martes, 28 de febrero de 2012

Diálogo, en un punto crítico

Gustavo Aparicio
Flor Bocharel
PROTESTAS. Simpatizantes de los indígenas gritaron consignas contra la hidroeléctrica Barro Blanco y contra el presidente, Ricardo Martinelli. También cerraron por varios minutos los alrededores de la plaza 5 de Mayo. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga
 

El reinicio del diálogo entre dirigentes indígenas de la comarca Ngäbe Buglé y autoridades del Gobierno transcurrió con la petición de constantes recesos por parte de la dirigencia indígena.

Primero solicitaban que autoridades del Ministerio de Salud dieran un informe de los heridos resultantes de los enfrentamientos con los antimotines en Chiriquí, y que el Gobierno se comprometiera a respaldarlos con los gastos de la atención médica de los afectados.

Tras un receso, el secretario general del Ministerio de Salud, Félix Bonilla, se presentó al salón azul de la Asamblea, donde se realizan las conversaciones, y dio un informe de los heridos. Detalló que al menos uno se encuentra en el hospital regional Luis Chicho Fábrega de Veraguas y otro está en el hospital Santo Tomas, ambos en condición estable. Otros dos, que estaban el hospital Luis Chicho Fábrega, explicó Bonilla, fueron dados de alta.

El funcionario afirmó que el Gobierno asumirá los gastos médicos actuales y futuros. Luego los indígenas exigieron la presencia de representantes de la empresa Genisa para que explicase el alcance del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

La cacica Silvia Carrera lamentó que en su momento la empresa no explicara el proyecto y criticó un acuerdo pactado entre Genisa y el congreso regional, asegurando que jamás se consultó. “Se hizo en una oficina refrigerada y jamás el pueblo fue tomado en cuenta. Pedimos la cancelación de Barro Blanco; nosotros no somos sordos, queremos resolver este problema, la propuesta del Gobierno es la misma de la semana pasada”, sostuvo Carrera, argumentando que no hay avance en el diálogo. Fue más allá y manifestó que hoy martes quieren una respuesta definitiva del Gobierno.

En tanto, el ministro Jorge Ricardo Fábrega dijo que el Gobierno ha sido fiel a lo pactado, aceptando prohibir la explotación minera dentro de la comarca y en áreas anexas y derogando la ley que creó la Corporación de Desarrollo Minero. Explicó que en el caso de las hidroeléctricas se propuso que, a futuro, solo las autoridades comarcales sean las que autoricen proyectos de esta naturaleza, si ellos así lo aprueban. Indicó que en torno a la concesión hidroeléctrica de Barro Blanco se les ha dicho que hay que revisar el acuerdo de responsabilidad social entre Genisa y los vecinos del área anexa.

Detalló que el Gobierno ha ido más allá y ha propuesto una plan de desarrollo integral de la comarca, en el cual en vez de insistir en cerrar un “proyectito”, o la concesión de Barro Blanco que está fuera de la comarca, se concentren en discutir el proyecto de desarrollo.

FRICCIONES
Cerca de las 4:30 p.m., los indígenas que se mantienen en vigilia en el parque legislativo, apoyados por la agrupación estudiantil Pensamiento y Acción Transformadora y de sindicalistas, bloquearon las entradas y salidas de la Asamblea. El mediador del diálogo José Luis Lacunza les dijo a los dirigentes indígenas que se sentía prácticamente “secuestrado” y que no podían continuar de esa manera.

“Si vamos a estar sometidos a esto, díganmelo. Yo no acepto esto. Dígannos claramente hasta dónde vamos a llegar. Las dos partes que me digan, así sabré si ser árbitro o no en este juego. Si no me quieren como mediador, díganmelo”, sostuvo Lacunza.

El fiscal de la Coordinadora, Alberto Montezuma, puso en duda el rol de mediador del obispo, preguntándole si estaba con el Gobierno.

CIERRES

El poco avance obtenido provocó que indígenas ngäbes cerraran la vía Interamericana en el cruce de San Félix, en El Salado, Emplanada de Chorcha y en el Viguí, por hora y media.

Francisco Miranda, cacique local de Nole Duima, dijo que la medida se dio para presionar al Gobierno.

Todo ocurrió a las 4:55 p.m. de ayer. Miranda, en lengua ngäbe, le indicó a su gente que cerrarían la vía con piedras, llantas y haciendo sonar el tradicional caracol. Enseguida, cerca de un centenar de indígenas, entre hombres y mujeres, se apostaron en la vía hasta las 6:30 de la tarde. Miranda advirtió que se podrían dar cierres parciales y esporádicos de la vía Interamericana.

Transportistas de carga y del servicio público y privado atravesaron la vía en medio de las protestas, con temor a que el cierre fuera total.

Los indígenas en el cruce de San Félix se mantienen bajo un árbol panamá; preparan alimentos en ollas comunes y siguen las incidencias del diálogo través de los medios de comunicación.

DEBATE. Tras el receso de Carnaval, las partes demostraron ayer que el proceso para un acuerdo será largo y controvertido. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Aplican adquisición forzosa de tierras
JOSÉ ARCIA
Por lo menos cinco indígenas deberán abandonar sus tierras. Las contradicciones empiezan a envolver al proyecto
 
Aplican adquisición forzosa de tierras
AFECTACIÓN. La comunidad de Quebrada Caña que, según los indígenas, será inundada por el proyecto hidroeléctrico. Foto: Oscar Sogandares | Cortesía

PANAMÁ. Hasta ahora, cinco indígenas integran la lista de personas que deberán abandonar forzosamente sus tierras por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que construye Generadora del Istmo, S. A. (Genisa).

La empresa ha solicitado la ‘adquisición forzosa’ de los predios que ocupan los indígenas Lorenzo Carpintero, Dionisio Jiménez, Gustavo Ortega, Manolo Miranda y Cecilio Jiménez.

Así consta en una nota que envió la empresa a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en septiembre del año pasado solicitando que se agilicen los procesos para la adquisición de los lotes.

Sin embargo, Manolo Miranda hijo informó ayer que, adicional a estas solicitudes, hay tres campesinos no indígenas (Enrique Álvares, Gerardo Álvares y Raúl Rodríguez) a quienes también se les ha iniciado un proceso de desalojo de sus tierras.

Las solicitudes de ‘adquisición forzosa’ de tierras ocupadas por ngäbes y campesinos contradicen las versiones de la empresa de que no se afectaría a indígenas y que no hay necesidad de realizar reasentamientos.

La adquisición forzosa de tierra se da cuando no hay libre consentimiento de las personas que ocupan el predio, explicaron juristas.

Aunque en la documentación de la ASEP se dice que son tierras ubicadas en Tolé, provincia de Chiriquí, Miranda hijo dijo que los cincos predios de los indígenas están dentro de las áreas anexas de la comarca Ngäbé Buglé.

El proyecto Barro Blanco, que se construye en el río Tabasará, fue tema de debate ayer en la Asamblea Nacional, donde se realiza el diálogo entre el Gobierno y los indígenas por el tema minero e hidroeléctrico. Uno de los aspectos que salió a relucir fue si el proyecto está o no dentro de la comarca.

Para la cacique general, Silvia Carrera, no hay duda que está en la comarca porque de lo contrario la empresa no hubiese firmado un acuerdo con el Congreso Regional Kadrini.

Las palabras de Carrera se dieron ayer durante el diálogo y luego de que un representante del Gobierno alegó que sería ‘injusto’ incluir a Barro Blanco dentro de las negociaciones, cuando está fuera de la comarca.

Las contradicciones de este proyecto no terminan. Tres directivos de Genisa (Aldo López, gerente general; Juan Ramón Vallarino, asesor legal, y Julio Lasso, director de Proyecto), afirmaron el pasado domingo que el proyecto abarca 234 hectáreas, de las cuales 6.8 hectáreas incluyen áreas anexas de la comarca, pero que ‘en todas estas áreas no reside nadie, tampoco se realiza actividades ganadera y agrícola’.

Pero, el estudio de impacto ambiental del proyecto señala que ‘la creciente práctica de la ganadería podría causar que la calidad del agua se deteriore afectando la salud de los usuarios locales’.

 
APOYO 
 
Si el proyecto está fuera de la comarca, por qué la empresa firmó un acuerdo con el Congreso Regional.

lunes, 27 de febrero de 2012

El Tabasará y la derogación de normas sobre indígenas
 
JOSÉ ARCIA
 
Un proyecto que estuvo suspendido provisionalmente por dos años a principio de década, sigue vigente en la vida de la Comarca. La historia de derogaciones de normas que protegían a indígenas
 
El Tabasará y la derogación de normas sobre indígenas
PROTESTA. El pasado 25 de enero, una semana antes de las protestas en San Félix, indígenas realizaron piquete en el área de Viguí en contra del proyecto Tabasará. Foto: Oscar Sogandares G | Cortesía

PANAMÁ. El río Tabasará, como cerro Colorado, ha marcado la vida de los ngäbes y buglés. En el primero se desarrollan dos proyectos hidroeléctricos (Tabasá I y II) y en el segundo se encuentra uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo. Hidroeléctrica y minería: dos actividades económicas que los ngäbes rechazan por las consecuencias ambientales y sociales.

