viernes, 28 de junio de 2013

La estafa en el contrato de suministro con el Estado: "el remedio para la flota de aseo es peor que la enfermedad"
 
Irene Larraz
 
El contrato de ‘suministro y mantenimiento’ suscrito en 2011 con el Consorcio Mantenequipos por $19 millones especifica que los 99 camiones se encuentran bajo régimen de ‘arrendamiento’


PANAMÁ. Cada vez que un cartucho de basura entra en un camión recolector, el Estado pierde dinero. En el nombre de solucionar un problema, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) creó un agujero sin fondo en las arcas públicas. 74 camiones empacadores, 6 barredoras, 9 volquetes, 5 camiones roll-off, 2 grúas y 3 retroexcavadoras; todo el arsenal de equipo que supuestamente la Autoridad compró para recolectar la basura, sólo está en alquiler.

Así lo determina el contrato N° 57-2011 firmado y refrendado el 23 de diciembre de 2011 por la AAUD, Consorcio Mantenequipos y la Contraloría General de la República, que en su cláusula 1° dicta: ‘El contratista se obliga estrictamente mediante el presente contrato, a prestar los ‘suministros y mantenimientos de camiones empacadores (. . . )’, mediante el arrendamiento de los siguientes vehículos, objeto del contrato’.

En ninguna de las once hojas que posee el contrato figura la palabra ‘compra’ ni tampoco ‘venta’, tan sólo la fórmula de ‘suministro y mantenimiento’ y la especificación antes descrita de que hace referencia a un ‘arrendamiento’. Sin embargo, cuando se le consultó a Enrique Ho, administrador de la AAUD, por esta cláusula en el contrato, negó que se tratara de un arrendamiento y aseguró que ‘eso no es así’, pero cuando se le solicitó que presentara pruebas para aclarar este contrato obtenido en la página institucional Panamá-Compra, no obtuvimos respuesta.

El abogado Jorge Alcocer, asesor financiero del Consorcio Mantenequipos, sí reconoció la existencia de esta cláusula, aunque advierte que se trata de ‘un error de léxico’, y asegura que no se corrigió ‘porque no se le pueden hacer muchas modificaciones a este contrato’. Aunque el contrato ya tiene 5 adendas (modificaciones legales) y está firmado y refrendado por las tres partes descritas.

IRREGULARIDADES

Los camiones que vendrían a solventar todos los problemas de la basura sólo ayudarían a crear un nuevo problema: convertir en un gasto de $19. 7 la que se presentó ante la opinión pública como una inversión a largo plazo.

La Estrella no tuvo acceso a comprobar a nombre de quién están registrados los vehículos en el Registro Único Vehicular, y aunque los camiones tienen matrícula oficial del Estado, no pudimos corroborar que esas matrículas tienen una correspondencia real en el Registro o si pertenecían a los viejos camiones de la DIMA que quedaron en desuso con la creación de la AAUD.

De ser cierto que se trata de un ‘error’, como dijeron ambas partes del contrato, las autoridades habrían cometido una negligencia, ya que este ‘error’ daría la oportunidad a Mantenequipos de reclamar los camiones como suyos en caso de que quisiera dejar de prestar el servicio de arrendamiento una vez concluido el contrato, cuya vigencia expira en diciembre de este año.

Mientras tanto, el Estado habría estado pagando a una empresa para que arregle sus propios camiones y sin la certeza de que una vez cumplido el contrato, la empresa siga renovando el contrato.

Desde que llegaron, los camiones nuevos no han podido pisar la sede que la AAUD tiene en Carrasquilla. El contrato estipula que Mantenequipos debe disponer de un almacén para los equipos, y todos los camiones terminan su jornada laboral en el patio de Juan Díaz. Ho advierte que esta medida se adoptó para evitar desperfectos en los camiones y alega que se trata de una cuestión de ‘seguridad’, pero no explicó por qué esa seguridad no se puede tener también en el patio de Carrasquilla.

MANTENIMIENTO

Mantenequipos presta también el servicio de mantenimiento preventivo a los camiones. Pero su equipo está conformado por 20 técnicos, mientras que la AAUD mantiene un equipo de 50, responsables de la reparación de los camiones en la vía y de todas las reparaciones correctivas, además de reponer las piezas dañadas, que corren a cargo de la AAUD. Incluidas las llantas.

La empresa asegura que los equipos llegaron al hangar sin llantas de repuesto, pese a que todo vehículo nuevo debe traerlas antes de salir a ruta. Oscar Valdés, gerente de Mantenequipos, explicó que no se trajeron llantas de repuesto ‘porque tenían un coste adicional’; sin embargo, reconoce que las llantas se ‘flatean’ constantemente y precisan de estar reponiéndolas.

Una fuente que prefiere mantener el anonimato informó a La Estrella que ‘sábados y domingos no hay llantero en Mantenequipos, por lo que si se estropean, no se pueden arreglar. Un roll-off estuvo estacionado seis meses porque no tenían un ring de repuesto. Hay unos diez cajeteros inservibles, que no cargan ni una tonelada; las retroexcavadoras están averiadas. . . Esas sólo trabajaron dos meses.

Y encima, toda la flota anterior la dejaron caer: de los 60 camiones del municipio nunca salieron a trabajar más de 15’, denuncia.

El administrador de la AAUD, Enrique Ho, señala que de los 70 camiones sólo 50 salen a trabajar diariamente, menos de un 72% de la flota. En parte se debe a que ‘no hay conductores’, señala. En un recorrido visual por las instalaciones de Juan Díaz, La Estrella pudo contar al menos una trein tena de camiones estacionados.

RECOLECCIÓN INSUFICIENTE

Hay barriadas que no han visto pasar un sólo camión recolector en semanas, como la de Mistyc Town en Pedregal, donde pasaron más de veinte días acumulando la basura, hasta que el hedor si hizo insoportable y muchos se preocupaban por la insalubridad del lugar. Pero el de Pedregal es sólo un caso de los muchos que acontecen en la ciudad.

Las autoridades insisten en que las rutas se completan tres veces por semana, pero las quejas por retrasos, acumulación y la falta de recolección en sí se disparan. Tocumen, Juan Díaz y muchas otras áreas han denunciado la crisis de los ‘‘pataconcitos’’: libras de basura que se acumula en todos los rincones, donde los tinacos han sido convertidos en vertederos a pequeña escala.

También en la sede de Urbalia, en la entrada de Cerro Patacón, La Estrella pudo comprobar la existencia de al menos cuatro camiones de la AAUD en situación de abandono, escondidos entre la maleza y acompañados de varios vagones desmontables roll-off. 

 



La permuta millonaria por una nueva cárcel femenina
 
Nicanor Alvarado Dixon
 
Gobierno dice que por ahí saldría alguien ‘interesado’ en cambiarles la joya de la vía Tocumen por un penal de $18 mdd en La Joya de Pacora. Suspicacias por un trueque que no parece equitativo


PANAMÁ. Es extraño: el gobierno ha decidido que dará en concesión la edificación de una cárcel de mujeres, pero que no pagará en dinero. La constructora agraciada recibirá nada menos que los terrenos en los que se asienta el actual penal de féminas en la vía Tocumen, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad de Panamá.

Aunque los detalles minúsculos de la transacción han sido poco revelados, la forma en la que se concretará el nuevo ‘imperdonable’ del gobierno de Ricardo Martinelli ha levantado las sospechas civiles, asediadas por escándalos de corrupción en construcciones públicas.

¿Será equitativo el intercambio o estará el Estado pagando de más por la obra? ¿Será el Estado ‘el socio bobo’ del acuerdo? ¿Quién será el beneficiado?

LA NUEVA JOYA DE $18 MDD

Si bien el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, develó el lunes pasado que la obra costaría unos 18 millones de dólares, la administración no ha confirmado si los terrenos de la cárcel de mujeres tienen un valor similar.

Fábrega dijo entonces que debían esperar los avalúos de las tierras del penal para determinar el costo de la construcción del nuevo, en La Joya de Pacora. Un día después el Ejecutivo formalizó los primeros pasos para el nuevo contrato.

El titular de Gobierno reparó en lo obstaculizador que es para el sistema penitenciario y el desarrollo de la ciudad tener una cárcel ahí, y justificó entonces la necesidad de moverlo hacia el este. ‘La cárcel tiene más de 50 años, quedó en medio de la ciudad, atrapada por el desarrollo y el crecimiento, y no hay posibilidad de expansión ahí’.

Martinelli auguró lo propio un mes antes. ‘Esa área no es la más apropiada para tener una cárcel de mujeres’, explicaba, flanqueado por sus fieles.

‘Puede ser que haya alguien que esté interesado en comprar ese terreno y construirnos una cárcel’, vaticinó.

