Acomodan a último momento millonaria licitación
Yolanda Sandoval
ysandoval@prensa.com  |
| ¿ESTRATEGIA?. Ninguno de los tres funcionarios encargados de la política energética del país quiso hablar de la licitación que promete cambiar la matriz energética de Panamá. Fernando Marciscano, de Etesa; Zelmar Rodríguez, de la Asep; y Vicente Prescott, de la Secretaría de Energía, guardaron silencio. |
Cambiaron las reglas, limitaron la participación de empresas y por
ende redujeron la competencia en una millonaria contratación estatal.
Con
este telón de fondo el Gobierno recibe hoy las propuestas de las
empresas interesadas en suministrar energía a base de gas natural por 20
años en el país.
La estatal Empresa de Transmisión de Energía,
S.A. (Etesa) convocó a una licitación pública cuyo pliego de condiciones
estuvo disponible a partir del pasado 1 de febrero y desde ese momento
hubo grandes expectativas.
Se trata de uno de los negocios más
grandes en la industria energética en Panamá: un contrato que
conllevaría la construcción de una planta que podría requerir una
inversión por arriba de los mil millones de dólares, y a través de la
cual se proveería energía en el periodo que va de marzo de 2017 a
febrero de 2036.
La propuesta es que la empresa que resulte
ganadora construya una terminal o adapte instalaciones ya existentes
para proveer energía a base de gas natural a las empresas distribuidoras
del país.
Con las cartas sobre la mesa, las empresas interesadas
evaluaban cómo se pintaba el potencial negocio. Firmas de abogados,
equipos de financistas, asesores externos y estrategas internos
calculaban los pros y contras.
Una vez dadas las condiciones del
juego, Etesa convocó a una reunión el 26 de febrero a las 9:30 de la
mañana. El objetivo era aclarar cualquier duda en torno al proceso.
Los
funcionarios a cargo del encuentro explicaron a los interesados las
consideraciones que debían tener en cuenta al momento de participar en
el acto y las fórmulas de precio de la oferta.
Allí estuvieron
representantes de SK Engineering & Construction, Enel Fortuna,
Alternegy S.A., GS Energía INC., Decal Panamá, Térmica del Caribe,
Promisol, Wood Group GTS y Constructora OAS.
También acudieron por
parte de Bahía Las Minas Corp., Generadora del Atlántico S.A., EISA,
Kotra, Empresa de Generación Eléctrica, GP Power, Aes Panamá, IDC S.A.,
Galindo Arias & López, y Anzola, Robles y Asociados.
De
acuerdo con el acta de ese encuentro, las preguntas fueron pocas. Todo
lucía bastante claro, aunque sí hubo un comentario que llamó la atención
de los asistentes, según explican fuentes que prefieren ma1ntener la
reserva de su nombre.
Uno de los funcionarios de Etesa les comentó
que estudiaban la posibilidad de hacer cambios al pliego de
condiciones, con el supuesto objetivo de habilitar la participación de
dos tipos de empresas, las que tuviesen planes de construir una nueva
planta y las que ya tuvieran infraestructura y mostraran un programa de
reconversión para generar energía a base de gas.
Lejos estaba por
pensarse en ese momento que las adendas que se tejían a lo interno de
Etesa, por el contrario, controlarían la participación de las empresas,
además de establecer nuevos parámetros de generación de energía con lo
cual se trastocarían los modelos financieros que sustentaban la
viabilidad del proyecto. Así se llegó a este punto.
La Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos (Asep), entidad que da luz verde a
las condiciones sobre la cual se hacen las licitaciones energéticas,
aprobó el 3 de abril de 2013 y 12 de abril de 2013, las modificaciones
propuestas por Etesa.
La primera adenda, publicada el 10 de abril,
y la segunda, con fecha de 17 de abril, dictan requisitos que hacen
casi imposible la participación de la mayoría de las empresas que fueron
a la reunión aclaratoria de Etesa y las que finalmente adquirieron el
pliego de condiciones.
De acuerdo con el pliego de condiciones
original, específicamente en el punto 19.3, se invitaba a participar a
cualquier empresa o consorcio que tuviera, al momento de la licitación,
una licencia definitiva, provisional o evidencia de haber presentado
ante la Asep la documentación para obtener la licencia de generación de
energía eléctrica a base de gas natural.
Luego de la alteración
hecha al pliego, se establece que solamente pueden presentar propuestas
aquellas empresas que tenían licencia definitiva o licencia provisional.
Es decir, compañías que previamente habían mostrado interés en generar
energía a base de gas natural.
Así las cosas, quedaron
fuera de la puja por el contrato multinacionales que no tengan
operaciones en Panamá o cualquier consorcio local que no mantenga
asociación con empresas locales que previamente hayan gestionado la
licencia.
El inicio de operaciones de la generación de gas natural
se proyecta para marzo de 2017, por lo que en teoría no debería existir
premura para que la empresa tenga la licencia vigente en este momento.
Sobre
este importante cambio, el pasado 23 de abril este diario envió un
cuestionario vía correo electrónico a Etesa, pero evitaron hacer
comentarios.
