HIDROELÉCTRICAS

Inundación y desesperación

Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com

Por considerarlo de gran preocupación les publico esta columna, aparecida el dia de hoy en periódico La Prensa en su sección de Opinión. De ser así, sería lamentable de, como un vez más, empresas transnacionales pisotean el derecho y hasta la vida de los más marginados de nuestro país. Donde estan las primeras planas de los periódicos para que hagan un llamado a la defensa de nuestros indígenas.

WASHINGTON, D.C. –Es un cuento clásico de David contra Goliat. La comunidad ngäbe es pobre y vulnerable. Su adversario, la empresa AES, es una de las más ricas y poderosas del planeta, con ingresos anuales de 14 mil millones de dólares. La vida de un ngäbe es sencilla, pero dura; frecuentemente implica vivir en condiciones escuálidas y pasar hambre. La vida de un dirigente de AES, por contraste, es una de lujos extraordinarios. Roger Sant, el cofundador de AES, tiene una fortuna estimada en mil 700 millones de dólares. Sant donó una sala oceánica al Smithsonian que costó 15 millones de dólares y también regaló 800 mil dólares para que el zoológico de Washington adquiriera dos pandas de China.

En esta batalla tan desigual, David está perdiendo y a punto de ahogarse. Es que cuando hay conflicto entre derechos indígenas y dinero, el dinero siempre gana, me comentó un norteamericano años atrás. Quise pensar que no sería cierto en el caso de las hidroeléctricas en Panamá, pero los hechos han destruido esa ilusión. Desde Bocas del Toro, en los últimos días, me han estado llegando correos y llamadas avisando de la inundación del embalse de Chan 75 (también conocido como Chan 1), sin siquiera esperar que los moradores del área terminen de evacuarlo. Incluso me dicen que empleados de una entidad creada por AES han llegado con motosierras a tumbar casas, tengan residentes o no. “Sencillamente le cortan las patas a la casa y la derriban”, dijo una fuente. Un ngäbe, Luis Ábrego, me habló de casas quemadas con gente adentro, incluso niños. Normalmente, me dicen, los residentes de la casa logran salir a tiempo, pero pierden todas sus pertenencias y quedan traumatizados, como es de esperarse.

“El agua está subiendo, y los ngäbes han caído en desesperación”, me indicó un experto panameño en temas indígenas. Según él, AES ha cerrado las compuertas de la represa, pero insiste en que solo se trata de una prueba. Este calificó de “irresponsable” e “increíble” la acción de AES. “Es sencillamente inaceptable que las autoridades panameñas permitan la inundación de esta área sin asegurar que todas las familias ngäbes han sido trasladadas a un lugar seguro”, sentenció un comunicado de Amnistía Internacional.

Algunos me dirán que los indígenas que todavía están el área son los que han querido quedarse, obstinadamente, por encima de todo intento de sacarlos a las buenas. Responderé que la información que tengo es que jamás se negoció de buena fe con los ngäbe y que totalmente se les violó su derecho de ser consultados antes del proyecto, obtener su consentimiento previo, y fijar compensación justa. Estos derechos son protegidos –sobre el papel– por varias convenciones internacionales.

El viernes en la tarde hablé por teléfono con el indígena Bernadino Morales, quien me dijo que su finca ya está bajo agua y que la empresa rehúsa negociar con él. Morales y Ábrego me hablaron de cultivos perdidos, de casas amenazadas por el agua que sube, y de animales muertos por toda el área (perros, pollos, ganado). El abogado de Morales plantea que AES no negocia con él, porque quiere que su caso dé esta lección a otros indígenas afectados por proyectos futuros: Quien no acepte rápidamente la postura de la empresa se quedará sin nada. “Los compañeros están indefensos”, puntualizó Ábrego.

Pero, también, hablé por vía electrónica con otro Morales –Lars Morales–, un panameño que vive en Estados Unidos y que está preocupado por la situación de los ngäbe. Este le ha escrito al congresista Jared Polis (demócrata de Colorado). “Lo instamos a que bloquee el acuerdo de libre comercio con Panamá hasta que el gobierno corrupto [y] rabi-blanco de Martinelli acepte cumplir con las reglas internacionales y respetar los derechos humanos”, le escribió Morales a Polis.

