viernes, 30 de marzo de 2012

´Continuaré levantándome en el Senado hasta que se consiga una respuesta´

 Entrevista con el Senador italiano Lannutti

FERNANDO BERGUIDO
SENADOR. Elio Lannutti pertence al partido La Italia de los Valores. CORTESÍA
 
Construido sobre las ruinas de los baños de Nerón está el Palacio Madama, sede del Senado italiano.
El edificio actual data de principios del siglo XVI y fue construido por los Medici. En él vivieron, entre tantos personajes ilustres, dos primos de la familia Medici: Giovanni y Giuliano. Ambos fueron cardenales.

El primero de ellos, Giovani de Medici, se convertiría en Papa el mismo año en que Vasco Núñez de Balboa descubrió el mar del Sur. Al asumir el nombre de León X sería la última vez que se escogería un Papa sin haber sido antes ordenado sacerdote. A su muerte le sucedería como Pontífice Máximo su primo Giuliano, conocido como Clemente VII.

Pero el singular nombre del palacio –que inevitablemente admira todo turista que se mueve entre la plaza Navona y el Panteón– no se debe a los Medici ni a los cardenales que alcanzaron el papado. Tampoco a Catalina de Medici, quien también lo habitó. Los romanos se lo pusieron por otra dama, Margarita de Austria, quien –entre otras cosas– terminó casándose con un Medici, enviudándolo y luego contrayendo nupcias con el heredero de la otra gran dinastía del Renacimiento, los Farnese.

“Madama Margherita” fue dada a los cinco años en compromiso con Alejandro de Medici, por entonces sobrino del Papa. El matrimonio no duró mucho, ya que éste fue asesinado al año de casados. La joven viuda desposaría entonces –de 15 años de edad– a Octavio Farnese, el nieto del siguiente Papa.

Desde 1891 el edificio alberga a los senadores italianos. Y ha sido dentro de su “aula”, la cámara principal donde deliberan los senadores, donde Elio Lannutti ha reclamado una y otra vez mayor transparencia en la transacción llevada a cabo entre los gobiernos de Silvio Berlusconi y Ricardo Martinelli y en el que se han visto involucrados el conglomerado italiano Finmeccanica y sus filiales Selex, Augusta y Telespazio.

Lannutti es un senador de 64 años. Su partido es L´Italia dei Valori –IDV, La Italia de los Valores–, una agrupación fundada por Antonio Di Pietro, un antiguo fiscal que en los años 90 del siglo pasado cobró renombre en toda Italia por su lucha contra la corrupción.

Lannutti –quien insiste en que a pesar de haber sido postulado por IDV es un independiente– es un exbanquero transformado en defensor de los derechos de los consumidores, particularmente de los usuarios del sistema bancario. Por estos días que se debaten económicas reformas profundas en una Italia golpeada por la crisis económica, se le ve a menudo en los programas de televisión abogando por igual en contra de la corrupción como en contra de los altos intereses y cargas abusivas a los que dice están sometidos los usuarios del sistema financiero.

Al verlo llegar presuroso de los estudios televisivos, donde acaba de grabar un programa, al Palacio Madama para iniciar la entrevista, la obvia primera pregunta es:

¿Por qué su interés sobre el caso panameño?

Yo me ocupo de la corrupción y he notado que en el caso de Finmeccanica y Panamá hay indicios serios de corrupción. La corrupción es la gran tragedia de Italia. Finmeccanica ha estado en el epicentro de tantos casos por ser un conglomerado enorme en el cual el Estado tiene participación.

Por eso, los partidos de gobierno tienen la capacidad de influir en el nombramiento de sus directivos. Finmeccanica, Selex, Enav [empresa que administra el tráfico comercial aéreo en toda Italia] y otras empresas similares –estatales o de capital mixto– se prestan para financiar intereses privados y desviar dinero público a los allegados del gobierno.

¿Qué hizo al senador Lannutti enfocar su carrera en la lucha contra la corrupción?
Laborando en bancos, después de haber pasado por muchos otros trabajos antes, descubrí el fenómeno de la ilegalidad, de los privilegios y del reciclaje.

Los bancos tratan con guante blanco a los clientes acaudalados, sin preocuparse del origen del dinero. Clientes de “serie A” son servidos con reverencia; los demás son acosados y saqueados con tasas onerosas y condiciones muy desfavorables. Por eso, el 13 de mayo de 1987 fundé la ADUSBEF, una de las más importantes asociaciones italianas a favor de la protección de los usuarios de los servicios bancarios y financieros.

En 1992 renuncié del banco donde trabajaba para emprender la carrera de periodista en un semanario llamado Avvenimenti. Lo fundé en 1988 junto a periodistas, magistrados, líderes laicos y católicos de la sociedad civil que combatían la corrupción en el gobierno que se conoció entonces como “Pentapartito” (compuesto por cinco partidos) de [Bettino] Craxi, [Arlando] Forlani y [Guilio] Andreotti.

Esto ocurrió aun antes de explotar el famoso caso “Mani pulite” [Manos limpias] que llevó a cabo un grupo de valientes fiscales de la Procuraduría de Milán con Antonio Di Pietro a la cabeza.

¿Su partido lo apoya completamente? ¿Alguna otra facción del Senado?

Luego de la época de Manos limpias –y después de que el principal protagonista Antonio Di Pietro dejara su cargo como fiscal– fundamos en Toscana (1998) el partido L´Italia dei Valori (IDV), el cual abandoné en 2001 por diferencias de opinión con Di Pietro.

En 2008 el mismo Di Pietro me propuso postularme al Senado y acepté con la condición de permanecer independiente, o sea sin inscribirme en el partido, ya que los derechos de los ciudadanos, ahorradores y usuarios que yo defiendo desde siempre, no tienen color político.

Un libre pensador independiente no siempre obtiene un apoyo completo, pero en la práctica el IDV me deja amplia libertad de maniobra. ¡No podría ser de otra manera para un senador independiente!
En los cuatro años que llevo en el Senado, he conquistado la simpatía individual de muchos colegas, pero no siempre el apoyo de los grupos políticos a mis iniciativas contra el poder económico, bancario y financiero que es el que, a fin de cuentas, dicta la agenda política a los gobiernos.

En Panamá, las autoridades presentaron una carta enviada por Finmeccanica sobre la venta de equipos y helicópteros a Panamá como una respuesta oficial del Gobierno italiano. Usted presentó una interpelación en el Senado al respecto. ¿Es eso cierto, se trataba de una respuesta oficial del Gobierno italiano?

Esa no era una respuesta oficial y no he visto pruebas de que el Gobierno italiano haya dado una respuesta [a Panamá]; el Gobierno tampoco ha contestado oficialmente mis interpelaciones parlamentares al respecto. Continuaré levantándome desde mi banco en el Senado hasta que consiga una respuesta oficial.

¿ Ha recibido respuesta a las otras interpelaciones parlamentarias sobre el caso Finmeccanica y sus ventas a Panamá?
No, todavía no he tenido respuestas, pero continuaré insistiendo hasta que se dignen a responder, a darle la cara al fenómeno de la corrupción, un mal que va en todas las direcciones. Le cuento más. Hay un capítulo adicional de la investigación que adelanta ahora el Ministerio Público y que se ramifica hasta la República de San Marino, objeto de otras pesquisas parlamentarias.

El empresario Tommaso Di Lernia ha resumido en un memorial unos eventos relacionados con un escándalo en Enav, en el que dice haber pagado al partido político UDC [Unión de Centro /Democracia Cristiana] coimas por 200 mil euros y que el dinero salió de una cuenta bancaria en San Marino. El caso, revelado la semana pasada por periódicos italianos, completa todo un cuadro de depósitos efectuados a políticos italianos. Los depósitos ocurrieron bajo la precisa indicación de Lorenzo Cola, el hombre de Finmeccanica. Este caballero es el que presuntamente habría tenido el poder de ´promover o impedir´ cada relación económica, no solo con Finmeccanica sino también con Selex, empresa manejada por la mujer de [Pierrefrancesco] Guarguaglini, el administrador delegado de Finmeccanica.

En repetidas ocasiones en el Senado usted se ha referido a Valter Lavítola. ¿Le conoce o ha tenido contacto con él? ¿Se conoce su paradero?

