Concesiones y traspasos del negocio arenero

EREIDA PRIETO-BARREIRO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

eprieto@prensa.com

El puerto de Vacamonte ahora es considerado como el centro arenero más importante del país. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

¿Qué tienen en común las famosas 54 hectáreas playeras de Juan Hombrón y unas mil 400 hectáreas otorgadas en concesión para extraer arena en las costas de Chame y Capira?

Una investigación de La Prensa reveló más de una conexión entre un caso y otro, como la participación de la joven chorrerana Sue Hellen Scott, de la firma de abogados Ellis & Ellis, o la intervención de empleados de las empresas de los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu Bagatelas.

Igualmente quedó en evidencia la falta de controles y procesos de fiscalización –no solo en este caso– por parte del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), lo que imposibilita determinar cuánta arena se ha estado extrayendo y, por consiguiente, cuánto dinero ha dejado de percibir el Estado y los municipios involucrados.

Preciada arena

El 31 de marzo de 2010, la sociedad anónima Servicios Transnacionales, S.A. solicitó al Mici una concesión para extraer arena submarina en dos zonas de 500 hectáreas en Cermeño, en la costa del Pacífico panameño, por un período de 10 años prorrogables.

Solo un mes y medio después –el 13 de mayo de 2010- la afortunada empresa obtenía la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). El siguiente paso se cumplió el 15 de julio de 2010, al firmarse el contrato de concesión y, finalmente, el 6 de septiembre de ese mismo año se publicó en Gaceta Oficial.

El contrato fue firmado por el entonces ministro de Comercio Roberto Henríquez y por Sue Hellen Scott, en calidad de representante legal de Servicios Transnacionales, sociedad creada el 11 de agosto de 2009 –un mes después del inicio del mandato de Ricardo Martinelli– por la firma de abogados Ellis & Ellis.

La concesión permite la extracción de dos millones de metros cúbicos de arena submarina por año, por un período de 10 años prorrogables. Como contrapartida, el Estado recibirá un pago anual de dos dólares por hectárea o fracción, para un total de mil dólares al año. Además, el Municipio de Capira debe recibir 40 centésimos por metro cúbico de arena extraído.

Curiosamente, Servicios Transnacionales no mantuvo mucho tiempo su valiosa concesión. El 25 de abril de 2012 traspasó su derecho a extraer arena en Cermeño a Dragados del Pacífico, sociedad creada y notariada el 20 de diciembre de 2011.

La nueva sociedad tuvo paso expedito en el Mici, al obtener en solo mes y medio la declaración de “elegible” –que implica la verificación de sus capacidades técnicas y financieras–, lo que permitió el traspaso de la concesión.

Un dato llama la atención: la creación de Dragados del Pacífico y el rápido traspaso de la concesión arenera a esta nueva sociedad se realizó poco tiempo después de que este diario revelara el singular proceso de titulación en Juan Hombrón, donde surge el nombre de Sue Hellen Scott, así como el de varias personas vinculadas a las empresas de la familia Papadimitriu Bagatelas (Ver La Prensa 16-18 de octubre y 20 de noviembre de 2011).

Esta empresa no solo traspasó la concesión arenera a Dragados del Pacífico, sino también la fianza de garantía que había presentado en el Mici.

Dos días antes de la última publicación de esta cesión en Gaceta Oficial, el 23 de abril de 2012, la sociedad anónima Servicios Transnacionales fue disuelta. El trámite lo realizó Marcelino Ramos Madrid, abogado que también aparece vinculado a los procesos de titulación de las tierras en Juan Hombrón.

La decisión de disolver la sociedad fue aprobada por unanimidad por su directiva, entre ellos el mismo Ramos y Óscar Menacho, quien, según el Directorio de Exportadores del Mici, representa a la empresa Sea Deli, propiedad de la familia Papadimitriu Bagatelas.

Más traspasos 

A pesar de la citada cesión, traspaso y disolución, los vínculos entre los beneficiarios nominales de esta y otras concesiones con personas involucradas en las titulaciones de Juan Hombrón son evidentes.

Es el caso del abogado Guillermo Torres, quien tramitó –como apoderado especial– la cesión de la concesión de Servicios Transnacionales a Dragados del Pacífico. En esta última sociedad es miembro de su directiva y agente residente.

Torres también actuó como apoderado especial de Arenas y Construcciones, S.A., una sociedad anónima que, desde 2001, tiene también una concesión de arena de 219.85 hectáreas en Cermeño.

Esta concesión es explotada hoy por la sociedad anónima Extracciones Minerales en calidad de “subcontratista técnico y financiero” de Arenas y Construcciones, a partir del 19 de enero de 2011, cuando el ministro de Comercio Ricardo Quijano la autorizó.

La empresa que ahora es “subcontratista técnica y financiera” de la concesión de arena -Extracciones Minerales– fue inscrita el 6 de agosto de 2010, y tiene los mismos directivos que originalmente tuvo Servicios Transnacionales, entre ellos Sue Hellen Scott Lam.