Interesante táctica. Veremos si rinde fruto.

Si en Panamá Llueve en Brazil no escampa

Brasil otorga la impunidad a los deforestadores de la Amazonia

El Congreso aprueba una amnistía que la presidenta Rousseff considera una "vergüenza" para el país - Victoria del sector campesino sobre el ecologismo

FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro - 26/05/2011


Una vez más ha quedado claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Los resultados de la votación de la controvertida reforma del Código Forestal hablan por sí solos: 410 votos a favor y 63 en contra. 273 diputados a favor y 187 en contra de la enmienda que contempla la amnistía para los delitos de deforestación cometidos hasta 2008. "Brasil se va a dormir con la noticia de que la mayoría de nuestros diputados aprueba el asesinato de nuestros bosques", reaccionó nada más conocerse el resultado de la votación Paulo Adario, director de la campaña Amazonas de Greenpeace.
Ante la andanada urdida en el Congreso contra la actual política medioambiental brasileña, la presidenta Rousseff presionó a todos los niveles, sin éxito, para atrasar la votación del nuevo Código Forestal. De poco sirvieron las reuniones de último minuto con los exministros de Medio Ambiente de los últimos Gobiernos, todos frontalmente en contra de la medida, o los contactos desesperados con los líderes de los grupos parlamentarios aliados al Ejecutivo, mayoritariamente a favor de dar luz verde. El todopoderoso sector agropecuario brasileño tiene bajo control la Cámara baja a través de una tupida red de apoyos en los partidos mayoritarios, incluido el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). Más que nunca ha quedado al descubierto el poder de presión que sigue teniendo el campo brasileño en los despachos de Brasilia.
Una vez superada la primera prueba de fuego, el nuevo Código Forestal tendrá que recibir las bendiciones del Senado. Es posible que en el camino sufra alguna modificación, ya que Rousseff ha dejado clara su intención de vetar su entrada en vigor si el texto sigue contemplando la polémica amnistía y otras medidas que contribuyen al aumento de la deforestación.
La Constitución brasileña otorga al presidente la capacidad de vetar total o parcialmente un proyecto de ley si consigue probar que colisiona con el interés general del pueblo. Curiosamente, el ponente y abanderado de la reforma es el diputado Aldo Rabelo, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). El bloque ruralista que lo ha secundado engloba casi todo el arco parlamentario, salvo el Partido Verde (PV) de la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambas agrupaciones han sido las únicas que han rechazado la reforma en bloque.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la amnistía que está a un paso de entrar en vigor condonará una deuda de hasta 10.000 millones de reales (más de 4.300 millones de euros) en multas por delitos ambientales cometidos hasta 2008. Los cálculos de Greenpeace son aun más dramáticos: 86 millones de hectáreas de selva quedarán sin protección y podrán ser deforestadas legalmente si la nueva normativa sale adelante. Esta superficie supera con creces a toda la vegetación que ya se ha destruido en la historia de la Amazonia.
La lógica de la amnistía implica que los condenados por delitos medioambientales podrán eludir el pago de las sanciones regularizando sus propiedades en un plazo aún indefinido. El nuevo código también abre la puerta a que los pequeños productores (propiedades de entre 20 y 400 hectáreas) no tengan que reforestar las áreas taladas ilegalmente en el pasado. Asimismo, da vía libre a la plantación de caña, café y otros cultivos en las laderas y cimas de los cerros, a la disminución de las áreas protegidas en las márgenes de los ríos y a la descentralización de la aplicación de esta normativa. Según los grupos ecologistas, la historia de Brasil muestra que las autoridades regionales y locales son mucho más propensas que el Gobierno Federal a la corrupción en la gestión de este tipo de leyes medioambientales que tropiezan con los intereses del agronegocio.
Las imágenes del Congreso tras la controvertida votación resultaron inquietantes: decenas de diputados abrazándose eufóricos y haciendo la señal de la victoria.
Esa misma mañana, Brasil se despertaba con la noticia del asesinato a tiros del líder medioambiental Joao Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, ambos activistas por la preservación del Amazonas. Da Silva había denunciado que sufría amenazas de muerte por parte de madereros y ganaderos del Estado amazónico de Pará, donde vivía. Los mismos que probablemente brindaron tras la aprobación del nuevo código.