EXTRAÑAS COINCIDENCIAS

Los terrenos en la vía Tocumen colindan con los del Instituto de Salud Mental (Insam), cuyos funcionarios protestaron hasta ayer, por una semana, en contra del anuncio del Ministerio de Salud de que los diseminaría en distintos centros médicos y se vendería el lote.

Conocedores del caso dicen que juntos, la cárcel de mujeres y el Insam conformarían un globo de al menos 22 hectáreas (véase gráfica adjunta).

Los funcionarios del instituto médico ponderaron entonces que los terrenos donde se apostaba el centro médico costarían hasta 60 millones de dólares.

El penal y el Insam forman un área que bordea el ex tremo noreste del corregimiento de Río Abajo, y que conectan a la vía Tocumen —en plena ampliación y futura proyección de la ruta de la Línea 2 del Metro— con la vía España.

En esa zona, de fácil acceso a los corredores Norte y Sur, el metro cuadrado cuesta entre 450 y 750 dólares. Está cercado por una fábrica y embotelladora de la Coca-Cola, por terrenos propiedad de la familia Duque, y de los proyectos inmobiliarios Villa Gabriela y Cuatro Islas.

‘NOS VAMOS A QUEDAR SIN NADA’

Alvin Weeden, uno de los excontralores de la postdictadura, ha visto el asunto como el nuevo escándalo de tierras del gobierno de Martinelli. Insiste en que detrás hay el interés de empresarios cercanos a Palacio de adueñarse de terrenos públicos, en los que se deberían erigir parques y áreas comunes.

‘Nos vamos a quedar con nada, si se salen con la suya con esta, el próximo es el Hipódromo’, dijo Weeden esta semana, al comparar la transacción con los casos Juan Hombrón y Paitilla.

La vicepresidenta del opositor Partido Popular, Teresita de Arias, dice conocer a fondo el área y las realidades del centro femenino. Con un tono más sosegado que el de Weeden, plantea que el gobierno deberá dar explicaciones sobre cuánto cuestan los terrenos —aunque salva que ‘una fortuna’— para luego lavarse de las suspicacias.

De Arias sostiene que lo más sano es que la administración Martinelli contrate una compañía ‘independiente’ para que certifique cuánto cuesta el lote del penal y si vale la pena la fórmula que se ha planteado.

‘El problema es que el gobierno tiene tal nivel de desconfianza que la gente lo primero que piensa es que hay un negociado detrás para ayudar a un cercano’, explica, mientras el penal de mujeres parece prepararse para emprender su camino de 40 kilómetros y millones de dólares.

miércoles, 26 de junio de 2013

Entre incapacidad y retoricas Ho responde: ‘Estamos apagando fuegos con la recolección’
 
Irene Larraz
 
El administrador de la Autoridad de Aseo asegura que la impunidad es un problema a la hora de multar. El 30% de los camiones no salen a las rutas. El reciclaje sigue sin ser una prioridad


La deuda morosa con la AAUD asciende a $58.2 millones, cambia la facturación, el 30% de los camiones no está saliendo a las calles y los otros 30 de alquiler todavía no llegan. No es un momento halagüeño para la AAUD, y su administrador advierte que no se dan abasto con la recolección.

UNAS POCAS EMPRESAS COPAN EL MERCADO DEL RECICLAJE APROVECHANDO UN BIEN PÚBLICO, ¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO SE HACE CARGO?

Para nosotros el tema más importante ahora mismo es el de la recolección, que es donde más problemas ha habido. Hemos hecho estudios de que se puede llegar a un 40% de material reciclable de papel periódico y plásticos. Pero en Panamá sí va a ser bastante difícil tener tres tanques diferenciados de papel, plástico y orgánico, porque aquí se tira todo al mismo saco.

En otros países de Latinoamérica, lo que sí ha funcionado son estas plantas automáticas de separación. Pero ahora mismo hay otras prioridades. También hay un proyecto en Cerro Patacón para producir energía, así que al final del día, quizá no se resalta, pero sí estamos encaminados a ello, aunque precisamos más recursos.

PERO LAS EMPRESAS RECICLADORAS GENERAN $112 MILLONES, ESOS SON RECURSOS...

La Ley dice que yo puedo entrar, pero habría que hacer un esfuerzo adicional. Hay iniciativas, por ejemplo, en el tema de las llantas, hay un anteproyecto para cobrar un impuesto a los importadores que cubriría el costo de recoger todas las llantas, triturarlas y enterrarlas. Antes se tiraban a la intemperie, y son inflamables. Si podemos encontrar la manera de triturarlas se puede exportar, aunque el del reciclaje es un mercado extremadamente fragmentado y hay que ir haciendo planes piloto.

CUANDO SE SACÓ A LA TERCERA PARTE DE PEPENADORES DEL CERRO SE CREÓ UN MERCADO INFORMAL ALTERNATIVO, ¿HAY ALGUNA INICIATIVA PARA REGULARLO?

Antes había cerca de mil pepenadores que se han ido sacando y ahora están debidamente controlados. Se sacaron porque estaban en el área de tiro, en el mismo lugar donde llegaban los camiones, y eso es sumamente peligroso. Ahora hay un lugar especial, pero yo creo que hay que hacer mucho más, porque al final lo que se pretende es que se pueda reducir la basura que entra al Cerro. Tampoco se pueden destinar más camiones para eso, porque es un reciclaje manual y frenar más camiones empezaría a afectar a las actividades mismas de la Autoridad de Aseo. Eso es un dolor de cabeza para nosotros.

¿EN QUÉ FASE SE ENCUENTRA EL PROYECTO PARA PRODUCIR BIOGÁS EN CERRO PATACÓN?

Hay un contrato en el que figuran el Gobierno de Holanda, la CAF, Urbalia y nosotros. Hay una negociación pendiente sobre cuánto se está pagando por la quema. Ya están haciendo las pruebas, una vez al mes hacían las quemas para cerciorarse de que todo estaba bien, y un par de días atrás ya dijeron que estaba todo listo. Lo que sí sé es que algunos de los conductos que absorben los lixiviados se quemaron en el fuego que hubo y ahora tienen que hacer un inventario.

¿CUÁNTOS CAMIONES NO ESTÁN FUNCIONANDO?

Todos los días hay una programación de mantenimiento preventivo (cambiar el aceite, revisar los filtros de aire...) de entre 7 y 10 camiones que se sacan de circulación. Además, hay siete más que tienen cualquier daño menor: se fractura la llanta, un daño eléctrico menor y cosas que no son tan complicadas de reparar. Esto toma dos o tres días y de nuevo se reintegran. Con daños mayores tenemos cuatro, aunque eso sí toma más tiempo, cerca de dos semanas. Son cerca de veinte camiones que no están todos los días en la calle y al final no tienes toda la flota completa, lo que nos obliga a poner una flota adicional de treinta para tener ese colchón que nos solucione las pérdidas.

¿SON SUFICIENTES?

No. Adicional a eso, siempre falta algún un chofer, se enferma... Se necesitarían 75. No podemos comprar porque se tarda, lo que hemos hecho es el contrato de alquiler de distintas especificaciones, algunos más pequeños para las calles más estrechas, otros más grandes. Mientras, estamos viendo cómo organizamos la ciudad. Ahora mismo no tenemos grandes problemas con ‘patacones’, pero sí muchas rutas que no se completan. Por ejemplo, un camión debe completar la ruta en Punta Paitilla, necesita ir, volcar la basura y completar la segunda vuelta. Pero con los tranques que se están dando, van a depositar y ya no regresan. Entonces tenemos que sacar un camión de otra ruta para completarla. Estamos apagando fuegos.

PERO LOS 99 CAMIONES QUE MANEJA LA AAUD ¿SON SUYOS O ALQUILADOS?

Nosotros compramos los 99 camiones en 2012.

¿QUÉ CAMBIO VAN A SUPONER LAS NUEVAS FACTURAS INTEGRADAS CON LAS ELÉCTRICAS?

Se va a tener que pagar 40 centavos a las eléctricas por cada factura. Esto va a obligar a todos los que tengan factura eléctrica a pagar su tasa de aseo. ¿Por qué esto es importante? Porque el IDAAN tiene una base de datos de 150,000 clientes, mucho más pequeña que la que tienen las empresas eléctricas, que tienen casi 60,000 más. Por ejemplo, hay edificios que sólo tienen una cuenta de agua cuando hay un pocotón de personas que viven ahí. Además, esto lo haría de carácter obligatorio y estaría mucho más ordenado y los pagos también se harían de una manera más expedita.

Esto va a suponer un incremento en la facturación, porque mucha gente no pagaba porque el IDAAN no tiene forma de cortarles el agua de forma expedita, pero las eléctricas sí la tienen, así que van a tener que pagar las dos cuentas si no quieren quedarse sin luz en tres meses.

