La obra de $114 millones

Transcaribe Trading, junto a Meco, ganó la licitación para rehabilitar y ampliar una carretera que está en óptimas condiciones.

Redacción de La Prensa

economia@prensa.com

Los lugareños se trasladan en moto o bicicleta, y los que caminan lo hacen sobre la calle ante la falta de aceras.

LA PRENSA/David Mesa

Pasa una bicicleta. Pasa otra más. A lo lejos aparecen una moto y un carro y aún más atrás un camión de carga. Son las nueve de la mañana en un día de semana y por la impecable carretera de 38.4 kilómetros que une Paso Canoa y Puerto Armuelles transitan mayoritariamente vehículos de dos ruedas.

A pesar del poco tráfico que se percibe rápidamente en el lugar, el Gobierno decidió que era impostergable la rehabilitación y ensanche de esta carretera. Se dio una licitación a principios de año a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a la que se presentaron 11 empresas. El ganador volvió a ser un viejo conocido de la casa.

El 18 de mayo, tras la apertura de sobres con las propuestas, se adjudicó el proyecto al consorcio entre Transcaribe Trading, de David Ochy, y Constructora Meco, S.A., por un valor de $114 millones.

Aquella tarde en el Consejo Municipal de Barú, el ministro del MOP, Federico Suárez, destacó que la base del proyecto era el desarrollo de las provincias del sector.

Pero los lugareños se quejan tras la asignación del presupuesto para la infraestructura. “Hay otros proyectos más importantes antes de la ampliación de esta carretera, como la de crear una que comunique a Punta Burica con Progreso- Barú, por la que se podría transportar la producción agrícola del área”, destaca Jaime Abdiel Guerra, extrabajador de Coosemupar y dirigente sindical.

“Prioridad es la instalación de la planta potabilizadora de agua, el mejoramiento del hospital, la reactivación del muelle de Puerto Armuelles, que está en ruinas desde 1998”, agregó Guerra.

la carretera

Desde los más pequeños a los más viejos en esa zona usan bicicletas o motos para trasladarse por esta carretera, que atraviesa varios poblados entre la frontera con Costa Rica y la costa del Pacífico.

Los paisajes que atraviesa la carretera saludan con un dejo de pereza. La quietud del lugar, los coloridos patios de las pequeñas casas a orillas del asfalto y la pasividad de los lugareños son cicatrices de la que fue una época activa, prometedora. De constante flujo de oro verde.

Las 18 fincas que totalizaban 5 mil 600 hectáreas de terreno ­hoy en proceso de titulación y repartición a exasociados de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar) de parte de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati)­ producirían en promedio dos contenedores diarios.

Y uno de los favorecidos con esta fragmentación será el empresario David Ochy, dueño de Transcaribe Trading, quien con otra de sus empresas, Pana Plátanos, producirá en los terrenos entregados a exsocios de Coosemupar.

Ochy no oculta lo conveniente que será la ampliación de la carretera.

Una vez adjudicada la licitación, La Prensa publicó una nota el 22 de mayo en la que el empresario manifestó su alegría y destacó la importancia de tener una ruta para transportar carga.

“Esto [la ampliación de la carretera Paso Canoa] nos pondrá a pocos kilómetros para contar con una ruta de desplazamiento de carga entre ambos océanos”, afirmó Ochy en aquel entonces.

Dos semanas después, en las 247 hectáreas de la finca El Níspero, su empresa Pana Plátanos comenzó los trabajos para la producción del producto de exportación.

El paisaje y los usuarios demandan más una ciclovía que una vía de cuatro carriles, dos más de la actual. “No sé cómo van a hacer para ampliarla con tantas casas y almacenes tan cerca de la carretera. Si es verdad que con este proyecto habrá más actividad económica, bienvenido sea”, comenta David, un lugareño que lleva más de 30 años de residir en el área.

Al consultarle al MOP sobre este proyecto durante la última semana, la única respuesta fue que “se está esperando la orden de proceder, que se estima sería en agosto”, dijo el vocero de la entidad.

Una vez suceda esto, el consorcio Transcaribe Trading-Constructora Meco, tendrá 750 días calendario para entregar el proyecto, al que tendrá que darle mantenimiento durante los 36 meses siguientes, según lo establecido en el pliego de cargos.

Pero, ya en agosto, en ningún punto de los 38 kilómetros del tramo se divisa ni maquinaria ni señalización alguna para el proyecto.

“Hasta el tres de junio, ese era el tema en boca de todos, hasta que explotó lo de la repartición y titulación de las tierras. La gente no tiene idea de en qué estado se encuentra ese proyecto. Si fuera tan necesario, todos estarían pendientes”, comenta Elías González, exsocio de Coosemupar.

(Con información de Roberto González Jiménes y Yolanda Sandoval)

Cifras del proyecto

$88.5

millones era el precio inicial estimado por el Ministerio de Obras Públicas para el proyecto.

$130

millones fue el precio de referencia en un segundo llamado a licitación.

El camino de la licitación del MOP

El proceso de contratación, que había sido convocado para setiembre de 2011, tuvo varios tropiezos.

El 19 de diciembre del año pasado, el ministro de Obras Públicas (MOP), Federico Suárez, canceló el acto público. Alegó que se debía revisar las especificaciones técnicas. Aquel día, varios representantes de las 19 empresas que se presentaron a la licitación reconocieron que no recibieron ninguna explicación de la cancelación.

Ese mismo día se subió un nuevo pliego de cargos a PanamáCompra, el cual destacaba que la “nueva” licitación sería bajo el esquema de mejor valor con evaluación separada. Es decir, no se revelaría el precio de referencia del MOP hasta la apertura de los sobres con las propuestas.

En la primera licitación, el precio de referencia era de $88.5 millones, en la segunda y definitiva, a la que solo se presentaron 11 empresas, ascendió a $130 millones tras la inclusión de nuevos trabajos.

Desde un inicio, el MOP pedía en los criterios de experiencia que la empresa hubiese colocado pavimento de hormigón asfáltico en dos carreteras de mínimo 30 kilómetros cada una, con un mínimo de 45 mil toneladas, en los últimos cinco años.

Para algunos de los participantes este era un requisito excluyente y sacaba de competencia a muchas empresas.

Redacción de La Prensa

El modelo de negocio bananero

El asesor legal de la Asociación Agraria de Trabajadores de Barú (Astbaru), Álvaro Muñoz, sostuvo que fue por iniciativa de los extrabajadores bananeros de Barú que David Ochy Diez formó una alianza con ellos para la futura exportación de banano.

Con respecto a los términos de negociación, explicó que el trabajador pone su hectárea de tierra mediante la entrega de su título de propiedad por un certificado de participación en la empresa. Si el trabajador deja la empresa o fallece, el socio puede vender en primera instancia a la empresa o traspasar su propiedad a un familiar

Aseveró que el trabajador no traspasa la tierra a Ochy.

Tras este acuerdo “hay personas que no quieren que se produzca plátano en la zona, que genera mucho empleo, sino que se produzca palma africana, donde se emplea menor mano de obra que la que estamos pensando”, dijo Muñoz.

Acotó que planean sembrar en los próximos dos años mil hectáreas.

Flor Bocharel

El negocio detrás del conflicto

El empresario David Ochy podría beneficiarse sustancialmente de la iniciativa del Gobierno de repartir las tierras a exsocios de Coosemupar.

aet elisa tejera c.

