Lavítola desata nuevo escándalo

En una carta dirigida al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el empresario dice que este regaló al Presidente Martinelli 100 mil euros.

rluna@prensa.com    Valter Lavítola fue clave en los contratos entre Panamá y Finmeccanica por $250 millones. Foto extraída de internet. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi le habría regalado al presidente, Ricardo Martinelli, 100 mil euros (unos 128 mil dólares) en concepto de derechos de televisión.   Así lo escribió el empresario italiano Valter Lavítola (sin más detalles) en una carta dirigida a Berlusconi en diciembre de 2011, cuatro meses antes de que fuera detenido en su país, acusado en cuatro procesos penales, entre estos uno por el supuesto pago de sobornos a funcionarios panameños para la construcción de cárceles modulares en el país, que al final no se hicieron.   En la carta, hallada por la policía italiana en la computadora del empresario Carmelo Pintabona, un intermediario de Lavítola, este reclama pagos a Berlusconi, entre estos uno de 5 millones de euros que él habría pagado en sobornos a diputados de oposición al gobierno del izquierdista Romano Prodi, para que le retiraran su apoyo.   Joan Soles, corresponsal de Radio Panamá en Roma, detalló que en la carta Lavítola se refiere a Panamá, y además del referido “regalo” a Martinelli, afirma (sin aportar detalles) que este puso 150 mil euros (unos 192 mil dólares) para montar un escándalo contra el presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Giancarlo Fini.   El empresario, clave en la negociación entre Panamá y Finmeccanica por $250 millones, también escribió que para la entrega de dinero entre un país y otro se usaba a pilotos de aviones. Lavítola dijo que al igual que en Brasil, en Panamá actuó como representante de Finmeccanica. “En Panamá no fue necesario corromper a nadie y en Brasil no se llegó a concretar”, escribió Lavítola, según Soles.   Además, reclamó a Berlusconi medio millón de euros (unos 640 mil dólares) para el empresario [Angelo] Capriotti, [del consorcio Svemark], dinero que, según Soles, Lavítola habría pagado en Panamá dentro de la negociación fallida de las cárceles modulares.   “Lavítola exige a Berlusconi pagos mediante facturas falsas, a través de salas de juego o de una compañía china que actúa en Brasil. Le pide que actúe rápido, porque la situación está perjudicando gravemente al Gobierno de Panamá.   En otro párrafo dice que dispone de bastante dinero en bancos y cajas de seguridad en el extranjero, pero que se le dificulta retirarlo porque no puede viajar con su pasaporte para evitar ser detenido”, precisó Soles. ´Explicación debe darla Lavítola´ El vocero del Gobierno, Luis Eduardo Camacho, dijo ayer que quien tiene que dar explicaciones sobre la supuesta carta de Valter Lavítola es este.   Según Camacho, el Gobierno de Panamá nada tiene que responder en este “nuevo capítulo de la novela Lavítola”, mucho menos cuando en la supuesta carta el propio empresario reconoce que en nuestro país no se cometió ningún acto de corrupción.   “Nosotros no vamos a responder un tema que no tiene nada que ver con el Gobierno. La supuesta carta es de él y las explicaciones debe darlas él (Lavítola), concluyó Camacho.   Lavítola señala a Martinelli   El presidente, Ricardo Martinelli, habría aportado 150 mil euros para ´montar un escándalo´ contra el presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Gianfranco Fini, según una carta dirigida al ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi por el empresario Valter Lavítola y hallada hace poco por la policía italiana. La Presidencia de la República dijo que a Lavítola le corresponde aclarar todo.

El PAN se ha convertido en la caja política: Barría

El primer director del FES sostuvo que la entidad requiere establecer controles previos y evaluación de proyectos.

José González Pinilla

jagonzalez@prensa.com   El PAN funciona en el edificio donde estuvo el FIS, a pocos metros del Palacio de las Garzas El Programa de Ayuda Nacional (PAN) se ha convertido en un brazo del Ejecutivo para favorecer a los miembros de los partidos oficialistas. Así lo denunció Aurelio Barría, primer director del entonces Fondo de Emergencia Social a inicios de la década de 1990, que luego pasó a ser Fondo de Inversión Social (FIS).   Para Barría, la institución desvió su objetivo que era aliviar los problemas de la gente pobre.   “Ahora se ha convertido en un monstruo, peor que la Digedecom, que funcionaba con los militares y canalizaba recursos para apoyar a la figura de la dictadura militar y a su comandante”, dijo.   Barría se refiere a la extinta Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad que funcionó durante la dictadura militar.   “El PAN se ha convertido en la caja política”, agregó el empresario.   Juan Carlos Varela, vicepresidente de la República, también se sumó a las críticas del presupuesto millonario que ha manejado el PAN y cuyas partidas han ido a parar a proyectos que se ejecutan en los circuitos donde los diputados son tránsfugas.   A su juicio, estos diputados terminarían manejando unos $500 millones durante este gobierno.   “La auditoría de esos fondos, de esos millones de dólares que manejan los diputados, será una prioridad si la población me elige como su Presidente en 2014. Veremos en qué se invirtieron esos $500 millones que son asignados en partidas comunitarias, que están manejando estos diputados de gobierno sin ninguna fiscalización de la Contraloría”, advirtió Varela durante un recorrido por San Miguelito.   Por su lado, el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, cuestionó el aumento de partidas del PAN a favor de diputados oficialistas.   “Estamos en contra del transfuguismo y de toda fuente que ayude a promoverlo”, dijo.   ´ROBADERA NO VISTA´   Para el excontralor Alvin Weeden, el FIS, al igual que el PAN, ha estado “podrido” desde su creación.   “Utiliza un mecanismo diseñado para el favoritismo político y para la sirvengüenzura. Así es como han manejado tanto el PAN como el FIS. Históricamente ha sido el problema”, sostuvo.   Explicó que, a través de los proyectos sociales, bajo la “supuesta legalidad” se convoca a varios contratistas para poner en marcha los proyectos. Pero muchos de esos contratistas o empresas son amigos del gobierno o sociedades constituidas en pocos días para poder participar.   “Más ha sido la plata que se han robado allí, que las obras sociales que han hecho”, aseguró.   Weeden añadió que muy poco puede hacer la Contraloría para fiscalizar el dinero que utiliza esa entidad, adscrita al Ministerio de la Presidencia.   Y es que la ley que ampara la institución le permite contratar sin licitación pública. Solo utiliza la llamada lista corta, que consiste en convocar, por invitación, a tres contratistas para entregar la orden de proceder de algún proyecto comunitario.   “Las coimas y las trampas tienen que ser multimillonarias, como todo lo que hace Ricardo Martinelli. Él no puede hacer cosas pequeñas. El PAN es la caja para la trampa”, manifestó Weeden.   PRESUPUESTO   En campaña, el presidente, Ricardo Martinelli, anunció el cierre del FIS, tras alegar que no había transparencia ni controles. Sin embargo, en julio de 2010 creó el PAN.   Lejos de establecer controles, el gobierno le dio más poder a la entidad: en 2011 el presupuesto que ejecutó fue $225.4 millones. Y de enero a julio de 2012 ha gastado $140.8 millones. Pero, para 2013, el Ejecutivo le aprobó $19.1 millones. Una fundación: más de $300 mil La fundación de la diputada oficialista Marylín Vallarino también obtuvo fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en los últimos meses. En total, de acuerdo con un informe de la Contraloría General, recibió un poco más de $300 mil, como apoyo a la Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (Fundader), ubicada en Arraiján.   Por ejemplo, en enero de 2012 recibió un “apoyo económico no reembolsable de $15 mil 523”, refrendado ese mes. También recibió otra partida de $12 mil 819; mientras que para el 1 mayo de este año le refrendaron otras ayudas económicas de $100 mil. Estos fondos fueron para continuar con el equipamiento de oficinas, construcción de salones, cocina y restauración de una cancha sintética.   Además, el PAN le dio “asistencia financiera no reembolsable de $44 mil 850” en mayo. Para la adquisición de unidades de aires acondicionados y para el centro de capacitación de Fundader recibió $60 mil 774. El contrato es el 154/2011-AL, y refrendando el 5 de enero de 2012.   Para personas de escasos recursos del distrito, la entidad le destinó $23 mil. Tras ser consultada, la diputada Vallarino, de Cambio Democrático (CD), aseguró que no maneja recursos del PAN. Explicó que presenta los proyectos a esa institución y los funcionarios fiscalizan las obras.   Detalló que también recibe partidas de otras fuentes, no solo del PAN. “Allí están mis obras. Estamos haciendo un edificio y lo invito a que lo vea... Hice todas las calles de Vacamonte, y pregunto: ¿Qué han hecho los demás diputados del área?”. Manifestó que en el edificio de la fundación están construyendo un sótano para dictar cursos.