Una posición que mantienen los indígenas desde hace más de una década y durante el año 2011 y 2012 bloquearon la carretera Interamericana para oponerse a las intenciones del Gobierno de desarrollar ambas actividades en la comarca.

Todo esto, a pesar de que en 1997 se aprobó la Ley 10 que creó la Comarca Ngäbe Buglé que le da autonomía a los ngäbes para decidir sobre su territorio y un año después, se aprobó la Ley 41 de 1998, que creó la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) y desarrolla un capítulo sobre las comarcas indígenas.

Sin embargo, el potencial económico que ofrecen los recursos naturales de la comarca siempre ha estado en la mirada del poder político e inversionistas.

TABASARÁ

En el año 2000, tres años después de que se aprobara la ley de la comarca, los dos proyectos hidroeléctricos sobre el río Tabasará reciben el aval de las autoridades.

Los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Pipo Virzi, dueños del proyecto y con conocidas influencias durante los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y con el actual Ricardo Martinelli, celebraron por lo alto. Al mismo tiempo, se iniciaron las primeras manifestaciones de los ngäbes, cuando en octubre de 2000 bloquearon la carretera Interamericana.

En el escenario aparece el abogado Jacinto Cárdenas que demandó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la resolución de la ANAM que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Tabasará II.

El 6 de diciembre de 2000, la Corte suspendió provisionalmente el proyecto al admitir la demanda.

El argumento de los magistrados fue que no se tomó en cuenta los artículos 63, 99 y 102 de la Ley General de Ambiente que ‘guardan relación con la participación y aquiescencia que es preciso obtener de las comunidades indígenas’. Un día antes que la Corte suspendiera el proyecto, Moscoso anunció la designación de Winston Spadafora como magistrado de la Sala Tercera de la Corte, y como su suplente a Cárdenas.

Quedaba pendiente la ratificación, por parte de la Asamblea Nacional, de los nombramientos. Cárdenas desiste de la demanda en contra del proyecto Tabasará II y en diciembre de 2002, la Corte admite el desistimiento y levanta la suspensión del proyecto. Spadafora, uno de los magistrados más cuestionados, firmó el fallo.

ARGUMENTO DEROGADO

Los empresarios volvieron a celebrar por segunda vez y solo debieron esperar un mes para hacerlo por tercera ocasión. Dos de los tres artículos que la Corte tomó en cuenta para suspender provisionalmente el proyecto fueron derogados por la Asamblea Nacional.

El viernes 31 de enero de 2003, en Gaceta Oficial se publicó la Ley 18 de 2003, que creaba dos corregimientos, pero en una sola línea derogaba los mencionados artículos, al igual que otros tres de la Ley General de Ambiente. Todos relacionados con derechos indígenas. Ver infografía.

Los dos proyectos seguían su curso y el Tabasará I cambió de dueño y de nombre en el 2007, en vista de que Btesh y Virzi pierden la concesión, que es ganada, en licitación pública por la empresa Generadores del Istmo S.A. (Genisa) del hondureño Luis Kafie, que bautiza el proyecto con el nombre de Barro Blanco.

ÁREAS ANEXAS

El proyecto Barro Blanco inició construcción y surge una nueva polémica por las afectaciones. Tres directivos de Genisa (Aldo López, gerente general, Juan Ramón Vallarino, asesor legal, y Julio Lasso, director de Proyecto) aseguraron ayer que el proyecto no afectará un ‘solo centímetro’ de la comarca.

El proyecto, explicaron, abarca 234 hectáreas, de las cuales solo 6.8 hectáreas incluyen las áreas anexas de la comarca. El 98% de los terrenos que usará el proyecto son propiedad de la empresa y un 2% de las áreas anexas comarcales, dijeron.

‘En todos estas áreas no reside nadie, tampoco se realiza actividades ganadera y agrícola’, recalcaron.

La empresa ya cuenta con el contrato de concesión de agua y de generación y que han sido refrendados por la Contraloría.

Incluso, alegaron, que el pasado 6 de junio, el proyecto recibió la certificación de la Oficina de Cambio Climático de la ONU sobre producción limpia.

Los indígenas y ambientalistas tienen otra realidad de las afectaciones. Manolo Jiménez, dirigente del Movimiento 10 de abril, calculó en 17 mil indígenas afectados por las inundaciones que ocasionará la represa.

A juicio de Jiménez son cuatro cuencas de ríos que se verán afectadas al represar el Tabasará.

Félix Wing, director de Centro de Incidencia Ambiental, dijo que en las afectaciones no se están incluyendo áreas que la Ley 10, de la comarca, contempla como zonas anexas.

Wing pidió una comparación entre los mapas que la empresa ha mostrado del proyecto y los polígonos establecidos en la Ley 10.

En medio de estos reclamos, el Congreso Regional Kadrini firmó un acuerdo con la empresa Genesi para el desarrollo de la obra. .

Los ngäbes reinician hoy conversaciones con el Gobierno y las hidroeléctricas será el tema central. Los indígenas mantienen firme su decisión de prohibir la minería e hidroeléctricas, que le han costado decenas de heridos y un fallecido: Jerónimo Rodríguez.

 
TABLA 
 
TABASARÁ Y BARRO BLANCO
Concesión

Los proyectos Tabasará I y II inicialmente lo desarrollaban los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Virzi.

Cambios

El proyecto Tabasará I fue cedido a la empresa de capital hondureño Generadora del Istmo, que le cambió el nombre al proyecto por Barro Blanco.

domingo, 26 de febrero de 2012

SI EN PANAMA LLUEVE EN ESPAÑA NO ESCAMPA
La mano panameña en el escándalo del duque Iñaki
NICANOR ALVARADO DIXON
Gustavo Newton Herrera es el director de una cadena de empresas por las que el yerno del rey de España desvió dinero estatal. En Europa lo buscan. En Panamá tiene una gris historia detrás
La mano panameña en el escándalo del duque Iñaki
TESTAFERRO. Gustavo Newton. Retrato: DanteAJ
PANAMÁ. El escándalo que estalló en España por el desvío de dinero del duque de Palma de Mallorca, Iñaki Urdangarin, tiene en el fondo —y, al parecer, no para menos— a un panameño como protagonista estrella: uno de nombre Gustavo Newton Herrera.

Aunque ríos de tinta se han escrito sobre él en España, irónicamente es un personaje bastante escondido. Del que nadie sabe nada. Ni siquiera dónde está. Las causas judiciales abiertas en fiscalías españolas apuntan a que Newton cobraba unos 190 dólares mensuales por ser el testaferro (la pantalla) del De Goes Center For Stakeholder Management, la empresa con la que el duque desviaba dineros del gobierno de Baleares al paraíso fiscal de Belice.

Pero lo que no se ha dicho es que los turbios nexos del canalero no se quedan en España. Aquí también tiene una historia escondida.

LAS RELACIONES EN PANAMÁ

Newton figura como director en al menos 30 sociedades en Panamá. Aunque es fácil inferir que es un exitoso hombre de negocios, no hay más rastros de su trayectoria.

Aparece, según los apuntes del Registro Público, como director de compañías portuarias, de bienes raíces y constructoras.

Es que así como sirvió en España a Undargarin, el panameño, de 50 años, presta su nombre para figurar en la constitución de compañías de empresarios que por alguna razón prefieren el anonimato. Así ha funcionado en todas partes del mundo.

Pero en Panamá de Newton —a quien este medio intentó contactar por todas las vías— hay más. Consiguió particulares ‘compañeros de trabajo’. Uno de ellos estuvo involucrado en el escándalo por la estafa de 1.6 millones de dólares al Banco Nacional de Panamá (BNP) en 2003.

El fraude al BNP fue un trabajo delicado que se extendió por casi un año. Estuvieron involucrados cajeros, supervisores, gerentes, oficinistas y una contadora del banco. Además, bufetes de abogados y particulares. Ha sido uno de los delitos económicos más grandes en lo que va del siglo XXI en Panamá.

El socio de Newton Herrera —como otras 56 personas— fue llamado a juicio en 2005 por delitos contra la administración y la fe pública, la seguridad colectiva y lavado de dinero. Otro de los abogados con los que Newton trabajó es hoy juez.

EL ESCÁNDALO DE FONDO

En España ha habido una revolución por el entramado de corrupción en los negocios de Urdangarin. Tanto que se ha empezado a romper el velo de pulcritud que cubría a la ‘sangre azul’.

El revuelo tiene un origen simple: el duque, con uno de sus socios llamado Diego Torres, levantó una fundación de apoyo a niños discapacitados llamada Fundación Deporte Cultura e Integración Social, con la que adquirieron luego —y para despistar— a la filial de De Goes Center For Stakeholder Management española.

