Otra jugada del Gobierno para aumentar el gasto
Después de solo dos semanas de aprobar la ley del
Fondo de Ahorro de Panamá, el Gobierno planea proceder con la venta de
sus acciones.
ALFONSO ACOSTA P.
Premura. La venta de las acciones de las empresas eléctricas se introdujo en segundo debate. LA PRENSA/ Archivo
La aplanadora legislativa de la administración de Ricardo
Martinelli continúa su incesante marcha, siendo criticada por la opinión
pública por su forma improvisada de ejecutar su plan gubernamental.
La bancada de Cambio Democrático en la Asamblea Nacional presentó
sorpresivamente una modificación al marco legal de las empresas
eléctricas, a tan solo semanas de haber apresurado la ley que crea el
Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).
Esta enmienda de la ley permitiría al Gobierno proceder con la venta
de las acciones que posee en las empresas de distribución y generación
de electricidad, sin la necesidad de realizar un estudio de rentabilidad
para determinar la sensatez de esa venta.
El cambio legislativo, aunado a las disposiciones contenidas en la
Ley 38 que crea el FAP, le da campo libre al Gobierno para que utilice
los ingresos obtenidos de estas ventas como parte de sus gastos
corrientes para financiar la cartera constantemente creciente de
proyectos gubernamentales ideados por la administración Martinelli.
Esto comprueba la política del Gobierno de pretender financiar sus gastos a través de la venta de activos.
De hecho, el presupuesto aprobado para 2012 contempla la venta de
bienes propiedad del Estado por 400 millones de dólares, indicando que
existía la posibilidad de que el Gobierno conociera de estos proyectos
de antemano, aunque nunca propuso una abierta discusión y análisis.
Muchos economistas y analistas de la plaza han expresado su
preocupación sobre la velocidad con que estos cambios importantes a la
estructura económica del país están sucediendo.
Se están dando alteraciones sustanciales en la forma en que se
financia el Gobierno central sin acudir primero a una discusión abierta
con la población.
La rapidez con la cual el Gobierno ha empujado su agenda para
incrementar la capacidad de gasto público ha impedido el debate adecuado
del tema, buscando aprobar sus planes en horarios extendidas, sesiones
extraordinarias y discusiones de último momento.
Según el Ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, la razón por
la cual se presentó la modificación de la Ley 6 de 1997 a última hora
fue porque no se había podido consensuar el texto hasta la noche del
miercoles.
No obstante, según el propio ministerio, este tema había estado circulando en las cúpulas gubernamentales.
El texto fue propuesto por el diputado Carlos Afú, de Cambio
Democrático, alrededor de las 7:50 p.m. De esta forma, la modificación
se excluyó del primer debate en la comisión correspondiente, donde se
pudo haber hecho un análisis más profundo.
De Lima lamentó que no se pudiera incluir el texto para ser tratado en primer debate.
No obstante, estas acciones dan la impresión de una necesidad urgente sobrepuesta al interés del debate público.
La premura fue tanta que no se hicieron estudios de costo y beneficio
en relación con deshacerse de estas acciones que generan réditos
anuales para el Gobierno, a cambio de una inyección única de fondos para
incrementar la billetera estatal.
Estos ingresos serían utilizados, de acuerdo con De Lima, para
fondear las actividades de una Autoridad del Agua, pero se perderían los
aportes que anualmente hacen estas empresas.
Con este dinero el Estado podría reducir el peso de los impuestos
sobre una ciudadanía cuyas quejas por el alto costo de la vida resuenan
en todo el país.
Algunos analistas consideran que hubiera sido más atinado presentar
un cronograma de las acciones que tomaría el Ejecutivo desde el comienzo
del año, lo cual hubiera permitido una discusión más amplia de estos
temas.
Adicionalmente, el ministro De Lima justificó la venta de las
acciones estableciendo que sería una forma de “democratizar el capital”;
es decir, permitir acceso del ciudadano a las estructuras de mando de
la economía (electricidad, por ejemplo) para que pueda recibir los
beneficios del crecimiento económico.
Supuestamente, las acciones serían vendidas a través de la Bolsa de
Valores de Panamá en un proceso similar al de Ecopetrol en Colombia.
Pero analistas del mercado de valores ha indicado que esto, como está
estructurado el sistema de valores de Panamá, es improbable, ya que se
requeriría que estos posibles compradores abrieran una cuenta de
inversión con una casa de valores, un proceso al que no muchos
ciudadanos pueden acceder.
Tarifa de energía subirá a partir del 1 de julio
La tarifa de energía eléctrica aumentará a partir del 1 de julio, confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
De Lima dijo que si no se hace el ajuste en la tarifa, el Estado debe destinar $315 millones para subsidio en 2012.
Otra de las medidas que se tomará es retirar el subsidio a los
clientes que consumen entre 401 kilovatios hora y 450 kilovatios hora. A
partir del 1 de julio próximo el subsidio solo cubrirá a los clientes
que consumen hasta 400 kilovatios hora al mes. El plan del Gobierno es
ir reduciendo el subsidio cada semestre hasta llegar a 300 kilovatios
hora al mes. Por decisión gubernamental, desde 2009 no se ha aumentado
la tarifa eléctrica, pero el gasto se ha incrementado cada año debido al
alza del precio del petróleo y al crecimiento del número de usuarios.
Debido a que en 2011 no se hizo el aumento de 23% en la tarifa, se
gastaron $241 millones en subsidio energético.
El gasto en este segmento es “insostenible” en el tiempo, ha señalado
el Gobierno. Desde 2004 hasta la fecha, el gasto en subsidio a la
tarifa eléctrica suma $747 millones.
Wilfredo Jordán
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