No conozco a Lavítola ni tengo idea dónde se encuentre actualmente. Mi grupo parlamentario IDV, tanto en la Cámara Baja del Parlamento como en el Senado, está solicitando la aprobación de una ley anticorrupción para impedir que los faccendieri [facinerosos, personas que viven de cosas raras y turbias] como Lavítola puedan continuar prosperando en la ilegalidad.

Perfil
Elio Lannutti
Nació en 1948 dentro de una familia de campesinos en la provincia de Chieti. Emigró a Alemania donde trabajó como obrero para pagar sus estudios. De vuelta en Italia, se graduó en Ciencias Sociales y Economía de la Universidad La Sapienza. Trabajó por 15 años en bancos, convirtiéndose también en un líder sindical. En 1987 fundó la Asociación de Defensa Usuarios de Bancos, Financieras, Seguros.

Ejerció el periodismo profesional por casi una década. En 2001 fue candidato al Parlamento en la lista de Italia de los Valores (2001) y el Partido Verde (2006). Fue electo senador de la República en 2008. Es miembro del Comité Permanente de Economía y Hacienda y del Comité Parlamentario para el control de los órganos de dirección de la seguridad social (Gerentes Públicos), la Comisión Especial para el control de precios y la delegación de la OTAN. Ensayista y escritor, es autor de numerosas obras, entre las cuales están ´¿Cómo usar el banco?´, ´ Euro, el robo del siglo´ y ´El Foxelli de apartamento pequeño´.

Finmeccanica y Panamá

La Cámara Alta del Parlamento italiano es el escenario donde Elio Lannutti le ha pedido cuentas a Finmeccanica, el enorme conglomerado industrial y tecnológico del que el Estado italiano posee el 30% de las acciones.

El 5 de septiembre de 2011 se refirió por primera vez a la sospechosa conducta de directivos de la empresa con el allegado de Silvio Berlusconi, Valter Lavítola y sus andanzas por Panamá. Quince días después informaba a los ministerios de Justicia y Finanzas de las investigaciones judiciales que adelantaba la procuraduría de Nápoles, en las que, entre otras cosas, se mencionaban las ventas hechas a Panamá.
El 17 de noviembre, el senador se refirió directamente a Panamá: en una diligencia parlamentaria puso en conocimiento de sus colegas y del Ministerio de Finanzas las sospechas de sobrecostos que habrían surgido, tanto en Panamá como en Italia, sobre los acuerdos millonarios alcanzados por Berlusconi y el presidente panameño, Ricardo Martinelli, en junio de 2010 para la compra de helicópteros, radares y un mapa digital por 250 millones de dólares.

Lanutti también denunció la existencia de la sociedad anónima panameña Agafia Corp., vinculada con Lavítola –hoy prófugo de la justicia–, como beneficiaria de comisiones sin justificación, ya que la transacción comercial era el producto de un convenio entre estados.

El senador dejó constancia de las nuevas dudas que seguían surgiendo por revelaciones periodísticas en ambos países en dos ocasiones más en el mes de diciembre de 2011, el 15 y el 21.

El 23 de enero de 2012 el Gobierno panameño anunció haber recibido una carta oficial de Italia en la que supuestamente se aclaraba que no se habían pagado sobrecostos. “Ojalá todos los medios y esas personas que con mucho morbo y mala intención desinformaron todo lo que pasaba con los radares, le den la misma prominencia”, pedía entonces el presidente Martinelli.

Las triunfalistas declaraciones del mandatario panameño y del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, alertaron nuevamente a Lannutti. La comunicación que daban a conocer las autoridades panameñas no provenía del Estado italiano ni autoridad alguna.

Se trataba de una comunicación emitida por un ejecutivo de la propia empresa vendedora. Lannutti estaba sorprendido y así lo hizo constar en el Senado el 2 de febrero de 2012. “El Presidente de Panamá ha asegurado varias veces que la carta recibida aclaraba la cuestión ya que se entiende que la misma proviene del Gobierno italiano”, dijo Lannutti.

“En realidad, la misma no proviene del Gobierno sino de Finmeccanica”, continuó el senador, advirtiendo que las aseveraciones hechas en Panamá podrían crear responsabilidades a las autoridades italianas, sobre todo en un negocio que “podría ocultar un súper soborno”.

Mientras el senador italiano mostraba su preocupación en el Palacio Madama, el procurador panameño pedía el cierre de la investigación y el ministro Mulino hacía alarde en el momento en que anunciaba su permanencia en el cargo, que en el caso Finmeccanica “el tiempo le había dado la razón”.
Sin embargo, la Fiscalía de Nápoles continúa investigando. El tiempo dirá. Lina Vega Abad

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lunes, 26 de marzo de 2012

Los amigos del poder Btesh y Virzi, el fondo del lío de las hidroeléctricas
 
NICANOR ALVARADO DIXON
El gobierno aseguró que podría suspender la minería en Ngäbe Buglé, pero las hidroeléctricas no. ¿A quiénes les pertenece la actividad? Los caminos llevan a Gabriel Btesh y a Felipe Virzi
 
Btesh y Virzi, el fondo del lío de las hidroeléctricas
NEXOS. El escándalo por el terreno de Paitilla persiguió a Felipe Virzi (i) y Gabriel Btesh (d). Militan en el PRD . Foto: Archivo | La Estrella
PANAMÁ. Ha ocurrido una vez más. Los amigos del poder parecen estar detrás de toda la crisis desatada en el oriente de Chiriquí, por el rechazo de los indígenas ngäbes a la minería y las hidroeléctricas en su comarca. Y el fondo del problema tiene nombres y apellidos a los que varios de los problemas de este gobierno han conducido: Felipe Virzi y Gabriel Btesh.

Ambos son los mismos que, a la final, estaban tras el embrollo por la titulación gratuita del terreno de Paitilla al florista César Segura. Y los mismos que han logrado romper el estigma de la ‘monedita de oro’ para ostentar favorables vínculos con cuanto político llegue al Palacio de Las Garzas. Como si se tratara de una tradición familiar.

Btesh y Virzi son los dueños del proyecto hidroeléctrico Tabasará, que se levanta a contrapelo en el afluente homónimo, y que arranca en las entrañas de la región comarcal de Mune, atraviesa el distrito chiricano de Tolé y termina cerca del Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago.

Lo empezaron en 2003, cuatro años después de que Virzi dejara la segunda vicepresidencia de la República del período de Ernesto Pérez Balladares, y entre los trámites de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las objeciones legales que ha sufrido aún no termina de construirse.

Tampoco logra ganar aceptación entre los indígenas, quienes exigen al gobierno frenar el proyecto, porque pone en peligro los recursos hídricos de su comarca y el legado de su tierra. (Ver Tabasará I y II: riesgo para legado ngäbe)

Pero el presidente Ricardo Martinelli se niega a prohibir la explotación hidroeléctrica en la comarca. Según dijo, —en base a un informe de la Secretaría de Energía— si se detienen las obras la energía eléctrica aumentaría 30% su costo.

PROPORCIONES

Sin embargo, la central hidroeléctrica sobre el Tabasará generará, según las propias proyecciones de Virzi (tan veragüense como el mandatario y con vínculos a familiares de tercer grado) y Btesh, apenas el 4.5% del consumo nacional.

El proyecto, de 105 millones de dólares, pasa sobre 45 comunidades y afecta a 50 mil personas. Aunque en el acuerdo de San Félix el gobierno de Martinelli se comprometió a prohibir la minería comarcal y a proteger los recursos hídricos, ha preferido ahora defender a capa y espada la actividad en la que, casualmente, sus amigos participan. Los mismos cuyos negocios le han provocado las mayores crisis políticas en dos años de gestión.

Incluso, el escándalo de Paitilla y el feroz interés del dúo Virzi-Btesh (ambos del PRD) en las aguas del Tabasará tiene más coincidencias: Aliedsabel González. Esta abogada creó Segura Ventures Inc. (la empresa a la que el florista Segura traspasó el terreno de Paitilla un día después de lograr su titulación) y es la agente residente del Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, responsable del proyecto en el potente río.

‘HAY INTERÉS MERCANTIL’

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal no hay mayor duda de que el interés del gobierno de Martinelli por promover las hidroeléctricas en Ngäbe Buglé ‘es de carácter mercantil y de codicia’.

‘La decisión de que se deba o no tener hidroeléctricas debe ser del pueblo y no por imposición del gobierno en turno’, sostiene Bernal.