atejera@prensa.com   El pasado 2 de junio, exasociados de Coosemupar se tomaron por la fuerza la finca El Níspero, y con el aval del diputado Osman Gómez comenzaron a trabajar las tierras donde David Ochy invertirá más de $5 millones. LA PRENSA/David Mesa Facturar tres veces más de lo invertido en el primer año de operaciones es una ecuación que toda empresa desearía escribir en su libro de finanzas. Para Pana Plátanos, propiedad de David Ochy Diez, esta es más una realidad. Este jugoso negocio radica en la repartición de tierras que propuso el Gobierno a través de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) para los 2 mil 226 exsocios de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar). A cada uno de los trabajadores, que decidieron que la titulación de las tierras sería colectiva o individual, les tocará 1 hectárea. Un censo realizado por la Anati determinó que mil 520 prefieren trabajarla individualmente, mientras que 706 se fueron por la opción colectiva. El pasado 2 de junio, motivados por una propuesta de Ochy, lugareños invadieron la finca El Níspero y rápidamente comenzaron con los trabajos de adecuación de la tierra con maquinaria alquilada al diputado Osman Gómez. En ese entonces existía una orden de no ingresar a ninguna de las fincas comprendidas dentro de la titulación y repartición de las tierras. Tras persuadir a la minoría de los exsocios para que le cedieran su hectárea correspondiente, Ochy logró reactivar la actividad en la finca El Níspero en Barú, provincia de Chiriquí, con una inversión de $5.5 millones, entre mano de obra, maquinaria, insumos agrícolas y el material genético de la planta curaré enano, traída desde México. De acuerdo con las cifras de producción de la compañía, que pretende procesar desde marzo de 2013 de cuatro a cinco contenedores diarios con capacidad para 960 cajas a un valor de $20 en los mercados de EU, Canadá y España, en un año facturará cerca de $18 millones netos. “Con la quiebra de la producción bananera la gente no tenía para comer, y Ochy les propuso que ellos pusieran las tierras y él se las ponía a producir”, dice Luis Espinoza, capataz de la finca. Actualmente, son 240 productores los que trabajan estas codiciadas tierras como la fusión ASTBarú-Pana Plátano. Cada mañana, los productores llegan a la finca sobre las 6:00 a.m. en sus bicicletas brindadas por la empresa, y tras un rápido desayuno continúan con las labores del día anterior. A la sombra de un techo improvisado a un costado del vivero, donde reposan 113 mil 731 plantas de plátano, hombres y mujeres llenan plantones para la siembra. Sobre el mediodía, una hora para el almuerzo, que consiste en un plato cargado de arroz, una presa de gallina guisada y tajada de plátano maduro, le da un respiro a los obreros del inclemente sol chiricano. A la 1:00 p.m. retoman sus posiciones hasta las 3:30 p.m. Después de un vaso de crema, se suben otra vez a las bicicletas y regresan a sus casas. Los trabajadores están divididos en dos turnos de tres días debido al poco volumen de trabajo actual. A fin de mes, cada uno de ellos, registrados en el Seguro Social, cobra $120 por los días laborados. El objetivo de esta asociación es cultivar mil 200 hectáreas (cuatro fincas) de las 5 mil 600 (18 fincas) que quedaron vacías tras el cese de operaciones de Chiquita Land Company en 2006 después de 70 años, obligados por las huelgas y conflictos con el sindicato de trabajadores. Fue entonces que Coosemupar asumió el control de producción y comercialización hasta octubre de 2008, cuando quebró por malos manejos administrativos. Después de casi cinco años e infructuosos intentos de vender estas codiciadas tierras, el Gobierno aprobó la repartición y subasta de éstas el pasado lunes 25 de junio. La Anati repartirá un total de 2 mil 800 hectáreas, de las cuales 2 mil 400 serán entre los exasociados de Coosemupar, mientras que las restantes 400 se distribuirán entre 323 extrabajadores no asociados y 71 trabajadores administrativos. los colectivos “La intención de este enlace es que los trabajadores que tienen derecho a un pedazo de tierra tengan la oportunidad de ponerla a producir”, apunta José Vanela, gerente de la asociación ASTBarú-Pana Plátanos. Ya convencidos de entregar sus tierras a Pana Plátanos, un punto que falta aclarar entre las partes es la comisión que percibirán los trabajadores por cada una de las cajas exportadas a $20. Según Vanela y el vocero de los trabajadores, que prefirió mantenerse anónimo, ese detalle “aún está sobre la mesa de negociaciones”. Pero entre los obreros se calcula de manera extraoficial que dicha comisión ronda los 75 centavos por caja vendida. De establecerse esta cifra, los que ceden y trabajan la tierra recibirán solamente un 3.75% del valor de lo que se cosecha de ella. los individuales El resto de los mil 520 trabajadores que prefirieron no formar parte de ASTBarú, de acuerdo con el último censo de Anati, se mantiene a la espera de poder negociar sus tierras con una empresa transnacional, pero bajo otros términos contractuales. Elías González, exvocero de los trabajadores de Coosemupar y líder de los individuales, sugiere que la verdadera intención de Ochy es la tenencia de las tierras y adelantó que “están en conversaciones” con la compañía Del Monte para alquilar sus tierras. “Pretendemos negociar, pero con la seguridad de que las propiedades pertenecerán a los trabajadores”, explica González. Si Anati oficializa la petición del grupo de los individuales para negociar con transnacionales, ASTBarú-Pana Plátanos tendría derecho a trabajar solo dos fincas más (Palo Blanco y Majagua) y no tres como tenía planeado, lo que significan 300 hectáreas menos disponibles. “La decisión de elegir ser individual o colectivo fue propia de cada extrabajador”, explica Franklin Oduber, director de Anati, vía correo electrónico. “Esperamos poder entregar los títulos entre septiembre y octubre. Los beneficiados recibirán un título de propiedad con todos los derechos que eso conlleva, sin ningún tipo de restricción”, agrega. David Ochy Diez ha sido uno de los empresarios que ha logrado varios contratos con el Gobierno. Su empresa, la constructora Transcaribe Trading, lleva adjudicados varios por un total de $400 millones. Dos de estos son la ampliación y rehabilitación de los 20.8 kilómetros de la carretera Arraiján - La Chorrera, valorada en $152.6 millones y otro muy similar en la carretera de 38 kilómetros entre Puerto Armuelles y Paso Canoa, licitada a la empresa de Ochy por $114 millones. Plátano, el oro verde de barú $5.5 millones es la inversión de David Ochy en las tierras de la finca El Níspero. $18 millones facturará ASTBarú-Pana Plátanos de las exportaciones a EU, Canadá y España, donde cada caja se vende a 20 dólares.

Juan Hombrón, el mayor escándalo

unidad de investigación

panorama@prensa.com   Las playas del Pacífico, en Coclé, fueron el escenario de una titulación de 54 hectáreas que atrajo la atención de la prensa por las figuras involucradas. El caso de las titulaciones gratuitas en Juan Hombrón, en la costa coclesana, fue identificado por los encuestados por la empresa Unimer por encargo de La Prensa, como el mayor escándalo de corrupción del gobierno que preside Ricardo Martinelli Berrocal. El 33% de los encuestados por Unimer, entre el 19 y el 22 de julio pasado, citó de forma espontánea y como única respuesta el caso de titulación de tierras gratuitas en Juan Hombrón. En octubre de 2011, este diario publicó una serie sobre la citada titulación gratuita de tierras costeras, revelándose la red de personas, acciones y complicidades que permitieron que 54 hectáreas de playa pasaran gratuitamente a manos de sociedades anónimas pertenecientes a la familia del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu. Las implicaciones del asunto, desde la renuncia de los principales directivos de la Autoridad Nacional de Tierras –Alejandro Castillero y Anabelle Villamonte– llegan hasta estos días, debido a la reciente expropiación de la tierra por parte del Ejecutivo y la renuncia de Papadimitriu. Además del caso Juan Hombrón, los encuestados mencionaron otros escándalos de la administración Martinelli, como el de Valter Lavítola relacionado con la compra de radares, helicópteros y otros equipos de seguridad al grupo empresarial italiano Finmeccanica (16.6%); el sobrecosto de las obras públicas (9.7%); la cesión gratuita del terreno de Punta Paitilla (7.7%); la salida de la exprocuradora Ana Matilde Gómez (2.7%), y la destitución del excanciller y vicepresidente, Juan Carlos Varela (2%). El 4.9% de los entrevistados consideró que no ha habido escándalo alguno en el gobierno actual. La muestra de Unimer abarcó un universo de mil 205 personas entrevistadas mediante la metodología cara a cara, y distribuidas en todo el país, salvo Darién y las comarcas indígenas. El nivel de confianza es del 95%, con un margen máximo de error de +/-2.8%. Metodología de la investigación muestra. 1,205 personas residentes en todo el país, con excepción de Darién y las comarcas indígenas.fecha. Del jueves 19 al domingo 22 de julio de 2012.margen de error. 2.8% para el universo completo con un nivel de confianza de 95%.

Panama Ports Company no paga dividendos al Estado

Ivaneth González G.

igonzalez@laestrella.com.pa

El 10% de las acciones de la empresa portuaria es estatal; sin embargo, no se han registrado ganancias. Excontralor Alvin Weeden dice que fue una ‘bribonada’ del gobierno de Moscoso

 

De acuerdo al contrato-ley de 1997 donde el Estado aprueba las actividades de Panama Ports, se acordó que la empresa pagaría una anualidad de $ 22 millones. Foto: Archivo | La Estrella

 

Panamá. Siendo una de las empresas más exitosas del país y con perspectivas a seguir creciendo, Panama Ports Company (PPC) no ha entregado al Estado panameño dividendos del puerto de Balboa, en la entrada por el Pacífico del Canal del Panamá.