Defensora del Pueblo pide a Moltó cese a casos de abuso policial

Redacción La Estrella Online

online@laestrella.com.pa

 

 

La defensora del Pueblo, Patria Portugal, exigió este martes 25 de septiembre al director de la Policía Nacional, Julio Moltó, que cesen los casos de abuso policial, toda vez que esto ha provocado que la población desconfíe en las unidades llamadas a mantener el orden y la seguridad.

En este sentido, señaló que hasta la fecha en la entidad hay 25 quejas por presunto abuso policial, el más reciente de este caso le sucedió a un funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien tras terminar sus clases en la universidad, en momentos que se dirigía a su casa en La Chorrera, fue detenido y agredido por dos unidades de la Policía Nacional.

Además, Portugal indicó que desde que Moltó tomó posesión como director de la Policía Nacional ha tratado de tener una entrevista con él y hasta la fecha la misma no se ha concretado a pesar que desea tratar temas puntuales como el abuso policial a civiles y en las cárceles del país.

"Esta situación tiene que parar no podemos seguir viviendo atemorizados por las personas que están llamadas a brindarnos seguridad, hay unidades de la Policía Nacional que están violando los derechos humanos de los ciudadanos y simplemente vemos que no se hace nada", puntualizó.

Así mismo, la Ombudsman hizo un llamado a la población a que acuda a la entidad o cualquier otra a denunciar los caso en que considere ha sido víctima de abuso policial, toda vez que ya es hora de ponerle un alto a esta situación.

Sostuvo que existen los mecanismos legales y penas (articulo 156-A, Código Penal) para aquellas unidades de la policía nacional que abusen de su autoridad y que la Defensoría del Pueblo dará seguimiento a todas las quejas que sean puesta en esta entidad para que de existir una culpa sean sancionados ejemplarmente.

Gremios periodísticos rechazan demanda de Ochy

Se trata, a criterio de los representantes de los principales gremios de periodistas del país, de un atentado contra la libertad de información.

Redacción de La Prensa

panorama@prensa.com   Empleados de los hermanos Ochy Diez bloquearon las instalaciones de la Corporación la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto pasado. LA PRENSA Representantes de los gremios periodísticos del país y líderes de los partidos políticos de oposición rechazaron ayer la demanda civil por $7 millones interpuesta contra Corporación La Prensa (Corprensa) por los hermanos David y Daniel Ochy, y por la empresa Panaplátanos, tras la publicación de noticias sobre la titulación de tierras en la zona bananera de Barú, en la provincia de Chiriquí.   Fernán Molinos, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, señaló que “más allá de la cuantía, esta demanda es un exabrupto por ir contra un medio de comunicación independiente que, como tal, monitorea, para el juicio de la ciudadanía, el proceder tanto de la administración pública como del sector privado”.   En ese sentido, dijo, se trata de una demanda contra la libertad de información, que desde ya es una amenaza preocupante para las demás garantías fundamentales en un estado de derecho. La expresidenta de ese gremio Norma Núñez Montoto también reaccionó ante la demanda y dijo que es sorprendente que quienes han agraviado a este medio, con hechos como los sucedidos la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto pasado, sean ahora los que demandan.   “Instamos a todos los medios de comunicación a mantenernos alertas ante estas situaciones y ataques, y a darnos fuerzas para seguir adelante con nuestro trabajo de informar a la ciudadanía de lo que sucede”, señaló.   Mientras, el secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, opinó que la demanda “busca amedrentar a los medios en el ejercicio del periodismo de investigación e impedir que se conozca quiénes se benefician de los proyectos que se hacen con fondos públicos”.   Por su parte, Simón Bolívar Alemán, del Fórum de Periodistas, advirtió de que es un ataque contra la libertad de expresión, con la intención de impedir la fiscalización que ejercen los medios sobre las actuaciones públicas.   En tanto, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Grisel Bethancourt, calificó la demanda como “un exabrupto”, con el que “queda descubierta una violación al derecho a la información por personajes que mantienen nexos directos con el Estado”.   “No se conformaron con el bloqueo a La Prensa, certificando de esta manera todo el poderío con el que cuentan al afectar su libre circulación, sino que ahora, además, amedrentan a una prensa libre y condicionan sus libertades”, agregó la dirigente.   Los hermanos Ochy y Panaplátanos presentaron la demanda contra Corprensa el 17 de agosto pasado ante el Juzgado Duodécimo Civil. La acción está en trámite.   Cada uno de los empresarios querellantes reclama $2 millones por daños morales y $500 mil por daños materiales, más $2 millones por perjuicios materiales a la empresa Panaplátanos.

Rellenos de ´alto impacto´ bordearán el Casco Antiguo

En el estudio patrimonial se reconoce que el puente marino tendría un alto impacto visual, estético y morfológico, sobre el sitio histórico.