Y desde esa empresa empezaron a moverse. Se contrataron directamente para brindar asesorías al Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, montado por el duque Iñaki y su esposa, la infanta Cristina (hija menor del rey de España), para investigaciones sobre los procesos de formulación e implementación de las estrategias de patrocinio y responsabilidad. Pero jamás cumplieron.

El Nóos recibía fondos del Estado español y el objetivo de Urdangarin era quedarse con todo el dinero. Desde 2006, creen las autoridades judiciales de Baleares (una comunidad semiautónoma de España, ubicada en el mar Mediterráneo) el duque estuvo desviando los recursos estatales. En total, habría logrado sacar unos 880 mil dólares (720 mil euros) a través de al menos 36 empresas. Pero en la investigación solo se han logrado identificar unas cuantas.

Indagado ayer por el Juzgado de Palma de Mallorca , el yerno del Rey se desligó del escándalo. Según dijo, se separó de Nóos en 2006 y Torres ‘controlaba todo’. Hoy seguirá declarando.

LLEGANDO A LA SANGRE AZUL

Pero el panameño vinculado al escándalo en España no era tan amigo del duque. Llegó a él a través de uno de sus socios, el abogado catalán Salvador Trinxet.

Newton Herrera, de acuerdo con el registro de sociedades de Reino Unido —y al que La Estrella tuvo acceso— es director de al menos 43 empresas inglesas que tienen domicilio en

el edificio Albany House Station Path, ubicado en el condado londinense de Surrey. El mismo lugar donde funciona la oficina central de la Braxton Consulting, la consultora de derecho mercantil internacional y de acceso a inversores, propiedad de Trinxet. De paso, Newton Herrera su director.

En el Albany House Station Path también está la dirección fiscal (el domicilio legal) del De Goes Center For Stakeholder Management.

Trinxet, sospechan fiscales españoles, fue el ‘arquitecto mercantil’ de De Goes y todas las compañías involucradas en el entramado. En Panamá, el catalán figura en 11 compañías.

¿Qué papel jugó Newton Herrera? El duque Iñaki a la final no quería figurar en ninguna empresa, y por eso el panameño intervino en el juego como testaferro u ‘hombre de paja’. Quería proteger los intereses del duque, en caso de que ocurriera justo lo que está pasando ahora. Pero calculó mal.

A través del canalero, el dinero hurtado a las arcas españolas viajaba de Europa a Panamá y luego a Belice.

Incluso, reportan medios españoles, hubo una reunión en Panamá el 3 de octubre de 2007, en el cenit de todo el negocio. ¿Qué se hizo? ¿Quiénes participaron? Nadie sabe. El único cabo que une es Newton Herrera.

El panameño es además director de Blossomhill Assets, radicada en Belice. Esa empresa, a su vez, es propietaria de las acciones del De Goes Center For Stakeholder Management, por donde se escapó el dinero.

El poder de Newton Herrera en Blossomhill es importante: nombró a Diego Torres, el socio de Urdangarin, como su apoderado en Belice. Pero hay más, por si las dudas. Newton también es el director de Skyline Associates Corporation, la administradora de Blossomhill, y por ende de todo el dinero. Al final el panameño es el dueño titular de los fondos desviados por el duque Urdangarin. Las autoridades ahora lo reclaman.

Las proporciones del escándalo por el escape del dinero es tan grande que en los estrados judiciales sólo lo comparan con Babel: es que parece que diera con el firmamento.

APOYO 
Newton es el dueño ‘legal’ de los 880 mil dólares desviados por Urdangarin

TABLA 
EL TRABAJO DE NEWTON

compañías

Según el Registro Público de Panamá, Newton Herrera es directivo de al menos 30 empresas . Le pagan por prestar su nombre.

especialidades

Las compañías se dedican a los negocios portuarios, de bienes raíces y construcción.

compañeros

Entre quienes trabajaron con él están cuatro abogados que pagaron prisión.

fraude

Uno de los vinculados a Newton Herrera fue procesado por estafa al Banco Nacional.

viernes, 24 de febrero de 2012

GOBIERNO NO RESPETA TRADICIONES
 
Policías impiden el bautizo de los Diablos
OSCAR SÁNCHEZ
Una 20 personas que estaban disfrazadas con el atuendo característico de los Diablos fueron arrestadas. El municipio autorizó el evento
 
Policías impiden el bautizo de los Diablos
DENUNCIA. Las detenciones se realizaron por lo menos en la calle 7 avenida Amador Guerrero Foto: Oscar Sánchez | La Estrella

2012-02-24 — 12:00:00 AM COLÓN. Agentes de la Policía Nacional en la provincia de Colón impidieron que se desarrollara el tradicional ‘Bautizo de Diablos’, el miércoles de Ceniza.

La acción fue cuestionada por los organizadores y los espectadores nacionales y extranjeros, que no pudieron disfrutar del tradicional espectáculo.

Al menos 20 personas, que estaban disfrazadas con el atuendo característico de los Diablos, fueron arrestadas por los policías, quienes irrumpieron de forma intimidante en los sitios donde se disponían a celebrar los bautizos.

Josué Garay, uno de los promotores de esta tradición colonense que data de la época colonial, indicó que solicitó el permiso reglamentario el pasado 8 de febrero, para que les permitiera realizar el ‘Tradicional Bautizo de Diablos’, el que le fue concedido por la alcaldía del distrito de Colón.

A pesar de contar con el aval de las autoridades municipales para desarrollar el acto folclórico desde las 12 mediodía del miércoles, hasta las 6:30 de la tarde, los policías procedieron con los arrestos una hora antes al tiempo límite.

Las detenciones se realizaron por lo menos en la calle 7 avenida Amador Guerrero, donde unos 20 jóvenes con sus atuendos fueron llevados al cuartel central de la Policía Nacional en la ciudad de Colón. Una situación similar ocurrió en la calle 10 y las avenidas Meléndez y Santa Isabel.

Alberto Carvallo, colonenses residente en Nueva York, se mostró triste y se preguntó por qué las autoridades no apoyan esta cultura que es disfrutada por los niños y con la que se alejan del ocio, además se les permite compartir en familia.

Lo preocupante para muchos de estos jóvenes es que elaboran con sus propias manos las máscaras de todo tipo de diseño y tamaños, sin embargo no se le da ese verdadero valor al arte, tiempo que muy bien otros podrían utilizar para cometer fechorías.

Josué Garay agregó que para que se le otorgara el permiso para el Bautizo de Diablos el miércoles de Ceniza, pagó al municipio de Colón la suma de $285, con un recorrido de los diablos de calle 13 avenida Roosvelt hasta el Paseo Washington.

jueves, 23 de febrero de 2012

Panamá se suma a bloque minero

En Latinoamérica se invertirán $228 mil millones en desarrollo de proyectos mineros entre el 2012 y 2020.
Mary Triny Zea C.
COBRE. Los mayores consumidores son China y Corea, este último adquirió el 20% de la mina de cobre en Donoso asegurándose la venta del recurso a la refinadora LS-Nikko Copper. BLOOMBERG/Seokyong Lee
 
Pese al rechazo de los indígenas y los ambientalistas por los daños al medio ambiente, la minería ha colocado a Panamá entre los ocho países de América Latina con los mayores montos de inversión destinados a esta actividad.

El respaldo gubernamental a la actividad minera, el pago de una baja regalía (2%), y tasas reducidas, son algunos de los factores que atraen a los empresarios para invertir en proyectos mineros en Panamá.

Según las proyecciones de inversión regional del Centro de Estudios del Cobre y la Minería de Chile (Cesco), hasta 2020, en Panamá se invertirán $4 mil millones en obras mineras.

En total, en Latinoamérica se invertirán $228 mil millones en el desarrollo de proyectos mineros entre el 2012 y 2020 en ocho países, la suma no incluye exploración, ni refinación.

Este sería el monto más importante de la región, citó Cesco, y aunque Panamá lleva la cuantía más pequeña con $4 mil millones, la inversión pone al país en el mapa minero del mundo.

Además, actualmente América Latina recibe el 27% de inversión minera mundial en proyectos de exploración, lo que en 2010 fue $2 mil 883.6 millones.

“El buen panorama regional alienta las exploraciones en todos los países; bajo este contexto Panamá no está exento de ello”, dijo Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco en una entrevista con este diario a través de correo electrónico.

Los $4 mil millones corresponden a la inversión de Minera Panamá con su proyecto de cobre en Donoso, provincia de Colón, indicó.

La macroinversión se realizará en un área “protegida” y dentro de la parte panameña del Corredor Biológico Mesoamericano, lo que ha generado alertas de la comunidad de biólogos y científicos respecto a las consecuencias del proyecto minero de cobre a cielo abierto.

En el plan inicial de 30 años y explotando tres tajos se deforestarán 5 mil 900 hectáreas en Donoso.
“Es necesario desmitificar respecto de la creencia de que la explotación de los recursos naturales es una maldición o una bendición per se”, expresó Guajardo.

El impacto de explotación de los recursos en el desarrollo de un país depende de las políticas públicas aplicadas, argumentó el directivo.