La compañía mixta administra los puertos de Cristóbal y Balboa desde el año de 1997; sin embargo, en diez años no ha entregado réditos al Estado (unos $32 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas) ni ha entregado sus informes financieros en las administraciones de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos ni de Ricardo Martinelli.

Aun cuando se han hecho dos modificaciones al contrato-ley de 16 de enero de 1997 que ha puesto en ventaja las condiciones de pago de parte de la empresa mixta al Estado panameño, esta sigue sin pagar dividendos como lo hacen Cable & Wireless, AES, Etesa y las demás compañías mixtas.

Sus voceros alegan que lo hacen por mantener ‘una política financiera sana’.

¿Pero una política financiera sana para quién o quiénes? Según el gerente general de Panama Ports Company, Luca Versari, ni los accionistas mayoritarios ni el minoritario (que es el Estado, con el 10% de las acciones), reciben los dividendos que les corresponden, pues ‘todos los ingresos se reinvierten’ y las acciones siguen tomando más valor. Según Versari, cuando se hacen ‘inversiones fuertes’, es ‘normal’ que los dividendos no sean pagados.

La decisión es tomada en la junta directiva en función de un programa de expansión de la empresa que incrementa el valor agregado a la empresa y una vez termine la concesión, las acciones del Estado tendrán también ese valor agregado, explica el economista Adolfo Quintero, quien agrega que el mecanismo de reinversión es menos costoso que hacer un préstamo.

Y es que en la empresa se hacen inversiones que podrían ser recuperadas en unos 35 años como mínimo, sin embargo cuando se aprobó el contrato-ley de 1997, el Estado concedió activos por más de $1,000 millones y el derecho a ‘desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir las terminales portuarias de contenedores. . . ’.

La ‘política financiera sana’ defendida por Versari no es muy bien vista por el jurista Miguel Antonio Bernal, quien señala que ‘nadie tiene un negocio por amor al arte en el que no gana’ y advierte que lo establecido en el contrato debe ser cumplido. ‘El problema son las autoridades que no hacen cumplir la ley’, puntualizó.

‘LA BRIBONADA’

Pero todo pudo haber sido ‘amañado’ por la expresidenta Mireya Moscoso y su Consejo de Gabinete mediante la ley que aprobó una equiparación de condiciones para todos los puertos, consideró el excontralor Alvin Weeden.

Para Weeden lo más preocupante es que a través del contrato-ley mediante el que se regulan las relaciones con Panama Ports, la empresa debía pagar más de $22 millones al Estado anualmente; no obstante, durante ese gobierno la empresa mixta logró que se eliminara dicho pago establecido en el contrato. Incluso, la cláusula que detalla ese pago fue modificada a través de una adenda que tampoco es cumplida.

La equiparación intentaba que no hubieran ventajas de una empresa portuaria sobre las otras, pero para Weeden se trató de ‘una perfecta bribonada’. Aduce que fue ‘arbitraria e ilegal’, además demandada.

Weeden advierte que el Estado ha dejado de percibir más de $200 millones de la renta. Eso lo califica como una lesión patrimonial que ha debido ser razón para una investigación penal.

La Estrella intentó obtener una versión de la contralora Gioconda de Bianchinni, pero los asesores explicaron que es un tema de estricta competencia del MEF.

En esa entidad, el director general de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado, Jorge Dawson, respondió escuetamente que las utilidades del Estado son ‘reinvertidas en proyectos de expansión’.

MP pide a Italia que interrogue a Lavítola

Elio Núñez

elio.nunez@prensa.com

La Fiscalía Séptima de Circuito pidió a Italia, a través de una asistencia judicial, que le tome una declaración jurada como testigo al empresario Valter Lavítola, como parte de los dos expedientes que instruye este despacho del Ministerio Público (MP) por la difusión de correos electrónicos del presidente, Ricardo Martinelli, el 5 de diciembre de 2011.

Fuentes judiciales informaron que la diligencia busca que las autoridades italianas interroguen a Lavítola sobre el contenido de los correos mostrados por la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y que fueron suministrados por el exrepresentante del consorcio Svemark en Panamá, Mauro Velocci.

El envío de la asistencia judicial se hizo por conducto de la Procuraduría de la Nación y en ella se le notificará del proceso a Mauro Velocci, uno de los dos mencionados en el caso.

Representantes del departamento jurídico de la Presidencia de la República pusieron una querella contra Herrera, en mayo pasado, por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad de correspondencia y de calumnia e injuria.

En tanto, en junio pasado, el propio presidente, Ricardo Martinelli, se querelló contra el empresario italiano Mauro Velocci.

Un país rico lleno de gente pobre

José Arcia 

jarcia@laestrella.com.pa

El organismo internacional Social Watch emitió un informe que marca el crecimiento de la brecha de desigualdad en el país

 

 

PANAMÁ. Panamá tiene dos caras y cada una con sus respectivos calificativos: opulencia y miseria. La organización internacional Social Watch emitió un informe que describe esas dos facetas del país relacionadas con el crecimiento económico y el panorama social de pobreza, distribución desigual del ingreso y de desigualdad de género.

Un crecimiento económico que ha sido elogiado no solo por el Gobierno, sino también por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incluso por la propia Organización de Naciones Unidas.

En contraposición, señala Social Watch, las brechas en la distribución del ingreso son extremadamente grandes, especialmente cuando se presentan en forma diferenciada por el tipo de región, condición étnica o de género.

Además de esas brechas sociales, el organismo cuestiona el modelo económico del país y hace énfasis en el perfil del presidente Ricardo Martinelli. ‘El crecimiento de la economía de Panamá está basado en modelos de desarrollo no sustentable que fijan su atención en indicadores económicos y desdeñan los problemas sociales y medioambientales más acuciantes’.

Seguido agrega que esto plantea un complejo desafío para la sociedad civil, sobre todo por el estilo de gobierno que ha impuesto el presidente Martinelli, con un marcado ‘sesgo autocrático y de extrema derecha’.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Para Social Watch, el país está condenado a esta realidad por los vaivenes políticos quinquenales. ‘Todo parece indicar, además, que cada cinco años se tiene que reinventar el país; es decir, se hace un ‘borrón y cuenta nueva’ en las políticas públicas’.

El informe toma de ejemplo el tema ambiental. Entre el 2004 y 2005, la entonces administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ligia Castro, en coordinación con un equipo de especialistas interinstitucional, diseñó siete políticas públicas ambientales.

‘Estas políticas fueron promulgadas en 2007, pero nunca llegaron a ser aplicadas debido al cambio de gobierno en julio de 2009’, cuando Martinelli asumió las riendas del país.

Cecilia Moreno, directora del Centro de la Mujer Panameña y representante en el país de Social Watch, dijo que el problema no es el crecimiento económico, sino la falta de políticas públicas para cerrar esas brechas sociales.

Dijo sentirse preocupada porque pareciera que la ciudadanía empieza a aceptar como normales los niveles de pobreza del país, y sobre todo, porque no hay ‘estrategia nacional para reducirla’.

Bienes Revertidos no ha autorizado ‘base aeronaval’

EDGAR ENRIQUE FIGUEROA

efigueroa@laestrella.com.pa

La entidad pide que se desaloje el área. Mientras, Mulino arremete contra personal de ‘La Estrella’

 

Extraoficialmente se conoció que este terreno está en litigio. Foto: Josué García | La Estrella

La pretendida construcción de una base aeronaval en uno de los terrenos más valiosos de la antigua base naval de Amador tomó un giro inesperado, ayer. La Estrella conoció que desde la Unidad Administrativa de Bienes revertidos (UABR) se solicitó al Ministerio de Seguridad Pública el retiro del letrero en el que el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) anunciaba la próxima instalación de una base en honor del desaparecido capitán de fragata Noel Rodríguez.

Horas más tarde, Juan Orillac, secretario ejecutivo de la UABR, aclaraba que esa entidad no había autorizado ‘a nadie’ a utilizar ese globo de terreno. ‘Ese letrero tenía tiempo de estar allí, pero personalmente desconozco esos planes’, remataba.