Ohiggins Arcia Jaramillo  

oarcia@prensa.com Los componentes del proyecto cinta costera tres, nueva avenida de los Poetas, rompeolas, viaducto marino y una plaza frente a la Presidencia, son de alto impacto para el conjunto monumental Casco Antiguo, en San Felipe.   Los detalles sobre las afectaciones de los rellenos en la cinta costera tres están en uno de los últimos informes entregados en enero pasado por representantes del Gobierno de Panamá al Centro de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) al que tuvo acceso este medio.   El estudio de impacto patrimonial presenta una evaluación, en la que se reconocen los riesgos de construir murallas y rellenos en el Casco Antiguo.   Un ejemplo es el relleno de 2.9 hectáreas frente a la Presidencia de la República. El informe plantea que la intervención podría estar clasificada de “alto impacto”.   “Es obvio que la escala de la intervención oscila entre mediana y grande, pues se superpondría, aproximadamente, a un tercio de la longitud total del muro y por ello ocurriría un cambio mayor”, resalta el estudio.   Se destaca que, en el caso del viaducto, la magnitud de la intervención con pilotes sobre la bahía de Panamá tendría un alto impacto visual, estético y morfológico, por su ubicación.   El documento también señala que el significado de ser península patrimonial se vería alterado de manera irreversible, por el encerramiento o contención que produce la presencia del viaducto alrededor de las murallas patrimoniales.   Otros de los impactos negativos que se advierten son los que resultarán de un relleno de 7.9 hectáreas, que se hará como un “empalme del viaducto hacia la nueva avenida de los Poetas”. La evaluación patrimonial indica que el impacto puede calificarse como “alto”, pues modifica la relación entre ciudad y mar.   Sin embargo, el documento llevado al organismo internacional promociona las bondades del proyecto para agilizar el tráfico, hacer del Casco Antiguo un lugar más turístico, para lo cual se tomarán todas las medidas de mitigación.   Para el ingeniero y dirigente de la Alianza Pro Ciudad Fernando Díaz Jaramillo, es inquietante que esos rellenos cambien la morfología de las corrientes marinas y causen inundaciones en la avenida Balboa.   Aseguró que “esos rellenos terminarán en manos privadas”.   Y Díaz Jaramillo no se equivoca, ya que el Gobierno anunció que dará en concesión locales que se construirán sobre estos rellenos.   RELLENOS   Todos los elementos que incluyen el proyecto cinta costera, nueva avenida de los Poetas, rompeolas, viaducto marino y una plaza frente a la Presidencia implican rellenos de 37.6 hectáreas.   En ese sentido, la avenida de los Poetas requerirá el relleno de 13.5 hectáreas; el rompeolas turístico, 6.86 hectáreas, y el viaducto, 6.68 hectáreas.   La obra establece dos rellenos más. Uno frente a la Presidencia de la República, de 2.9 hectáreas, para dar “continuidad” a la segunda fase de la cinta, que incluye una plaza adoquinada y 144 aparcamientos para uso “institucional” y de los visitantes del Casco Antiguo (ver gráfico).   El otro estará entre San Felipe y Santa Ana, y será lateral a la avenida de los Poetas. Son 7.7 hectáreas para ciclovía, canchas de juego, plazas y 350 estacionamientos. Este relleno, antes de convertirse en área recreativa, será usado por la empresa brasileña Norberto Odebrecht como “patio de prefabricados para la construcción del viaducto”.   Estos rellenos casi igualan a los de la avenida Balboa, en las dos anteriores fases del proyecto. Para la cinta costera uno se rellenaron 35 hectáreas, de las cuales 3 fueron cedidas al Club de Yates y Pesca. Mientras que la cinta costera dos, que se extendió por el muelle fiscal hasta llegar al Terraplén, tiene 3.5 hectáreas de relleno.   En total, las tres fases de la cinta costera han requerido 76.1 hectáreas de relleno a lo largo de la bahía de Panamá, desde la avenida Balboa hasta la de los Poetas. El Casco Antiguo solo tiene una extensión de 50 hectáreas.   Dicho de otro modo, con la cantidad de rellenos para las tres fases de la cinta costera se hubiese podido levantar un sitio completo como el Casco Antiguo y algo más de la mitad de su superficie.   Hay que recordar que el primer contrato de la cinta costera, firmado con Odebrecht, en agosto de 2007, fue por $189.1 millones. Luegose aprobó la primera adenda para construir la segunda fase, por $52 millones, y se agregaron $20.9 millones al contrato por otros trabajos, lo que totalizó $262.1 millones.   En la cinta costera tres pasó algo similar. Fue licitada por $776 millones y terminará en $782 millones, es decir $6 millones más, a pesar de que el Gobierno argumentó que la propuesta de un puente marino abarataría los costos del proyecto.   Adenda   El ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, manifestó hace poco que requerirán de una adenda cercana a los $103 millones para construir el estadio Maracaná, en El Chorrillo, y otros componentes de la obra, como el fritódromo (área de restaurantes) y espacios recreativos.   De acuerdo con Ford, eso lo harán con fondos ahorrados al optar por un viaducto, en lugar de un túnel para conectar las avenidas Balboa y la de los Poetas.   No obstante, el Gobierno, a través de cuñas publicitarias, siempre vendió la idea de que esos componentes (Maracaná, fritódromo y áreas recreativas) estaban en el contrato original. Lo que le sorprende a dirigentes del Frente por la Defensa del Patrimonio Histórico y Natural, como Sebastián Paniza, Fernando Díaz Jaramillo, Hildegard Vásquez y Patrizia Pinzón, es que estas estructuras sean tan costosas. Por ejemplo, el estadio Rod Carew cos tó unos $14 millones, la remodelación y construcción de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, que consistía en mejorar el estadio Romel Fernández, el gimnasio Roberto Durán y edificar instalaciones deportivas, se llevó a cabo por $35 millones.

Crece polémica en Playa Malena

Karen Bernal

kbernal@laestrella.com.pa
 

La actividad no tiene el visto bueno del MICI, pero sí de la ANAM. Ambientalistas cuestionan los permisos otorgados

 

Equipo humano y maquinarias del MOP acaban con el habitat de miles de tortugas.

A raíz de la publicación de un artículo sobre la extracción de arena en un lugar cerca de donde desovan las tortugas en playa Malena, han surgido reacciones por parte de autoridades y ecologistas.

Gabriela Etchelecu, ambientalista, quien fue directora de la Fundación Mar Viva, mostró su preocupación por la situación de Playa Malena. A su juicio, las extracciones ‘no son para fines sociales, sino para la construcción de proyectos urbanísticos, al estilo Costa del Este, que se desarrollan en la zona’. Dijo que en reiteradas ocasiones han hablado con el alcalde para manifestarle sus inquietudes sobre esta situación, pero que hasta la fecha no ha hecho nada. Para Etchelecu no solo es un daño ambiental, sino que también se pone en riesgo la economía de una comunidad, ya que los maleneños a partir del proyecto de anidación de tortugas, han impulsado el ecoturismo en el área.

Por su parte, Silvano Vergara, subadministrador general de la ANAM, dijo que este año la institución verificó que la extracción de arenas no ocurriera en el lugar de desove y por eso le dieron el visto bueno. Subrayó que las playas se reponen por dinámica natural y aclaró que un estudio de un oceanógrafo (y no de un biólogo) es lo que puede determinar de qué lugar el oleaje trae la arena para rellenar los huecos. Además afirmó que la actividad ‘no necesitaba un estudio de impacto ambiental debido a que se supone que la arena se extrae para fines específicos (sociales), en cantidades limitadas, aparte queno está comtemplada en la lista taxativa’. Sin embargo, agregó que hoy un grupo de inspectores verificarán que no se esté extrayendo arena de un lugar protegido y advirtió que de encontrarse anomalías se tomarán los correctivos necesarios.