Entre estas políticas debe aplicarse “necesariamente un estricto control ambiental, especialmente en el caso de Panamá y sus bosques tropicales lluviosos”, señaló Guajardo “Pero eso no significa que Panamá sea incompatible con la minería”, acotó.

El punto del directivo respecto a “los estrictos controles ambientales” es el debate de grupos ambientalistas como Panamá Sostenible, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, entre otros que critican la débil institucionalidad de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) para fiscalizar la minería.

La última crítica se efectuó porque la Anam no le ha exigido a Minera Panamá detener la construcción de la mina hasta que haya un plan de manejo del área protegida de Donoso y la minera se adecúe a este.
Desde el 28 de diciembre de 2011 la filial de Inmet tiene aprobado su estudio de impacto ambiental para proceder con la mina.

En tanto, el consumo del metal rojo aumentó más rápidamente en los últimos años en comparación con las últimas décadas , según Cesco. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la producción en la última década es menor que el consumo.

América Latina tiene una oportunidad frente a Asia o África por la alta demanda de materias primas debido al balance entre potencial geológico, estabilidad institucional y condiciones materiales para la operación.
En cuanto a la disposición para aprovechar la oportunidad, Panamá se clasifica como “país en proceso de apertura”, lo que según Cesco, significa que hay iniciativas institucionales para comenzar la industria, al igual que Paraguay, Uruguay, República Dominicana y El Salvador.


La minería canadiense en el mundo

Jennifer Moore *
economia@prensa.com

OPINIÓN. Canadá ha asumido un papel importante en el sector minero a nivel mundial.
El 60% de las empresas mineras de todo el mundo cotiza en las Bolsas de Valores de Toronto, de las cuales se estima que mil empresas canadienses operan fuera de Canadá con 4 mil 300 proyectos mineros en varias etapas de desarrollo.

De los 60 millones de dólares que invierten las empresas mineras canadienses fuera del país, las dos terceras partes se destinan para América Latina y el Caribe.

El gobierno y las empresas mineras canadienses promocionan sus intereses en la región a través del concepto de que Canadá es un país que promociona la democracia, los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento desde 2005 por el parlamento canadiense y varias instancias de las Naciones Unidas, sobre la asociación entre las empresas mineras canadienses y graves violaciones de los derechos humanos en comunidades afectadas en varias partes del mundo, el gobierno canadiense no ha implementado controles efectivos sobre esta industria globalizada hasta la fecha.

Cabe decir que la minería metálica a gran escala es una actividad que por su propia naturaleza genera enormes impactos ambientales y sociales en donde se encuentra.

Requiere mecanismos de control y de fiscalización fuertes con suficientes recursos para mitigar sus impactos hasta donde sea posible.

Es una actividad, además, que no debería suceder sin el consentimiento de las comunidades afectadas ni en los sitios altamente sensibles ecológicamente y culturalmente por los riesgos que representa.

Por todo lo expuesto, las empresas mineras canadienses continúan operando sin mecanismos significativos en Canadá para controlar sus operaciones fuera del país, mientras gozan de las protecciones privilegiadas para sus inversiones y se aprovechan de la institucionalidad y los marcos legislativos débiles en América Latina.

La autora es Coordinadora del Programa para América Latina Alerta Minera Canadá (Mining Watch).



















domingo, 19 de febrero de 2012

Enredado en sus mentiras
 
GENARO LÓPEZ
 
El uso recurrente de la mentira no se convierte en verdad. Dicen los psicólogos y escritores, que llegar a ser un mentiroso profesional es toda una especialidad.

Dice Ramón Cordero (Catedrático mexicano), que ‘no se puede andar por la vida engañando a la gente y, luego, olvidar cuál fue el cuento’. Según Cordero, en ‘el ingenioso arte del cuento chino debe recordar qué dijo, cuándo y a qué persona. Todo esto para no caer en contradicciones, porque cuando sueltas un embuste, por lo general tienes que poner otro por delante y luego uno más. Igual a un castillo construido con las cartas de una baraja en el que, si quitas una de ellas, corres el riesgo de que el edificio se venga abajo’.

Ello es lo que le ha ocurrido a Ricardo Martinelli, nadie le cree, pues hoy dice una cosa y mañana hace todo lo contrario, pues sus intereses económicos han salido tan a flote que ya no puede ocultar que sus decisiones de gestión pública están subordinadas a sus intereses empresariales.

Esto es lo que sucedido a la hora de la definición de los temas mineros e hidroeléctricos en la Comarca Ngäbe Buglé, donde ha quedado desentrañada la corrupción, donde se ha podido descifrar los vínculos familiares y la telaraña de intereses de los clanes de la mafiocracia que han controlado y siguen controlando al país. Donde queda demostrado cómo acomodaron a los suyos en puestos claves para garantizar sus intereses personales y empresariales (Casos de ANATI, CSS, Metrobús, minería, hidroeléctricas, entre muchos otros).

A su vez, lo que sucede en la Comarca, con los negociados en hidroeléctricas, ha desnudado los vínculos empresariales de gobernantes (CD) y partidocracia (PRD, panameñistas).

En medio de ello, continúa el acelerado incremento de los precios de los bienes y servicios básicos. El atropello de quienes controlan la cadena de distribución, entre ellos el propio Martinelli, es tal que se especula en la fijación de los precios.

La arrogancia empresarial, aupada por los gobernantes, los ha llevado a darse el lujo de imponer en la Terminal de Transporte de Albrook un incremento del 100% en la tarifa de abordaje, sin que medie estudio alguno, sin consulta a los usuarios, bajo la tolerancia de las autoridades de tránsito (ATTT), que no son enérgicas en el cumplimiento de la Ley. Recordar que Ernesto Pérez Balladares entregó los terrenos de la Terminal por una suma insignificante al Mayor Alfredo Alemán; hoy la Terminal es administrada por Humberto Maceas, exmayor de las Fuerzas de Defensa. Igualmente, vemos cómo un ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, sale a defender los intereses empresariales, justificando el cobro de una tarjeta de 2.00 balboas sin prestación de servicio alguno y el cobro adelantado en el caso del pasaje por la prestación del servicio público del transporte.

He allí su afán de seguir usufructuando de los recursos del Estado y controlar todos los poderes; sus intentos de garantizar su reelección presidencial, lo cual ha sido manifestado públicamente por alguno de sus ministros y por diputados de Cambio Democrático.

Sin embargo, sus constantes engaños, su accionar autoritario y mercader lo ha llevado a su drástica caída, al punto tal que sus agencias de marketing de opinión no pueden maquillarlo. Desesperado, acude a notarios para que otros den fe de su palabra, pues no tiene credibilidad.

Sólo un Gobierno nuevo y decente, enfocado en los mejores intereses nacionales y sociales, alejado de la podredumbre moral en que han caído las instituciones del Estado podrá darnos verdadera Justicia y acabar con la impunidad que impera en el país, por ello construimos nuestra propia alternativa, Frente Amplio por la Democracia (FAD). Tarea que no es fácil, pues, la partidocracia nos somete a condiciones que ninguno de los partidos constituidos a la fecha han tenido que librar: número de adherentes, libros estacionarios restringido a cuatro meses.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

viernes, 17 de febrero de 2012

Mujeres del PP repudian atropellos de Policía a mujeres indígenas
Deivis Eliecer Cerrud
 
Mujeres del PP repudian atropellos de Policía a mujeres indígenas
Teresita de Arias sosteniendo la publicación de La Estrella junto a otras dirigentes del PP.

2012-02-17 — 5:45:00 PM La Acción Femenina del Partido Popular (PP) condenó este viernes enérgicamente "los atropellos cometidos por la Policía Nacional contra un numeroso grupo de mujeres en la Comarca Ngöbe Buglé" en unos incidentes en San Félix, y además solicitaron que se investiguen los hechos ocurridos.

La protesta surge tras la represión contra los indígenas por parte de unidades antimotines el domingo 5 de febrero cuando abrían la Interamericana cerrada desde el martes 31 de enero y de denuncias de violaciones carnales y vejámenes a ngöbes.

En conferencia de prensa, las mujeres del PP rechazaron el despliegue masivo de la fuerza, el uso de armas de fuegos letales y las brutales golpizas a las mujeres y grupos originarios.

"Responsabilizamos de estos hechos al ministro José Raúl Mulino y el director de la Policía, Gustavo Pérez, que han fomentado la remilitarización de este organismo y de propiciar un clima de impunidad en el cuerop policial que incita a conductas violentas", expresa.

Bajo el lema "Si maltratan a una, nos maltratan a todas", las mujeres del opositor Partido Popular tomaron como referencia los testimonios de víctimas publicados por el diario La Estrella, de su edición del 15 de febrero, en la que denuncian que recibieron "tratos indignos" cuando eran trasladados al cuartel de David en un bus y otras mujeres en helicóptero.

Piden al procurador general de la Nación a iniciar de oficio una investigación "inmediata, objetiva y exhaustiva".