¿ESTÁ JUSTIFICADO NO PAGAR PORQUE ES UN SERVICIO INEFICIENTE?

La gente siempre dice eso y cuando les recoges la basura dicen que el costo de vida está muy alto, y siempre van a buscar una excusa para evadirlo, y el servicio se les presta. El servicio se puede atrasar, pero al final alguien siempre la recoge. No se puede explicar que en Santa Ana, por ponerte un ejemplo, donde nosotros recogemos a diario, la deuda pro medio por ciudadano son $2,000. Siempre hay una excusa para no pagar, y con esto no les estás aumentando la tasa, simplemente estás haciendo que la gente pague lo que debe.

PERO PANAMÁ ES EL ÚNICO PAÍS DE LA REGIÓN QUE NO SUBSIDIA ESTE SERVICIO.

Ahora mismo le cobramos una tasa más elevada a los estratos más altos, porque los estratos más bajos no pagan el servicio. Habría que estudiarlo, pero yo no creo que la gente de clases altas consuma cinco veces más que la gente de clase humilde; producen igual cantidad de basura; sin embargo, el costo de las clases más altas sí es cinco veces mayor al de las clases más bajas.

EN PANAMÁ SE PRODUCE MÁS DEL DOBLE DE BASURA QUE EN EL RESTO DE LA REGIÓN. ¿QUÉ SOLUCIONES HAY?

Hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero al final, tú tienes que enfocarte en lo que a la gente le preocupa más. Y para bien o para mal, lo que más les preocupa es que les recojan la basura. No les importa ni dónde la tiren, aunque sí es importante que el relleno sanitario funcione de una forma eficiente. Y quieren resultados inmediatos. En consumo sostenible son iniciativas más a largo plazo, hay que empezar con los niños desde la primaria; y nosotros tenemos una Oficina de Fomento de la Cultura de Aseo, que está trabajando en las escuelas para hacer que aprendan. Nuestra experiencia es que la gente cuando ya está adulta los hábitos no los cambia y les entra por un oído y les sale por el otro. Cosas tan sencillas como decirles que tiren la basura adentro del tanque y no afuera, y no lo hacen por pereza. El tanque puede estar ahí y a tres metros te hacen un ‘pataconcito’, y adentro está vacío el tanque. Como que la pongan en una bolsa negra, tampoco. Son cosas elementales que la gente no las quiere hacer.

¿ES UN PROBLEMA CULTURAL, ENTONCES?

Al final, va a llegar un momento en el que, por más camiones que tenga, aunque no haya tráfico, más recursos, nada va a cambiar la situación. El tema cultural es de actitud, y si la gente no pone de su parte esto no va a funcionar. En Estados Unidos recogen la basura una vez a la semana, aquí la gente quiere que recojan la basura todos los días, siete veces más el costo, y eso que allá es mucho más ordenado, te meten preso si tiras la basura en la calle.

¿Y LA IMPUNIDAD EN LAS MULTAS?

La impunidad es un problema. Nosotros hemos multado a un pocotón de gente, pero hay lugares en los que, por ejemplo, las drogas las ponen al lado del tanque de basura. Ve a recoger ese tanque... no se puede. Entonces hay gente que agarra, y se estaciona donde están los tanques de basura y obstaculizan; no recogen la basura y después se quejan con nosotros. Eso es lo que nosotros vivimos todos los días. No hay una actitud positiva. A los que hemos intentado corretear nosotros es a los que recogen la basura ilegal y la botan después en las cunetas; ya hemos metido cerca de $300,000 en multas que antes no se hacía.

martes, 25 de junio de 2013

Gobierno de Martinelli reprime a personal médico
 
Ismael Gordón Guerrel
 
El Gabinete autoriza la construcción de nuevo Centro de Rehabilitación Femenino. Martinelli niega cierre del INSAM


PANAMÁ. Las protestas contra la posible venta del terreno en donde se ubica el Instituto de Salud Mental (INSAM) no cesan.

Paralelamente, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Gobierno el inicio del procedimiento para el contrato del nuevo Centro de Rehabilitación Femenino y la mudanza del actual, ubicado en terrenos cercanos al INSAM.

Ayer, en horas del mediodía, los funcionarios del INSAM salieron a piquetear y cerraron la vía José Agustín Arango, a la altura de Villa Lorena, por lo que fueron reprimidos por unidades de control de multitudes de la Policía Nacional.

Los manifestantes estuvieron durante media hora en la calle y fueron reprimidos con gas pimienta por las unidades de la Policía Nacional.

Juana Herrera, una de las manifestantes, lamentó la acción y considera que quien tomó la decisión de reprimir las protestas se equivocó.

Mientras los funcionarios se recuperaban de los gases lacrimógenos, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, los sorprendió expresando que no se tiene previsto cerrar el hospital.

‘El gobierno nacional no ha pensado nunca cerrar el hospital psiquiátríco de Panamá. Favor no mas bochinches sobre eso’, escribió ayer el presidente Martinelli en su cuenta en la red social Twitter.

GÉNESIS

Los enfrentamientos entre las autoridades y los funcionarios del INSAM iniciaron cuando una comisión de expertos integrada por siete psiquiatras del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social recomendaran el cierre del INSAM y un manejo integral de los pacientes de psiquiatría.

Pero el titular de Salud, Javier Díaz, negó que existan intenciones de vender los terrenos donde se encuentra ubicado el hospital.

Otra mancha para Silvio Berlusconi

La suerte del político, mujeriego empedernido, quedó en manos de cinco mujeres: tres jueces, la fiscal y la acusada.

AFP. ROMA, ITALIA


El ex primer ministro Silvio Berlusconi fue condenado este lunes a siete años de cárcel en el caso Ruby, por el que estaba acusado de prostitución de una menor de edad y abuso de poder, una sentencia severa que amenaza la estabilidad del actual gobierno de coalición italiano, del que Il Cavaliere es un aliado clave.

Después de casi siete horas de deliberaciones, las magistradas del Tribunal de Milán (norte) Giulia Turri, Orsola De Cristofaro y Carmen D´Elia condenaron al magnate de las comunicaciones y líder de la derecha italiana a una pena mayor de la solicitada por la fiscalía y dispusieron su inhabilitación de por vida de todo cargo público.

Se trata del primer fallo por el llamado caso Ruby, ya que tiene dos oportunidades más para recurrir la sentencia.

El exjefe de gobierno, de 76 años, quien esperó el veredicto encerrado en su mansión de Arcore, en Milán, fue condenado por haber pagado en 10 ocasiones a Ruby –el apodo de una exuberante marroquí menor de edad en el momento de los hechos– sus servicios sexuales y por haber presionado a la policía para que la liberara tras su detención por hurto, en mayo de 2010.

“Han pronunciado una sentencia increíble, de una violencia que no se había visto hasta ahora, para eliminarme de la vida política de este país”, declaró Berlusconi en un comunicado divulgado a la prensa en el que advierte: “Resistiré a esta persecución porque soy absolutamente inocente”.

La fiscal Ilda Bocassini, apodada La Rossa (la pelirroja, pero también la Roja por su reputación de ser implacable en sus investigaciones contra la mafia), quien no estaba presente en la sala del tribunal durante la lectura de la sentencia, había denunciado en su alegato final en mayo “el sistema de prostitución montado para satisfacer sexualmente a Silvio Berlusconi”.

Unas 30 jóvenes y prostitutas de lujo, entre ellas varias latinoamericanas, que participaron en las fiestas privadas del magnate, comparecieron ante el tribunal de Milán para declarar que se trataba de elegantes y tranquilas cenas, célebres ahora en la prensa de todo el mundo como las veladas bunga bunga.

Unas 10 personas congregadas frente a la sede del tribunal junto con reporteros de medio mundo recibieron con aplausos y gritos la sentencia, mientras numerosas personalidades de la derecha protestaron contra el fallo, que marca el futuro político de uno de los hombres más poderosos e influyentes de Italia.

lunes, 24 de junio de 2013

‘No vamos a aceptar que la autoridad viole la ley’
 
Nicanor Alvarado Dixon
 
Eduardo Quirós, presidente del grupo editorial, asegura que no permitirán que fiscalías inspeccionen El Siglo y La Estrella. Dice que es ilegal. Conape se une a los reclamos y la causa cambia de rumbo

Eduardo Quirós, Magaly Castillo, Gerardo Berroa y Marcela Araúz presentaron el escrito ante la fiscal Octava Dania Ríos.
‘La ley nos ampara y hay convenios internacionales que Panamá ha signado; en el ejercicio pleno del periodismo independiente la fuente es un valor principal y en eso no vamos a ceder’, decía Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), a la prensa, obligado a salir del otro lado del espectro en el que suele estar un directivo de medio de comunicación.