Mitchell Doens, el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), tiene una posición similar. ‘Indudablemente hay intereses sobre las hidroeléctricas, y si tendrán que pasar sobre la comarca, la Ley 10 (que da sustento legal al territorio Ngäbe Buglé), sencillamente lo harán’.

Doens denunció a principios del año pasado lo profundo de los vínculos de Martinelli con Btesh, el conducto directo a Virzi. El dirigente del PRD sostuvo que el mandatario utilizó a Btesh como ‘emisario’ para pedirle que bajara el tono de sus críticas a cambio de dinero.

Entre los ecologistas la decisión del gobierno de seguir adelante con el negocio hidroeléctrico en la comarca pese al rechazo de los indígenas causa indignación.

‘No se puede tomar el caudal ecológico a la brava’, enfatizó la directora de ANCÓN, Alida Spadafora.
 
APOYO 
 
Si tienen que pasar sobre la comarca, sobre la Ley 10 y matar indígenas lo harán’.
M. Doens
Secretario del PRD

viernes, 16 de marzo de 2012

Las fuerzas especiales con capacidad de dar un golpe....... ¿MULINO DESCONOCÍA SU EXISTENCIA?
 
ALBERTO DE LEÓN DE GRACIA
 
De manera silenciosa estas unidades de élite fueron tomando forma en la Policía. Hoy, Gustavo Pérez (su creador) sale de la institución y deja en manos de Moltó este monstruo de cinco cabezas
 
Las fuerzas especiales con capacidad de dar un golpe
CONTRAGUERRILLA. 24 unidades del Servicio Aeronaval integran la fuerza ‘Panacomandos’’, especialistas en conflictos de baja intensidad. Foto: Cortesía | SENAN
PANAMÁ. Hoy son varias las corrientes políticas y de la llamada sociedad civil que piden la apertura de una investigación para esclarecer estos hechos. Otros van mucho más allá; los que piden que sean puestos a órdenes de la justicia ordinaria aquellos involucrados en este acto de insubordinación a la autoridad civil.

El incidente que tiene como protagonistas al segundo a bordo de la Policía Nacional (PN), Eduardo Serracín, y al ministro ‘‘civilista’’, José Raúl Mulino, pone al descubierto una madeja de situaciones a lo interno de la Fuerza Pública que apuntan más hacia a la remilitarización de nuestros estamentos de seguridad —con la creación de unidades especiales— que a la consolidación de estas agencias para el combate al crimen organizado.

Datos obtenidos por La Estrella revelan que son cuatro las unidades de élite (unos 500 hombres) que se crearon en los últimos dos años en la PN, con la mayor capacidad de fuerza letal y con adiestramiento del primer nivel obtenido en prestigiosas entidades castrenses, y sepa Dios a qué costo.

Estas élites son conocidas como Unidad de Fuerzas Especiales (UFEC), creada para enfrentar acciones de terrorismo, cuyos agentes fueron entrenados en Colombia en cursos de Operaciones Policiales Especiales, Lanceros y Comandos Junglas.

La Unidad Táctica de Operaciones Anfibias (UTOA), entrenadas en los Estados Unidos, Colombia y Ecuador; también está la Brigada de Operaciones Especiales (BOPE), cuyos integrantes fueron adiestrados en Brasil por instructores expertos en el manejo de situaciones que se generan en las famosas fabelas brasileras y a los que se les achaca la conformación de escuadrones de la muerte, responsabilizados por la ejecución de varios cabecillas de las pandillas que operan en esas zonas marginales del país sureño.

Por último está la Unidad Táctica de Explosivos (UTE), de la que no hay mayores detalles.

Existe, además, un quinto grupo especial, identificado como los ‘‘Panacomandos’’, que no funciona como unidad especial, porque no encaja con la filosofía policial, sino que está compuesto por oficiales, clases y tropas escogidas de otras unidades.

‘Es como una reserva en casos de contingencias. En el momento que los necesiten los agrupan. Esas son tácticas estilo Fuerzas de Defensa’, dice un fragmento de la descripción de esta fuerza élite a la que tuvo acceso La Estrella.

Sobre este último grupo, en el portal electrónico del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) se resalta que 24 de sus unidades culminaron exitosamente ese curso dictado a inicios del año pasado por la Policía Nacional en las instalaciones de la Academia de Policía, ubicada en Gamboa. ‘El primer puesto de honor de este V Curso de Panacomando lo ocupó el agente Luis Cedeño de la Aeronaval, quien expresó su orgullo por este logro que enaltece el trabajo y dedicación de los instructores y equipos de formación del Sevicio Nacional Aeronaval’, aseguraban.

MACHOS DE MONTE

Lo que no dice el anuncio de SENAN es que el instructor escogido por Gustavo Pérez para estos cursos es uno de los más sobresalientes ‘Macho de Monte’ del ejército de Noriega: ‘El Diablo Maldonado’. Un sujeto considerado por las fuerzas invasoras en 1989 como de ‘alta peligrosidad’, entrenado en Israel y cuyo paradero se desconoce. Fue instructor en el desaparecido cuartel de Cimarrón, de paracaidismo en Río Hato, en Panajungla y expertos en operaciones especiales.

‘Pérez es creyente de él, ya que también fue su instructor’, revela el informe de inteligencia que también identifica al ‘Diablo Maldonado’ como ‘un hombre hábil y malicioso’.

LEALTADES

¿Pero, qué tienen que ver estas unidades especiales con el choque entre Serracín y Mulino? ‘Mucho’, nos responden desde adentro.

¿Tienen la capacidad real de dar un golpe o liderar una insubordinación? ‘Sí, claro. Son los que tienen el armamento pesado en la Policía. Fusiles AK-47, ametralladoras PKM y controlan la Armería de Cerro Tigre, ya que allá entrenan.

¿Con eso se puede dar un golpe? ‘Siempre y cuándo tengan el respaldo de Senafront y SENAN; pero sus unidades son altamente entrenadas y con equipo. Y son leales a Pérez y Serracín’.

¿Por qué? ‘Pérez los ascendió, los mandó a cursos, les dio carros, celulares, equipos costosos de primera y se identificó (Pérez) como uno de ellos o sea comando. Al jefe de la UTOA lo ascendió de capitán a subcomisionado en tres años. Luis Jiménez se llama. Esto recuerda el tiempo de Noriega’.

¿Quienes lideran las otras unidades? ‘Subcomisionado Sisinio Núñez, jefe de todas las Fuerzas Especiales. Capitán Fernando Sanjur, jefe del BOPE’.

¿Y por qué Senafront no figura en todo esto? ‘Frank (Abrego) no se lleva con Pérez’.

Tenía Mulino conocimiento? ‘No con detalles, solo lo que aparecía en el papel o lo que le contaba Pérez. Casi nadie sabía del monstruo que creó’, concluye.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Mulino confirmó coacción y retrocede como el cangrejo.

De acuerdo con el funcionario, el subdirector de la PN le dijo que si no retiraba el proyecto, las tropas podían cerrar filas contra él.

Elio Núñez
 
HACIA ATRÁS. Aunque hace pocos días consideró su actuación como ilegal e inconstitucional, Mulino calificó ayer a Gustavo Pérez como su amigo y le tendió la mano. LA PRENSA/Ana Rentería
 
Al confirmar ayer que se queda en el Gabinete, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo que el subdirector de la Policía Nacional (PN), comisionado Eduardo Serracín, y una funcionaria de dicha entidad intentaron coaccionarlo para que echara para atrás el proyecto de ley que crea una oficina única de asuntos internos para la fuerza pública, so pena de que la tropa “cerrara filas” en su contra.

En efecto, Mulino confirmó ayer que Serracín y la jefa de la Dirección de Responsabilidad Profesional, Kauris Amador, lo visitaron en su despacho la semana pasada, pero no detalló qué día.

Precisó que ambos funcionarios le advirtieron que si seguía adelante con el referido proyecto de ley, las tropas podrían “cerrar filas”, a lo que él reaccionó airado.

“Quiero entender que no quiso decir lo que me dijo, pero tampoco se lo iba a tolerar a ella ni a Serracín”, expresó.

Mulino señaló, pese a la gravedad del hecho, que no ejercerá ninguna acción contra los funcionarios, pues ello compete al nuevo director de la PN, Julio Moltó.