Orillac pidió que las explicaciones al respecto fueran solicitadas en el Ministerio de Seguridad Pública. Mientras esto ocurría, a su salida del pleno de la Asamblea Nacional, el ministro José Raúl Mulino, visiblemente molesto enviaba un mensaje poco usual al editor de esta sección. ‘Dígale a De León (Alberto) que quedó como pendejo. Si me hubiera llamado no hubiera gastado tinta. Que se informe primero’, sentenció.

Archivan reformas, pero CD insistirá con proyecto

Los magistrados del Tribunal Electoral y la oposición advierten de que cualquier cambio electoral violaría normas constitucionales.

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@prensa.com    Los magistrados del TE, Gerardo Solís, Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery acudieron ayer a la Comisión de Gobierno, que decidió archivar el proyecto 292, presentado en enero de 2011 por esa corporación electoral. LA PRENSA/Jorge Fernández La bancada oficialista de Cambio Democrático (CD) cumplió su estrategia política: rechazó y archivó el proyecto 292 de reformas electorales y reiteró que presentará una iniciativa que incluirá cambios a la Ley Electoral para que rijan en los comicios de 2014. Los diputados de la Comisión de Gobierno aprobaron por unanimidad el archivo del proyecto de reformas electorales. Los magistrados del Tribunal Electoral (TE), atendiendo una solicitud de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), pidieron el retiro del proyecto 292 porque no había ambiente político para su aprobación, luego de que el documento estuvo por 17 meses en la Asamblea Nacional. Según el TE y la CNRE, por la cercanía de los comicios de 2014 era más conveniente organizarlos con las reglas que se aprobaron para las elecciones de 2009, para que ningún partido sacara provecho político. CD insistirá en reforma En cuanto la Comisión de Gobierno archivó el proyecto 292, el vicepresidente de la Asamblea y diputado de CD Abraham Martínez anunció que su bancada presentará un “corto” proyecto para modificar el Código Electoral, con cinco artículos. La propuesta de la que habla Martínez está dirigida a “crear, modificar o extinguir” algunos puntos del Código Electoral relacionados con el voto en plancha, la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales, ajustar las normas en la participación de las candidaturas independientes, establecer la duración de las campañas electorales y limitar que más de una alianza electoral postule a un mismo candidato a representante, diputado y alcalde. TE rechaza proyecto La reacción de los magistrados del TE no se hizo esperar. El magistrado presidente, Gerardo Solís, elogió la decisión de los diputados de rechazar el proyecto de ley 292, pero criticó el anuncio de CD de insistir en modificar el Código Electoral. “Como decía mi abuelita, lo que hacen con las manos lo destruyen con los pies. Ojalá la Asamblea, los diputados sigan escuchando a la ciudadanía y para ello es importante que la ciudadanía siga haciéndose sentir”, precisó. Solís dijo incluso que cualquier propuesta de reformas impulsada por la Asamblea o por los diputados podría ser inconstitucional, ya que se pudiera estar violando el literal “d” del artículo 165 de la Constitución, según el cual las leyes orgánicas serán propuestas por “el Tribunal Electoral cuando se trate de materia de su competencia”. Solís detalló que este artículo establece que las leyes orgánicas, para que sean constitucionales, deben ser propuestas (cuando es materia electoral) por el Tribunal Electoral. “Es una interpretación constitucional válida y refuerza el concepto del estado de derecho, y va dentro del paquete del bloque de la constitucionalidad”, indicó Solís. CD se defiende El diputado José Muñoz salió en defensa de la propuesta de su bancada CD y advirtió de que “no podemos permitir que se insinúe aquí el tratar de coartarnos a nosotros el derecho que tenemos como diputados para legislar...”. “Les digo a nuestros amigos, los magistrados del Tribunal Electoral, que los felicito por el trabajo que han venido haciendo, pero también déjennos, a la Asamblea Nacional, hacer nuestro trabajo”. Oposición, en alerta El presidente del opositor Partido Panameñista y vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, pidió a los diputados que respeten el sistema democrático y “se abstengan de introducir un nuevo proyecto de ley electoral hecho a la medida del presidente Martinelli y de su partido político”. Varela coincidió plenamente con lo manifestado por el magistrado Gerardo Solís, al señalar que en estos momentos no es propicio discutir modificaciones al Código Electoral, ya que el país está próximo a un período electoral, en el que hay partidos políticos de por medio y no se puede legislar por conveniencia. Por su parte, Milton Henríquez, presidente del Partido Popular (PP), aseguró que la sabia decisión de no discutir el proyecto 292 de reformas electorales se puede desvirtuar si se introduce un nuevo proyecto. En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila dijo que se opondrán a todo proyecto de reformas que no pasen por la aprobación de la CNRE y de los magistrados del Tribunal Electoral. Frente por la Democracia rechaza nuevas reformas El Frente por la Democracia evaluó como positiva la decisión de la Comisión de Gobierno de archivar el proyecto de reformas electorales, pero advirtió a los diputados que si presentan otro proyecto de cambios a la Ley Electoral, estarían incurriendo en un acto de viola-ción a la Constitución. Los dirigentes del frente, reunidos ayer para evaluar el momento político del país, dijeron que la presentación de propuestas electorales es una prerrogativa que le da la Constitución al Tribunal Electoral. “La iniciativa de algunos diputados de gobierno de insistir en un proyecto de reformas electorales va a provocar el levantamiento del país otra vez”, señaló el dirigente sindical Mariano Mena. Aseguró que los diputados oficialistas “quieren hacerse una camisa a la medida con las reformas electorales”. Irene Hernández g.

Decreto prohíbe rellenos

Frente a la Presidencia, Odebrecht pretende construir una plaza; la norma obliga a preservar la superficie circundante del agua en San Felipe.

ALFONSO ACOSTA P.

alfonso.acosta@prensa.com    El proyecto incluye rellenos para construir una plaza frente a la Presidencia de la República. Cortesía del MOP El relleno en el Casco Antiguo que adelanta el Gobierno como parte de la cinta costera tres, podría estar en contradicción con el régimen legal del sitio histórico. Esto se da luego de que el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) solicitara al Gobierno panameño que “revisara los proyectos de leyes para reforzar el rol de las instituciones responsables por la protección del sitio histórico”. El Manual de normas y procedimientos para la restauración y rehabilitación del Casco Antiguo (aprobado en 2004, mediante un decreto ejecutivo) establece en su artículo 6 que se debe preservar la superficie de agua circundante y “no se permitirá ningún tipo de construcción que afecte negativamente el carácter patrimonial del Casco Antiguo”. La misma norma, en su artículo 68, señala que solo se permitirá la construcción de rellenos para uso exclusivo de “estacionamientos de utilidad pública”. Si se observa el diseño de la cinta costera tres que presentó la delegación panameña en la última asamblea del Comité de Patrimonio Mundial, en San Petersburgo, Rusia, el relleno que está frente a la Presidencia –una edificación catalogada de categoría uno, por su extraordinario valor patrimonial– es para una plaza de banderas, no para estacionamientos. Reniegan del mar Un argumento esgrimido por la delegación panameña en Rusia fue que la ubicación ante el mar del Casco Antiguo no era un factor esencial del área patrimonial; el acceso al mar no era de carácter intrínseco al valor universal excepcional de la propiedad. Esta posición impactó a Francesco Bandarin, subdirector general de Cultura de Unesco, quien en una entrevista con este diario comentó que le parecía “muy bizantina esta noción de que el sitio no tiene una relación con el mar”. “Si los habitantes de Panamá Viejo hubieran querido ir a las montañas, eso hubiera sucedido, pero se quedaron en la costa, debido a la relación que tenían con el tráfico comercial”, agregó. Para Bandarin, es evidente e innegable la relación de la península y el mar desde el punto de vista geológico e histórico. Sobre los rellenos que ya se llevan a cabo en el área de El Chorrillo –que son parte del proyecto de la cinta costera tres–, la delegación panameña insistió ante el Comité que estos no tenían relación con el viaducto marino. El viaducto es la opción que eligió el Gobierno para interconectar las avenidas Balboa y de los Poetas, a pesar de que la opción que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitó y adjudicó por $779.6 millones al contratista de la obra Norberto Odebrecht, es un túnel subterráneo. “Para contestar la pregunta de una vez por todas, Panamá no ha comenzado los trabajos de conectar los puntos terminales del proyecto”, fue la frase estratégicamente construida que presentó la delegación ante el Comité. Para Patrizia Pinzón, presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, es claro que el proyecto ha comenzado. “Odebrecht continúa el relleno de la licitación. Anoche mismo estaban trabajando”, comentó. LO QUE REALMENTE DECIDIÓ UNESCO En su página en internet, Unesco publicó la versión oficial de la resolución adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial en su asamblea en Rusia. En la resolución, el Comité reitera su “profunda preocupación” sobre el estado de conservación del sitio histórico de Casco Antiguo y Panamá La Vieja. También resalta que no se han tratado temas importantes, como el impacto de la tercera fase de la cinta costera, además del riesgo de colapso de los edificios del sitio histórico. La resolución toma en cuenta la información obtenida en 2010 por una misión de las entidades asesoras de Unesco. No hay documentación actualizada, ya que el Gobierno panameño canceló las dos misiones programadas para 2011, porque no tenía aún el material que quería presentar. La sección operativa del documento es más crítica, indicando que el Gobierno no cumplió con las acciones solicitadas por el Comité en su sesión de 2011. Panamá deberá presentar un estudio de impacto patrimonial y una versión actualizada del plan de manejo del sitio histórico, la cual deberá contener una estrategia de transporte urbano que incluya alternativas a la cinta costera. La arquitecta Hildegard Vásquez comentó sobre este punto que el Gobierno “descarta opciones porque no son políticamente convenientes, no porque sean técnicamente imposibles”. El Gobierno deberá entregar todo esto antes de febrero de 2013. De lo contrario, el Casco Antiguo correría el riesgo de ser incluido en la lista de patrimonio en peligro. Se intentó conseguir una reacción de la Dirección de Patrimonio Histórico, pero el requerimiento de este diario no fue atendido. Autoridades presentan plan de tráfico en el Casco El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha ayer un plan de manejo de tráfico en el Casco Antiguo, con motivo de la implementación de una ruta de evacuación para emergencias. En la actualidad, más del 50% de las calles y avenidas en San Felipe se encuentran cerradas por los trabajos que forman parte del proyecto de restauración del patrimonio histórico de la ciudad. Esto había generado denuncias de los residentes del lugar, pues no se contaba con un plan de evacuación en caso de emergencias dentro del corregimiento. De acuerdo con un comunicado de prensa del MOP, para facilitar el acceso y circulación dentro del Casco Antiguo, tanto para funcionarios como para particulares, se han dispuesto dos rutas de transporte gratuito hasta la plaza Herrera. Una de estas rutas parte de la cinta costera y la otra sale desde el sector de Amador.