Ante esto, el abogado ambientalista Harley James Mitchell Morán asegura que el Alcalde, ‘debió presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para extraer la arena de playa’, que es un mineral no metálico, tal como lo ampara el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 123 de 14 de agosto de 2009, el cual no admite excepciones.

Así mismo citó que en caso de que la extracción afecte a las tortugas, el Estado Panameño estaría incurriendo en la violación de al menos tres convenios internacionales, como son el de Diversidad Biológica, la Convención de Especies Migratorias y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ratificada por Panamá mediante la Ley N° 8 de enero de 2008.

Recuerda que el Código Penal, en el artículo 394, señala que quien contamine, extraiga, o degrade los recursos naturales costeros pudiera tener una pena de prisión de hasta seis años.

Por su parte, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) manifestó que no otorgó ‘ningún permiso de extracción de arena en la Playa Malena, ni en ninguna otra playa’, pues el artículo 9 de la Ley N° 32 de 1996 dicta que no se permitirá la extracción de los minerales a que se refiere esta Ley, en lugares como las playas.

El MICI subraya que no ha avalado los permisos que ha dado la Alcaldía de Mariato.

Nueva polémica por cuña pagada de CD

Varios diputados de CD, entre ellos Luis Corbillón, dijeron que no sabían de la cuña y que mucho menos habían dado dinero para financiarla.

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@prensa.com   Diputados de las bancadas oficialistas de CD y Molirena fueron convocados a una reunión anoche en la Presidencia con el mandatario, Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez Las dudas sobre quién pagó la más reciente campaña televisiva publicitaria en la que se justifica la aprobación de la Ley 54 de reformas electorales, generó opiniones contradictorias entre los propios miembros de la bancada oficialista de Cambio Democrático (CD).   Al final de la propaganda, en la que también aparece el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, avalando estas reformas, se explica que la bancada de Cambio Democrático es la responsable del aviso.   Gálvez aseguró que la campaña televisiva fue pagada gracias a “una vaca (recolecta)” que se hizo entre los diputados de CD.   Sin embargo, varios diputados de ese partido dijeron desconocer esa colecta para pagar la propaganda.   “Es una cuña solamente a nivel de docencia; estamos diciéndole al pueblo panameño que las reformas son sanas y consolidan la democracia de nuestro país. Esta cuña la está pagando la bancada del partido Cambio Democrático y el Molirena”, sostuvo Gálvez .   El diputado Gálvez dijo desconocer cuánto costó la cuña de la bancada.   Sin embargo, el diputado Luis Corbillón, también de CD, dijo que acababa de observar la propaganda en los medios televisivos, y al ser preguntado si le habían pedido una cuota para pagarla dijo: “yo pertenezco a la bancada de Cambio Democrático, pero no me han dicho que tengo que aportar nada”.   Otros miembros de la bancada de CD también negaron que se les haya pedido dinero para pagar esta cuña televisiva, pero pidieron mantener su nombre en reserva.   Oposición duda   El diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas manifestó dudas acerca de que la bancada de CD haya financiado el mensaje.   Recordó que nunca, en la historia de la Asamblea Nacional, una bancada ha pagado publicidad para promover una ley.   Rosas defiende la tesis de que el oficialismo se está valiendo de un subterfugio para esconder que esa cuña fue pagada con fondos del Estado.   Cuña deja evidencia   En tanto, Carlos Gasnell, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, precisó que la difusión de la propaganda deja en evidencia que el único partido beneficiado con las reformas electorales ha sido el CD y los tránsfugas.   Gasnell precisó que sería aconsejable enviar a la Asamblea una solicitud de acceso a información para que sea su directora administrativa la que revele si se usó dinero o equipos del Legislativo para producir esa cuña.   Denunciará a opositores   Por otro lado, Gálvez anunció que interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal en contra de los diputados que destruyeron propiedad de la Asamblea Nacional durante el proceso de discusión del proyecto de reformas electorales.   “Como presidente de este órgano del Estado sí voy a proceder con una denuncia penal contra aquellos diputados que han malogrado el patrimonio de esta Asamblea”, indicó.   Agregó que “aquellos diputados que han dañado el equipo de sonido, las sillas, las curules, van a ser demandados penalmente ante la Corte Suprema de Justicia en los próximos días”.   No mencionó los nombres de los diputados contra los cuales impondría dicha demanda.   “Al que malogre el patrimonio de este órgano del Estado, lo voy a demandar penalmente, que sepa bien, no es una amenaza, es una advertencia; en guerra avisada no muere soldado”, destacó Gálvez.   Cuña anterior   Durante los debates de las reformas electorales, Gálvez enfrentó fuertes cuestionamientos de la oposición porque la Asamblea Nacional pagó una cuña para promover el contenido del proyecto que era impulsado por la bancada CD.   El oficialismo argumentó que el proyecto de reformas era una iniciativa de la Comisión de Gobierno y que, por lo tanto, la culpa no era de CD sino institucional.   Celebración en palacio   Anoche las bancadas de diputados oficialistas de CD y Molirena fueron invitadas a una reunión en palacio con el mandatario, Ricardo Martinelli.   Fuentes oficiales indicaron que se trató de una fiesta para celebrar las recién aprobadas reformas electorales.   marcha contra ley 54   El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el partido en formación Frente Amplio por la Democracia y otros grupos hicieron ayer una marcha, en la que además de condenar la Ley 54 repudiaron “las políticas antipopulares del gobierno” y exigieron que “se atiendan las demandas sociales del pueblo”.   Los organizadores cuestionaron la escasa cobertura de los medios para sus actividades, a la vez que calificaron de “falsa” a la oposición, y de “ridículas” las movilizaciones del Frente por la Democracia. La marcha concluyó sin incidentes en la plaza 5 de Mayo.

Pinilla denuncia campaña contra el TE

 

El magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla informó que el fiscal del Tribunal de Cuentas recibió y admitió una denuncia en su contra, cuando no tiene competencia legal ni constitucional para investigarlo. De acuerdo con Pinilla, detrás de esta medida hay figuras del gobernante partido Cambio Democrático.

