Grupos cierran filas para evitar ruina de manglares

Los pescadores artesanales del país votaron en contra de la resolución de ARAP que minimiza los costos para explotar los manglares.

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO

oarcia@prensa.com

 

El humedal bahía de Panamá comprende ambientes terrestres, fluviales, lacustres y marinos desde Costa del Este, en la ciudad de Panamá, hasta Chimán. Su extensión es de 85 mil 651 hectáreas, de las cuales 39 mil 691 corresponden a superficie terrestre y 45 mil 960 son marinas.LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

No todo está perdido. Ese es el mensaje que están mandado los grupos organizados sobre lo que está aconteciendo en el país con el asunto de los manglares.

Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto las resoluciones que declaraban área protegida el humedal bahía de Panamá y la zona natural de Donoso. Así como por la reciente decisión de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), de reducir de $150 mil a $10 mil los permisos para la tala de manglares en Panamá.

La Coordinadora Nacional de Pescadores Artesanales y Similares (Conapas) calificó la nueva normativa de la ARAP como un “crimen ecológico”, ya que no solo redujo los permisos de tala sino que también bajó las sanciones por deforestación ilegal de manglares a $40 mil, cuando antes era $300 mil.

Hay que mencionar que cuando se tomó dicha decisión dentro de la junta directiva de la ARAP, Conapa fue el único grupo que se opuso y votó en contra.

 

“La representación del sector pesquero en la junta de ARAP rechazó esta iniciativa durante las consultas. Los manglares son la génesis de la vida en el mar, y [su destrucción] atenta directamente contra la actividad pesquera de 50 mil familias”, dice un comunicado de este grupo.

En tanto, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Transporte del Consejo Municipal de Panamá decidió solicitar la suspensión de los proyectos que afectaron los manglares de Juan Díaz.

El presidente de esa comisión, Iván Picota, dijo que se pedirá la suspensión de los proyectos hasta que se haga un análisis de los problemas que se están presentando en en el corregimiento.

Esta solicitud se hará oficialmente la próxima semana al pleno del Consejo Municipal. La suspensión será decisión de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio.

Harley Mitchell, exasesor legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), fue uno de los que redactaron las resoluciones que declararon área protegida la bahía de Panamá y Donoso.

Según Mitchell, en ese caso no se necesitaba consulta pública, ya que la Ley 6 de 2002 sobre Transparencia dice que la consulta es para temas relacionados con la construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación, fijación de tarifas y tasas por servicios.

Sin embargo, la Corte dejó sin efectos ambas resoluciones porque no hubo consulta pública.

Entes guardan silencio

La Anam y la ARAP han decidido hablar casi nada sobre este tema. A la Anam se le ha consultado en más de cinco ocasiones y solicitado entrevistas con la administradora, Lucía Chandeck, pero dicen que está incapacitada. El subadministrador, Silvano Vergara, solo se limita a decir que esperarán lo que decida la Corte.

Desde la ARAP manifestaron que realizarán una conferencia pronto.

Franklin Kwai Ben, director de investigación de la ARAP, se limitó a decir que no hay intereses oscuros detrás de esa resolución, ya que esta se hizo para que los que tienen poder económico y los que no, puedan usar los manglares.

“Hay que entender que el desarrollo no se puede parar. Siempre habrá quien proteste, pero no se busca la tala indiscriminada de mangle”, agregó Kwai Ben.

Defensores del ambiente se manifiestan en la Corte

Organizaciones ambientales protestaron ayer en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de este órgano de dejar sin efecto las resoluciones que declaraban área protegida el humedal bahía de Panamá y Donoso. Grupos como la Sociedad Audubon de Panamá, el Centro de Incidencia Ambiental, Conservación Internacional, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otros, acudieron ayer al mediodía con pancartas que rechazaban cualquier daño a los recursos naturales del país, sobre todo a los manglares.

“La bahía es de todos, sí al manglar”, “protejamos los humedales”, “vender manglares es un delito”, es lo que decían algunas pancartas de los ambientalistas. Alida Spadafora, directora ejecutiva de Ancon, dijo que la Corte debe defender el medio ambiente, y no está asumiendo su rol con estos fallos. Spadafora también cuestionó el papel “poco beligerante” que está tomando la Autoridad Nacional del Ambiente en esta situación.