Vicepresidente Varela solicita a diputados de CD que respeten democracia

Redacción La Estrella Online

online@laestrella.com.pa

 

Vice Presidente Juan Carlos Varela

 

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo este miércoles 25 de julio que aplaude la decisión de la Comisión de Gobierno de suspender la discusión del actual proyecto de reformas electorales, pero hizo un llamado a los diputados del partido gobernante Cambio Democrático (CD) para que "respeten la democracia".

La reacción del líder del Partido Panameñista surge tras el archivo del proyecto 292 que reforma el Código Electoral y el anuncio de la Bancada del CD de presentar la semana entrante un nuevo proyecto para darle un marco jurídico a temas electorales para 2014.

"Hago un llamado a los diputados de Gobierno en la Asamblea Nacional para que respeten nuestro sistema democrático y se abstengan de introducir un nuevo proyecto de ley electoral hecho a la medida del presidente Martinelli y de su partido político, cuya presentación ha sido anunciada para la próxima semana".

El vicepresidente panameño precisó que coincide con lo manifestado esta mañana por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, al señalar que en estos momentos no es propicio discutir modificaciones al Código Electoral, ya que el país está próximo a un periodo electoral, donde hay partidos políticos de por medio y no se puede legislar por conveniencia.

"La característica que define al partido Cambio Democrático y su administración ha sido poner los intereses de los políticos por encima de los intereses del pueblo en cada oportunidad que se presenta", dijo Varela.

Agregó que Martinelli y su bancada legislativa en la Asamblea Nacional han perdido toda la confianza que fue depositada en ellos, gobernando a las espaldas del pueblo panameño contra la transparencia y la democracia.

"Ahora piensan, que la única manera de mantenerse en el poder es manipulando las reglas de las próximas elecciones a su antojo, medida y conveniencia".

Insistió que el presidente Martinelli y sus diputados de Cambio Democrático deben acoger la solicitud del Tribunal Electoral y suspender completamente la discusión de reformas electorales, despejando la incertidumbre existente sobre las reglas que regirán las próximas elecciones.

Novedades de Juan Hombrón

SANTIAGO CUMBRERA

scumbrera@prensa.com   El Ministro de Seguridad José Raúl Mulino ha sido involucrado en el casdo de Juan Hombrón por Raúl Mata. “Si Mata [Raúl] o sus patrocinadores piensan que tirando esta bola de humo van a desviar la atención del problema de Juan Hombrón, que lo piensen... ese es su derecho”. Así reaccionó ayer el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a las acusaciones que en Telemetro lanzara en su contra Raúl Mata, que lo identificó como la persona que le tendió “una emboscada” al grabarle una conversación relacionada con el caso de las tierras de Juan Hombrón. Mata –intermediario en la venta de derechos posesorios de las citadas tierras, ubicadas en las costas de Coclé– responsabilizó al exmayor de las Fuerzas de Defensa José Hilario Trujillo de grabar, supuestamente por instrucciones de Mulino, una conversación que sostuvieron ambos, en la que hizo especial énfasis en la detención de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte. Esa conversación fue colgada en el sitio de internet YouTube, revelándose detalles sobre el proceso que culminó con el traspaso de las 54 hectáreas a sociedades anónimas de los padres del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu. En la citada grabación, Mata cuestiona a Villamonte por no defenderse y guardar silencio. “¿Cómo es que esa mujer [Villamonte] pasó varios días presa y Papadimitriu no agarró ese teléfono para llamar y pedir que la sacaran...?”, se preguntó. “Si a mí, Carlos Raúl Mata, me hubiesen mandado a titular esas tierras de buenas a primeras, de un solo plumazo, y me van a llevar preso... lo primero que hubiese hecho era llamar a Álvaro Alvarado [periodista de Telemetro] para explicarle que me pusieron en ese cargo, y le entregaba las pruebas...”, dice Mata en el audio que aún está en YouTube. Tanto en la grabación como en las declaraciones de ayer, Mata aseguró que acudía a las empresas de la familia Papadimitriu a buscar el efectivo que entregaba a los pescadores, en pago por sus derechos posesorios. CONTRADICCIÓN Mulino aseguró ayer a este diario que “jamás en mi tiempo de ministro he fraguado trampas contra nadie... Si de algo peco es de [ser] directo y leal al Presidente y al equipo de gobierno, al que considero uno solo... No vine aquí a lucrar de ninguna forma y eso me hace vivir tranquilo”. Su reacción sobre las acusaciones de Mata incluyó una sorpresiva alusión a su excolega en el Consejo de Gabinete Demetrio Papadimitriu, al que se le impidió visitar el viernes pasado en el Centro Médico Paitilla, donde este último se recuperaba de un cuadro de hipertensión ligera, ya que su médico ordenó la restricción de las visitas. “Mi relación con Jimmy fue abierta y excelente siempre. ¿Por qué he de hacerle daño? ... Es absurdo pensarlo y más decirlo, él me conoce bien y me gustaría que si así lo piensa, que lo diga”, subrayó el ministro. “No soy ni seré competencia política para nadie, si es que en eso han pensado, porque hasta allá llega la maldad... Mi vida política concluye al salir de este cargo, porque así lo he decidido. Este tipo de maleantería, propia de gente con antecedentes penales graves [en alusión a los antecedentes penales de Raúl Mata] no encaja con mi personalidad, mi trayectoria ni mi trabajo”, añadió. ¿emboscada MILITAR? En horas más tempranas, Mata dijo a Telemetro que la grabación con el exmayor Trujillo “se fraguó en el G2 de Mulino [José Raúl] de la Presidencia”, y aseguró que le fueron montadas varias conversaciones telefónicas. Mata hizo hincapié en que la acción de Trujillo era un delito. Sin embargo, reconoció igualmente haber grabado esa misma entrevista con el exmayor . “Él [Trujillo] me dijo que venía de parte de Mulino porque el Presidente [Ricardo Martinelli] estaba muy preocupado por lo que yo podía decir o sacar... Quería ver cuál era mi reacción y para conocer en qué estaba metido el presidente Martinelli”, agregó Mata, al tiempo que denunció que ha recibido amenazas, sin identificar el origen de estas. Trujillo –que fue jefe de la fuerza aérea durante los años de la dictadura militar y cercano colaborador al exdictador Manuel Antonio Noriega– fue al inicio de la actual administración asesor del Consejo de Seguridad Nacional y de la Dirección de Asuntos de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. En julio de 2010 fue arrestado, tras ser investigado por la supuesta entrega de $150 mil al entonces asesor del Ministerio Público Neftalí Jaén, para que la Fiscalía de Drogas no apelara el fallo de un juzgado en el que se sobreseyó al exjefe del Servicio Marítimo Nacional Ricardo Traad Porras. Un año después, el juez tercero penal, Adolfo Mejía –el mismo que recientemente declaró inocente a Villamonte por la titulación de las tierras en Juan Hombrón–, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Trujillo. Actualmente, el exmayor aparece en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública con el cargo de asistente administrativo, devengando un salario de $2 mil. Expropiación y venta Mata también dijo sentirse preocupado ante la posibilidad de que los compradores reclamen el dinero pagado hasta la fecha. Se trata de unos $4 millones que, según Mata, canceló la familia Papadimitriu por los derechos posesorios de las tierras, a razón de $10 el metro cuadrado, de los cuales, $3 era la comisión para los intermediarios. “El decreto [por el cual se expropian las tierras de Juan Hombrón sin derecho a indemnización] dice una cosa, pero si nos van a quitar las tierras, tienen que pagar”, recalcó Mata. Sobre la vinculación del vicepresidente, Juan Carlos Varela, con el escándalo de Juan Hombrón como se denunció a través de volantes anónimas repartidas en la capital, Mata dijo que es un “bochinche político”, ya que jamás lo ha visto por esas playas. El escándalo de Juan Hombrón volvió a ser noticia a principios de este mes con la revelación de la conversación de Mata en YouTube. Días después –el 12 de julio– el presidente Martinelli firmó un decreto expropiando, sin derecho a indemnización, las tierras. Ese mismo día, Papadimitriu envió al diario La Estrella su renuncia como ministro de la Presidencia. Lo siguiente fue un sorpresivo anuncio presidencial, teniendo en cuenta los alegatos en relación al carácter de inadjudicables de estas tierras: serían licitadas. Tras una breve estadía en el hospital por un cuadro de hipertensión ligera, el nombre del exministro empieza a escucharse en los corrillos políticos como candidato presidencial del partido Cambio Democrático. “Conmigo, el cambio no se detiene”, es su eslogan. Tierras, títulos y muchas preguntas Raúl Mata, el autodenominado agente de bienes raíces que gestionó la titulación y venta de 36 de las 54 hectáreas de Juan Hombrón, insiste en que los pescadores que representa “vendieron su tierra habiendo demostrado que son los poseedores de los derechos...”. En consecuencia, aboga porque se les indemnice en caso de que las tierras sean vendidas a otros, como consecuencia de la expropiación aprobada por el Ejecutivo el pasado 12 de julio. Sin embargo, una investigación de este diario, así como informes de una auditoría especial realizada por la Contraloría General, evidenciaron que existe más de una duda sobre la legitimidad de los derechos alegados (ver La Prensa, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2011; 13 y 14 de marzo de 2012). El nombramiento de Anabelle Villamonte –exempleada de la familia Papadimitriu y gestionadora inicial de los trámites– en la posición clave para lograr las titulaciones; la misteriosa desaparición de expedientes relacionados con peticiones previas; las amenazas recibidas por funcionarios que se negaban a “cooperar”; el papel de Jorge Chichi Bethancourt y de moradores de Bijagual (un poblado aledaño a Juan Hombrón) en la trama; el acto realizado el 27 de septiembre de 2011 en un hotel de la capital, en donde se entregaron, con bombos y platillos, los títulos de propiedad a los supuestos pescadores que, sin embargo, recibían un documento a nombre de sociedades anónimas; las irregularidades en los expedientes de la Anati; los traslapes de tierras, etc., todo es parte de un polémico proceso de titulación que se basó en un solo medio probatorio: testimonios. Ninguna otra forma de probar la tenencia material de la tierra fue presentada o solicitada por Anabelle Villamonte. Unidad de Investigación

