titular del Mici, Ricardo Quijano, sobre la posible existencia de un conflicto de interés al darle una concesión minera a un miembro de la Comisión Nacional de Relaciones Exteriores.

Quijano respondió que no debería, “porque siempre se investiga antes de concederlas”, pero, por estar de viaje, no podía profundizar.

Este medio le escribió a Bhakta tres correos electrónicos sobre el tema de su mina, pero no respondió.

Bhakta no solo pertenece a la directiva de la sociedad que hará la explotación minera, sino que, además, es presidente y representante legal de la sociedad Desarrollo Cañazas, S.A. –creada en 2010–, propietaria de los terrenos donde se desarrollará el proyecto minero.

En el EIA, Bhakta adjuntó una carta a favor de Vera Gold Corporation, en la que la autoriza a realizar las operaciones mineras que requiera en las siete fincas de Desarrollo Cañazas, S.A., que suman unas 200 hectáreas.

SERIOS RIESGOS

Luego que la Anam apruebe el EIA, la empresa habría completado el ciclo para que el Mici le concesione la explotación.

Según el EIA, presentado a la Anam en febrero pasado, la mina abarcará 110 hectáreas, de las 2 mil 549 hectáreas solicitadas al Mici para la explotación.

Indica el estudio que más del 60% de los residentes de Cañazas y Las Huacas –comunidades ubicadas en la zona de la mina– estiman que el proyecto les beneficiará por el empleo que generará el desarrollo minero. (Algunas de las encuestas que respaldan el EIA carecen de la cédula de identidad y nombre del entrevistado).

Aunque en la encuesta se hicieron preguntas sobre el proyecto minero, el EIA menciona, que también sondeaba “...la opinión [de los entrevistados] de la construcción de proyectos hidroeléctricos”.

Según el EIA, para reabrir la mina se invertirán 100 millones de dólares, y se extraerá el oro en tres tajos: dos ya existentes en el cerro Santa Rosa y cerro Alto de la Mina, hoy convertidos en fosas, por lo que se drenará el agua.

El tercer tajo se excavará en cerro Otero, y en “otros frentes” donde están los yacimientos, pero el EIA no precisa dónde ni sus dimensiones ni medidas de mitigación.

Según el documento, los impactos positivos de la mina serían la generación de 800 empleos y la reactivación económica de la zona.

En cuanto a lo negativo, se listan: el desbroce de bosques, perturbación de la fauna y vegetación, erosión y sedimentación de suelos, y el riesgo de contaminación de aguas por la ruptura de tinas de relave que contendrá hasta 15 millones de toneladas de material con cianuro y químicos.

Vera Gold Corporation estima una reserva de 1.1 millón de onzas de oro. Para obtenerlo será necesario procesar a diario 4 mil toneladas métricas de tierra a fin de obtener un gramo de oro por tonelada durante los 14 años que durará la operación.

Un empresario bien conectado

Si de algo puede presumir el empresario Navin Bhakta, es de sus excelentes conexiones gubernamentales. Cuatro meses después de tomar posesión en 2009, el presidente, Ricardo Martinelli, lo designó miembro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores.

Además, el 28 de septiembre de 2010, la contralora, Gioconda de Bianchini, aprobó una concesión directa de 10 años para la venta de bebidas en el aeropuerto de Tocumen. La favorecida fue la empresa Sapi Investment, S.A. (constituida en 2007) y que tiene como director a Bhakta.

Esta empresa pagará a Tocumen, S.A. una renta estimada en $450 mil durante todo el período de la concesión (menos de 4 mil dólares al mes en un aeropuerto por el que circulan más de 7 millones de pasajeros al año).

Bhakta también preside la empresa Parker Electronics, que le vende de forma directa electrodomésticos al Programa de Ayuda Nacional (PAN), que luego se regalan en celebraciones como el Día de la Madre o Navidad. La contralora de Bianchini ha refrendado contratos entre el PAN y Parker Electronics por más de 300 mil dólares.

Bahkta, además, aparece en sociedades que desarrollan proyectos hidroeléctricos en la provincia de Veraguas y, en las que aparecían desde allegados hasta empleados del súper 99, propiedad del presidente Martinelli.

Por ejemplo, estuvo vinculado a la sociedad Hidro Occidente, S.A., pero renunció una vez conoció que este diario investigaba el tema.