El jueves 16 de febrero, el Frente Sectorial Femenino del PRD también expresó su "repudio a los excesos y ultrajes cometidos por unidades de los antimotines de la Policía Nacional, contra las indígenas de la Comarca Ngöbe Buglé" y anunciaron que interpondrán las acciones legales correspondientes.

Indígenas y autoridades siguen reunidos a puertas cerradas

Manuel Vega Loo
De Prensa.com
LA PRENSA/Jorge Fernández
La cacica general Silvia Carrera solicitó, este viernes, la presencia del presidente Ricardo Martinelli en el encuentro.

A las 2:00 p.m.se reanudó la reunión de la subcomisión formada con 12 integrantes del diálogo que comenzó el pasado 8 de febrero para consensuar el artículo 5 del proyecto de ley 415 que establece el regimen minero para la comarca Ngäbe-Buglé.

La subcomisión la integran seis miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino, así como tres representantes del Ejecutivo y tres del Legislativo.

Ese grupo comenzó una reunión, a puertas cerradas, la mañana de este viernes e interrumpieron su sesión para almorzar. Hasta el momento no han logrado un consenso.

Cuando este grupo logre consensuar la propuesta, entonces se dará inicio a la sesión de la subcomisión [de 12 miembros] formada tras la firma del Acuerdo de San Lorenzo el pasado 7 de febrero. Este acuerdo puso fin a los enfrentamientos entre agentes antidisturbios y los indígenas ngäbes buglés que mantuvieron cerrada durante seis días la carretera Interamericana, en rechazo a la eliminación del artículo 5 del proyecto 415, que establecía la eliminación de las concesiones mineras e hídricas dentro de las comarcas, así como en las áreas anexas.

Mientras en Panamá están reunidos los integrantes de la Coordinadora con delegados del Ejecutivo y Legislativo, en San Félix y Viguí grupos de ngäbe-buglé están en vigilia.

A diferencia de ayer, cuando grupos de indígenas cerraron el paso por el puente sobre el río Changuinola, y un paño de la Interamericana en San Félix y en el Viguí -límite entre Chiriquí y Veraguas-, este viernes no se han reportado acciones de fuerza, debido a que ayer los líderes de la Coordinadora les solicitaron que se mantuvieran alertas y vigilantes, pero sin bloquear vías para evitar que se afectara el diálogo. 

PROPUESTAS EN DISCUSIÓN

Propuesta de redacción de los indígenas

Artículo 5: Se cancelan todas las concesiones otorgadas a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca Ngâbe-Buglé y áreas anexas. La delimitación de la comarca Ngäbe-Buglé y área anexas se entiende de conformidad con la que establece la Ley 10 de 1997 y la Ley 69 de 1998. El Pueblo Ngâbe Buglé estudiará, evaluará y determinará un plan para el uso y desarrollo de los recursos hídricos y energía alternativa en la comarca Ngâbe Buglé y áreas anexas; mediante una amplia consulta ciudadana en las regiones que corresponde basada en los convenios internacionales de derechos de los pueblos indígenas.     

Deróguese los artículos 11 y 12 de la Ley 15, del 7 de febrero de 2001.

Propuesta de redacción del Gobierno

Artículo 5: Se cancelan todas las concesiones otorgadas a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la explotación y exploración de los recursos minerales y para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la comarca Ngâbe Buglé y áreas anexas. El pueblo Ngäbe Buglé participará en conjunto con las autoridades competentes en el proceso para la elaboración de los planes de manejo de la cuenca ubicada dentro de la comarca, áreas anexas y en la aprobación de futuros proyectos hidroeléctricos y de otras energías alternativas dentro de las comarca y áreas anexas, de conformidad con los convenios internacionales de los derechos de los pueblos indígenas suscritos y ratificados por la República de Panamá. La posición del pueblo Ngâbe Buglé será determinada de conformidad con los procedimientos y mecanismos de consultas establecidos en la Ley 10 de 1997 y la Carta Orgánica  Administrativa de la Comarca.

Para los efectos de presente artículo la delimitación de la comarca Ngâbe Buglé y áreas anexas se entiende de conformidad con lo establecido en la Ley 10 de 1997 y la Ley 69 de 1998.

(Con datos de Irene Hernández, Flor Bocharel Q. y Víctor Eliseo Rodríguez)

jueves, 16 de febrero de 2012

Ilegales escuchas políticas

Redacción de La Prensa
Marcos González LA PRENSA/Archivo
Exfuncionarios que en los últimos años tuvieron en sus manos la competencia para solicitar, autorizar y ejecutar escuchas telefónicas advirtieron ayer que el manejo político e ilegal que le da actualmente el Gobierno a ese instrumento puede provocar una crisis similar a la registrada en Colombia por las prácticas del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), varios de cuyos funcionarios son acusados ahora por delitos de lesa humanidad.

Los exfuncionarios reaccionaron ante las declaraciones dadas el martes pasado por el vicepresidente de la Asamblea y diputado de Cambio Democrático, Marcos González, en las que reconoció que “la seguridad del Estado” escucha a políticos de oposición y a otras personas ligadas con las recientes protestas indígenas.

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, destituida y condenada en 2010 precisamente por autorizar una escucha telefónica en un proceso judicial contra un fiscal acusado de concusión, aunque sin ser autoridad judicial para ello, calificó la admisión de González como “escandalosa”.

“Admitir que en el Consejo de Seguridad se usa toda esa tecnología que debe estar al servicio de la persecución criminal para violar la Constitución y la ley, para hacer persecuciones políticas, es un escándalo”, dijo. “Eso fue exactamente lo que pasó con el DAS de Colombia y eso es lo que quieren evitar los países que donan estos equipos”, acotó.

Gómez explicó que basada en la Ley de Drogas y después de la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia a partir de su caso, el Procurador de la Nación es la única autoridad facultada para pedir una escucha telefónica en un proceso por la comisión de un delito grave, y la Sala Penal la única que puede autorizarla.
“ No tiene ningún sentido que estamentos de seguridad estén siguiendo la vida íntima de nadie que no esté dentro de una investigación criminal”, dijo.
El exmagistrado Edgardo Molino Mola –exmiembro de la Sala Penal de la Corte– apuntó que tratándose de un diputado de gobierno, las declaraciones de González se convierten en un asunto sumamente grave que el Ministerio Público, de oficio, debe investigar.

“Este diputado ha puesto en una posición comprometida al Consejo de Seguridad”, señaló.
Su colega, la también exmagistrada de la Sala Penal Esmeralda de Troitiño, agregó que el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones es garantía fundamental consagrada en la Constitución, y todo acto que violente ese derecho es sujeto de un proceso.

A su juicio, usar las escuchas para fines diferentes a la investigación de hechos delictivos graves viola abiertamente la Carta Política.

“Cuando a la procuradora Gómez se le condenó porque ordenó unas interceptaciones telefónicas, ella lo había hecho, en principio, como autoridad judicial. Y hubo un hecho delictivo y se denunció a un funcionario de su propia institución. Por ello es que esto pareciera un absurdo. Cómo es posible que a ella se le haya condenado, y hoy día se reconozca esto otro”, dijo.

En tanto, Pablo Quintero Luna, quien fuera director del Consejo de Seguridad en el gobierno de Mireya Moscoso, dijo, de entrada, que la declaración de González se traduce en el siguiente principio: “a confesión de parte, relevo de prueba”.

Es decir, a su juicio el Gobierno acepta los “pinchazos políticos” y eso está prohibido.

“El Consejo de Seguridad no fue creado para inmiscuirse en la vida privada de nadie. Ese ente tiene funciones de ley y si sus autoridades no la cumplen, deberán ser sometidas al rigor de ley”, puntualizó.
Para el presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Carlos Lee, son preocupantes las declaraciones de González, ya que no dejaron claro si los funcionarios del Consejo de Seguridad tienen autorización judicial para las escuchas que están realizando.

Después de esas declaraciones, el Ministerio Público debe investigar si había o no la debida autorización judicial para que el Consejo de Seguridad interfiriera en la privacidad de la comunicación de los ciudadanos”, indicó, al tiempo que dejó en claro que el Órgano Judicial solo puede autorizar pinchazos cuando se investiga un delito dentro de un proceso, no cuando se sospeche de la comisión de ese delito.
Y como quiera que el diputado González señaló en sus declaraciones a la “seguridad del Estado” como responsable de las escuchas a políticos, se consultó al ministro de Seguridad encargado, Alejandro Garúz, en relación con los pinchazos.

Garúz no dudó en marcar distancia con el diputado oficialista. “ Eso es negativo. A mí no me consta que eso se esté haciendo en el Consejo de Seguridad. Este no es un tema que nos competa. No tenemos ningún conocimiento de pinchazos ni los hemos ordenado ni sabemos si se están haciendo”, dijo.

También se consultó a las autoridades de la Corte, pero se informó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial que no harían comentarios.

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, también evitó dar información en cuanto a si abrirá o no una investigación.