De acuerdo con el artículo 57 del Decreto Ejecutivo 204 del 3 de septiembre de 1997, que reglamenta la Ley Orgánica de la PN, las sanciones contra el subdirector recaen en el Presidente de la República, el ministro de Gobierno y Justicia, el director de la institución, [y] las juntas disciplinarias.

“Repito, yo nunca me he metido en el día a día de la PN ni en quién ponen ni quitan”, agregó.

Informó que hoy espera reunirse con Moltó, a quien calificó como “una persona con entereza, que tiene capacidad y honestidad”, así como con los otros jefes de los estamentos de seguridad, para coordinar la nueva etapa de trabajo.

De vuelta
En tanto, justificó la decisión de reconsiderar su renuncia en el impacto que, a su juicio, causó la carta entregada al presidente, Ricardo Martinelli, por lo cual dijo sentirse satisfecho.
En dicha misiva, Mulino precisaba que la actuación del director de la PN, Gustavo Pérez, el jueves 8 de marzo pasado fue “sencillamente inaceptable, ilegal e inconstitucional”, y advirtió del peligro para la democracia si se le permitía seguir actuando de esa forma.
Ayer, sin embargo, se refirió a Pérez como a un “amigo” y aclaró que las diferencias con este fueron institucionales, por lo que le ofreció su “mano amiga como persona”.

Y al preguntársele sobre el trato que en lo profesional deberá tener con Pérez, designado como nuevo secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, el ministro precisó que esta entidad no está bajo el éjida de la cartera que él dirige.

Descartó la posibilidad de que tenga otro percance con Pérez. “No tiene porque haberlo. Él maneja un organismo de inteligencia muy pequeño y limitado, alejado de mi ministerio”, dijo.

Reconoció lo polémica que ha sido su gestión, pero se justificó al señalar que sabía que combatir la delincuencia asociada al narcotráfico le daría problemas. “Eso venía con el cargo y nunca dudé en hacerlo bien, con el apoyo de la fuerza pública”, dijo.

Aclaró, además, que cuando dijo que no era hombre de renuncias lo hizo en “un clima de perversidad por parte de políticos que emitieron comentarios relativos al tema de los radares”.

Reacciones
La exministra de Gobierno y Justicia Olga Gólcher consideró que la decisión de Mulino de quedarse en el cargo es denigrante para la profesión de abogado y para un cargo público como ese. “Es algo sorprendente, porque incluso en su carta mencionó que Pérez había faltado a la institucionalidad y mencionó cargos”, opinó.

También consideró que Pérez fue premiado al ser nombrado jefe del Consejo de Seguridad.
Por su parte, el exjefe de esa entidad Pablo Quintero dijo respetar la decisión de Mulino, pero aclaró que no le sorprende, porque el gobierno “siempre dice una cosa y se sale con otra”.

Mediante un comunicado, la Asamblea Ciudadana criticó a Mulino y consideró que este le debe una explicación al país, que creyó en sus denuncias, en el sentido de la ilegalidad de la actuación de Gustavo Pérez.

“Con su postura, se convierte en cómplice de la conducta delictiva de Pérez, que él mismo denunció”, dijo.

Apede pide al gobierno respetar la ´Constitución´

Al tocar el tema sobre la insubordinación del director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, frente al proyecto de ley impulsado por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, para la creación de una oficina única de asuntos internos, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió al gobierno respetar la Constitución y preservar los principios de la institucionalidad y la gobernabilidad.

A través de un comunicado, la Apede indicó que la Carta Magna es muy clara al señalar que “los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva”.

La organización precisó, además, que el Consejo de Gabinete es una instancia respaldada por la Constitución y la ley para adelantar iniciativas como la presentada por Mulino, por lo que la forma como se le contravino “no es la formal en un estado de derecho”.

martes, 13 de marzo de 2012


Las claras huellas de Anabelle Villamonte en Juan Hombrón

La Contraloría General de la República ordenó el año pasado una auditoría a los expedientes de la Anati sobre la titulación de tierras en Juan Hombrón, en la provincia de Coclé. Los funcionarios concluyeron que hay una lesión contra el Estado panameño de alrededor de 1.7 millón de dólares. Hasta el momento existen cerca de 50 personas vinculadas a esta investigación.
LINA VEGA ABAD EDUARDO MENDOZA
 
TITULACIONES. Anabelle Villamonte enfrentará al Tribunal de Cuentas por los títulos cedidos gratuitamente
El 15 de noviembre de 2011, Anabelle Villamonte Murgas, la hoy exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), fue citada por la Contraloría General para que explicara su papel en el proceso de titulación de 54 hectáreas con frente de mar en la comunidad coclesana de Juan Hombrón.

Los funcionarios de la entidad fiscalizadora querían saber por qué había titulado, adjudicado y adquirido “terrenos que no cumplían con los trámites y requisitos de la Ley 80 de 2009”. No fue posible; Villamonte ignoró la citación.

Pero el silencio de la principal protagonista de lo sucedido en Juan Hombrón, no impidió que los auditores pudieran seguir los rastros de Villamonte, así como de un grupo de personas que participó en el rápido y singular proceso de titulación de tierras, ratificando en informes que ya están en manos del Tribunal de Cuentas, lo publicado por este diario en octubre pasado.

Los hallazgos
La principal conclusión a la que llegaron los funcionarios de la Contraloría es que las tierras tituladas por Villamonte eran “inadjudicables” por ley al ser áreas protegidas, produciéndose, además, un “posible perjuicio económico por el uso inapropiado de tierras nacionales”, por un millón 787 mil 362 dólares.
Sin embargo, la lista de sociedades anónimas y personas naturales citadas en el informe de Contraloría no incluye a la sociedad Complete Properties, Inc., que también obtuvo gratuitamente tierras en Juan Hombrón. En consecuencia, el perjuicio económico para la Nación es mayor.

Las adjudicaciones se hicieron, además, sin la intervención de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que es la institución competente en materia de áreas protegidas. Por el contrario, sí cuentan con el sello de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), que no objetó ninguno de los procesos de titulación.

Incluso, los funcionarios involucrados en la expedición de certificados de derechos posesorios y su posterior titulación en el área de Juan Hombrón ignoraron una petición de la Anam que advirtió que se trataba de zona de manglar y, en consecuencia, área protegida.

¿Cómo fue esto posible? Los auditores de Contraloría hacen hincapié en la inexistencia de manuales de procedimiento para la adjudicación de tierras nacionales; y agregan, “esta situación es ocasionada por la falta de gestión por parte del administrador general de Anati” que, al momento de los hechos, era Alejandro Castillero.

La ausencia de manuales de procedimiento citada por los auditores queda también en evidencia con la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en el proceso de titulación.
A pesar de que se trata de un paso obligatorio, los auditores de Contraloría encontraron de todo: expedientes en los que consta la opinión del Miviot exigiendo la aprobación de Anam o ARAP, y expedientes sin este trámite.

Sin planos
Otra sorpresa aguardaba a los funcionarios de Contraloría en su investigación: los planos de las fincas adjudicadas no están en los expedientes de la Anati, lo que dificultó hacer las verificaciones en campo relacionadas con el tamaño de los lotes y sus colindantes.

En consecuencia, los auditores solicitaron a la Administración Regional de Coclé de la Anati copia de los planos correspondientes a las 14 fincas que fueron cedidas gratuitamente en Juan Hombrón. Algunos fueron entregados, mientras que otros aún son buscados por personal de la Anati, según detalla el informe de Contraloría.

Los pocos planos encontrados presentaban deficiencias técnicas, diferencias de metraje que provocan traslapes o inconsistencias en la determinación de la línea de alta marea.

Estos problemas en los planos no fueron detectados por los funcionarios de la Anati al hacer las obligatorias inspecciones en el área.

Por el contrario, las inspecciones hechas por los auditores de Contraloría evidenciaron que parte del área finalmente adjudicada de algunas de las fincas se inunda con la crecida de la marea, formando parte del estero existente en el área.

Igualmente, citan los auditores, restos de huevos de tortuga y plantones de mangle avanzando hacia el mar.
En realidad, según constataron los auditores, el manejo de estos expedientes en la Anati fue inadecuado en más de una forma (hojas foliadas en blanco, falta de documentación, diferencias entre unos y otros, ausencia de orden lógico, etc.).