En GESE, la prensa local y los organismos internacionales de libertad de prensa las alertas se han encendido: las fiscalías Séptima y Octava de Circuito instruyen una investigación contra los diarios El Siglo y La Estrella, por una denuncia de supuesta calumnia e injuria interpuesta por el abogado Nelson Carreyó, por glosas aparecidas el 16 de diciembre de 2012.

La Fiscalía Octava pretende este martes revisar las instalaciones y máquinas del tabloide El Siglo. Quieren las fuentes y el medio insiste en que no: su reserva es sagrada, y la Ley 22 de junio de 2005 lo respalda.

Quirós, flanqueado por los directores de El Siglo, Magaly Castillo; y de La Estrella, Gerardo Berroa; del presidente del Consejo de Periodismo, Rafael Candanedo; y la abogada de GESE, Marcela Araúz, denunció como ‘ilegal e improcedente’ la idea de la fiscal Octava Dania Ríos, de inspeccionar las instalaciones y computadoras de la editora.

‘EL SIGLO’ Y ‘LA ESTRELLA’ SE MANTENDRÁN FIRMES

GESE presentó ayer un escrito ante ambas fiscalías, en el que deja clara su posición: no permitirán irrupciones ilegales en sus instalaciones ni obstaculizarán el libre desarrollo de la investigación.

‘Vamos a mantener nuestra posición muy firme. . . no vamos a aceptar que la autoridad viole la ley de manera improcedente, que realice una inspección que tendería por la fuerza a obtener una información que la ley no le permite que obtenga’, explica Quirós.

Candanedo coincidió en que con esa revisión a la redacción de El Siglo la justicia quiere conseguir lo que los directivos del medio se han negado a darle.

La abogada Marcela Araúz sostiene que con esas pretensiones una inspección ocular sería contraria a la ley 22 de junio de 2005. Eso, agregó luego el presidente de GESE —abogado de profesión— podría llevar al caso a la prescripción.

El escrito interpuesto por el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella es un intento por hacerle recordar a los fiscales la línea que dictó la semana pasada la procura dora de la Nación, Ana Belfon, y que al parecer ha permitido que se incumpla: la máxima es la reserva de las fuentes.

Candanedo se preguntó ayer el porqué de la ambivalencia de decisiones en el Ministerio Público.

‘Es muy extraño el hecho de que la Constitución, la ley, los convenios internacionales dicen que el periodista tenga derecho a no revelar las fuentes, y ellos pretendan que se revelen’, amplió.

El directivo del Consejo de Periodismo reclamó al aparato de justicia por organizar una ‘persecución’ contra los diarios El Siglo y La Estrella, por lo que los llamó a tomar un ‘buen rumbo’: ‘el ejercicio del periodismo es como el secreto de confesión. Los sacerdotes no pue den revelar lo que a ellos les confesaron’.

ABOGADOS SACAN EL CUERPO; CARREYÓ DICE QUE LOS RELEVÓ

Además del rechazo al procedimiento de los fiscales, el expediente contra los diarios El Siglo y La Estrella deberá lidiar con un cambio en la defensa legal de Nelson Carreyó.

A primeras horas del lunes, su abogado Carlos Augusto Herrera renunció a representarlo en el proceso, tal cual había adelantado La Estrella.

Herrera lo había intentado el viernes, sin embargo, los fiscales no lo aceptaron.

Y no solo él decidió así: adjunta a su dimisión llegó la de María Eduarda Córdoba, otra de sus apoderadas legales.

Empero Carreyó, en una misiva que envió ayer al director de La Estrella, Gerardo Berroa, aseguraba que ni Herrera ni Córdoba habían renunciado, sino que ‘acordó relevarlos por evidentes conflictos de intereses’.
El 92% de los clientes de la AAUD están morosos
 
Irene Larraz 
 
Apenas supone $2.50 la tarifa más barata y $14.30 la más cara; sin embargo 151,661 personas y 10,452 empresas han decidido no pagar la tasa de aseo. ¿Por qué pagar por un servicio deficiente?


PANAMÁ. Pagar las cuentas del agua del IDAAN y no abonar las tasas de aseo se ha convertido en una costumbre habitual entre residentes y comerciantes, que no ven correspondido el pago con el servicio que se presta. Esto ha hecho que nueve de cada diez clientes de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) tengan cuentas pendientes de pago en el área metropolitana.

‘¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?’, se pregunta Enrique Ho, el administrador de la AAUD, cuando se le pregunta si está justificado el alto índice de morosidad por la prestación de un servicio deficiente. Con 20 camiones fuera de servicio, la basura acumulada en las calles y la excusa de un servicio que no resuelve, 162 mil 113 de los 176 mil 274 clientes de la AAUD figuran como morosos en el pago de su tasa de aseo, que acumula una deuda de $58. 2 millones.

Al igual que el administrador, Yolanda Pineda, jefa de Comercialización, considera que el impago no está justificado ‘en ningún caso’, ya que ‘bien o mal, a fin de cuentas, el servicio se sigue prestando’. Pineda advierte que hay clientes con cuentas pendientes desde hace más de 10 años, y entre ellos, incluso, entes del Gobierno.

El Banco Hipotecario, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario deben, entre todos, cerca de un millón de dólares. ‘Como el cliente sabe que es un servicio que no se va a dejar de brindar, irresponsablemente deja de pagar su tasa de aseo’, comenta Pineda.

SECUESTRO DE BIENES

La deuda de los clientes comerciales supera en diez veces la facturación que estos generan para la agencia. Es por ello que las oficinas de cobro del IDAAN realizaron un operativo de citaciones para ponerse al día con las cuentas. Hasta el momento se han entregado ya 1,068 citaciones a clientes y se han presentado 223 expedientes en los Juzgados de Aseo.

En todos ellos, la AAUD realiza un estudio de pago para brindar más facilidades a los clientes a la hora de saldar una deuda y firma con el cliente moroso un arreglo. El cliente se compromete a abonar el 30% del total adeudado y establece una letra mensual en conformidad con sus posibilidades.

Sin embargo, Pineda denuncia que ‘muchos —incluso de los que hacen este arreglo de pago— después desaparecen, y los tenemos que mandar al Juzgado’. En lo que va de año, se han realizado 177 secuestros de bienes y se han congelado las cuentas de estos clientes por incumplimiento del arreglo.

‘Siempre ha existido la morosidad, pero ahora se ha incrementado más que nunca’, confiesa la jefa de Comercialización, que conside ra que las tarifas son asequibles, y que la responsabilidad debe recaer sobre los clientes.

A diferencia de otros países, Panamá no subsidia el servicio de recolección de residuos, si bien establece un cobro diferenciado de tarifas en función de los niveles socioeconómicos de cada barrio, desde $2. 50 mensuales en áreas rurales, hasta $11. 50 en Costa del Este o $14. 3 en clientes comerciales.

‘No hay una medida de presión o incentivos a que se pongan al día con sus tasas de aseo; las multas son más bien recargos del 10% que se van sumando a la cuenta’, reconoce. Pineda considera que se trata de un problema de concienciación y de cultura de pago. ‘Si no pagan, van a seguir los problemas de recolección’, advierte.

Pero las presiones tampoco dan resultados. La última encuesta de Panamá Opina preparada para Telemetro Reporta y La Estrella publicada en mayo arrojó que el 74% de los panameños considera que la recolección de la basura ha empeorado o continúa igual.

NUEVA FACTURACIÓN

El Gobierno ha buscado solucionar el problema de la morosidad adjudicando el cobro del servicio de aseo a las empresas eléctricas mediante el proyecto de ley No. 046-13, que modifica la Ley 6 de 1997.

Además de ganar 60 mil clientes, con este cambio la AAUD espera que la amenaza del corte del suministro de luz sea medida suficiente para recaudar la tasa de aseo.

‘La Asamblea está contemplando también que se pueda pagar con más facilidad, a través de la banca en línea y otros sistemas, dependiendo del gestor de cobro’, señala Pineda. A cambio, las empresas eléctricas cobrarán $0. 40 al mes por cada factura de agua y aseo.

Las reformas incluyen también un proyecto de ley que modifica la Ley 51 de 2010 sobre el sistema de cobro por morosidad, con el fin de establecer una igualdad para la suspensión del corte eléctrico como castigo ante posibles impagos. De esta forma, todos los servicios quedarán bajo una única factura.

Ambas modificaciones están pendientes de aprobación tras el receso en la Asamblea Nacional.



Una familia detrás de los contratos

Jazmine Ramírez, jefa de compras de la CSS, y su familia han sido favorecidos con contratos de la Defensoría.

Luís Burón-Barahona
lburon@prensa.com

La dirección de Imaginarium Studio, S.A. es la casa de Jazmine Ramírez y Jean Paul Ortega
En menos de cinco meses, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Patria Portugal, favoreció con dos contratos directos para consultorías por $450 mil a una sola familia que está vinculada al actual gobierno.