Esa fue la vía de comunicación que sugirió la propia
empresa, pero a través del despacho de prensa de Etesa se informó que
las personas encargadas de responder las preguntas se encontraban en una
gira fuera de las oficinas centrales.
A cambio invitaron a este
medio a participar en el acto de recepción de ofertas previsto para hoy a
las 9:00 a.m. en el Hard Rock Hotel de la ciudad capital.
Curiosamente, de este tema tampoco se habló con las empresas interesadas en participar en la licitación.
El
periodo de consultas concluyó el 10 de abril, fecha en la que se hizo
la primera de las dos adendas que fueron notificadas posteriormente.
Es
decir, que quienes le seguían la pista a la licitación jamás pudieron
hacer descargos o dejar plasmada su posición frente a este tema, de
acuerdo con lo que advirtieron varias fuentes que prefirieron mantener
sus nombres en reserva.
Los privilegiados
Las
reformas propuestas por Etesa y aprobadas por Asep en este caso
dejarían en manos de pocas compañías el negocio de generación a gas.
Según
el registro de la ASEP solo hay tres empresas con licencia para la
generación de gas, ya sea provisional o permanente. Termo Energía,
Panama NG Power y Grupo Energético del Caribe estarían entre las
elegidas (ver: Los cables, nada sueltos, detrás de un contrato).
Hasta
hace dos semanas se creía que Panama NG Power no tendría oportunidad de
participar de la licitación, pues el 17 de abril la Asep le canceló la
licencia provisional con la que gestiona la operación de una planta de
Telfers, Colón.
Sin embargo, a través de una resolución con fecha
del 22 de abril, Zelmar Rodríguez, administradora de la Asep,
reconsideró la decisión. Dejó sin efecto la cancelación y fijó el 1 de
abril de 2014 como nueva fecha límite para acreditar los documentos que
le hagan merecedora de su licencia definitiva para su central de
generación eléctrica denominada Telfers, a ubicarse en el corregimiento
de Cristóbal, provincia de Colón (ver resolución 6098).
Panama NG
Power le comunicó a la Asep, entre otras cosas, que era “urgente” contar
con la licencia para competir en la licitación convocada para hoy por
Etesa. Además, reveló que ya cuenta con acuerdos celebrados con una
multinacional para la provisión de gas natural por 20 años y tienen un
pacto para financiar su planta.
Modificaciones generan ´ruido´
La
licitación tiene al mercado energético echando chispas. Y aunque pocos
se atreven a hablar abiertamente del asunto, este ha sido el tema de la
última semana en ese mundillo empresarial. De allí que este diario
conociera los detalles de la millonaria contratación.
Para
abogados que analizan el tema y empresarios interesados en el negocio,
las contraindicaciones dadas a última hora por Etesa y avaladas por Asep
son una aberración.
Parte de la inconformidad es que también se
modificaron los requisitos de potencia solicitada, que iniciaban en 250
megavatios en 2017. Fueron elevados a 400 megavatios para llegar a 550
en el quinto año de operaciones.
Esto generaría una alteración del
plan de negocios y complicaría los acuerdos de financiamiento y las
fianzas, vitales para hacerse con la licitación.
Además, Etesa
permitió, a través de las adendas, que se utilicen dos índices de
referencia para medir el precio de venta de la energía.
De esta forma los cálculos se pueden hacer con base en el Henry Hub Spot Index o el UK NBP Heren Index.
El Henry Hub es el índice de precios de gas natural en el golfo de México y el UK Heren en Londres.
El
índice natural para Panamá sería el del golfo de México, pero al dejar
la puerta abierta para que se utilice el UK Heren se podrían ofertar
precios hasta tres veces mayores que los que se podrían proponer con el
Henry Hub.
Esto se traducirá en energía más cara para los clientes
finales, pero ingresos tres veces mayores para el concesionario que
podrá adquirir su gas en el golfo de México.
A juicio de Fernando
Aramburú Porras, ministro de Planificación en el pasado proceso de
privatización de las empresas eléctricas, en términos generales las
licitaciones para compras de energía y potencia a largo plazo, de
acuerdo con la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico, deben ser de libre
concurrencia, anunciadas con la debida antelación para que participe la
mayor cantidad de empresas posible, de tal forma que se garanticen las
mejores condiciones para los usuarios.
“El comprador, en este caso
Etesa, debe garantizar que las mismas sean transparentes y no
favorecer, en los pliegos, a ningún grupo o empresa en particular porque
a fin de cuentas están comprando por cuenta de todos los consumidores
de electricidad del país y no por cuenta propia”, precisó.
Aramburú
precisó que este tipo de adendas lo único que hace es causar
suspicacias y crear ruido en el proceso con el subsecuente ausentismo de
las empresas serias que solo participan en las licitaciones que
perciben transparentes y sin sesgos hacia ninguna compañía o grupo en
particular.
“Debemos recordar que la demanda de energía en Panamá
está creciendo a un ritmo de 6% y 7% anual y se requiere hacer
inversiones del orden de $500 millones anuales como promedio en los
próximos años solo para mantener la capacidad adecuada”.