Incluso, hasta hoy un expediente sigue sin aparecer: el relativo a un terreno en el área de Juan Hombrón titulado a nombre de Anabelle Villamonte. “Hemos girado instrucción para que se ubique e investigue el estatus de dicho expediente”, le respondió el actual director de la anati, Franklin Oduber a los auditores de Contraloría.

Finalmente, el informe deja plasmado las complicidades de los involucrados en el proceso, al identificar que unas “mismas personas son cedentes de terrenos y accionistas en diferentes sociedades anónimas...”.
Igualmente se destaca el proceso de fraccionamiento de las fincas que permitió justificar las titulaciones gratuitas. Y en esta violación al artículo 9 de la Ley 80 de 2009, los auditores apuntan el dedo acusador hacia la ex directora de Titulación de la Anati.

En ese mismo sentido, uno de los testimonios recogidos por los auditores de Contraloría entre los funcionarios que participaron en el proceso de titulación, da luces sobre lo sucedido: “...esos planos [de Juan Hombrón] eran un caso especial que llegó de la regional de Coclé, que les dieron la orden de aprobarlos rápido...”.

Nombres y hechos
Como se contó en su momento, Villamonte no solo fue la funcionaria que aprobó las adjudicaciones gratuitas en Juan Hombrón; también fue la abogada que presentó las solicitudes de esas titulaciones antes de su nombramiento como directora de Catastro primero y Titulación de la Anati después.

Este hecho es destacado en el informe de Contraloría, así como la vinculación de varios otros funcionarios.
Es el caso de los topógrafos de la Dirección de Regulación y Titulación de la Anati, Eric Rovira, Erasmo Martínez, Rafael Valderrama, Lidalia Ortega, José De Bello, Jairo Rodríguez, Alcides De León; el jefe del Departamento de Cartografía de Coclé de la Anati, ldsy Aparicio; el jefe regional de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, Ezequiel Jaén; el alcalde de Coclé, Jorge Cáceres; los exfuncionarios de la Anati y Arap en Coclé, Calazán Pérez, Marysabel Brennan y Jaime Diez. (Ver cuadro).
El informe también hace señalamientos sobre la “falta de supervisión” por parte de la Dirección Nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica de la Anati, sin mencionar el nombre del funcionario a cargo.

Sin embargo, el documento cita repetidamente a Eric Lamboglia, como jefe del Departamento Jurídico.

Igualmente se señala a un número plural de personas que participaron en el proceso de cesión y venta de los derechos posesorios.

Los auditores también dejaron constancia en su informe de los rápidos traspasos de las fincas obtenidas gratuitamente a otras sociedades anónimas, hasta completar el círculo que, como declaró el abogado Luis Fonseca, puso en manos de los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, las 54 hectáreas de Juan Hombrón.
(Con información de Ereida Prieto).

lunes, 12 de marzo de 2012

Cambio de Pérez, una burla

SOCIEDAD CIVIL INSISTE EN QUE EL FUNCIONARIO DEBE SER INVESTIGADO Y SANCIONADO

A la alta oficialidad de la Policía Nacional no le sorprende que haya cambios en la institución y tampoco cuestiona la designación de Julio Moltó.
Redacción de La Prensa
 
NUEVO JEFE. Julio Moltó, atrás del ministro Demetrio Papadimitriu, quien habla con los periodistas, tiene ahora la responsabilidad de dirigir la Policía Nacional. La Prensa
 
Como una “burla para el país” fue calificada ayer por la sociedad civil la decisión del presidente, Ricardo Martinelli, de sacar a Gustavo Pérez de la Policía Nacional (PN) y nombrarlo jefe del Consejo de Seguridad.

Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, dijo que, tal como solicitó el jueves de la pasada semana, la sociedad civil pide que Pérez sea investigado y sancionado, ya que al rechazar públicamente el proyecto de ley que pretendía la creación de una oficina única de asuntos internos para la fuerza pública, pasó por encima de su superior e impulsor de esa norma, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y desconoció una resolución del Gabinete aprobada el 28 de febrero pasado.

“Nuestro planteamiento es el mismo: Pérez debe ser investigado y procesado, porque violó la Constitución y la ley. Con sus declaraciones, que contravinieron una decisión del Consejo de Gabinete, cometió un hecho grave. Trasladarlo al Consejo de Seguridad es dejarlo dentro del sistema”, dijo.

Consideró que con la llegada de Pérez al Consejo de Seguridad la población debe estar más preocupada que con su estadía en la PN, ya que el primero de esos entes ha sido señalado por llevar una campaña de persecución y escuchas ilegales a políticos.

El constitucionalista Ernesto Cedeño calificó como un “error técnico” la nueva designación de Pérez, ya que, según explicó, este no puede asumir la secretaría ejecutiva del Consejo de Seguridad porque el artículo 24 del Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010, que lo creó, establece entre los requisitos para el cargo la “reconocida probidad” de los aspirantes.

“Para todo el país es sabido que Gustavo Pérez ha sido cuestionado como flagelador de la Carta Magna, conforme a la aseveración de José Raúl Mulino y, a mi juicio, sí violó la Constitución al cuestionar la decisión del Gabinete”, dijo.

“La impresión que se ha dado es que en este país no hay democracia, que aquí el ´gorilismo´ manda. El director de la PN no ha sido un director que ha respetado la institucionalidad democrática y ha irrespetado no solo al Presidente, sino a todos los panameños que hemos luchado por la democracia”, dijo, a su vez, el exdirector del Consejo de Seguridad Javier Martínez Acha en la administración de Martín Torrijos. Un alto oficial de la PN, que pidió reserva de su nombre, opinó que los cambios en la entidad no son nuevos y que, de hecho, están acostumbrados a ellos y por tanto “nada nos sorprende”.

Sobre la llegada de Moltó, dijo que este es un “profesional completo y tiene una personalidad muy buena”.
Ámbito político
Para el vicepresidente, Juan Carlos Varela, el nombramiento de Moltó en la PN “es un mensaje equivocado al crimen organizado y a los maleantes”, porque “ha sido cuestionado por las escuchas ilegales”.
Según Varela, Moltó tendrá que responder ante la justicia por usar equipos que estaban destinados a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, para grabaciones políticas.

“Es una rotación para seguir haciendo más de lo mismo, que es espionaje telefónico y manejo político de la fuerza pública, en vez de un manejo institucional. Es una ofensa a los oficiales de carrera que han estado comprometidos con la institucionalidad”, acotó.

Por su parte, el diputado y secretario general del panameñismo Alcibiades Vásquez opinó que “se ha perdido una bonita oportunidad para designar a un director de carrera en la PN, que debió salir del seno de la institución”.

El diputado de ese mismo colectivo José Isabel Blandón, en tanto, dijo que las nuevas designaciones en los estamentos de seguridad son síntoma de que el Presidente se ha quedado sin gente, ya que no hace cambios, sino rotaciones. “Es preocupante la designación de Moltó, ya que no tiene el currículo necesario y es además el supuesto responsable de las escuchas ilegales a opositores”, sostuvo.

Mientras, el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Francisco Sánchez Cárdenas, calificó como un error del presidente Martinelli trasladar a Pérez al Consejo de Seguridad, al tiempo que expresó su temor de que pueda utilizar las escuchas telefónicas como arma política.

Opinó que la decisión de remover a Pérez de la PN fue acertada, ya que violentó normas constitucionales y legales al hacer declaraciones que no le competen.

No obstante, consideró que ponerlo en el Consejo de Seguridad “es un error”, puesto que ya este señor ha demostrado que no respeta ningún aspecto legal y el Consejo de Seguridad es un ente muy importante.
En cuanto a la crisis surgida por las diferencias entre Pérez y Mulino, el expresidente de la república Ernesto Pérez Balladares dijo no creer que la renuncia de este último genere inestabilidad en el gobierno, pero reconoció que sí crea un mal ejemplo de cómo no debe manejarse una situación difícil.

Para el precandidato presidencial Juan Carlos Navarro “el gobierno va de tumbo en tumbo”; mientras que para el también aspirante a la candidatura presidencial del PRD Samuel Lewis Navarro, la salida de Mulino “ha marcado un punto que debe llevarnos a todos a mantenernos atentos”.

A su vez, el analista político Edwin Cabrera opinó que haber cambiado a Pérez para el Consejo de Seguridad “no es un buen mensaje y menos aún cuando dijo que hablaba en representación de los otros dos estamentos de seguridad. No entiendo cómo Mulino reconsideraría, si igual van a coincidir ambos en ese Consejo”.