Al contrato por $250 mil para una página web y un logotipo, otorgado a Imaginarium Studio, S.A. y cuyo presidente es Jean Paul Ortega Ramírez, se suma otro que la institución concedió el 7 de agosto de 2012, por $200 mil, a la empresa En Avant, S.A, para una consultoría de servicio al cliente.

La mencionada compañía fue creada en 2003 por Jazmine Ramírez, madre de Jean Paul Ortega, y actual jefa de compras de la Caja de Seguro Social. Pero al momento de firmar el contrato con la Defensoría, Ramírez salió de la directiva de esta empresa, y su lugar lo tomó Bethsy Sánchez.

En entrevista con este medio, Sánchez confirmó haber aceptado dicho nombramiento a solicitud de Ramírez “como un favor”, y reveló haber sido subcontratada para realizar la respectiva consultoría por la suma de $6 mil. La ejecución de esta, contó Sánchez, le tomó tres meses.

“Jazmine me llamó, y como yo estaba parada (desempleada) en ese tiempo, esperaba ese contrato para trabajar; todo el mundo quiere trabajar. Me dijeron que no tenían representante legal, y le dije que yo lo hacía”, reveló Sánchez, quien añadió que conoce a Jazmine desde hace años cuando coincidieron en un trabajo.

NEGOCIO EN FAMILIA

Además de los lazos entre Ortega y Ramírez, madre e hijo, en las juntas directivas de las dos empresas aparece la familia Ramírez en pleno.

Imaginarium Studio, S.A., fundada por Ortega en noviembre de 2011 [cuatro meses antes de que se le otorgara el contrato por $250 mil] tenía en su junta directiva a Antonio Samudio Jurado, que hace menos de un mes se desvinculó de la sociedad, y a Aurentino Ramírez Herrera.

Este último es el abuelo de Ortega, que junto con su esposa, Zoila González de Ramírez, y su hija Jazmine fundaron En Avant, S.A. en 2003.

En julio de 2012, la junta directiva de En Avant, S.A. cambió, y el lugar de Zoila González lo tomó Jenny Ramírez, hermana de Jazmine, que también salió de la directiva para darle paso a Bethsy Sánchez.

En mayo de 2013, la directiva de esta empresa volvió a cambiar. Jenny Ramírez tomó el lugar de Sánchez, y Zoila González de Ramírez volvió a figurar en la sociedad.

“Yo pedí que me sacaran como representante legal apenas terminé el trabajo”, añadió Sánchez.
El domicilio de En Avant, S.A., de acuerdo con el contrato, está en el edificio Rafael, en Perejil, local 303.

En una visita de este diario a dicho inmueble, en el que hay un restaurante de comida china, una clínica, oficinas y residencias, se constató que en ese edificio hay una oficina de los abogados Leroy Husband King, Esteban García y Débora Knox. Ninguno de los cuales aparece en la inscripción ni en ningún otro documento legal de esta empresa. Este medio dejó una nota en esa oficina, pero no hubo respuesta por parte de los juristas.

Caso parecido se dio el 21 de mayo pasado, cuando este medio se desplazó hasta La Boca, Balboa, Williamsom Place, 0754, domicilio de Imaginarium Studio, S.A. Vecinos constataron que era la residencia de Jazmine Ramírez y Jean Paul Ortega, y además afirmaron que nunca han visto que desde allí se opere un negocio.

SOBRECOSTOS

Además de las coincidencias en las juntas directivas de sus empresas, los dos contratos tienen otro aspecto en común. Se pactaron por un monto mucho más elevado que el precio de mercado de los servicios prestados. En el caso de Imaginarium Studio, S.A., expertos en publicidad certificaron que, como precio máximo, el servicio otorgado por Ortega no debía rebasar los $35 mil. Por este tema, Portugal está actualmente bajo investigación por parte de la Contraloría General y la Procuraduría de la Nación.

En el caso de En Avant, S.A., conocedores del tema de servicio al cliente explicaron que un servicio similar al estipulado en el contrato tiene un precio máximo de $25 mil.

De acuerdo con los detalles del acuerdo publicado en Panamá Compra, el servicio por el que pagó la Defensoría del Pueblo incluye ocho puntos. Entre los más importantes están, hacer un análisis del proceso de servicio al usuario, el diseño de una capacitación para el personal, el desarrollo de un programa para 75 personas de 40 horas seminario-taller, y crear indicadores para clasificar las solicitudes presentadas a la institución.

NEXOS CON EL GOBIERNO

Además de los negocios con la Defensoría del Pueblo, los Ramírez también tienen vínculos con el aparato estatal y el gobierno. Jazmine Ramírez, como directora nacional de compras y abastos de la Caja de Seguro Social, devenga un salario de $4 mil 500.

Antes de llegar a la CSS fue asesora legal en la Policía Nacional (PN) durante la gestión de Gustavo Pérez, con quien también trabajó en Panamá Ports antes de entrar al gobierno.

Durante su labor en la PN, Jazmine Ramírez, de 39 años, trabajó con Leila Hassan, que fungía como jefa del departamento de proveeduría y compras de la institución. Hoy día, Hassan es la jefa de compras en la Defensoría del Pueblo.

Jenny Ramírez, hermana de Jazmine y actual presidenta de En Avant, S.A., también trabaja para el Estado, ya que es profesora permanente en la escuela El Real de Santa María, en Darién, según la planilla del Ministerio de Educación.

Por su parte, Jean Paul Ortega es militante del oficialista Cambio Democrático, y ha participado en seminarios junto con Alma Cortés, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

´APEGO A LA LEY´

Este diario le envió un cuestionario a la defensora Patria Portugal, en el que se le solicitó mencionar los criterios utilizados para la contratación de Imaginarium Studio, S.A. y En Avant, S.A. por trabajos que suman $450 mil. Además se le preguntó si sabía de la relación de ambas empresas con la familia Ramírez.

Esta fue su repuesta: “todas las contrataciones de servicios y bienes realizadas por esta institución se han efectuado en estricto apego a lo que establece la Ley 22 de 2006, que rige para estos menesteres. En ningún momento nos hemos apartado de lo que las normas legales vigentes nos señalan”.

Este medio también contactó a Jazmine Ramírez. Sin embargo, la mujer que contestó el celular dijo no ser ella, y colgó la llamada.

LOS GASTOS DE PORTUGAL

En los últimos meses, la defensora del Pueblo ha sido cuestionada por varios sectores de la sociedad civil.

Luego de que se revelara el contrato con Imaginarium Studio, S.A. por $250 mil, 30 agrupaciones de defensores de los derechos humanos solicitaron, mediante comunicado, una explicación a Portugal de los parámetros utilizados para la contratación. A su vez, Abigaíl Benzadón, administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, hizo un informe en el que objetó la contratación de la empresa de Ortega y afirmó que en la Defensoría había poca documentación al respecto. La institución se defendió de estas acusaciones con un comunicado en el que señaló que todo este proceso se dio de forma “transparente”.

Sin embargo, ante dichos informes y varias demandas civiles presentadas sobre el caso, la Contraloría, y la Procuraduría de la Nación investigan este trabajo.

Dirigentes de la sociedad civil también cuestionaron el hecho de que, desde que asumió el cargo, en marzo de 2011, Portugal ha incurrido en distintos gastos, como la compra de un sofá por $3 mil, sombreros por $200 y mudó la sede de la institución, lo que representó un incremento en el arrendamiento anual de $300 mil a $634 mil.

Ante estos señalamientos, Portugal permaneció en silencio hasta el 9 de junio pasado, cuando en una actividad contra el trabajo infantil se le preguntó si renunciaría por estos escándalos, y dijo: “¿Renunciar? Yo no tengo por qué renunciar. Yo no he hecho nada incorrecto”.

                   
El domicilio de En Avant, S.A., en el edificio Rafael, en Perejil, en una oficina de abogados. Actualmente,  la Defensoría del Pueblo está siendo investigada por la Contraloría General y la Procuraduría de la Nación por un contrato de $250 mil con Imaginarium Studio, S.A

jueves, 20 de junio de 2013

MP arrecia presión contra ‘El Siglo’ y ‘La Estrella’
 
Ismael Gordón Guerrel

El grupo GESE, que se ubica en la Frangipani, edita los diarios ‘La Estrella’, decana del periodismo panameño, y ‘El Siglo’.
PANAMÁ. En menos de 48 horas los dos diarios que edita el Grupo Editorial La Estrella y El Siglo (GESE) han sido objeto de acciones de parte de fiscales del Ministerio Público que serían violatorias de la norma legal nacional y convenios internacionales.

Dos fiscales han girado instrucciones para diversas acciones tendientes a conocer las fuentes de las dos columnas más importantes de estos rotativos.