 

Irene Hernández G.

irene.hernandez@prensa.com   El magistrado Erasmo Pinilla denunció las amenazas. LA PRENSA/Ana Rentería El magistrado del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla denunció ayer una campaña de desprestigio en su contra, en la que involucra a figuras del gobernante partido Cambio Democrático (CD).   Pinilla aseguró que detrás de una denuncia que interpuso en su contra un exempleado del TE, el 13 de septiembre pasado, ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, estarían Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, y el abogado de CD Hugo Polo.   Según el magistrado, a finales de julio, en sala de acuerdos fue despedido el conductor del TE Javier Bosso Campbell por faltas administrativas .   Indicó que este exempleado presentó un recurso de reconsideración a su destitución, y lo amenazó con divulgar ante los medios presuntos actos de nepotismo en su contra si no accedía a restituirlo.   Cuenta Pinilla que los magistrados ratificaron la destitución de Bosso.   Señaló que ante las constantes amenazas de Bosso procedió el pasado 13 de agosto a interponer ante la Fiscalía Auxiliar de la República una denuncia por extorsión contra el exfuncionario   Violación de competencia   De acuerdo con Pinilla, el fiscal de Cuentas admitió una denuncia en su contra cuando no tiene competencia constitucional para investigarlo.   “El fiscal de Cuentas recibió y admitió una denuncia del señor Bosso, cuando él no tiene competencia para recibir denuncias contra ciudadanos y mucho menos para recibir una denuncia contra mí, a menos que vaya a través de la Contraloría General de la República”, explicó Pinilla. Según el magistrado, hay una evidente acción de mala fe del fiscal del Tribunal de Cuentas, que implica extralimitación de funciones y abuso de autoridad.   “Yo voy a proceder legalmente contra el fiscal de Cuentas, que es el señor Andrés Sue González”, aseguró el magistrado.   conexión presidencial   Pinilla reveló que Bosso ha estado instigando a empleados y exfuncionarios del TE para que declaren en la denuncia que presentó en su contra.   Precisó que un exfuncionario del TE se reunió con Bosso y este lo llevó a entrevistarse con el abogado Hugo Polo, quien les prometió que Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, les daría trabajo si aportaban elementos a la denuncia en la Fiscalía de Cuentas.   El 23 de mayo de 2012, Polo en su calidad de abogado de CD presentó una demanda ante la Corte Suprema en la que pidió la separación y destitución de los tres magistrados del TE.   “Tengo ahí una razón para darle crédito a los rumores que hay, que se está orquestando una campaña de desprestigio contra los magistrados y contra el TE, eso es lo grave de este asunto”, advirtió Pinilla   Por su parte, Camacho negó que esté detrás de una campaña de descrédito contra Pinilla.   “Si yo tuviera elementos para denunciar al magistrado, yo mismo lo hubiera denunciado”, afirmó.   El abogado de CD Hugo Polo negó cualquier vínculo con Bosso.

Anati tituló un banco de arena

Ereida Prieto-Barreiro

eprieto@prensa.com   Más de 9 mil metros cuadrados de un banco de arena en Punta Chame fueron titulados por la Anati y de forma gratuita. El caso está en investigación. LA PRENSA/David Mesa “Lo único que otorgué fue una certificación de que él [José Calderón Rivera] vivía en Punta Chame porque sé que tiene una casa en la comunidad, pero no en la playa”, reveló Markela Loina, corregidora en Punta Chame, al saber que el certificado que expidió es parte del expediente que sustenta la decisión de la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte de titular gratuitamente un lote de playa que pasó a manos de la sociedad Puntabeach Interprises.   Sorprendida, Loina comentó que la “simple certificación de residencia” que entregó a Calderón Rivera –de 65 años– no era para confirmar que tenía más de cinco años de vivir en el terreno de más de 9 mil metros cuadrados solicitados a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), ubicado en la costa del Pacífico. “Solo firmé que el peticionario residía en Punta Chame, pero no daba una ubicación exacta de su residencia”, explicó.   Efectivamente, en el expediente de titulación al que tuvo acceso este diario consta la certificación de residencia de Calderón Rivera en Punta Chame entregado por la corregidora, pero sin mencionar el lugar exacto de su residencia.   “Consideré que era un trámite normal que él me pidió como cualquiera que va [al despacho] y me pide que certifique que ha vivido más de cinco años en el lugar”, reiteró.   Contradicciones   En clara contradicción con informes de los departamentos de Cartografía, Geodesia y Avalúo de la Anati, la Resolución No. 329, firmada por Villamonte, que adjudica el lote a la sociedad Puntabeach –cuyos derechos posesorios habían sido vendidos previamente por su supuesto dueño–, menciona que el peticionario “cumplió” con los requisitos del artículo 3 de la Ley 80 de 2009 que regula la titulación de costas e islas, “acreditándose la posesión a través del dominio material por más de cinco años” del terreno.   Un recorrido de este medio por la zona, despeja cualquier duda. No hay casa o estructura alguna en las más de 12 parcelas ubicadas en una sólida formación de arena y que fueron divididas con postes de madera palpablemente recién cortados y una cerca de púas.   Hierba y pequeñas ramas con espinas quemadas, así como estacas con cintillos amarillos de precaución es lo que dejaron a su paso los que instalaron la cerca que se extiende por las parcelas en la que fue dividida la finca.   Este diario comprobó que las nuevas parcelas están entre el mar y fincas claramente demarcadas.   Los dueños de estas fincas y moradores del área nunca fueron consultados por la Anati en el proceso de adjudicación gratuita, tal como lo exige la ley vigente, aunque, en contraste, la resolución de adjudicación que firmó Villamonte a favor de Puntabeach, afirma que no hubo oposición de los colindantes.   El artículo 3 de la Ley 80 indica que la posesión se reconocerá a la persona que demuestre haber ocupado de “manera material, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño” por cinco años o más el terreno “con la aceptación de dicha posesión por los colindantes o de la comunidad y lo que resulte del informe de inspección ocular preparado por la Dirección de Catastro [ahora Anati] del Ministerio de Economía”.   Calderón Rivera, el supuesto vendedor de los derechos posesorios por $8 mil a Puntabeach, dice haber ocupado de manera “pacífica e ininterrumpida” el terreno desde 1981, versión que no pueden verificar los técnicos de la Anati tras diversas inspecciones oculares al área.   Puntabeach fue inscrita el 23 de junio de 2011 en el Registro Público. Ese mismo día fue notariado el pago de los $8 mil a Calderón por sus supuestos derechos posesorios sobre el lote, y cuatro meses más tarde –el 7 de octubre de 2011– la recién creada sociedad recibió la titulación gratuita del terreno.   Dos semanas después de la titulación –y justo cuando se iniciaban las publicaciones del caso Juan Hombrón–, el abogado Marcelino Ramos Madrid, suscriptor de Puntabeach y tramitador de la titulación, renunció a sus cargos de director y tesorero de la sociedad. Su reemplazo fue José Calderón Rivera.   Ramos Madrid es el abogado que asumió la representación legal de las sociedades vinculadas a los padres del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu para la titulación de las 54 hectáreas en la costa de Juan Hombrón, en sustitución de Villamonte.   Sin registros   “¿Qué testigos?”, preguntó extrañada la corregidora de Punta Chame cuando se le preguntó sobre la certificación que entregó a Darío Ortega, Pedro Mosquera y Flavio Muñoz Calderón, que también –en declaración jurada ante la Notaría Segunda del Circuito de Panamá– aseguraron conocer del tiempo de ocupación de Calderón Rivera y luego de Puntabeach en el terreno como poseedora derivada.   “Se presentó solamente el señor [Calderón Rivera] a la corregiduría a pedir su certificación; no sé nada de ningún testigo”, reiteró Loina al tiempo que aclaró que no se realiza verificación alguna sobre la vivienda ni de dónde dice el solicitante residir.   En la resolución firmada por Villamonte se menciona que los tres testigos acreditaron el tiempo de ocupación de Puntabeach como poseedora derivada en el terreno, a través de certificaciones expedidas por la corregiduría de Punta Chame.   Como en el caso de Juan Hombrón, en Punta Chame también se observó la colocación de números de cédula que no correspondían a los testigos. Este es el caso de Flavio Muñoz Calderón, a quien se identificó con el número de cédula de una mujer originaria de Veraguas.   Muñoz Calderón es pariente de Calderón Rivera, el supuesto poseedor de los derechos posesorios de los más de 9 mil metros cuadrados.   Investigación   Franklin Oduber, administrador de la Anati, confirmó a este diario que este caso es el único que concluyó, pero que hay otras 12 solicitudes de titulación gratuita en terrenos colindantes con playas de Punta Chame.   Estos procesos, según Oduber, están bajo investigación, pero no reveló los nombres de los solicitantes.   De encontrarse “suficientes elementos”, dijo Oduber, enviará el expediente al Ministerio Público para que empiece una investigación.   En el caso de la titulación de Puntabeach –cuyos propietarios se desconocen–, la investigación avanza en el Ministerio Público desde el pasado 3 de agosto.   La resolución de titulación la firmó Villamonte 21 días después de su renuncia, pero como su reemplazo no había sido nombrado, ejercía funciones y seguía titulando tierras de forma gratuita, como en este caso.   El abogado Donaldo Sousa, representante de la Asociación de Amigos de Punta Chame y de propietarios del área, presentó el 30 de agosto pasado una denuncia ante la Anati para que se investigue a los funcionarios vinculados a esta titulación.   Sousa denunció posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, falso testimonio y violaciones a las normas de tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial, en los que pudieron haber incurrido Villamonte y otros funcionarios de la entidad.   “De forma dolosa y cometiendo otras violaciones a las normas se ha violentado el debido proceso administrativo para la concesión de esta resolución ilícita y arbitraria, que permite que se adjudique un globo de terreno de la Nación, que es inadjudicable, porque se trata de bancos de arena de la playa”, subraya la denuncia.   Consideró que la rapidez en la expedición del título de propiedad se debe investigar, pues la inscripción de la solicitud se efectuó el 10 de febrero de 2011 y al día siguiente ya se estaba realizando la inspección del lote. Además, que los colindantes no fueron consultados.   Sousa anunció que también interpondrá un recurso de nulidad contra la Resolución No. 327 que entregó el terreno en titulación gratuita hace 11 meses.   Se intentó obtener la versión de Villamonte, pero no se logró su ubicación, a pesar de los intentos efectuados a través de su abogada.   Por lo pronto, el terreno, con un valor catastral de $56 mil, se vende en internet por $1.5 millón, según el director del portal de internet Panamá Guide, Don Winner, quien indicó que el lote entregado había sido adquirido en 2004 por otra persona que se sorprendió al ver que una cerca eliminaba su frente de mar.   Juan hombrón   Pasado un año de la salida de Villamonte de la Anati, esa entidad no ha logrado “encontrar” el expediente en el que se le acreditaba, a su nombre, la solicitud de un terreno de más de dos hectáreas en Juan Hombrón.   Así lo confirmó Oduber, quien reiteró que el expediente “sigue desaparecido” y que no han logrado determinar la ubicación del terreno solicitado por Villamonte porque “hay mucho manglar” en la zona.