El enroque
La noticia sobre la salida de Pérez de la PN, su designación en el Consejo de Seguridad y su reemplazo por el hasta ayer director de este, Julio Moltó, fue anunciada por el presidente, Ricardo Martinelli, en un acto del Súper 99 la mañana de ayer.

Después, en la tarde, lo confirmó a través de un comunicado, en el que además explicó que el propósito de dichos cambios es “mantener el trabajo eficiente de los estamentos de seguridad”.

En la nota, sin embargo, no se dio información sobre el reemplazo del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien renunció el pasado viernes y dijo que entregaría el despacho el 15 de este mes.

Sobre esta salida, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, dijo ayer que espera que Mulino reconsidere su renuncia. “[Mulino] es un hombre de posturas, de convicciones. Vamos a ver qué se va a analizar esta semana en el Consejo de Gabinete y ojalá el ministro Mulino, luego de que reciba las explicaciones correspondientes, pueda reconsiderar esa decisión”, indicó.

Sin embargo, fuentes cercanas a Mulino informaron que no está dispuesto a cambiar de opinión.
Pérez y Moltó, por su lado, no respondieron las llamadas que se les hicieron durante la tarde de ayer, para que dieran su opinión. (Con información de Eduardo Mendoza, Rafael Luna N., Elio Núñez, Isidro Rodríguez y Gustavo A. Aparicio)

De asesor a jefe de la Policía

Julio Moltó fue gerente de Mi Diario entre 2007 y 2009, y gerente de nuevos medios de Corporación La Prensa entre 1996 y 2007. Luego ocupó el cargo de asesor del Presidente, después de lo cual pasó al cargo de secretario del Consejo de Seguridad.

Fue criticado en febrero pasado por ordenar la suspensión de las comunicaciones durante las protestas indígenas, y se le señala por los pinchazos telefónicos.
Elio Núñez

domingo, 11 de marzo de 2012

Quijano: ´Siento al Canal como parte de mi familia´

Jorge Luis Quijano tomará posesión el 4 de septiembre, luego de completar el proceso de transición con Alberto Alemán Zubieta.
Wilfredo Jordán S.
ESCLUSA. Por el Canal de Panamá transitan aproximadamente 14 mil buques cada año. Durante el año fiscal 2011, que cerró el pasado 30 de septiembre, transitaron buques con 322 millones de toneladas, un nuevo récord para la vía acuática. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga
 
Jorge Luís Quijano, nuevo administrador del Canal, nombrado por la junta directival del Canal de Panamá.
 
 
Quienes conocen a Jorge Luis Quijano Arango lo describen como un hombre tranquilo, inteligente, constante y perseverante.

Apenas se supo de su designación como administrador del Canal de Panamá para los próximos siete años a partir del 4 de septiembre de 2012, recibió el elogio de amigos y representantes de la industria marítima nacional e internacional.

El número de correos electrónicos enviados a su dirección después del anuncio fue tal que la bandeja de entrada de su e-mail se bloqueó, confirmó él mismo.

En su primera entrevista tras la designación, Quijano reiteró su agradecimiento por la confianza depositada en él para capitanear el “buque” que desde hace 16 años conduce Alberto Alemán Zubieta.

¿Cómo se siente un día después de la noticia?

Me agradó mucho la forma en que la junta directiva llevó el largo proceso, con estructura, entrevistas y en total hermetismo. No fue sino hasta el mismo viernes a las 9:15 a.m. que la junta directiva me notificó de mi selección, y momentos después procedí a informarles telefónicamente a mi esposa e hijos.
Ahora tendrá que dedicar más horas al Canal...

En verdad, el trabajo no me ahuyenta. Para mí, el trabajo es una fuente de enriquecimiento personal y profesional y no hay día que pase que no aprendo algo nuevo, aun de nuestro Canal, que considero que lo conozco muy bien.

¿Quién es Jorge Luis Quijano?

En verdad soy muy de mi casa y del trabajo. Comparto a diario tiempo con mi esposa y mis dos hijos. En el trabajo exijo mucho de mí mismo y de los que colaboran conmigo, pero me considero justo, aunque es posible que otros tengan otra opinión al respecto. En verdad siento al Canal como parte de mi familia. Me levanto todos los días a las 5:00 a.m. para caminar las escalinatas del edificio de la administración y preparar mi agenda mental del día. Desayuno con mi esposa, y de allí a ver el resto de mi familia en el Canal. Varias veces a la semana almuerzo con mi esposa y alguno de mis hijos. El tráfico ha hecho de esto todo un reto para lograrlo en una hora. Los fines de semana son para atender los otros asuntos personales y tratar de coincidir con mi madre. Me encanta relajarme reparando cosas en la casa.

¿Le será fácil dejar en manos de otra persona el seguimiento al programa de ampliación para atender la administración?

Creo que jamás me podré desvincular del programa. Es como un hijo para mí. El mismo ingeniero Alemán preside un comité ejecutivo de la administración para la revisión semanal del progreso de las obras a su nivel, y con frecuencia tenemos otras reuniones y visitas de campo para complementar.

Esta obra es muy crítica para el país, y créanme que le daremos la atención que se merece. Además, hemos armado un equipo sólido para dar un férreo seguimiento a los contratistas que ejecutan la obra y comparar el progreso en calidad y tiempo establecidos.

El proyecto del tercer juego de esclusas acumulaba cierto nivel de atraso. ¿Cómo afectó al desarrollo del proyecto el paro de los trabajadores de Grupo Unidos por el Canal del pasado mes de enero?

Cualquier tiempo perdido por huelga u otra razón tiene impacto en la terminación de la obra, y depende de las estrategias que implante el contratista si este tiempo se puede recobrar o no, pero casi nunca se recobra todo el tiempo perdido.

¿Cuál es el desfase actual?

El principal desfase que se ha dado es en el proyecto de las esclusas, y es en la actividad de colocación de concretos de las estructuras permanentes.

Como expliqué en anteriores entrevistas, esto se debió a que el contratista proponía diseños de mezclas que no cumplían con los requerimientos establecidos en el contrato.
Esto retrasó desde enero de 2011 hasta julio de 2011 el comienzo de los vaciados de concretos estructurales, quedando estos ahora en la ruta crítica (actividad de mayor tiempo de ejecución) del proyecto.

El contratista, consciente de la penalidad de $300,000 por día que impone el contrato si se retrasa, ha cambiado la forma de ejecutar la obra incorporando más subcontratistas para ciertos trabajos importantes. Es muy difícil predecir en estos momentos con exactitud cuánto desfase tendríamos al final, dadas las medidas tomadas por el contratista para mitigarlo.

Dicho esto, quiero enfatizar que en las esclusas es el contratista (GUPC, S.A.) el que ejecuta la obra, y que este está muy consciente de las consecuencias establecidas en el contrato de no cumplir con el cronograma y desempeño de la obra. Sí quiero recalcar que aunque este proyecto es el más costoso del programa de ampliación, todos los demás proyectos llevan muy buen progreso y debemos terminarlos a finales de 2013, dejando solo el proyecto de las esclusas en ejecución posterior a ese momento.

Según la propuesta de ampliación, en los 11 primeros años del Canal ampliado (2015-2025) los aportes al Estado serían de unos 30,000 millones de dólares. ¿Se mantienen estas estimaciones?

Créanme que en eso trabajamos. Estamos aún trabajando en las estrategias que logren el mayor rendimiento del Canal ampliado. El Canal ampliado, recientemente, ha atraído interés de segmentos que tienen gran potencial, como el de los buques de gas licuado.

¿Cuál es su principal reto como administrador del Canal? ¿Saldrá a buscar más clientes?

Definitivamente, que primero en la lista es terminar la ampliación del Canal, pero simultáneamente buscar otras oportunidades de crecimiento del Canal en temas y actividades muy cercanos al centro de nuestro negocio. Como siempre, estaremos buscando incrementar la participación del Canal en las rutas relevantes y, para eso, saldremos a buscar los clientes.

¿Cómo hará para mantener la independencia política de la ACP?

Manteniendo la forma en que se han manejado las situaciones a la fecha. Ha habido mucha comprensión por parte de los gobernantes de que el Canal opera en función de beneficio al país, y eso es evidente por los réditos que recibe el Estado de la ACP.

¿Cuál será la vida útil de las nuevas esclusas?