Reacciones políticas

Tras el aluvión de reacciones en su contra, González se desdijo ayer y afirmó que lo que él dijo fue que la inteligencia del país sabe quiénes conspiran contra el Gobierno.
Además, reiteró que tiene en su poder una grabación en la que habla el exviceministro de Trabajo Luis Ernesto Carles y que a eso se refirió cuando dijo que políticos de oposición estaban detrás de las protestas indígenas contra la minería.

“Yo lo que digo es la participación del Suntracs y de políticos panameñistas y del PRD en las áreas indígenas. El mismo día que yo dije que se estaba aprobando un golpe de Estado y que los opositores estaban en eso, la esposa de un futuro candidato a la Presidencia era quien estaba trayendo comida a los indígenas”, dijo.

Según el diputado, está mal que se graben las conversaciones. “El problema es que con el avance de la tecnología, cualquier ciudadano te graba. Pareciera que ese equipo lo venden por toda Salsipuedes. Aquí me hicieron una inspección en mi oficina el 30 de enero y encontraron que me estaban escuchando”, apuntó.
Por su parte el diputado panameñista José Blandón informó que una comisión de abogados de ese partido evalúa qué acciones tomar contra González, que además de reconocer los pinchazos acusó a opositores de planear un golpe.

(Rafael Luna Noguera, Juan Díaz C., Isidro Rodríguez, Gustavo Aparicio y José González Pinilla).

miércoles, 15 de febrero de 2012

Alerta del Tribunal Electoral gana respaldo

Representantes de partidos políticos de oposición se comprometen a trabajar para garantizar la institucionalidad democrática del país.

isidro RodríguezIrene Hernández
 
frente. Los líderes de los partidos políticos en un encuentro con los magistrados del Tribunal Electoral. LA PRENSA/Jorge Fernández
 


La preocupación del pleno del Tribunal Electoral (TE) de un posible fraude en las elecciones de 2014 es compartida por los partidos políticos de oposición.

Los representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Partido Panameñista y el Partido Popular (PP) se reunieron con los magistrados del TE para respaldar esta preocupación y comprometerse a trabajar para que se garantice la institucionalidad del país.

Ante ese panorama, el diputado panameñista José Isabel Blandón indicó que “vamos como partidos a defender en conjunto la transparencia de las próximas elecciones y la independencia del TE”.

Blandón agregó que después de lo ocurrido con las elecciones de El Bebedero de Tonosí, donde ganó la candidata del oficialista Cambio Democrático (CD) en medio de denuncias de compra de votos y uso de fondos públicos, “hay razones de sobra para desconfiar de su pretensión de irrespetar el estado de derecho y la voluntad popular”.

Mitchell Doens, del PRD, dijo que los opositores pidieron la cita con los magistrados porque les preocupa la forma como el mandatario, Ricardo Martinelli, quien preside además el partido CD, quiere asumir el control de todas las instituciones.

Doens manifestó que para que se garantice la institucionalidad del país lo mejor es el diálogo, la concertación de ideas de todos los partidos políticos, incluyendo a CD, porque es el país el que puede sufrir en caso de que no se le ponga un freno a esas intenciones.

Milton Henríquez, presidente del PP, manifestó que el control absoluto del Presidente en los otros órganos del Estado pondrá en peligro el estado de derecho y las elecciones de 2014.

Henríquez dijo que los representantes de los partidos políticos también se mostraron preocupados por el reemplazo del magistrado presidente del TE, Gerardo Solís, que culmina su gestión en noviembre próximo.
“Nos preocupa que la Corte Suprema nombre a un representante de CD que impida el buen desarrollo del TE y de los procesos electorales. Nos preocupa que el Presidente se tome el TE”, aseguró Henríquez.

CD no fue invitado a la cita, pero el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, dijo que los magistrados del TE juegan a la política con estos señalamientos, cuando debieran mantenerse al margen. Es más, opinó que en el caso de El Bebedero los magistrados no quieren darle el triunfo a la candidata de CD.

CONSTITUYENTE

Los representantes de los partidos políticos solicitaron a los magistrados información sobre la constituyente.
Según Doens, los magistrados explicaron el reglamento que se debe seguir para la recolección de firmas.
Manifestó que creen que el documento presentado por Sergio Manuel González Campos tiene cosas muy valiosas que pueden servir como referencia o el marco para cualquiera iniciativa de esta índole.
Por su parte, Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del PRD, dijo que ve este documento con mucha simpatía. Y aseguró que se discutirá el documento preparado por los notables, que dría servir de base para una nueva Constitución.

Precisamente, para analizar este tema y determinar los pasos a seguir para defender la institucionalidad democrática del país, se formó una comisión integrada por tres representantes de cada partido opositor que luego hará un informe a los presidentes de los colectivos, que serán los encargados de darlo a conocer al país.

NO BUSCARÁ REELECCIÓN

Mientras el presidente, Ricardo Martinelli, convocó ayer a 13 notarios del distrito de Panamá para que dieran fe, mediante una declaración jurada notarial, que lo que dice acerca de que no buscará la reelección presidencial en 2014 es cierto.

La Constitución prohíbe la reelección inmediata.

En el acto, llevado a cabo en la Presidencia, Martinelli aprovechó el momento para arremeter no solo contra la clase política, sino también contra los medios de comunicación, al afirmar que “la política y la desinformación están a diario en todos los medios”, especialmente de los actores políticos que, según el mandatario, fueron causantes de que él tuviera que notariar su promesa.

Invitó a quienes creen que él sí buscará la reelección a ir a una notaría y dejar por escrito sus dudas. “Veamos quién es el que está mintiendo, quién es el que está desinformado y quién el que está haciendo politiquería barata”, agregó.

Para el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, Martinelli está tan consciente de la falta de confianza en sus expresiones que “tiene que recurrir a otras personas para que den fe de su palabra”.

Sobre la declaración jurada firmada por el mandatario, Márquez Amado señaló que tiene la misma validez que la promesa que se hace una pareja sobre fidelidad frente a un juez. “Carece de credibilidad”.
Por su lado, Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del PRD, opinó que el Presidente ha perdido la credibilidad en este país y aunque “la firme delante del Papa, nadie le va a creer” .

Sobre la injerencia de la Corte Suprema

El tema sobre la injerencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en asuntos del Tribunal Electoral (TE) tiene, según juristas, distintas interpretaciones.

El constitucionalista Ernesto Cedeño opinó que no es tal la denunciada injerencia, ya que el Artículo 143 de la Constitución es claro al indicar que las decisiones del TE son objetables a través del recurso de inconstitucionalidad, cuya resolución compete a la CSJ.

Por su lado, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda de Troitiño dijo que si bien la Constitución reconoce esa competencia, la resolución de una acción de ese tipo solo puede llegar hasta la declaratoria de inconstitucionalidad o no del acto demandado, y corresponden al TE los ajustes que se requieran.
Para el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado, en cambio, las intromisiones de la CSJ en decisiones del TE vienen ocurriendo desde hace bastante tiempo.

Citó, como ejemplos recientes, las sentencias sobre la inconstitucionalidad de la ley que sacó a Panamá del Parlacen; la de la resolución de la Asamblea que devolvió la ciudadanía al exalcalde Vallarino; y la relacionada con la revocatoria de mandato del diputado Carlos Afú (2003).

Opinó, entonces, que sí son fundadas las preocupaciones del TE, y el Ejecutivo y la CSJ tienen que demostrar con hechos que no van a entorpecer más sus funciones.

En tanto, la exmagistrada de la CSJ Aura Emérita Guerra de Villalaz acotó que ambas instituciones tienen competencias específicas, y lo más importante es que ambas respeten la Carta Magna.
“El TE tiene una jurisdicción especial y la CSJ no tiene por qué invadirla, a no ser en aquellos casos en que se suponga una violación de la Constitución”, ratificó.

El artículo 143 de la Constitución dice: “Las decisiones en materia electoral del TE únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias”. Pero agrega: “contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad”, que compete al pleno de la CSJ.
Rafael Luna Noguera

martes, 14 de febrero de 2012

De radares y obras civiles

LINA VEGA ABAD
El nombre de la empresa local que realiza las obras civiles para la instalación de 19 radares comprados por Panamá a Selex Sistemi Integrati, del grupo italiano Finmeccanica, no se conoce.

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, se niega a dar esta información, a pesar de haber recibido, al menos, cinco peticiones de este diario por correo electrónico, así como una solicitud formal basada en la Ley de Transparencia, hace ya un mes.

El dato guarda relación con la controversia surgida al saberse que Panamá pagaría 90 millones de euros ($125 millones) por 19 radares identificados por la empresa vendedora como Lyra 50, justamente la misma especificación que tienen los 24 radares que Turquía compró también a Selex por 25 millones de euros ($35 millones).

La diferencia de precios fue justificada por el ministro Mulino, debido a que en el caso de Panamá se trata de “una instalación totalmente nueva”, y porque algunos radares serán instalados en sitios de difícil acceso.
La misma explicación dio la empresa Selex en carta del 15 de noviembre pasado enviada al viceministro de Seguridad, Alejandro Garúz.

