Apagan el negocio de Traffic Safety
Traffic Safety, según contrato, podrá tener activa
participación en la gestión de cobro de las multas y vender
información estadística a terceros.
Yolanda Sandoval
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´Si no quiere darle negocio a la empresa, maneje bien´: declaró Nicolás Brea, a Telemetro.
La única cámara que la empresa Traffic Safety de Panamá había instalado en el país tuvo que ser apagada.
Ayer,
en un escueto comunicado, la Autoridad de Tránsito y Transporte
Terrestre (ATTT) informó que le ordenó a la compañía suspender las
funciones de la cámara de control de velocidad, activa desde el pasado 6
de junio en el sector de Costa del Este.
Sin dar explicaciones,
la ATTT desactivó el dispositivo que le había garantizado un atractivo
negocio a Traffic Safety, que en 18 días había registrado 2 mil multas
a razón de 50 dólares cada una. Esto representó una facturación para
la compañía de 65 mil dólares.
El Gobierno estructuró a esta
empresa el monopolio en la cobranza de las infracciones que detecten
las cámaras de vigilancia de infracción de velocidad. Y, de pasó,
redactó un contrato que le deja abierta la posibilidad de que
diversifique sus ganancias con pocos límites.
Según el contrato
firmado entre Jorge Ricardo Fábrega, quien estaba al frente de la
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y Ricardo Chanis
Correa, socio y amigo de la familia Martinelli, Traffic Safety se queda
con el 65% de las multas por exceso de velocidad y con cualquiera
otra infracción que se registre y recaude a través del sistema
concesionado.
También podrán tener activa participación en la
gestión de cobro de las multas y vender información estadística a
terceros relativa al funcionamiento de sus servicios, siempre y
cuando no sea catalogada como restrictiva, aunque en el contrato no se
especifica qué data sería confidencial.
“Si
no quieren darle negocio a la empresa, manejen bien”, fueron las
declaraciones del secretario de la ATTT, Nicolás Brea, cuando fue
interrogado por Telemetro Reporta en horas de la mañana sobre el
negocio. Más tarde, la entidad dio un paso atrás y dejó sin efecto el
único bastión en funcionamiento de Traffic Safety.
En el
contrato firmado por Chanis quedó oficializado que la inversión que le
exigió el Gobierno es de apenas 3 millones de dólares, y a cambio la
compañía se aseguraba recaudar el 65% de cada una de las infracciones
que ingresen al sistema. El Estado recibirá el 35% del valor de las
infracciones.
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