‘Este es el prólogo del fraude de CD’

Nicanor Alvarado/ Zelideth Cortez

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Partidos políticos y de la sociedad civil advierten que la decisión del oficialismo traerá consecuencias. Llaman a protestas

 

El PRD presentó ante el Ministerio Público la queja por la golpiza que recibió Peart (centro). Foto: Eliézer Oses | La Estrella

Las reformas al Código Electoral que impulsó el oficialista Cambio Democrático (CD) se convirtieron anoche en Ley de la República.

El presidente, Ricardo Martinelli, sancionó el proyecto 508 aprobado por la Asamblea Nacional el viernes. Ahora es la Ley 54. El mandatario dio así la espalda a las solicitudes presentadas por el Tribunal Electoral (TE), la Cámara de Comercio, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el Frente por la Democracia, los partidos de oposición y la sociedad civil organizada, de rechazar la modificación.

El frente, tras pedir ayer, en una carta a Martinelli el veto, dijo que es ‘inconveniente’ y el Tribunal Electoral (TE), por su lado, apuntó una serie de visos inconstitucionalidad que contiene la nueva norma.

Esos sectores ahora advierten que la decisión del mandatario es un golpe a la institucionalidad. ‘Es el inicio del intento del Presidente Martinelli de manipular el resultado de las elecciones del 2014’, dijo el vicepresidente Juan Carlos Varela.

‘Es una provocación y el prólogo del fraude de CD’, advirtió, por su lado, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

El activista Aurelio Barría insistió en que ‘el presidente ha puesto oídos sordos’. Eso —sostiene— traerá consecuencias en estos días y en las próximas elecciones’.

A la vicepresidenta del Partido Popular, Teresita de Arias, no le cabe duda que ‘con esta nueva imposición del presidente Martinelli, le está abriendo el camino a la confrontación’.

ACCIONES EN LOS PARTIDOS

La sanción, anunció el Frente pro Democracia, motivará además de protestas, denuncias ante la Corte Suprema, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) adelantó que el viernes irán a las calles.

El partido Panameñista anunció que prepara una demanda por las violaciones del oficialismo al Reglamento Interno de la Asamblea durante el debate de las modificaciones.

Los diputados de gobierno prohibieron la lectura de anteproyectos de ley, lo que —según los opositores— violentó el Reglamento legislativo (que es Ley de la República).

Jorge Barakat, abogado del panameñismo, sostuvo que la queja podría ser presentada esta semana. Aún recaban pruebas para los recursos a presentar.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) planea por su lado un recurso legal similar, contra el diputado presidente, Sergio Gálvez.

DEMANDAS Y CONTRADEMANDAS

La aprobación de la reforma electoral generó desde ayer un cruce de amenazas demandas y contrademandas de su colectivo y de los partidos de la oposición.

El primer golpe vino de los detractores del gobierno. El PRD presentó ante el Ministerio Público una querella criminal contra activistas de CD por la golpiza que recibió Ricardo Peart, uno de los integrantes de la facción juvenil perredista el viernes pasado, cuando fue aprobada la modificación electoral.

‘Que paguen por este intento de homicidio’, reclamó Juan Carlos Navarro, secretario del PRD.

Pero el oficialismo no se quedó de brazos cruzados. Aunque su artilugio legal no se enfocará en el PRD, la subsecretaria general de CD y ministra de Trabajo, Alma Cortés, anunció que el colectivo demandará por ‘extralimitación de funciones y abuso de autoridad’ al saliente magistrado electoral Gerardo Solís.

LA PRESIÓN DE CD

Cortés, apoyada por parte del Gabinete y el presidente del Legislativo, planteó que Solís ‘ha dejado de ser juez para convertirse en parte y se ha parcializado hacia la política de oposición’.