Se trata de ‘La Llorona’, que publica La Estrella; e ‘Infidencias y Confidencias’, que publica el diario El Siglo.

INTENTO DE INSPECCIÓN

El fiscal Séptimo, José Osorio Cedeño, hizo ayer un intento fallido de inspeccionar las computadoras de La Estrella.

Osorio Cedeño ordenó una inspección a la dirección web de la columna ‘La Llorona’ a fin de conocer el Protocolo de Internet (IP) de la máquina donde se produce esta columna, la más leída del diario.

Para tal fin se había convocado a la representación legal del periódico al Centro Forense Informático del Ministerio Público para realizar la investigación, pero fue cancelada a última hora porque los funcionarios no tenían vehículo para transportarse a Ciudad del Saber, en Clayton, donde está el mencionado centro.

La práctica judicial de re visar el IP se hace usualmente cuando se trata de ubicar las computadoras que se utilizan para cometer delitos sexuales o de pornografía infantil. La intención es conocer de dónde procede la información que se utiliza.

Esta es parte de las acciones del fiscal Osorio Cedeño para conocer quién proporcionó a La Estrella la información que se utilizó para elaborar la glosa que se publicó en esta columna el 16 de diciembre de 2012 y que fue demandada por calumnia e injuria por Nelson Carreyó Collazos.

LO MISMO PARA EL SIGLO

‘La Decana’, como es conocida La Estrella, no es el único diario que enfrenta un caso de este tipo. La Fiscalía Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó una inspección ocular al tabloide El Siglo, también de GESE.

La mencionada fiscalía emitió la orden de oficio Nº 3481, fechada el 17 de junio de 2013, para solicitarle al director del rotativo que le brinde la colaboración necesaria al funcionario de ins trucción para que realice una ‘inspección ocular a las instalaciones del rotativo’.

El objetivo de la diligencia es determinar la autoría de la publicación realizada el día martes 18 de diciembre de 2012, página 4, artículo titulado ‘Infidencias y Confidencias’, conocida columna de glosas que se publica en el tabloide.

La directora encargada del diario, Magaly Montilla, manifestó que ‘habiendo tantos delitos en Panamá, es un absurdo que el Ministerio Público dedique recursos en la investigación de una glosa’.

La comunicadora agregó que si alguien involucrado en irregularidades se siente aludido, entonces la investigación debe ser contra esa persona.

LA INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público instruyó órdenes de averiguaciones por la presunta comisión del delito contra el honor de la persona natural (calumnia e injuria), en perjuicio de Nelson Carreyó Collazos, la misma persona que solicitó a La Estrella revelar la fuente de una glosa, a través del fiscal Séptimo del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, José Osorio Cedeño.

La querella de Carreyó nace con la publicación de una glosa en la columna de El Siglo, ‘Infidencias y Confidencias’, el días martes 18 de diciembre de 2012.

El contenido de la glosa era: ‘Me pasaron el dato de que Toto, el exdécimo magistrado, estuvo reunido con uno que hace llaves Nelson, porque este quiere ser magistrado del Tribunal de Apelaciones Marítimas’. Además, sigue diciendo Infidencias y Confidencias: ‘La cocoa es que el que hace llaves Nelson es un exjuez marítimo que tuvo tres llamamientos a juicio, pero sus expedientes se perdieron en la invasión y ahora acaba de librarse de un proceso de lavandería. Ay, papá. . . ’.

INSPECCIÓN

La Fiscalía Octava busca determinar a quién o quiénes se le atribuye la autoría de la glosa y por eso ordenó la inspección ocular que se realizó, pero no obtuvieron resultados positivos.

La información que solicitó Carreyó Collazos —conocer la autoría de la glosa— va en contra de la Ley 22 del 29 de junio de 2005, que establece en el Artículo 4: ‘El responsable de la información o noticia difundida por los medios de comunicación social no estará obligado a revelar la identidad de su fuente, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por sus afirmaciones’.
Primero Garuz y ahora Mayín Correa son criticados por agredir a periodistas
 
La Estrella Online
online@laestrella.com.pa

La gobernadora Omaira Correa acompañada del presidente Ricardo Martinelli
¿Qué le pasa al gobierno del presidente Martinelli? No se ha salido del tornado de críticas contra el secretario del Consejo de Seguridad del Estado, Alejandro Garuz, cuando una nuevo nubarrón empieza a oscurecer el horizonte.

Ahora las ráfagas soplan con mayor fuerza contra la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, quien agredió verbalmente desde la radio a una periodista tras una publicación periodística referente al gobierno.

La gobernadora, que es fiel defensora de la gestión de Martinelli y también periodista, tildó de "la judiíta de la Gestapo" a la comunicadora Flor Mizrachi, del diario La Prensa, este lunes 17 de junio en su programa "La Palabra", transmitido por KW Continente.

Mizrachi es judía. La Gestapo, fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi o de la llegada del dictador Adolfo Hitler, que investigaba y combatía las tendencias peligrosas para el Estado, como casos de traición, espionaje y sabotaje, y sus acciones no estaban sometidas a revisión judicial.

Igual que el caso de Garuz que retuvo por dos horas a los periodistas Elizabeth González y Filemón Medina, además del camarógrafo Bolívar Jurado, la ola de cuestionamientos se elevan contra la gobernadora y ubican al Periodismo como blanco del gobierno.

El Centro Simon Wiesenthal, una organización judía internacional y con estatus de ONG ante la ONU y la OEA, pidió en un comunicado este miércoles al Parlamento Latinoamericano (Parlatino) denunciar a Correa porque su actitud es "una violación a la Declaración contra el Antisemitismo" adoptada por el organismo latino en la asamblea de diciembre de 2011.

La comunidad judía está molesta con la gobernadora panameña y ve en sus palabras una “ofensa a la memoria de judíos y de otras víctimas de la Gestapo nazi".

Y aunque el poder Judicial no debe estar ligado al Ejecutivo en sus decisiones, como la gota que derramó la copa en una semana dura, el fiscal Séptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, José Osorio Cedeño, solicitó, mediante oficio fechado del 10 de junio de 2013, al diario La Estrella que le revelara la fuente sobre una glosa de la columna "La Llorona" que hablaba de un magistrado y tribunal.

Aunque la propia procuradora Ana Belfon, jefa directa del fiscal, no apoya su petición a "La Decana", los gremios periodistas no dudaron en rechazar la inusual solicitud. El presidente del Fórum de Periodistas, Simón Bolívar Alemán, calificó la petición del fiscal Osorio Cedeño como "otra intimidación que intenta autocensurar a los medios".

El fin de semana, el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE) reiteró la solicitud de pedido de renuncia del viceministro Garuz "por el atropello que cometió".
Advierten sobre posible blindaje
 
Zelideth Cortez
La nueva ley aumenta los años de prisión, días multa o arrestos a quienes usurpen terrenos que son de propiedad privada


PANAMÁ. Con preocupación abogados consultados calificaron la Ley 44 —que adiciona y modifica artículos al Código Penal— sancionada ayer por el presidente de la República, Ricardo Martinelli.

La nueva normativa aumenta las sanciones con prisión de uno a tres años o su equivalente a días multa o arresto de fines de semana, a quien o quienes, sin autorización, ocupen total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajena.

Asimismo, para todo aquel que promueva, patrocine, financie, facilite, colabore o incite este tipo de delito la sanción será de tres a seis años de prisión.

El abogado Ernesto Cedeño calificó como ‘un desacierto’ estos cambios, porque, por ejemplo, en el caso de los precaristas muchos invaden terrenos por necesidad.

Cedeño remarcó que con el aumento de estas sanciones se pretende asegurar a los grandes empresarios para que no tengan ningún tipo de tropiezos al momento de sacar a personas que invadan sus terrenos, ‘es como fortalecerlos bajo una ley, es un blindaje que favorece a los terratenientes’, explicó.

Por su parte, también el abogado Víctor Martínez hizo especial énfasis en que el gobierno tiene la obligación de brindarles solución habitacional a cientos de familias que a nivel nacional serían desplazadas por haber invadido terrenos que no les pertenecen.

‘Es positiva la normativa, pero qué pasará con aquellos que serán sacados’, se pregunta el jurista.

OTRAS DISPOSICIONES

Con esta nueva ley también se protege las áreas propensas o vulnerables de riesgo de fenómenos naturales, detallando que para quienes usurpen u ocupen ilegalmente estas zonas la sanción se aumentará de un tercio a la mitad.

Estas mismas disposiciones se aplican cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o zona declarada como área protegida, preservación ambiental y ecológica.

En la nota de prensa se deja claro que todo lo anterior está contenido en el artículo 229-A que desde ahora se adiciona al Código Penal que también contempla dentro de su normativa la protección de las áreas reservadas para la construcción de obras públicas.