Otra de las beneficiadas con las concesiones areneras es la sociedad Tafelisa Corp., creada el 10 de agosto de 2009, un día después que Servicios Transnacionales. También fue constituida por la firma de abogados Ellis & Ellis, con Sue Helen Scott como parte de su directiva.

El 29 de julio de 2010, Tafelisa Corp. logró que la empresa International Metal, S.A. le cediera su derecho a extraer arena submarina en 186 hectáreas en la bahía de Chame. El contrato original (que fue prorrogado) fue suscrito en noviembre de 2001 por Samuel Israel y el entonces ministro de Comercio Joaquín Jácome, para extraer durante 10 años prorrogables mil 500 yardas cúbicas de arena submarina por día.

También en este caso, el pago anual al Estado es de $2 por hectárea, y 40 centésimos por metro cúbico de arena submarina extraída al Municipio de Capira.

Pero este no fue el único contrato relacionado con el negocio de la arena que obtuvo Tafelisa Corp. por la vía del traspaso. En todos los casos se trata de cesiones hechas por International Metal, sociedad anónima ligada al empresario Samuel Israel.

Dos de esos contratos cedidos se remontan a 1996. Uno se refiere a un área de fondo de mar de 2 mil metros cuadrados en Vacamonte, para colocar tuberías como complemento a las actividades de depósito y distribución de arena, por 10 años prorrogables. La entonces Autoridad Portuaria pactó el pago de $40 mensuales.

La otra concesión otorgada en 1996 corresponde a un área de unos 6 mil metros cuadrados –incluyendo dos polígonos- en el puerto de Vacamonte, para el depósito y distribución de arena. Por esta concesión se pactó un canon mensual de $621.30 (10 centésimos el metro cuadrado).

El tercer contrato firmado en 2002 entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) e International Metal –hoy de Tafelisa Corp.– implica la concesión de 1.7 hectárea para el depósito de arena. Dos mil metros del área concesionada corresponden a fondo de mar en isla Vaquita, del puerto de Vacamonte. En esta concesión, también de 10 años prorrogables, se acordó un pago de $836 mensuales a la AMP.

¿Por qué cedió Samuel Israel tan valiosas concesiones? Algunas personas consultadas durante esta investigación aseguran que no fue un traspaso voluntario.

Sin control

La presencia de al menos nueve barcos extractores de arena submarina en Cermeño no asombra a los pescadores de esta comunidad, quienes han tenido que compartir el mar con los grandes barcos que trabajan día y noche (ver foto).

“Yo he tenido que moverme para pescar, porque ellos no tienen un lugar fijo”, explicó uno de los pescadores que prefirió el anonimato por temor a represalias.

“La verdad es que estas extracciones no nos traen ningún beneficio sino preocupación, porque vemos cómo están sacando la arena. Los ricos son los que están haciendo plata”, expresó mientras limpiaba su red.

Otro de los pescadores dijo que un familiar trabaja en uno de los barcos “a cualquier hora”, para luego descargar la arena en Vacamonte. “Ahí pasan muchas horas”, agregó.

A pesar de los muchos intentos hechos por este diario para obtener información sobre estas concesiones de arena, el Mici se ha negado a proporcionarla.

Desde noviembre de 2011, La Prensa pidió acceso a los documentos de la concesión de Servicios Transnacionales. No fue posible.

La única respuesta proporcionada por la Dirección Nacional de Recursos Minerales fue que dos meses después de la entrada en vigencia del contrato “no se tenía reporte de inicio de operaciones”. Se indicó que lo único que constaba era una notificación respecto a que tenían la “intención” de utilizar dos embarcaciones.

Sin embargo, este diario obtuvo copia de una carta que enviara Marcelino Ramos, en calidad de representante legal de Servicios Transnacionales a la Alcaldía de Capira, informando que desde el 20 de julio de 2011 la barcaza Adelphina estaría extrayendo arena en el área (ver facsímil).

Según los registros del Municipio de Capira, esta empresa (cuya desaparición y traspaso de su concesión a Dragados del Pacífico no consta en ese despacho) ha hecho ocho pagos (julio 2011-febrero 2012), de cifras que van desde un máximo de 5 mil 628 dólares a un mínimo de mil 382 dólares.

“Se ha pagado por una extracción que a ciencia cierta no sabemos si realmente es la cantidad que se nos señala en los informes, pues no tenemos cómo medir estas extracciones... y lo que sí es cierto es que no han pagado el recargo que se establece en el acuerdo municipal...”, explicó un funcionario del municipio.

En el Mici tampoco existe información sobre la cantidad de arena extraída o el cumplimiento de las reglas ambientales por parte del concesionario. “Solo supervisan una a dos veces al año, debido al reducido número de inspectores”.

El alcalde de Capira, Iván Saurí, calificó la situación como “sin control”, ya que existen “areneras fuertes que están evadiendo el pago”, al no reportar la cantidad exacta de arena que sustraen.

Saurí reconoció que desde el municipio no pueden llevar un registro real de la cantidad de arena que se extrae, en una operación que realizan unas 16 empresas día y noche. Paradójicamente, la rentable actividad no proporciona al municipio los recursos para contratar inspectores.