La titular catalogó como un ‘ataque’ ‘una persecución’ en contra de la institucionalidad del partido las últimas acciones del magistrado presidente del TE.

Ayer, en conferencia de prensa, el ‘Frente independiente por el Cambio’ calificó como ‘improcedente y inoportuna’ la nota emitida por el TE, en la cual pedía al presidente de la República objetar la reforma.

Previo a la conferencia, el sector jurídico de CD, presentó al mandatario una nota donde esbozan que la petición del TE es ‘inobjetable desde cualquier enfoque constitucional’.

Millonario ilícito en el BNP

Una auditoría interna del Banco Nacional de Panamá reveló que las irregularidades causaron una lesión patrimonial superior a $1 millón.

Elio Núñez

elio.nunez@prensa.com   Las anomalías fueron cometidas desde la sucursal del BNP situada en La Exposición, avenida Perú, entre julio de 2009 y febrero de 2011. LA PRENSA/Luis García

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción formuló cargos por peculado, estafa y falsificación, y ordenó indagar a 115 personas, entre ellas a 4 funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP), a las que se acusa por anomalías relacionadas con la tramitación y aprobación de préstamos hipotecarios y otros créditos bancarios que causaron una lesión patrimonial de algo más de $1 millón.

 

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron a este diario que los ilícitos fueron denunciados ante esa instancia durante el pasado mes de marzo por la representante legal del BNP, Marian Quiroz, con base en una auditoría interna correspondiente al período julio 2009-febrero de 2011.

 

De acuerdo con la resolución de indagatoria, fechada el 10 de julio pasado y a la que este diario tuvo acceso, los imputados son investigados por la supuesta comisión de anomalías en 96 préstamos hipotecarios, algunos aprobados y desembolsados, otros aprobados pero no pagados, y unos más en trámite.

 

Todos los préstamos eran para la adquisición de viviendas en un proyecto de casas conocido como PH Vista Bella Village, ubicado en el distrito de Arraiján, cuya promotora era la empresa La Tache, S.A.

 

En el expediente del caso consta que los préstamos fueron tramitados a partir de 2009, aunque la barriada está inconclusa. De hecho, solo fueron construidas 25 casas y quienes viven actualmente allí son, en su mayoría, inquilinos.

 

Detalles

 

La Dirección Nacional de Informática de la Caja de Seguro Social (CSS) certificó al MP que en varios de los préstamos tramitados las fichas de comprobación de salarios y derechos correspondientes a los prestatarios tenían alteraciones en el salario, número patronal y número del seguro social.

 

Además, en unos casos el patrono no existía y en otros el prestatario no tenía cuotas registradas en el sistema de la CSS.

 

“También se encontró que los años de nacimiento no coincidían; empresas que no operan en las direcciones que detallan las cartas de trabajo presentadas por los clientes; abonos a préstamos de clientes realizados por la empresa sin que exista evidencia de la relación de los clientes con esta”, indican las sumarias.

 

Otra irregularidad detectada tiene que ver con el hecho de que los clientes hacían pagos en efectivo y por ventanilla, a pesar de existir órdenes de descuentos aprobadas por las empresas que emitían las cartas de trabajo; y clientes que presentaron dos o más cartas de trabajo durante el trámite.

 

IMPUTADOS

 

Según las fuentes de la fiscalía consultadas para esta nota, los funcionarios acusados son la gerente y tres oficiales de cuentas de la sucursal del BNP situada en La Exposición, en avenida Perú, desde donde se cometieron las irregularidades.

 

La gerente, cuya identidad no fue revelada, es señalada porque supuestamente hizo la verificación de los datos de los préstamos, lo que dio lugar a la aprobación de estos a personas que no calificaban bajo las políticas de crédito del BNP, “y el consiguiente desembolso indebido de fondos en perjuicio del patrimonio de la institución”.

 

También se le acusa por supuestamente utilizar de manera indebida las claves de acceso de las oficiales de cuenta bajo su mando, “incumpliendo con las medidas de seguridad y protección de dichas claves, con lo que introdujo al sistema información falsa que permitió la aprobación de los préstamos”.

 

Mientras, a las tres oficiales de cuentas se les señala por facilitar sus claves de acceso, lo que, a criterio de la fiscalía, permitió que se capturaran en el sistema propuestas de préstamos a personas que no calificaban.

 

Asimismo, son imputadas por supuestamente avalar como correcta documentación falsa y alterada, utilizada para justificar el otorgamiento de los préstamos.

 

Un quinto imputado en el proceso es Edwin Mendoza Trejos, representante de la promotora.

Y es que los investigadores descubrieron que el valor de apreciación de los inmuebles era de $35 mil, pero la empresa las vendía entre $62 mil y $79 mil.

 

De igual modo, los avaluadores del banco corroboraron que la urbanización no tiene portón ni garita de seguridad, ni planta de tratamiento de aguas residuales ni parque infantil, como se ofrecía a los clientes.

 

La toma de declaraciones indagatorias a estas personas se inició el 26 de julio pasado y no ha concluido, por lo que la fiscalía no ha formulado medidas cautelares. De hecho, aún se espera el informe de la auditoría a cargo de la Contraloría General de la República.

 

 

Consultadas sobre el caso, las autoridades del BNP informaron a través de la oficina de prensa que no emitirían opiniones por ahora.

 

“De manera responsable, esta administración presentó la denuncia del caso ante las autoridades y las seguirá apoyando en sus investigaciones”, señaló el banco a través de un comunicado remitido a este diario.

Cliente descubrió las irregularidades

Las autoridades del Banco Nacional de Panamá se enteraron de las irregularidades relacionadas con los préstamos hipotecarios gracias a una clienta que quería tramitar un crédito y al notar que la información plasmada en sus documentos no correspondía con la realidad, se asustó y lo denunció.

 

La mujer, en efecto, pretendía adquirir una vivienda y para ello llenó un formulario en el banco a principios de 2011.

 

Como no tenía trabajo fijo, describió su ocupación en la economía informal, que le daba un ingreso de unos $300 al mes.

 

En esa misma fecha, una tía suya le habló del proyecto PH Vista Bella Village en Arraiján y la puso en contacto con Edwin Mendoza, representante de la empresa La Tache, S.A., promotora de la obra.

En su declaración ante la fiscalía, en julio pasado, la clienta detalló que Mendoza se encargó de llevarla a realizar diligencias de notaría y además envió a un amigo para que la trasladara al BNP, en la casa matriz de vía España, para firmar un documento.

 

Advirtió de que este amigo le entregó un papel enviado por Mendoza, en el que le daba instrucciones para llenar el documento con información según la cual trabajaba desde hace 20 años en una empresa en Mañanitas y que ganaba $2 mil al mes.

 

La mujer afirmó que fue entonces cuando supo que estaba tramitando un préstamo hipotecario, lo cual le dio temor y lo consultó con su esposo y con un pastor de su iglesia que es abogado.

 

El pastor le recomendó que enviara una carta al banco, mediante la cual desistía del préstamo que le ofrecían.

 

Después de hacer eso, su tía la llamó molesta y la cuestionó, lo que le resultó extraño pues hasta ese momento los únicos que conocían sobre su desestimiento eran los empleados del banco.