“El sistema de Vigilancia Costera de Panamá es una instalación totalmente nueva; no hay sistemas existentes que se pueden actualizar, desplegado para toda la línea de costas del país, en algunos casos con sitios severamente difíciles...”, se explica en la citada carta.

La nota igualmente incluye una lista de compromisos adquiridos por Selex con Panamá, entre los que está “la realización de obras logísticas para albergar equipos”.

Las obras

El 11 de agosto de 2010, Selex emitió un comunicado en el que anunciaba la firma de un contrato con el Ministerio de Seguridad de Panamá para proveer un sistema de vigilancia costera.

Además de identificar los radares como Lyra 50, se dice que “el contrato incluía la realización de las obras civiles necesarias por parte de una empresa local”. Es decir, parte de esos $125 millones se destinarían a la contratación de una empresa local que haría las citadas obras.

El término “obras civiles” aparece en la cláusula octava del contrato entre Selex y el Ministerio de Seguridad, al señalarse que el “Estado ofrecerá apoyo al contratista para la obtención de las licencias y permisos de construcción de las obras civiles...”.

Y aunque no hay detalles de estas obras, sabemos que no incluyen los caminos ni la instalación de fibra óptica ni los tendidos eléctricos y conexiones satelitales requeridos para el funcionamiento de los radares. Todo esto tendrá que hacerse con recursos del presupuesto nacional, según explicó en su momento el ministro Mulino.

Misterio

A pesar de la falta de información sobre la empresa elegida, este diario tuvo acceso a una documentación que evidencia que el proceso de contratación no estuvo exento de controversia.
Al menos eso es lo que se desprende de la lectura de una carta que enviara el 8 de julio de 2011 Valter Lavítola (el hombre clave en la gestión de los contratos entre Panamá y las empresas italianas, y hoy prófugo de la justicia) a Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica.

En la citada carta, Lavítola transmite a Pozzessere un reclamo del Gobierno panameño sobre lo que parecía una negativa de los ingenieros de Selex de contratar a “empresas de confianza del Gobierno” (ver facsímil).
¿Cuáles eran esas “empresas de confianza del Gobierno” que cita Lavítola? ¿Cuáles eran las objeciones de los ingenieros de Selex a estas empresas? ¿Cedieron esos ingenieros y las “empresas de confianza del Gobierno” fueron contratadas? ¿Cuánto de los $125 millones del contrato con Selex se destinó al pago de esta empresa local?

Estas, como muchas otras preguntas relacionadas con los contratos con el grupo empresarial que hoy es objeto de una investigación en Italia por el supuesto uso de un fondo negro alimentado con sobreprecios para sobornar a funcionarios de los países donde hacían negocio, siguen sin respuesta.


Duras críticas a Panamá en EU
 
ALEXIS CHARRIS PALACIOS
Los enredos de la política y las preocupaciones locales trascienden nuestra frontera. Senadores en EEUU en alerta

Marco Rubio dejó claro que las amenazas a la democracia no se pueden ignorar. Foto: Cortesía | Relaciones Exteriores del Senado de EEUU
 
2012-02-14 — 12:00:00 AM PANAMÁ. La audiencia para la ratificación de quien fuera designado como el reemplazo de Phyllis Power en la sede diplomática de Estados Unidos en Panamá terminó como una tribuna para que varios senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos expresaran sus preocupaciones por la situación de Panamá.

Jonathan Farrar, un experimentado miembro del servicio diplomático de los Estados Unidos, fue confrontado con profundas preocupaciones.

Robert Menendez, que presidía la audiencia, celebrada el 7 de febrero pasado, cuestionó a Farrar acerca de las preocupaciones que surgen de los llamados de atención de la sociedad civil en referencia a la ceración de una Sala V en la Corte Suprema de Justicia y su efecto sobre la reelección presidencial.

Mientras, Marco Rubio, senador de la Florida, mostró su preocupación por ‘señales de emergencia’.

‘El presidente controla la Asamblea, la Corte, quiere dominar la Autoridad del Canal’, enlistó Rubio antes de pedir a su nuevo representante en nuestro país que no dude en levantar la voz ante este tipo de excesos.

‘A las personas no les gusta dejar el poder. Algunas veces los presidentes no están listos para irse, pero tienen que hacerlo’, dijo Rubio al cierre de la audiencia.

lunes, 13 de febrero de 2012

Solís se pronunció en nombre del pleno del TE y no a título personal'

Getzalette Reyes
DE PRENSA.COM
Los magistrados del Tribunal Electoral (TE), en pleno, se pronunciaron este lunes, 13 de febrero, con relación al comunicado de la Presidencia de la República en el que se cuestionó las declaraciones del magistrado presidente de esa entidad, Gerardo Solís.

Las declaraciones del magistrado Solís, quien advirtió de un posible fraude electoral en 2014, no fueron motivaciones personales, sino más bien preocupaciones serias de los magistrados de esa entidad, aseguró el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, en conferencia de prensa.

Valdés Escoffery aclaró que la entrevista que dio Solís a La Prensa la hizo en calidad de vocero de la institución. Agregó que, para esta entrevista, Solís fue debidamente facultado y autorizado por el pleno del TE.

"Lo que él [Solís] manifestó no representa sus opiniones personales, sino la posición de los tres magistrados de la institución", aseveró.

PREOCUPACIONES

Valdés Escoffery dijo que no iba a entrar en detalles con relación a lo que los magistrados del TE consideran como “distorsiones” de las declaraciones de Solís y que están contenidas en el comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

Sin embargo, estimó que era necesario que se supiera que los señalamientos de Solís son preocupaciones serias que tienen los magistrados, frente a pruebas irrefutables en cuanto a las intervenciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al meterse a interpretar materia electoral que –por mandato de la misma Constitución– es competencia privativa del TE.

Para Valdés Escoffery, la Corte se ha ido más allá de su propia competencia y “ha decidido darnos instrucciones en materia electoral”, como lo fue en el caso del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

De esa forma, se refirió al anuncio del magistrado presidente de la CSJ, Alejandro Moncada Luna, del 24 de enero, que declaró la inconstitucionalidad de la demanda contra la Ley 78, que deroga las leyes que aprueban los instrumentos legales relativo al ingreso de Panamá al Parlacen. Con ese fallo, entonces, Panamá volvería al Parlacen.

Según Valdés Escoffery, este caso sentó un "precedente funesto" que podría dar base para que en las próximas elecciones “nuestras decisiones de reconocer el legítimo triunfo del ganador de 2014 puedan ser desconocidas por la CSJ”. Precisamente es esa la preocupación que expresó Solís como vocero del TE, recalcó.

REACCIÓN TRAS CONFERENCIA EN PRESIDENCIA

Valdés Escoffery estuvo solo en esta conferencia. Dijo que los demás magistrados estaban reunidos en pleno, actividad que se realiza todos los lunes.

No obstante, indicó que se interrumpió la sesión del pleno para referirse al comunicado leído, más temprano, por el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, en la Presidencia de la República.

El vocero dijo que el pronunciamiento de Solís “no solo pretende dejar en entredicho el accionar de los integrantes del órgano Judicial, ya que además implica un cuestionamiento al trabajo de sus colegas magistrados electorales, pues un fraude electoral –igual a los perpetrados en la época de la dictadura– solo sería posible con la participación de éstos".

SILENCIO EN EL ÓRGANO JUDICIAL

En tanto, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, dijo en un acto público que no haría comentarios sobre este tema. 

domingo, 12 de febrero de 2012


Muere Whitney Houston a los 48 años

David Alandete                                           Washington   12 FEB 2012 - 02:29 CET

Whitney Houston, cantante y actriz que sufrió numerosos reveses en su carrera debido a su adicción a las drogas, ha fallecido en la madrugada de hoy a los 48 años de edad, según anunció a la agencia Associated Press su publicista, Kristen Foster, quien no aclaró las causas de su muerte. Houston fue hallada muerta en la bañera de su habitación en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se encontraba para tomar parte en una fiesta en la víspera de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy, que se celebra hoy.

La policía de Los Ángeles ha iniciado una investigación, aunque diversos medios del corazón de Estados Unidos, como TMZ, han revelado que los agentes encontraron medicamentos en su habitación y que la probable causa de la muerte es el ahogamiento. Los agentes declararon muerta a Houston a las 15.55 de la tarde, hora de California. El teniente de policía Mark Rosen ha asegurado ante la prensa que "no había signos evidentes de conducta criminal".

La cantante iba a asistir a una fiesta que había organizado su mentor, el productor Clive Davis, fundador de la discográfica Arista. Este decidió no cancelar el evento, celebrado en el mismo hotel en el que Houston había muerto horas antes. "A ella le hubiera gustado que siguiéramos adelante con esto", dijo Davis a los reunidos. Acudieron anoche a esa reunión artistas como Alicia Keys, Britney Spears, Eva Longoria, Diana Ross, Jane Fonda o Tom Hanks, vestidos todos de gala. Los medios del papel cuché de EE UU publican hoy fotos del evento, incluidos los sonrientes posados en la alfombra roja.