Esperamos que exceda la vida de las actuales.

¿Está usted a favor o en contra de la diversificación de los negocios de la ACP?

Creo que el Canal debe buscar oportunidades en actividades que estén muy cerca de su negocio central. Esto hay que estudiarlo bien, y solo contemplar la incursión en aquellas que tengan un buen retorno y un perfil de riesgo razonable. De todas formas, estos temas son decididos por la junta directiva, pero le toca a la administración presentar los planes de negocios que considere que le convienen al Canal.

¿Cómo observa la situación de la economía mundial frente al negocio del Canal?

Soy optimista en que en algunos años las aguas encontrarán su nivel y el Canal tendrá aún mejores días.
Dada la variedad de clientes que manejamos, logramos mantenernos muy a flote durante la crisis, rompiendo el récord de tonelaje CPSUAB de 2007 en 2012.

Estamos constantemente observando cómo se comportan los segmentos para anticipar y aprovechar los giros económicos con acciones concretas. Queremos establecer en la ACP formas de poder reaccionar más rápidamente a las oportunidades que se presenten.

jueves, 8 de marzo de 2012

El Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su Día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían "libertad, igualdad y fraternidad" marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales

Se ofrece a continuación una breve cronología de los acontecimientos más destacados:

1909
De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913.

1910
La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se estableció una fecha fija para la celebración.
1911
Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania,Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos,y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
1913-1914
En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.

1917
Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia,o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países.

Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.

La función de las Naciones Unidas
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la Organización ha contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados internacionalmente para mejorar la condición de la mujer en todo el mundo.

En todos estos años las Naciones Unidas han actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas legales; movilización de la opinión pública y medidas internacionales; capacitación e investigación, incluida la reunión de datos estadísticos desglosados por sexo; y ayuda directa a los grupos desfavorecidos. Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no puede hallarse una solución duradera a los problemas sociales, económicos y políticos más acuciantes de la sociedad sin la cabal participación y plena habilitación de las mujeres del mundo.

Para más información, diríjase a: Sección de Desarrollo y Derechos Humanos
Departamento de Información Pública
Oficina S-1040, Naciones Unidas, Nueva York, N.Y 10017
Email: vasic@un.org

martes, 6 de marzo de 2012

Proyectos hidroeléctricos deben ir a consulta popular

Se acordó suspender temporalmente el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que desarrolla en los límites de la comarca la empresa Genisa.
isidro Rodríguez flor bocharel
 
DIÁLOGO. Indígenas y Gobierno, con la mediación de la Iglesia católica representada por el sacerdote Eusebio Muñoz, avanzaron en acuerdos en la mesa que discute la redacción del artículo 5 del proyecto de ley 415. LA PRENSA/Jorge Fernández
 
El diálogo entre indígenas y el Gobierno logró avanzar con acuerdos en varios temas críticos con respecto a los proyectos hidroeléctricos y mineros en la comarca Ngäbe Buglé.

Tras el tercer día de sesiones en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Ciudad del Saber, las partes acordaron avances en la mesa que redacta el artículo 5 del proyecto de ley 415, que establece la cancelación de todas las concesiones otorgadas a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca Ngäbe Buglé y áreas anexas.

En este tema se acordó que todas las solicitudes de proyectos hidroeléctricos ubicados total o parcialmente dentro de la comarca Ngäbe Buglé y áreas anexas, deberán contar con la aprobación del pleno del congreso general, regional o local, y posteriormente deben ser sometidos a un referendo en la respectiva circunscripción comarcal, regional o local.

También se acordó en la sesión (que se extendió por cuatro horas) reconocer el derecho de la comarca con relación al manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables, ubicados dentro de esa región. Estos recursos deberán utilizarse de acuerdo con los fines de protección y conservación del ambiente, establecidos en la Constitución y demás leyes nacionales.

La cacica general y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales deben realizar las consultas para precisar los beneficios que recibirán las comunidades una vez aprobados los proyectos, indicó el obispo José Luis Lacunza, después de dar lectura a un comunicado conjunto sobre los acuerdos alcanzados.

Lo relativo al ambiente y a los recursos naturales existentes en la comarca y las áreas anexas será coordinado entre la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y las autoridades tradicionales del pueblo Ngäbe Buglé, señala el acuerdo.

cancelan concesiones
Los indígenas y el Gobierno reiteraron su acuerdo de suspender todas las concesiones otorgadas y vigentes para la exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca Ngäbe Buglé y áreas anexas.

Suspenden Barro Blanco temporalmente
La mesa que discute sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco acordó suspender temporalmente los trabajos de la obra, mientras se realice un peritaje independiente.

El proyecto es llevado a cabo por la empresa Genisa, cerca de los límites de la comarca Ngäbe Buglé. La inversión del proyecto es de 120 millones de dólares.

El peritaje independiente se hará posterior a la revisión técnica del estudio de impacto ambiental (EIA).
La revisión del EIA incluye el análisis detallado de la información recogida en el EIA, invitación al equipo de consultores que realizó el EIA para una presentación técnica a la mesa y revisión del plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Ambiente del diálogo
El diálogo transcurrió con el cumplimiento de las reglas acordadas. No hubo pronunciamiento por las partes y tampoco acceso de los medios a las reuniones. Solo para fotografías.

Receso de una semana
El diálogo se reaunudará el lunes 12 de marzo próximo a las 10:00 a.m., según lo acordado. La dirigencia indígena pidió el receso porque asistirá al Congreso General, que se efectuará del 5 al 7 de marzo y que reunirá a más de 8 mil indígenas en Llano Tugrí, para conmemorar el décimo quinto aniversario de la promulgación de la ley que creó la comarca Ngäbe Buglé.

Protestas en San Félix
Un grupo de indígenas liderado por la cacica suplente Mijita Andrade cerró en la tarde de ayer un paño de la vía Interamericana a la altura de San Félix, Chiriquí, para manifestar su oposición al receso en el diálogo entre indígenas y el Gobierno, acordado en la capital.

Según la cacica suplente no hay ambiente para celebrar el aniversario de la comarca. En un comunicado, la cacica suplente manifestó su repudio al receso acordado, “ya que la población tiene más de un mes apostada, día y noche a orillas de la vía Interamericana, en diferentes puntos del país en espera de una respuesta en la mesa del diálogo referente al artículo 5 de la ley 415”.

“La población perteneciente a la base cero (San Félix) solicita que se continúe con la mesa del diálogo, sin ningún tipo de receso, de lo contrario activaremos, mediante cierres y piquetes, diferentes medidas de presión”, expresa el comunicado.

Francisco Miranda, cacique local de Nole Duima, y dirigente de la base de San Félix, dijo que la acción de la cacica suplente carecía de validez y que no obedece a un mandato de la cacica general Silvia Carrera.
Denunció que la acción busca dividir el movimiento indígena.

Congreso del 5 al 7
Desde ayer empezaron a viajar hacia Llano Tugrí la dirigencia indígena y la población para el Congreso General. La cacica general Silvia Carrera confirmó su participación en el evento.

Trascendió que uno de los polémicos temas a tratar en el Congreso General será el de los resultados del diálogo, además de que analizarán posibles sanciones contra el presidente del congreso general, Edilberto Sánchez, que negoció a finales de enero pasado con representantes del Gobierno sin tener el aval de la cacica general.

Padre Eusebio muñoz (mediador)

Perfil.
41 años de edad. Sociólogo de profesión, tres años de ser sacerdote. Párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Torrijos-Carter. Director de evangelización y vocero de la Arquidiócesis de Panamá. Se estrenó como mediador en la mesa del diálogo por la polémica ley 30. Antes de ser sacerdote, Muñoz fue candidato a diputado por el circuito 8-9 por el Partido Solidaridad.

Piden investigar violaciones contra indígenas

Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos del país solicitaron ayer al Ministerio Público que investigue la utilización de armas letales, uso de buses del Estado y violaciones sexuales, entre otras irregularidades supuestamente cometidas por miembros de la Policía Nacional contra indígenas ngäbe buglé en las manifestaciones de febrero pasado en Chiriquí y Veraguas.