En tanto, el funcionario que ilegalmente se niegue a algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. La sanción aumentará de un tercio a la mitad cuando la omisión se dé en los casos de lanzamiento ordenados por autoridad competente.

miércoles, 19 de junio de 2013

"Álvarez Desanti debe devolver terrenos a los pueblos ngäbe y buglé"



tomado de ticovision.com

         diputado costaricense Claudio Monge Pereira, quién sugiere a Desanti devolver terrenos
 
San José, 18 de junio de 2013.- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge Pereira, llamó al aspirante a diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de campaña de Johnny Araya, Antonio Álvarez Desanti, a devolver los terrenos que compró a los indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en Panamá. Monge Pereira señaló que existen importantes irregularidades en el proceso de adquisición de las 686 hectáreas por parte de la Sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, propiedad del político liberacionista. “Álvarez Desanti pretende que la compra de estos terrenos sea asunto de simple legalidad, pero hay también un serio cuestionamiento ético por la ofensa a la dignidad y el engaño a los pueblos indígenas. Como costarricense, siento vergüenza de que coterráneos se presten para estos actos de corrupción y violación de derechos humanos en un país vecino.” expresó Monge Pereira.

El legislador del PAC instó al jefe de campaña de Johnny Araya a buscar los mecanismos necesarios para devolver las hectáreas adquiridas a los indígenas de las étnias ngäbe y buglé. Además, Monge Pereira considera que Álvarez Desanti debe comprometerse, tanto con la sociedad costarricense como con la panameña, a no realizar ninguna acción en la zona que comprometa su frágil equilibrio ambiental. “Si Álvarez Desanti se niega a devolver los terrenos a sus dueños originales, Johnny Araya debería separarlo de las funciones que le ha asignado en su comando de campaña. El Candidato del PLN no debe crear otra 'red de cuido' similar a la que doña Laura Chinchilla utiliza para proteger a sus más cercanos colaboradores” expresó Monge Pereira.

San José, 18 de junio de 2013.- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge Pereira, llamó al aspirante a diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de campaña de Johnny Araya, Antonio Álvarez Desanti, a devolver los terrenos que compró a los indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en Panamá. Monge Pereira señaló que existen importantes irregularidades en el proceso de adquisición de las 686 hectáreas por parte de la Sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, propiedad del político liberacionista. “Álvarez Desanti pretende que la compra de estos terrenos sea asunto de simple legalidad, pero hay también un serio cuestionamiento ético por la ofensa a la dignidad y el engaño a los pueblos indígenas. Como costarricense, siento vergüenza de que coterráneos se presten para estos actos de corrupción y violación de derechos humanos en un país vecino.” expresó Monge Pereira.

Fuente: http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=13078
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San José, 18 de junio de 2013.- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge Pereira, llamó al aspirante a diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de campaña de Johnny Araya, Antonio Álvarez Desanti, a devolver los terrenos que compró a los indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en Panamá. Monge Pereira señaló que existen importantes irregularidades en el proceso de adquisición de las 686 hectáreas por parte de la Sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, propiedad del político liberacionista. “Álvarez Desanti pretende que la compra de estos terrenos sea asunto de simple legalidad, pero hay también un serio cuestionamiento ético por la ofensa a la dignidad y el engaño a los pueblos indígenas. Como costarricense, siento vergüenza de que coterráneos se presten para estos actos de corrupción y violación de derechos humanos en un país vecino.” expresó Monge Pereira.

Fuente: http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=13078
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San José, 18 de junio de 2013.- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge Pereira, llamó al aspirante a diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de campaña de Johnny Araya, Antonio Álvarez Desanti, a devolver los terrenos que compró a los indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en Panamá. Monge Pereira señaló que existen importantes irregularidades en el proceso de adquisición de las 686 hectáreas por parte de la Sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, propiedad del político liberacionista. “Álvarez Desanti pretende que la compra de estos terrenos sea asunto de simple legalidad, pero hay también un serio cuestionamiento ético por la ofensa a la dignidad y el engaño a los pueblos indígenas. Como costarricense, siento vergüenza de que coterráneos se presten para estos actos de corrupción y violación de derechos humanos en un país vecino.” expresó Monge Pereira.

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Las conexiones ticas en Panamá

Un lujoso proyecto turístico en la comarca Ngäbe Buglé, con una inversión de $40 millones, fue presentado a la Autoridad de Turismo.

Ereida Prieto-Barreiro
eprieto@prensa.com

¿AMISTAD?. Martinelli aprovechó su viaje oficial a Costa Rica para pedir votos para el aspirante presidencial Johnny Araya.
“Yo no voto en Costa Rica, pero si tuviera que votar como tico, votaría por Johnny Araya [candidato presidencial oficialista]”, respondió el presidente panameño, Ricardo Martinelli, a la prensa costarricense refiriéndose al candidato presidencial del vecino país que lidera las encuestas de preferencia electoral.

El pasado 4 de mayo, horas antes de regresar a Panamá tras su participación en la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en Costa Rica, Martinelli se reunió con Araya, el candidato del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), y promovió su figura para Presidente.
El jefe de campaña de Araya es Antonio Álvarez Desanti, ex ministro y excandidato presidencial de Costa Rica, que hoy busca ser diputado en la Asamblea de su país por el PLN.

Álvarez Desanti es la misma persona que compró en julio de 2010 –a través de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral– 685 hectáreas de tierras que limitan con el Caribe, en áreas protegidas de la comarca Ngäbe Buglé (norte de la provincia de Chiriquí).

En la reunión con Araya, Martinelli dijo a los medios ticos que “tienen un excelente candidato y sería un excelente Presidente, como ha sido un excelente alcalde”.

Según el gobernante panameño, la reunión fue para conversar sobre “puntos y estrategias” para “mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, pues Costa Rica y Panamá han sido “aliados naturales”.

Martinelli también dijo que la cita fue “completamente social, con un amigo de hace mucho tiempo, el alcalde Johnny Araya, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto, mucha estimación”.

Pero la tal “amistad de hace mucho tiempo” a la que se refería Martinelli, en realidad solo tenía menos de tres meses de duración al momento del encuentro.

Ambos se conocieron en un partido de fútbol entre Panamá y Costa Rica, el 6 de febrero pasado en esta capital. Araya vino en la delegación de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que visitó el Palacio de las Garzas (ver foto).

Junto a Araya estaba Álvarez Desanti, como parte de la delegación tica que fue a la Presidencia y que luego compartió en el palco presidencial con Martinelli en el estadio Rommel Fernández.
Así lo admitió Álvarez Desanti en la entrevista con La Prensa en mayo pasado.

Pero previamente, en un correo electrónico, el político negó haber acompañado a Chinchilla al partido. “Yo no formé parte de la delegación de la Presidenta”, afirmó. 

En ese correo, Álvarez Desanti indicó que “solo en una oportunidad hemos coincidido [con Martinelli] y fue para el juego Costa Rica vs. Panamá [en febrero de 2013], donde yo fui parte del grupo de ticos que asistimos al palco presidencial”.

En entrevista con La Prensa, Álvarez Desanti confirmó que sí formó parte de la delegación de Chinchilla, pero se apresuró a aclarar que todos los que viajaron con ella entraron a la sala de reuniones para hablar con Martinelli, salvo él, que dijo se quedó afuera.

El político aseguró que ni Martinelli ni Araya conocen sus planes de construir un hotel en la comarca Ngäbe Buglé, de más de 40 millones de dólares, y sobre terrenos bañados por el mar.

Quien sí conoce sus planes es el administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, quien dijo que si la comarca aprueba el proyecto del político costarricense, el Gobierno dará ayuda económica para promover el complejo, como establece la Ley 80 de 2012.

VENTAS SIN CONTROL

Las tierras que adquirió en Panamá Álvarez Desanti empezaron a ser negociadas en julio de 2009 con la abogada Evisilda Martínez que para esa fecha no tenía los títulos de propiedad de los terrenos, sencillamente porque las tierras pertenecían a terceros.

Ocho meses después de haber empezado a negociar –en marzo de 2010– se instauraron los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, recurso mediante el cual varios supuestos residentes reclamaron ser dueños de las tierras que, en julio de ese mismo año, vendieron a Martínez y luego esta a Álvarez Desanti.

Martínez adquirió las tierras tras veloces fallos judiciales en los procesos de prescripción adquisitiva, todos promovidos por abogados vinculados a su bufete.

Por esas tierras, Martínez pagó, en promedio, 3 centésimos de dólar el metro cuadrado, las cuales vendió al político costarricense en “varios millones de dólares”.

Álvarez Desanti dijo a este diario que “los abogados nos recomendaron tomar hasta la huella digital y la firma a los indígenas en las escrituras públicas”.