La cantante, en un programa de televisión, en 2009
Houston nació en 1963 en Nueva Jersey, en una familia de sólidas raíces musicales. Su madre, la cantante gospel Cissy Houston, era prima de Dionne Warwick, una de las grandes damas del soul y el pop en EE UU. La llamada reina del soul, Aretha Franklin, fue la madrina de Houston. De niña cantó en su iglesia, de afiliación baptista, dando pruebas de su potente voz a edad muy temprana.

Cuando tenía 18 años, Davis la descubrió cantando en un club de Nueva York. En 1985 publicó su primer disco, con la compañía de ese productor, Arista, con la que permanecería hasta sus últimos trabajos. En él mezclaba el soul con animadas melodías, muy bailables, que acabaron convirtiéndose en emblemas de aquella década, como How will I know. El álbum llegó al número uno de la lista Billboard y dio tres sencillos que también llegaron a lo más alto de esas clasificaciones. Vendió 13 millones de copias.

Repitió el éxito con su segundo disco, Whitney, que la consolidó como una potente fuerza en el mundo del pop. El primer sencillo de ese álbum, I wanna dance with somebody (who loves me), llegó también al número uno de las listas en diversos países. El punto máximo de su fama mundial le llegó, sin embargo, con la que sería la incursión más exitosa de las tres que realizó en el cine: El Guardaespaldas, de 1992.

Houston actuó en el largometraje y grabó para la banda sonora una versión de la canción I will always love you, de Dolly Parton. El sencillo estuvo 14 semanas en lo más alto de la lista Billboard y se convirtió en el más vendido en la historia por una cantante femenina. El disco tuvo además dos nominaciones a los Premios Oscar por dos canciones diferentes (Run to you y I have nothing) pero finalmente perdió frente a Aladdin. La banda sonora vendió 17 millones de copias.

Houston ganó seis Premios Grammy, en reconocimiento a una voz a la que la crítica consideraba unánimemente un portento, hasta que la cantante se zambulló en un autodestructivo ciclo de drogadicción. El detonante que cambió su vida fue su matrimonio con el también cantante Bobby Brown, de quien acabaría divorciándose en 2007. Desde entonces, su comportamiento, en escena y fuera de ella, pasó a ser cada vez más errático.

En 2000, el compositor Burt Bacharach prescindió de ella en la corte de artistas que iban a cantar en la ceremonia de entrega de los Oscar por sus desplantes y fallos de voz. Iba a interpretar Over the rainbow, de El Mago de Oz. El mismo año, la policía del aeropuerto de Hawai la sorprendió con marihuana en su bolso. Ella se fugó antes de que la pudieran interrogar.

Al año siguiente, en julio de 2001, tomó parte en un concierto de homenaje a Michael Jackson, en el Madison Square Garden de Nueva York. Cantó Wanna be startin somethin. Estaba esquelética, con los brazos y piernas extremadamente delgados. Su prodigiosa voz se había esfumado. Las revistas del corazón comenzaron entonces a especular sobre su gusto por drogas más duras que la marihuana.

Su carrera se resintió. El disco Just Whitney, de 2002, fue un fracaso. Debutó en el número tres de la lista Billboard y vendió solo 200.000 copias. Finalmente, ingresó en rehabilitación en dos ocasiones, en 2004 y 2005. En aquel entonces la presentadora Diane Sawyer le preguntó en una entrevista televisiva sobre los rumores de su adicción al crack. "El crack es barato. Gano demasiado dinero para fumar crack. Que quede claro. Yo no fumo crack. Es una mierda", dijo, en unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo.

Aparte de un disco de temas navideños, hasta 2009 no volvería a publicar material original. Presentó un último álbum, I look to you, hace tres años, en el programa de televisión Good Morning America. En el directo quedó constancia de que la voz no había regresado. Fue una debacle. En una gira internacional que comenzó en febrero de 2010 recibió duras críticas por sus malas actuaciones en Australia y Gran Bretaña. Desorientada sobre las tablas, fue incapaz de sostener las notas de la canción I will always love you.
Oprah Winfrey la entrevistó en 2009. De su voz, la célebre presentadora, le dijo: “Era un portento nacional. ¿Qué pasó?”. Houston culpó a su exmarido de su deterioro. "Algo le pasa a un hombre cuando su mujer alcanza una fama mayor", dijo Houston en aquella entrevista. Del matrimonio solo quedaron malos recuerdos. Él le llegó a partir un labio y ella le abrió la cabeza con un teléfono.

En el momento de su muerte, Houston planificaba su enésimo retorno. El pasado mes de septiembre, la revista The Hollywood Reporter había anunciado que participaría en un remake de la película de 1976 Sparkle. Este fin de semana, antes de su muerte, los medios norteamericanos habían revelado además que se le había ofrecido un puesto como juez en el programa de telerrealidad musical The X Factor.

Whitney Houston saliendo de un local nocturno el pasado jueves en Los Ángeles. / DAVID TONNESSEN (CORDON PRESS)
  
Antes de que se convirtiera en un caso triste, Whitney Houston transformó el modelo de diva del soul; también alteró los métodos de elaboración del pop comercial. Su carrera, desde luego, pudo discurrir por otras vías: cuando ejercía de modelo, también grababa con el colectivo vanguardista Material, compartiendo créditos con Fred Frith o Archie Shepp. Y evitó por los pelos el callejón sin salida de la disco music, espejismo para tantas vocalistas de grandes pulmones.

Gerry Griffith, el cazatalentos de Arista que la vio actuando con su madre en 1983, comprendió que tenía un lienzo en blanco. Whitney poseía la suficiente legitimidad histórica (mamá Cissy, prima Dionne y "tía Aretha", amiga de la familia) para que no necesitara exhibir su autenticidad. Whitney podía saltarse ese paso y entrar directamente en el mainstream. Iba a ser una estrella pop, aunque sus cuerdas vocales y sus ecos de la iglesia la situaran en la tradición del soul, ya entonces rebautizado R&B para quitar las connotaciones del black power sesentero.

Arista tardó casi tres años en elaborar su estreno, Whitney Houston (1985). Se tomaron decisiones sin precedentes: realizó showcases, actuaciones privadas para compositores y productores, como retándoles a atreverse a usar sus poderes interpretativos. Tina Turner ya había triunfado repartiendo juego entre diferentes productores, para que el álbum resultante alcanzara máxima variedad y se evitaran los rellenos.
Reconociendo la realidad de una radio segmentada por formatos, Arista logró introducirla en todos los nichos posibles: dance, urban, pop, contemporary adult. Sus discos abundaban en duetos y colaboraciones: Stevie Wonder, Luher Vandross, Faith Evans, Missy Elliott, Fugees, Brandy, los Winans. Detrás de la mesa, grandes expertos en producto rutilante: Kashif, Jellybean Bénitez, Michael Masser, Jermaine Jackson, Narada Michael Walden, LA Reid & Babyface. Arrasaba con las baladas pero sus temas rápidos eran remezclados para las pistas de baile. Clive Davis, el lince de Arista, aplicaría luego fórmulas similares para artistas caídos en la rutina, como Carlos Santana.

Vocalista multiusos

Con sus diez primeros años de éxito, Whitney se elevó a patrón oro de la vocalista multiusos. Se apropiaba de temas-himno ajenos, como I’m every woman (Chaka Khan) o I’ll always love you (Dolly Parton). Desdichadamente, sus rasgos estilísticos se degradaban por el abuso de otras cantantes y, horror, las participantes en concursos televisivos; ellas tendían a sobreactuar los melismas y adornos que a Whitney le resultaban naturales.

A partir del impacto de El guardaespaldas, su ruta se hizo incierta. Tal vez pretendió seguir el ejemplo de Barbra Streisand en Hollywood: dejó de lanzar discos nuevos y se reservó el material fresco para las bandas sonoras de sus películas. Fue acusada de menospreciar al exigente público negro, aunque sus siguientes papeles respondían a arquetipos de la minoría afroamericana. Le fallaba estrepitosamente la conexión con sus seguidores, obligados a defenderla de los rumores de lesbianismo, forzados a argumentar su relación con Bobby Brown (pero ¿no es cierto que muchas chicas buenas se sienten atraídas por los chicos malos?). Cuando salieron a la superficie sus problemas con las substancias, no le funcionó su ejercicio de "limitación de daños" ante la televisiva Diane Sawyer. Su participación en Being Bobby Brown, el reality show de su marido, tampoco ayudó.

Todo conspiró contra el intento de retomar su lugar. Los errores, los titubeos de algunos conciertos se convirtieron en noticia a toda plana, cuando seguramente habrían quedado en anécdota para fans de haber sido protagonizados por alguien menos escrutado. Con todo, nadie se atrevía a asegurar que su periodo creativo había terminado. Si hubiera querido, si hubiera podido, si hubiera recargado las pilas, le esperaba una madurez productiva. No podrá ser.