“Las empresas se valen de muchas situaciones para no pagar. Comunican que se les dañó la embarcación o que no estuvieron trabajando para evadir los impuestos, pero como hay gente influyente del Gobierno y dentro del Legislativo en esta situación, entonces buscan estas tramoyas legales”, señaló el alcalde.

La situación ha llegado al extremo de que no pueden hacer inspecciones sorpresivas. “Ni siquiera el propio alcalde puede inspeccionar y si me acerco estoy en problemas... además, los pescadores no pueden pescar y tampoco pueden llegar cerca de estas embarcaciones”, añadió el funcionario.

Saurí incluso cree que las empresas utilizan equipos para extraer más arena de la permitida, porque “usan muchas mañas, el negocio es bueno... es más, hay que ver el montón de camiones que salen de Vacamonte con miles y miles de yardas [de arena], y aquí no pagan el impuesto”.

Esta realidad ha forzado al municipio a “hacer una mediana” para cobrar a las empresas, calculándose el valor de 45 bachas, a pesar de que muchas veces realizan hasta 60 viajes, dado la cercanía del depósito ubicado en Vacamonte.

“Este es un negocio bueno, bruto y grande para los inversionistas, pero malo para el pueblo”, insistió.

Negocio redondo

¿Cómo se convirtió el puerto pesquero de Vacamonte –declarado en 1974 de utilidad pública– en área de depósito, trasiego y comercialización de arena?

Por los documentos obtenidos por La Prensa, el proceso comenzó en 1996, con las concesiones otorgadas a International Metal del empresario Samuel Israel.

Hoy, un recorrido por Vacamonte evidencia la importancia de esta actividad en lo que una vez fue solo un puerto pesquero.

De la empresa Construcciones Oeste, S.A. salen constantemente camiones cargados de la fina arena de la costa de Chame y Cermeño, considerada la de mejor calidad para la construcción.

El valioso material es traído al patio de Construcciones Oeste, S.A. por los barcos que, día y noche, hacen la corta travesía hasta Vacamonte (ver fotos).

Cálculos generales basados en la información obtenida por distintas empresas que se dedican al negocio de la extracción y venta de arena submarina establecen en alrededor de $8 el costo de producir una yarda de arena submarina, mientras que es vendida en unos $16 o $20 por yarda. El precio de la producción varía según la eficacia del proceso, lo que depende del tamaño del barco, la distancia del puerto y la distancia de patio de almacenamiento.

En los casos de las concesiones hoy en manos de Dragados del Pacífico y Tafelisa Corp., se trata de dos millones de metros cúbicos anuales en la primera, y mil 500 yardas cúbicas por día en la segunda. No se encontró información sobre la cantidad de arena otorgada a Extracciones Minerales.

Los dos millones de metros cúbicos de arena autorizados por el exministro de Comercio Roberto Henríquez en julio de 2010 a Servicios Trasnacionales constituyen el 70% del requerimiento anual de arena en el país que, según fuentes ligadas al sector, es de tres millones de metros cúbicos.

Se intentó obtener una reacción del ministro Henríquez al respecto, pero no fue posible.

Según pudo confirmar La Prensa al visitar el lugar, los barcos que extraen la arena en las áreas concesionadas trabajan día y noche, realizando el recorrido hasta el cercano puerto de Vacamonte, donde se deposita el material. De esta manera, aseguran personas vinculadas a la actividad, se produce una gran eficacia que abarata los costos.

Pero, ¿quiénes son los dueños de la generosa concesión arenera? ¿Quiénes son los dueños de Construcciones del Oeste, la empresa ubicada en Vacamonte a donde llega la arena desde los barcos extractores y desde donde sale en camiones hacia su destino final? ¿Quiénes son los dueños del negocio?

Por lo pronto, un dato: Construcciones Oeste, la sociedad anónima inscrita el 11 de agosto de 2011, tiene a Erasmo Ábrego Delgado como presidente y tesorero de su directiva.

Ábrego Delgado es la misma persona que, hasta el 19 de abril pasado, aparecía como director y secretario de la empresa Deli Fish Panamá, a cuya directiva volvieron ese mismo día los padres del ministro de la Presidencia, Diamantis Papadimitriu, María Bagatelas, así como su hermana Felicia Papadimitriu (embajadora y cónsul en Pireos, Grecia).

Ábrego también aparece en otras sociedades con los Papadimitriu, entre ellas Sitnamaya Holding, Inc., Finch Investments y Compañía Gran Chiriquí.

La Prensa preguntó al ministro Papadimitriu y a sus padres (vía correo electrónico) si son los dueños de esta empresa arenera, así como de las concesiones en Cermeño y Chame, pero no hubo respuesta.

Igualmente se intentó, sin éxito, obtener una reacción de los abogados de la firma Ellis & Ellis.

A pesar de los silencios, como sucedió en el caso de Juan Hombrón, todos los caminos de este negocio arenero llegan a la familia Papadimitriu.

En Vacamonte se encuentra la empresa Construcciones Oeste, a donde llegan y salen constantemente camiones en busca de arena. Su presidente, Erasmo Ábrego, está vinculado a las empresas de la familia Papadimitriu. LA PRENSA/Ana Rentería