Esta afirmación contradice declaraciones previas del político, que con vehemencia negó haber participado o estar vinculado al proceso mediante los cuales Martínez compró las fincas a los indígenas.

El abogado Francisco Martinelli Patton –primo del presidente, Ricardo Martinelli– tramitó la suscripción de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, sus estatutos y los cambios de accionistas.

EL Silencio

¿Por qué estaba tan segura Evisilda Martínez que obtendría fallos favorables en los procesos de prescripción adquisitiva un año antes de que se presentaran? ¿Por qué hubo tal velocidad en resolver estos procesos? ¿Cómo se logró vender tierras protegidas? ¿Qué dice la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) sobre estas ventas? Son preguntas sin respuestas, ya que ni Martínez ni la Anam accedieron a ser entrevistados.

Este medio, en reiteradas ocasiones, pidió a la directora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Anam, Ibelice Anino, información sobre el plan de manejo que elabora la Anam para el área protegida donde se edificaría el hotel de Álvarez Desanti, pero no hubo respuesta.

A los moradores de Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé, les inquieta la presencia de helicópteros y de foráneos en los terrenos donde han vivido en los últimos 50 años, según dicen.

“Hay mucha corrupción en el Gobierno, y ahora acá. Por eso pido a las autoridades que hagan justicia”, expresó un lugareño.

Denuncian los pobladores que algunos indígenas son “cómplices” de la venta “ilegal” de las tierras, pues, a pesar de no residir en el área, hicieron de testigos en los procesos de prescripción.

El presidente del Congreso Regional Ño-Kribo, Willy Jiménez, interpuso una denuncia alegando irregularidades en el trámite de las tierras, pero se queja de que han pasado años y no hay respuesta. “La Secretaría Anticorrupción nos dijo que consideraba irregulares esas ventas”, dijo.

Denunció que aparecen nombres de testigos “que no viven en el área”, y que, según dice, desconocían que sus nombres hayan aparecido en esos trámites. “Las ventas fueron ilegales, y los peritajes, testimonios y certificaciones de la corregiduría de Tobobe eran falsas”, dijo.

Agregó “no queremos que nos pase lo mismo que en Juan Hombrón. Damani no se puede vender, la Anam tiene un programa para esa área y en diciembre [2012] firmó un convenio con el Corredor Biológico Mesoamericano”.

Curiosamente, tras esta entrevista, Jiménez cambió de opinión. El 12 de abril pasado, firmó un acuerdo con la empresa hotelera para empezar un “acercamiento y conversatorio” entre las partes; solicitar a la Anam el estudio de impacto ambiental e instalar una comisión de desarrollo turístico.

Su posición era desconocida por los pobladores, pues Jiménez dijo que va a “visitar cada una de las comunidades para informar lo que estamos haciendo”.

Este es uno de los reclamos de la comunidad de Río Caña, ya que las conversaciones se realizan en otro sector, aseguró Gerardo Tugrí, miembro de la Comisión pro Defensa de las Tierras de Río Caña. Consideró que las autoridades tradicionales son “cómplices” de las transacciones, porque “siguen con los planes de inversión en contra de la comunidad”.

Pidió investigar los procesos de prescripción adquisitiva “de la forma tan rápida como trabajaron las autoridades para dar sus fallos”.

“Esperamos que se haga justicia y que se castigue a los involucrados en esta flagrante venta del patrimonio de la comarca”, indicó ayer.

Advirtió de que no saldrán de esas tierras y que están dispuestos a defenderlas. (Con información de Sandra Alicia Rivera).

Indígenas no dejarán sus tierras

“No son títulos de propiedad nuevos. Esas fincas no son parte de la comarca [Ngäbe Buglé]”, afirmó el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, al referirse a la venta de más de 2 mil 100 hectáreas de tierras protegidas en ese sector.

Fábrega dijo que, aunque accedió a verificar las fincas inscritas en el Registro Público, no puede afirmar que sean “ilegales” o que sean zonas protegidas, porque los títulos existían antes de la ley de la comarca.

“Si alguien tiene alguna reclamación, que recurra a las instancias judiciales”, sostuvo. Pero esto no lo comparten los afectados. “Estas ventas son fraudulentas y nosotros vamos a derramar sangre si es necesario, para recuperar todas las tierras”, repetían los indígenas en una reunión comunitaria para analizar las acciones que adoptarán, de no encontrar una solución judicial próximamente.
Ereida Prieto-Barreiro

Martínez ´compró´ más playas

Unas 640 hectáreas –dividas en dos fincas– bañadas por aguas caribeñas en la comarca Ngäbe Buglé fueron vendidas al sorprendente precio de un centavo el metro cuadrado a sociedades recién creadas y en vertiginosos procesos de compraventa.

Las primeras 317.8 hectáreas fueron vendidas en mayo de 2011 por Gerardo Batista en solo 32 mil dólares a la sociedad Chiriquí Grande Land Company, inscrita en el Registro Público 15 días antes. Esta sociedad fue registrada por la abogada Evisilda Martínez, gestora de la prescripción adquisitiva de varias otras fincas en esta comarca.

Como en el escándalo de la venta de 54 hectáreas costeras en Juan Hombrón, Coclé, estos terrenos fueron reclamados por testigos que aseguraron ser los dueños. Por ejemplo, Batista fue testigo en otros procesos, a la vez que alegó ser dueño, desde 2003, de tierras en las que tenía “sembradíos para consumo familiar”. Menos de un mes después del fallo que se las adjudicó, las vendió a un centavo el metro cuadrado. Manuel García, por entonces juez primero de circuito en Bocas del Toro, pasó por alto la revelación de Batista de que poseía la tierra solo siete años antes de la demanda de prescripción.

El Código Civil panameño contempla en su ar-tículo 1696 que el solicitante de la tierra debe tener, como mínimo, 15 años en posesión del bien para poder pedir el beneficio legal. Martínez también decidió pedir 28.2 hectáreas de tierras. Los terrenos pertenecían a la estadounidense Marietta King, desde 1915, pero la abogada chiricana alegó tener más de 18 años de ocupar las tierras de forma “pacífica e ininterrumpida”. Tres meses después del fallo del hoy exjuez García a su favor, Martínez “vendió” en 42 mil 300 dólares las 28.2 hectáreas a la sociedad Punta Cílico Creek, presidida por ella misma. Al día siguiente –el 9 de febrero de 2010– compró otras 402.9 hectáreas, a través de sus sociedades The Manati of the Caribbean y The View Escudo de Veraguas Island, que César Batista había obtenido previamente, tras uno de los procesos de prescripción adquisitiva. Todos estos terrenos colindan con el mar Caribe, al igual que los adquiridos por Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, propiedad del político costarricense Antonio Álvarez Desanti, que aseguró desconocer o tener relación con otras sociedades.

Al mismo tiempo tomó distancia de Evisilda Martínez y su esposo, Francisco Castillo: ellos fueron “introducidos” por asesores de bienes raíces como “propietarios de las tierras” y no como abogados reclamantes de las tierras, afirmó.

El político reveló que para “garantizar” que el Congreso General Ño-Kribo se mantenga a favor de su proyecto turístico, grabó la reunión de nueve horas, realizada el 17 de mayo pasado.

Moradores de la comunidad de Kusapín aseguran que no permitirán “jamás” estas ventas.

Desde julio de 2009, Álvarez Desanti y Martínez acordaron la compra de 685.89 hectáreas a través de Desarrollo Ecoturístico, a pesar de que la abogada no era propietaria de las tierras que vendería. En los veloces procesos de prescripción adquisitiva participaron los peritos Ursus Ureña y Alcibíades Romero, que lograron intercambiar roles –sin restricción alguna– en las inspecciones de las 11 fincas vendidas a sociedades de Martínez.

Así, ambos pudieron ser, a la vez, personal del Tribunal de la Causa [Juzgado Primero de Bocas del Toro] y peritos de la parte demandante –sin despertar sospechas– como consta en los expedientes. Estos peritos determinaron el valor de cada finca que, curiosamente, es el mismo monto que pagaban las sociedades de Martínez por esas tierras.

La entrega de los informes de inspección de los terrenos se hacía con dos minutos de diferencia. En la entrega de los informes –según los expedientes– no hubo preguntas para los peritos de parte de Martínez ni de parte del juzgado.

Y así como no hubo preguntas para ellos, en los procesos, los abogados contratados por el juzgado para “defender” a los demandados –los dueños originales de las tierras– tampoco asistieron a las audiencias. Estas operaciones, que eran investigadas por la Fiscalía Primera de Bocas del Toro, están en “prórroga” por solicitud de los demandados.

Álvarez Desanti aseguró que “nadie de nuestro grupo ha sido llamado a declarar”, aunque plantea que este es un caso “archivado”, como le han comunicado sus abogados.

 Ereida Prieto-Barreiro