Raúl Mulino involucrado en caso de Juan Hombrón por Raúl Mata

SANTIAGO CUMBRERA

scumbrera@prensa.com

El ministro de Seguridad Pública fue acusado por el intermediario en la venta de las tierras de Juan Hombrón, de intervenir una conversación.

Como una “real mentira y canallada más”, calificó el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, las acusaciones en su contra hechas por Raúl Mata –intermediario en la venta de los terrenos de playa en Juan Hombrón–, que lo responsabilizó de tenderle una “emboscada” al supuestamente grabarle una conversación en la que daba detalles de la polémica titulación.

Mulino aseguró a este diario que se trata de “una bola de humo de Mata y sus patrocinadores” para desviar la atención del problema de Juan Hombrón, y pidió investigar lo que hay detrás, pues podrían salir “sorpresas y extraños compañeros de viaje en estas aventuras”.

En declaraciones divulgadas ayer por Telemetro, Mata acusó al ministro Mulino de enviar al exmayor de las Fuerzas de Defensa José Hilario Trujillo –actual funcionario del Ministerio de Seguridad– a grabarlo y hacer un montaje con otras conversaciones telefónicas.

Al negar su vinculación con la citada grabación, el ministro Mulino aludió a su relación con el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, calificando su relación como “abierta y excelente”.

“No soy ni seré competencia política para nadie”, agregó Mulino, justo cuando el nombre de Papadimitriu surge como un nuevo precandidato presidencial del partido en el poder.

Raúl Mata: 'Video sobre Juan Hombrón fue una emboscada de la Presidencia'

Redacción de prensa.com

internet@prensa.com   Silueta que aparece con la voz de Raúl Mata en un vídeo de youtube

Unos 18 días después de que comenzara a circular en internet un video en el que una persona que decía ser Raúl Mata hacía una supuesta confesión sobre cómo y quiénes participaron en la venta irregular de 54.3 hectáreas de tierra con frente de playa en las costas de Juan Hombrón, provincia de Coclé, Mata reconoce que sí es de él la voz que se escucha en el video.

Las declaraciones en las que Mata asegura además que fue grabado sin su consentimiento, que no estaba hablando con pescadores y que el material que se escucha no es fiel a la conversación que sostuvo con la persona que "le mandaron de la seguridad del Estado", fueron hechas al periodis

ta Álvaro Alvarado y transmitidas en la edición de este lunes, 23 de julio, de Telemetro Reporta.

“De eso [del video] yo te puedo decir dos cosas: primero que es ilegal, grabar a una persona sin su consentimiento es totalmente ilegal, eso es un delito. Lo segundo es que las grabaciones que se hacen soy yo diciendo cosas en diferentes momentos”, narró Mata, quien fue intermediario de un grupo de pescadores que vendió sus tierras.

Las 54.3 hectáreas fueron adjudicadas gratuitamente a 12 sociedades y a dos particulares de acuerdo a una investigación de La Prensa.

En el video al que alude la entrevista de hoy con Mata aparece una persona –de la cual solo se ve la silueta- que introduce la narración y que asegura haber participado en la supuesta reunión con pescadores. Esa persona dice que no revela su identidad por su seguridad y la de su familia. "por la situación y la persecución que vive el país".

LA VERSIÓN DE MATA

Sobre la secuencia de la conversación que se escucha en el video Mata señala: “La parte inicial fue con una persona que bueno ahora te cuento y lo demás hasta conversaciones telefónicas hay ahí, o sea es un montaje que se hizo, no es cierto que eso fue una conversación con pescadores”.

Y agrega: “Si pones la grabación en el minuto 3 con 50 exactamente, yo digo allí, tú que eres la seguridad del Estado debes saber. Yo estaba hablando con una persona que me mandaron de la seguridad del Estado. Y le digo más adelante: así como lo hacíamos antes. Yo no fui de las Fuerzas de Defensa, nunca pertenecí a las Fuerzas de Defensa pero sí, yo le hago ver allí como que así se hacían las cosas antes, que ellos con un plumazo, con un telefonazo arreglaban las cosas”.

Mata asevera que todo fue una embocada, una celada que le tendieron, que abusaron de la confianza que él tenía con la persona –que luego dijo que se llama José Hilario Trujillo, exintegrante de las Fuerzas de Defensa. “Entonces yo me pregunto con qué objeto esto se fraguó allá adentro del G2 del [exministro de Seguridad Pública, José Raúl] Mulino, de la Presidencia, porque esta persona es el exmayor José Hilario Trujillo”, remarcó.