Con estas
acciones, continúa Aramburú, el Gobierno no solo pone en peligro el
suministro oportuno de energía sino la posibilidad de conseguir mejores
precios.
La Asep, entidad que regula el mercado eléctrico y se
encarga de aprobar las condiciones de las licitaciones, tampoco contestó
las preguntas gestionadas a través de su departamento de prensa.
Extraoficialmente
se conoció que esta entidad, a cargo de Zelmar Rodríguez, prefiere
mantener bajo perfil en este caso, pues en la institución se cree que
quienes deben hablar son los funcionarios de Etesa, liderados por
Fernando Marciscano.
Desde el miércoles 24 de abril se le notificó
a la Secretaría de Energía, encabezada por Vicente Prescott, sobre las
inquietudes que se habían generado en este proceso.
Como rectores
de las políticas energéticas se les consultó si creían que las reglas de
contratación eran lo suficientemente claras para promover la mayor
participación de empresas en la licitación, pero al cierre de la
presente edición, esta, así como otras preguntas, no fue aclarada.
Se
indicó que las interrogantes serían resueltas hoy, justo cuando se
reciban las propuestas de la licitación que implicaría una inversión por
arriba de los mil millones de dólares.
Antes de que este diario
conociera cómo ha sido manejada la licitación, en un encuentro
solicitado por la propia Secretaria de Energía, Prescott precisó la
importancia del proyecto, que viene desde 2008, al mando de la
administración presidencial de Martín Torrijos.
El funcionario
indicó que lo que se quiere es que el gas vaya al transporte público, a
la industria y si es posible a las residencias. Así de grande se percibe
el crecimiento de este mercado en el gobierno de Ricardo Martinelli.
Hoy,
cuando se reciban las propuestas de la licitación a las 9:00 a.m., se
conocerá el primer efecto de los cambios abanderados por Etesa y la
Asep.
Los cables, nada sueltos, detrás de un contrato
Panama
NG Power, Grupo Energético del Caribe y Termo Energía, las tres
empresas habilitadas para participar en la licitación, son poco
conocidas, al menos para los panameños de a pie.
Aunque resulta
que al unir los lazos de su estirpe empresarial, se descubre que se
trata de compañías que están vinculadas con influyentes hombres en el
mundo de los negocios regionales y con contratos millonarios en el país.
José Dapelo Benites es el representante legal de Panama NG Power.
Dapelo
fue quien a nombre de la LNG Group Panama S.A., logró de forma directa
-en enero de 2010- un contrato de arrendamiento con opción de comprar 48
hectáreas en el área de Telfers, Colón, para el desarrollo de un
proyecto de comercialización de gas natural.
Tras la deferencia
del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, el diputado panameñista
José Isabel Blandón denunció las conexiones de Dapelo con el Gobierno.
Dijo
que el empresario ecuatoriano, ampliamente vinculado a la industria
petrolera en su país, era el cuñado de Mario Elgarresta, quien fuera
asesor del presidente Martinelli durante su campaña hacia la silla
presidencial e incluso durante esta gestión de su gobierno.
Se
afirma que Dapelo también está conectado con grupos locales relacionados
al sector inmobiliario y el comercio al por menor desde hace más de una
década.
En el caso de Grupo Energético del Caribe y Termo
Energía, el entramado es mucho más complejo, pero con varios
denominadores en común.
En la directiva de Grupo Energético del Caribe, según información del Registro Público, figura Johana Jaramillo Severino.
Jaramillo,
a su vez, preside Generadora del Atlántico S.A., empresa con
operaciones en Panamá y parte del emporio colombiano Odinsa que
construyó el muelle norte del aeropuerto de Tocumen y cuyo fundador es
William Vélez.
El empresario, considerado en Colombia el rey de
las concesiones y zar de la basura, es investigado actualmente en su
país natal por posibles nexos con los paramilitares.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía General de Colombia la semana pasada.
En
los testimonios, según han reportado medios colombianos, se señala que
un grupo de empresas logró contratos millonarios gracias a la injerencia
de grupos ilegales.
En 2012, la revista Semana y RCN revelaron
los detalles de cómo Vélez habría tejido vínculos con grupos
paramilitares, a los que habría prometido entregarles el manejo de los
rellenos sanitarios en las ciudades del Caribe colombiano donde este
tuviera concesiones de aseo
(http://www.semana.com/nacion/articulo/revelan-audios-salpican-william-velez-paramilitares).
Entre
esas empresas se menciona a Interaseo, que adquirió en Panamá los
derechos de la concesión del vertedero capitalino de cerro Patacón por
13.5 millones de dólares en 2011.
Vélez es uno de los industriales más ricos de Colombia.
De
acuerdo con El País de Colombia, hace dos años Vélez habría participado
en una sociedad junto a la empresa Energía Integral Andina, a cargo de
William Bolívar Melo, para formar un consorcio que se encargaría de la
recaudación de los pasajes del transporte público.
William Bolívar
Melo, según las fichas del Registro Público, figura como presidente de
Termo Energía S.A., la tercera de las empresas con probabilidades de
participar en la licitación para generar energía a base de gas.
Yolanda Sandoval