Los denunciantes enumeran, al menos, 15 distintas violaciones de los derechos humanos, como la aplicación de tácticas militares y armas letales por parte del Estado, así como la utilización de buses del Ministerio de Educación para trasladar a indígenas detenidos. También se hace referencia a los crímenes de Jerónimo Rodríguez y un menor de edad, al igual que a actos de violencia sexual contra mujeres indígenas, y arrestos en hospitales. Arsenio Valiente, vocero de esta comisión que aglutina a Alianza Ciudadana, Justicia y Paz, entre otras, también solicitó se forme una comisión de alto nivel para analizar estos hechos.

En tanto, la Fiscalía Delegada de San Felipe empezó las investigaciones de lo sucedido el pasado 1 de marzo en la Asamblea, donde cuatro indígenas resultaron heridos de perdigones.

El hecho es investigado de oficio por el delito de lesiones personales; ya declararon los cuatro heridos y se pidió el video de seguridad a la Asamblea.
Elio Núñez

lunes, 5 de marzo de 2012

En Panamá Iglesias confirman la falta de derechos constitucionales y aplicación de tácticas militares contra indígenas
CARLOS ANEL CORDERO
Recomiendan la conformación de comisión de seguimiento penal para tratar de garantizar la transparencia e independencia de las investigaciones que realizan las autoridades judiciales
Iglesias confirman tácticas militares contra indígenas
REPRESIÓN. Enviados de las iglesias y organismos de derechos humanos visitaron el área para recabar pruebas y testimonios. Foto: Archivo | La Estrella

PANAMÁ. Las principales iglesias del país, así como las organizaciones de derechos humanos, confirmaron a través de un informe de más de treinta páginas que durante las protestas indígenas en Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé hubo violación a por lo menos quince derechos humanos de los manifestantes, entre otros abusos.

Denunciaron además que existen indicios de que el Estado para reprimir las protestas utilizó ‘tácticas militares, armas letales y armas no letales en forma letal’.

Las conclusiones de estas organizaciones, se fundamentan en investigaciones de campo realizadas entre el 10 y 13 de febrero, periodo durante el cual recolectaron testimonios con las personas que fueron afectadas, fotografías, vídeos y copias de documentos.

Además del aval de las iglesias, el informe está firmado por representantes de la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana por Justicia, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Centro de Incidencia Ambiental.

Durante la visita a las áreas del conflicto, los organismos concluyeron que no existen indicios de que los manifestantes hayan utilizado armas letales. ‘Sólo usaron piedras y palos’.

Se menciona que las personas detenidas -un alto porcentaje mujeres y menores de edad- fueron trasladados en autobuses del Ministerio de Educación en los cuales se les mantuvo por más de 24 horas privados de su libertad, sin agua, alimentos, ni hacer uso de baños para sus necesidades.

RECLAMAN COMISIÓN PENAL

Tras confirmar las violaciones a los derechos de los manifestantes, ‘demandaron justicia, una investigación transparente y la reparación del daño causado a las víctimas’.

Reclaman la constitución de una comisión penal para dar seguimiento a los expedientes y garantizar la transparencia de las investigaciones, así como la seguridad de las víctimas.

Esta investigación confirmó además la denuncia hecha por La Estrella sobre la violación sexual de por lo menos dos mujeres indígenas, una de las cuales fue presuntamente en perjuicio una menor de edad.

Magalay Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia confirmó que el informe es avalado por la mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos en Panamá, el Comité Ecuménico -que reune las iglesias cristianas en Panamá- y la Iglesia Católica a través de la Comisión de Justicia y Paz.

RECLAMOS INTERNACIONALES

La Comisión recomendó constituir una comisión internacional, la cual solicitaría medidas urgentes a los órganos del control y corroborar si se cometieron delitos contra la humanidad y los derechos indígenas de las población indígena,

Además sugieren tomar el caso de las represión contra los indígenas como ‘emblemático’ para llamar la atención de sobre la crisis de la institucionalidad que se vive en la democracia panameña y el tema de los derechos humanos .

sábado, 3 de marzo de 2012

Adolescentes e infantes indígenas están en riesgo

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cree que el país tiene el desafío de reducir la tasa de mortalidad materno-infantil.
OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
RETOS. Panamá tiene grandes desafíos para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, especialmente reducir la mortalidad infantil y materna. LA PRENSA/David Mesa

El último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre Panamá planteó dos preocupaciones: la situación del adolescente marginado y la de las niñas indígenas.

El documento denominado La niña indígena y el adolescente urbano: entre riesgos y oportunidades contrastó algunas políticas nacionales en materia de protección a la niñez y la adolescencia, y propuso algunas recomendaciones para mejorar la condición actual de ese grupo poblacional.

Por ejemplo, una de las primeras evaluaciones que hace el organismo internacional es que la cantidad de muertes que ocurren en niños menores de cinco años se da en el primer año de vida.

En ese sentido, las principales causas de muerte se debieron a ciertas afecciones originadas en el período perinatal, como malformaciones congénitas, infecciones diarreicas, neumonía, entre otras causas. (Ver tabla).
Sin embargo, lo que más preocupa a Unicef es que este problema se acentúa en las comarcas. Muestra de ello es que la tasa de mortalidad de menores de cinco años en la comarca Ngäbe Buglé es de 37.1 defunciones por cada mil nacidos vivos, mientras que en otros puntos como, Los Santos, es de solo 7.6.

En el caso de la tasa de mortalidad materna, la más reciente es de 42.4 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que para Unicef es todo un reto reducirla, sobre todo cuando la meta proyectada para 2015 es de 12.5 defunciones, según los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Alma Acosta, coordinadora de programas de Unicef, manifestó que se necesita aumentar el acceso de las mujeres a los controles prenatales, porque es la clave para reducir las muertes.

“La tasa de mortalidad materna en Panamá es alta, y hay que garantizar que las mujeres, sobre todos indígenas, tengan acceso a dicho servicio”, agregó Acosta.

Para la representante de Unicef , Panamá tiene desafíos sobre todo en los relacionados con la mortalidad infantil y la materna, además indicó que el país debe asegurar una educación secundaria a nivel universal para todos los niños, como es el caso de la primaria.

El informe también se centra en el aspecto nutricional de la niñez panameña y detalla que el 46.4% de los niños menores de cinco años en el país está bien, el 19.1% tiene baja talla para su edad; el 3.9%, bajo peso para su edad y el 1.2%, bajo peso para su talla.

Sobre los adolescentes marginales del área urbana, señala que hay 384 adolescentes de los cuales el 55% está en régimen de custodia y el 45%, en régimen de cumplimiento.

La organización internacional hizo hincapié, en su informe, en que el entorno urbano hace que el adolescente marginado sea vulnerable a integrarse a una pandilla, o víctima de homicidio, así como correr riesgo de que sus derechos sean vulnerados debido a que las personas o las autoridades policiales lo identifican como un “maleante”.

RECOMENDACIONES
Unicef, además de analizar las cifras, insta a las autoridades a tomar algunas medidas. En ese orden, solicitó elevar la calidad de la información estadística sobre la situación de la niñez y la adolescencia por medio de sistemas de información mejorados y un conjunto reforzado de indicadores que proporcionen datos actualizados y pertinentes.

De igual modo mantener un monitoreo constante de los avances de los ODM, así como ejecutar una política nacional que se base en la atención de la niñez y la adolescencia en los pueblos indígenas, porque en la actualidad es escasa.

Por último, instó a avanzar en la reforma del sector educativo de modo que se garantice la permanencia de los adolescentes en las escuelas hasta completar el ciclo escolar y poner en práctica una estrategia nacional de prevención de la violencia con participación de los adolescentes.

Durante la presentación del documento estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien mencionó que dicho informe sirve para medir el impacto de los programas sociales, y también es un diagnóstico para saber “dónde estamos y hasta dónde tenemos que ir”. “Por las cifras que vemos hay mucho que hacer, especialmente en las áreas indígenas”, acotó.

Gloria Lozano de Díaz, encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, reconoció que hay una “mora” con la niñez de las comarcas. “El informe nos ayudará a trabajar mejor con los niños”, concluyó.

Graficas:
La UNICEF señala tasa de mortalidad materna en Panamá es alta, y hay que garantizar que las mujeres, sobre todos indígenas, tengan acceso a dicho servicio 
El informe también se centra en el aspecto nutricional de la niñez panameña y detalla que el 46.4% de los niños menores de cinco años en el país está bien, el 19.1% tiene baja talla para su edad; el 3.9%, bajo peso para su edad y el 1.2%, bajo peso para su talla