Mata detalló que él se reunió con Trujillo días antes de que saliera el video en un restaurante de la ciudad de Panamá, donde le indicó que tenía que hablar con él cosas muy importantes, que si lo podía ir a ver al Valle de Antón, donde reside.

Ya en su casa, precisa, Trujillo le dijo que iba de parte de Mulino porque el presidente [de la República, Ricardo Martinelli] estaba muy preocupado por lo que él podía decir, lo que podía sacar. “Estábamos hablando de las empresas, de los Papadimitriu, de Anabel, como usted oye en la grabación, pero supuestamente así, en confianza, a calzón quitao, como decimos, y él la tenía oculta [la grabadora], él me estaba grabando y esto salió ahora, de allá, de lo que yo llamo el G2”.

No obstante, dice Mata que lo publicado en el video es solo una parte de lo que conversaron y le manda a Trujillo el mensaje de que él puede revelar la conversación completa, ya que él también la grabó. “Te voy a decir una cosa. Yo para mis memorias, para mis cosas, yo siempre me cuido mucho. Probablemente él no lo sabía y lo va a saber ahora que estoy hablando contigo. Yo también lo estaba grabando a él. Entonces, lo que él editó y lo que él no ha dicho de esa grabación yo lo tengo”.

Discordia por cambios en zonificación en Albrook

Edgar Enrique Figueroa

efigueroa@laestrella.com.pa

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos promueve la venta de áreas verdes y de uso colectivo en esa zona. Los residentes se oponen y exigen conservar el concepto de Ciudad Jardín

Los residentes organizaron un concierto para apoyar la campaña ‘Cuida tu parque’. Foto: Cortesía | APROJAL

Los vecinos de Ciudad Jardín en Albrook, organizados en la Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín (APROJAL), temen perder 5 de los 11 parques que han mantenido desde que esa zona fue revertida por Estados Unidos a Panamá en 1999.

Advierten que los parques serán remplazados por torres de cemento y extenderán la urbanización que fue planificada con un límite en su estructuración. ‘Viene una invasión inmobiliaria’, dice una residente.

Ciudad Jardín y Albrook son zonas rodeadas de bosques de más de 77 hectáreas, 3 humedales y conecta con varios lugares, entre los que se encuentra el Parque Metropolitano. Aparte de ser una urbanización, también es un hábitat para especies silvestres y árboles centenarios. Esas razones motivaron desde el pasado 1 de julio a los vecinos a denunciar que Ciudad Jardín es presa de los bienes raíces. Quieren conservar el lugar, por lo que prefieren que

 

todos los parques pasen a la alcaldía o que se respete la zonificación tal como fue establecida por los estadounidenses.

CAMBIOS DE LA ZONIFICACIÓN

El año pasado cuando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) decidió que pasaría los parques a la Alcaldía de Panamá debido a los cambios en la zonificación del lugar que se hicieron en el 2004, los residentes se quedaron quietos porque por ley no se podrían vender esas áreas. Empero, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), antigua ARI, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo que no todos los parques pasarían a la alcaldía. Ellos tenían otra zonificación en sus planos, dicen los molestos.

Esa respuesta puso al borde a Damaris Rodríguez, vocera de APROJAL, quien inmediatamente se organizó con los moradores para pelear por sus parques, no entendían las contradicciones entre el MIVIOT y el MEF por los cambios en la zonificación.

Junto a la comunidad, Rodríguez envió una carta a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos con un mapa de todos sus parques. Allí plasmaron su preocupación, hasta montaron una campaña para cuidar esas áreas.

La respuesta del MEF reiteraba que solo seis parques pasarían a la alcaldía, el resto quedaba en su poder. No hubo una explicación concreta para los residentes.

María De La Garza, otra moradora, explicó que desde que se cambió la zonificación, ya muchos de estos parques tenían diferentes zonificaciones, pero los residentes no se habían enterado del cambio. Algunos pasaron de ser Parque Infantil (PI) a Residencia de Baja Densidad (R1D1) y de Parque No Desarrollable (PND) a R1D1. El cambio da paso a que se construyan nuevas residencias en el área. De La Garza y sus vecinos están en desacuerdo y piden que dicha zonificación sea revertida tal y como la tenía la ARI.

Explicaron que en el sector G, donde hay 3 parques; el sector F, donde está un parque sobre la avenida Paseo de la Iguana, y en el sector D donde se localiza el parque Colibrí, son los que el MEF no quiere traspasar a la Alcaldía.

En la última reunión que tuvieron con Eladio Ostia Pravia, viceministro de Ordenamiento Territorial, los residentes quedaron tranquilos, porque la autoridad se comprometió a evaluar los planos y que no harían ningún cambio en Ciudad Jardín.

Rodríguez le planteó a Ostia Pravia que el cambio de zonificación es un peligro para todos los residentes debido a que la infraestructura del área ya no aguanta una conexión más. Les preocupan sus casas, algunas de las cuales se han inundado por el colapso de las tuberías de aguas negras.

Se está sobrepoblando un lugar que no tiene capacidad para albegar a más familias, lamentó De La Garza.

ALBROOK, LA ESPONJA DE LA CIUDAD

El arquitecto Álvaro Uribe va más atrás y como experto en urbanización, sabe que Albrook era un pantano que tuvo que ser rellenado para lograr desarrollar una base aérea y toda la zona residencial. ‘Albrook es la esponja que absorbe las aguas cuando hay inundaciones en la ciudad’, agregó

Uribe explicó que las casas de Albrook fueron edificadas en las partes más altas con una distribución igualitaria. Se respetaron las distancias precisas entre una y otra y las ubicaciones de cada parque fueron estudiadas a la perfección. La modernización no es mala, pero cuando hay zonas bien planificadas, no tiene sentido cambiarlas, apuntó Uribe.

Rafael Spalding, un morador del área, desde antes de los cambios venía denunciando que la antigua ARI vendió el concepto ‘‘ciudad jardín’’ a las personas que compraron viviendas en las áreas revertidas, incluyendo Albrook, Llanos de Curundú, Espinar, entre otras.

Adujo que ese es el mismo concepto que UABR está usando para vender las viviendas en Clayton. El concepto de la ‘‘ciudad jardín’’ está contemplado en la ley del Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal y no se está respetando, dijo Spalding.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

El director Nacional de Control , Orientación y Desarrollo del MIVIOT, Miguel Illueca, conversó con los residentes de Ciudad Jardín, donde les adelantó que están coordinando con Bienes Revertidos a fin de unificar la zonificación que se hizo en 2004 y evitar malos entendidos.

En ese sentido, Juan Carlos Orillac, decretario Ejecutivo de UABR, dijo que se adelanta la evaluación del traspaso solo de seis lotes que se utilizan como parques, pero que no fueron declarados como parques en el documento gráfico de zonificación del 2004.

Orillac afirmó que la actual administración de la UABR y el MEF no tienen intenciones de vender las áreas recreativas en Ciudad Jardín que son utilizadas como parques. ‘No queremos vender nada’, reiteró.

‘La autoridad se ejerce con las armas’

Carolina Angel Idrobo

cidrobo@laestrella.com.pa

Durante la última operación en Guna Yala el gobierno saltó la constitución y las normas indígenas. La excusa: el narcotráfico. El detonante: un bote. El conflicto: la soberanía territorial

 

Policía de Senafront frente a playas comarcales

PANAMÁ. El 10 de julio todo fue tensión en Cartí Tupile, comunidad de la comarca Guna Yala. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) desembarcó en mitad de la tarde, cuando los niños juegan y los adultos descansan, con alrededor de 15 hom bres del batallón Caribe, la Fiscalía de Drogas de Colón y la oficina de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo evidenciaron las páginas de los diarios, lo mostraron los vídeos de televisión. ‘Los habitantes se pusieron alerta’, decía La Prensa.

—¡Y claro!—, responde Blass Pérez, secretario del Congreso General Guna—. Si es una comunidad pacífica donde no existen las armas.

Los niños se asustaron. Intrusos uniformados habían irrumpido su territorio. Los adultos se enojaron: ‘El Senafront no es algo que esta comunidad de 800 habitantes estuviera esperando aquel atardecer’, dicen los caciques Inocencio Martínez y Eriberto González.

Llegaron para exigir un bote. Algo legal para los que demandaban. Algo inexplicable para un pueblo que se rige por leyes comarcales.

EL PROBLEMA DE LA LANCHA

Canal 2 filmó mientras Luis Trejos, subcomisionado del batallón Caribe y responsable de la seguridad en la zona, le exigía a los sáilas (líderes comunales) que entregaran un bote. Hablaba de una lancha que, según versiones oficiales, fue abandonada por narcotraficantes colombianos y el 29 de enero de 2011, hallaron en alta mar por comuneros gunas. Luego de varios meses de espera, el Personero Comarcal dio vía libre a las autoridades indígenas para hacer uso del transporte. La repararon, la pintaron. Calculan que gastaron 2 mil dólares.

‘Niwala-baguebad gus-nasye’, respondió uno de los sáilas. ‘Han pasado más de seis meses’, tradujo otro. Según el reglamento de la comarca, los bienes encontrados en el mar que no son reclamados después de este tiempo, pertenecen a la comunidad. Pero los reglamentos comarcales no están por encima de las leyes nacionales, explicó Trejos. La funcionaria de la fiscalía agregó: ‘Si no devuelven el bote serán objeto de un proceso penal por obstrucción de la justicia’.

La tensión aumentaba en la casa del Congreso. Para las autoridades estatales era un procedimiento de rutina, según lo que indica la Ley. Para los sáilas, algo estaba mal. Dos formas de gobierno, dos cosmovisiones en posiciones encontradas por un conflicto que aqueja a ambas partes. El detonante: un bote.

‘No se puede entregar la lancha si no lo ordena el Congreso’, concluyó uno de los sáilas. ‘No voy a entrar en choque con ustedes. Nosotros estamos para mantener la paz y el sosiego’, dijo Trejos antes de retirarse y advertir sobre la apertura de un expediente.

Los sáilas quedaron enojados. ‘Con la intromisión a la comunidad sin los debidos permisos, ya crearon el conflicto’, dice Blass López. Los comuneros estaban alborotados, gritaban a viva voz que la lancha era de ellos. No imaginaban el despliegue mediático que generaría exigir su derecho de autonomía territorial: ‘Las autoridades comarcales aparecen ahora como entorpecedoras en la lucha contra el narcotráfico y eso no es así’, dijo el administrador del Congreso, Fulgencio Johnson, mostrando las resoluciones emitidas por este estamento desde el 2005. ‘Crearon en la opinión pública la idea de que obstaculizamos procesos y el problema es otro’.

LA HISTORIA INVISIBLE

La organización comarcal Guna no es un secreto para Senafront ni para el Ministerio Público: los sáilas son los administradores locales de su terreno. Cada una de las 49 comunidades tiene alrededor de cinco sáilas. Pero cualquier movimiento debe estar autorizado por los caciques, representantes del Congreso General Guna y de toda la comarca. Es simple: los estamentos de Senafront coordinan con el Congreso y éste avisa a los sáilas.

—Se trata de la organización política de nuestro territorio. Es un derecho histórico—, dice Blass López.

Esta posibilidad ‘no fue regalada sino conquistada con la sangre de nuestros héroes en la Revolución Dule de 1925’, agregan los caciques. Y es constitucional. Solo en épocas de dictadura se pasó por alto, narran. Pero en esta ocasión ellos, que están reconocidos por los artículos 5 y 127 de la Constitución Nacional y son a quienes debe dirigirse toda petición, solicitud estatal y particular de acciones en el territorio, no se enteraron. Cuando supieron la noticia, fueron a Cartí. Allí, el 11 de julio, una maestra les contó: ‘Rodearon la comunidad en cuatro puntos, con pasamontañas y armas. Los niños gritaron y los sáilas salieron enojados, se fueron a la casa del Congreso y hubo discuciones’.

Los gunas conocen a Trejos, y aseguran que él conoce la organización y el procedimiento. Por lo tanto, ‘no tenía que intimidar a la comunidad, todo es más fácil si lo coordinamos’, dicen.

En otras ocasiones la estructura se respetó. Incluso hubo operativos conjuntos entre la policía de frontera y el Congreso Guna, como el caso de Tigre. Allí, representantes entregaron una lancha de 200 caballajes que era perseguida por un helicóptero Seahawks del ejército de Estados Unidos. Si estos eventos resultaron positivos, y ambas autoridades han dialogado las estrategias en la lucha contra el narcotráfico, los gunas se preguntan por qué esta vez pasaron encima violando su sus formas organizativas.

La respuesta parece vislumbrarse en las playas comarcales de Porvenir y Playón Chico, donde Senafront pretende construir una base naval. Por las repercuciones que puede traer para el turismo, el proyecto fue rechazado por el Congreso General Guna, pero Senafront insiste (ver recuadro).

LA OTRA CARA DEL RELATO

La negación de la entrega de la lancha en el operativo del 10 de julio, aquella tarde en que los niños jugaban y los adultos descansaban, no quedó solo en Cartí, publicada en la página Web del Congreso Guna. Esta semana la noticia se propagó en medios nacionales, con un único enfoque. Una y otra vez las autoridades comarcales escucharon la versión oficial de lo ocurrido, para ellos equivocada. Por eso decidieron viajar hasta Ciudad de Panamá y hacer una rueda de prensa para contar su historia.

—Hemos venido a denunciar que en sus declaraciones Senafront ha querido tergiversar nuestra posición frente al narcotráfico. Nuestras autoridades no están de acuerdo ni apoyan este flagelo—, decía Johnson el martes en la noche en el programa ‘Alternativa’, conducido por el abogado Miguel Antonio Bernal.

Ese mismo día, el viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, declaró en TVN: ‘Ayudarles a conservar sus tradiciones no significa que no deban someterse a la autoridad nacional, y en este caso la autoridad se ejerce con las armas porque hay delitos graves, secuestros y muertes’.

Los gunas respondieron: ‘En nuestras comunidades no hay secuestros, tampoco hay muertes violentas’, indicó el abogado Héctor Huertas. Él habló de la sobredimensión mediática de este asunto, ‘que apunta a desprestigiar la organización comarcal’, y señaló el informe ‘Tendencias Globales 2015’, realizado por la CIA y publicado por The Washington Post, El País de España y La Jornada de México a inicios del milenio. Según este informe, América Latina debe frenar los movimientos indígenas de resistencia.

Para Bernal, las declaracio nes del Viceministro son desafortunadas y están peligrosamente relacionadas con ese informe: ‘Se trata de la visión colonialista que creó los actuales estados naciones, excluyendo a los pueblos indígenas, cuya idea es: les estamos permit iendo ser’. El Gobierno, continua Bernal, reafirma ese imaginario cuando resuelve problemas amparado en el monopolio de la fuerza y, ‘evidencia la intención de militarizar una población autónoma, haciéndole juego al proyecto colonizador gringo, que necesita sacar a los pueblos indígenas de sus territorios’.

Por eso Bernal concluye: ‘La militarización que empezó por el Darién se extiende por la comarca, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Y me preguntó, ¿dónde está toda la droga que incautan?’.

LA SOBERANÍA TERRITORIAL

El pueblo Guna ‘no está a favor del narcotráfico’, dicen sus autoridades. Pero sí exige que se respete su autonomía y se le tome en cuenta a la hora de intervenir su tierra, que es su casa. El artículo 30 de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas respalda su exigencia y señala que: ‘No deben desarrollarse actividades militares en estos territorios, a menos que se haya acordado libremente con las comunidades, o que éstas lo soliciten’. Por tanto, las decisiones que afectan a la población guna, ngäbe, embera, y demás etnias indígenas panameñas, deberían tomarse sólo después de que éstas hayan participado de su construcción.

Blass Pérez contó a La Estrella que solo hasta el pasado jueves 19, luego de la oleada informativa, pudieron comunicarse con Luis Trejos. El subcomisionado reiteró que no quería conflicto y el representante Guna le respondió que ‘ya había uno’: el de la violación a la soberanía territorial de los pueblos indígenas con la excusa del narcotráfico.

¿Cómo se maneja este problema? Es la gran incógnita. En todo caso, para los especialistas en Derechos Humanos no es con las armas, como afirmó el viceministro Tejeira, sino con el diálogo.

Mientras ese debate apenas se vislumbra, el abogado Atencio López evidencia: ‘Arbitrariedad en la incursión en Cartí’. Y explica que en este caso no había razón para un conflicto. ‘Un juez penal en Colón falló a favor de la comunidad. La lancha les pertenece desde diciembre de 2011’.

Mientras este bote permanece en la comarca, tres fueron entregados a Senafront, según dijo su director, Frank Abrego. La estrella intentó comunicarse para aclarar lo de las entregas, pero no obtuvo respuestas.