 

Después se enteró de que su tía había aplicado para un préstamo hipotecario en el mismo proyecto en Arraiján sin que estuviese trabajando y a pesar de ello el banco se lo había aprobado, aunque luego la desalojó por incumplir con el pago mensual de las cuotas.

 

Otro caso que despertó la sospecha del banco fue el de una funcionaria del Ministerio Público, que descubrió que en sus papeles la habían puesto como trabajadora fija, a pesar de ser eventual y de que así lo informó en los papeles que entregara al banco.

Elio Núñez

Miembros del gobierno panameño exhiben sus diferencias en Washington

AFP

online@laestrella.com.pa

 



Vice Presidente Juan Carlos Varela (izq) y Frank de Lima ministro de economía (der)



El vicepresidente panameño, Juan Carlos Varela, y el ministro de Economía, Frank de Lima, exhibieron este viernes sus diferencias políticas en Washington, ante un auditorio de inversores y expertos.

Con un crecimiento boyante de más del 7% de media en la última década, Panamá está llevando a cabo una importante ampliación del Canal que puede mejorar aún más sus perspectivas económicas.

Pero el enfrentamiento entre el presidente conservador, Ricardo Martinelli, y su vicepresidente, que pertenece a otro partido de derechas, el Panameñista, centró la presentación en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.

"Durante los últimos meses el presidente Martinelli ha intentado aprobar una reforma electoral hecha a su medida para manipular los resultados de las elecciones de 2014", aseguró Varela.

"No creemos en la confrontación social" pero "el pueblo panameño hará todo lo que sea necesario, de acuerdo con la ley, para proteger y defender nuestra democracia", añadió el vicepresidente, que no puede ser destituido por Martinelli porque fue electo por votación popular.

"Lo que estamos viendo es un juego político" de parte del vicepresidente "que se ha convertido en el principal crítico del gobierno", replicó después el ministro de Economía, Frank de Lima.

En el debate también participó el presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, a punto de abandonar el cargo, quien criticó también la reforma electoral de Martinelli y recordó que su corte dictaminó en contra de otros planes del mandatario.

Luego intervino Guillermo Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodistas, quien señaló que "no son tiempos fáciles" para los medios de comunicación en su país.

Adames dio ejemplos de hostigamiento a periodistas y aseguró que los canales de televisión cercanos al gobernante Cambio Democrático están llevando una campaña en la que "desacreditan con ferocidad" a los disidentes.

¿Reforma electoral a favor de Juan Carlos Navarro?

Nicanor Alvarado/ Zelideth Cortez

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Diputados panameñistas denunciaron que una modificación en el proyecto de ley 508 favorecería al secretario del PRD. Él refuta. Mitchell Doens y opositores dicen que se confirma alianza con CD

 

Reforma electoral con medidas de sastres

PANAMÁ. Juan Carlos Navarro empezó la mañana del miércoles último sacudiéndose la creciente premisa de que la reforma electoral que Cambio Democrático (CD) aprobó en segundo debate favorece sus intereses políticos, pero sus adversarios le espetaron. ‘Pareciese un silencio cómplice entre CD y el PRD. No entendemos por qué se quiere modificar la estructura interna del PRD’, exclamó el panameñista Jorge Iván Arrocha antes de la votación artículo por artículo de la propuesta.

Minutos después de que la aplanadora de gobierno pasara —con 42 votos a favor y 14 en contra— a tercer debate el proyecto 508, Navarro llegó al pleno legislativo para rebatir las acusaciones que en su contra se esgrimieron durante la agria madrugada política. ‘No me favorece’, dijo a periodistas, tras rifarse el cordón de seguridad que establecieron unidades antidisturbios de la Policía Nacional en el Palacio Justo Arosemena y que ha impedido por diez días el acceso a cualquier detractor o afín a la modificación.

Eran las 7:00 a. m. Para entonces harto se había hablado de los supuestos favores a Navarro en las últimas horas del segundo debate del proyecto de reforma que el Tribunal Electoral calificó de inconstitucional.

La modificación (102), presentada por la diputada de CD Dana Castañeda, aboliría el artículo 169 de los estatutos del PRD, que ordena que si un directivo se postula a un cargo de elección popular debe renunciar a su cargo dentro del colectivo. Ningún otro partido tiene una norma igual. Y más allá, advirtieron los panameñistas, esa es la condición de Navarro, quien ganó el CEN perredista y aspira a ser presidente de la República en 2014.

Pero no solamente resultaría una norma para su beneficio. Permitiría que los diputados Benicio Robinson, Rogelio Paredes, Leandro Ávila y Crescencia Prado sigan en sus cargos en el CEN mientras intentan reelegirse para la Asamblea.

Navarro buscó aire y golpeó —políticamente—. Insistió en que el Código Electoral ‘se debió quedar como estaba’ y que los diputados de CD habían actuado desvergonzadamente. Tras ello, arremetió contra Juan Carlos Varela y al panameñismo. Según él, ‘a fin de favorecer a candidatos del panameñismo’ la reforma del oficialismo dejó ‘abierto el tiempo para la realización de las elecciones primarias’. ‘(Hay) tácticas del gobierno para confundir y dividir a las fuerzas que rechazan las reformas electorales’.

Antes de las declaraciones de Navarro, su bancada ya había hecho trabajo previo. El diputado Leandro Ávila reclamó a los panameñistas por su ‘atrevimiento’ al decir que la reforma beneficia al PRD. ‘CD ha impuesto esta reforma’, planteó. El propio Ávila había solicitado antes excluir del paquete de reformas el párrafo que daría un espaldarazo a Navarro.

‘TIRARON TODO A LA BORDA’

Juan Carlos Navarro terminó su participación en el cenit del segundo debate del proyecto 508 y se retiró del pleno. Tras eso convocó a la bancada del PRD a un desayuno en el hotel Miramar —donde por cosas de la vida reside Juan Carlos Varela— para coordinar una serie de acciones políticas.

Lo que no sabían era que, para entonces, los señalamientos del panameñismo alzarían voces dentro del PRD. Y no necesariamente a su favor.

El exsecretario general del partido, Mitchell Doens, coincidió en que el artículo favorece exclusivamente a Navarro y, ello —sostuvo— demuestra lo que el grupo conocido como ‘Tocoma’ denunciaba. ‘En el PRD hay caballos de Troya. . . y lo que hizo Navarro (en la Asamblea) fue una gran farsa, un engaño al partido’.

—¿Qué significa eso para el PRD?

—Es una burla al esfuerzo que se hizo en el Congreso del partido de 2011 en el que se consensuó con todos que nadie que iba a correr para un puesto de elección podía estar en el CEN. Tiraron a la borda todo.

—¿Habrá repercusiones en los intentos de unidad?

—Dejemos de hablar de unidad en el PRD, la unidad es con Martinelli.

Justamente cuando la unidad se volvió necesidad en el PRD, el 26 de agosto último, las versiones de que se promovería un cambio en los e statutos para abolir el artículo 169 del reglamento interno empezaron a surgir.

A lo interno del PRD dicen que se descartó la idea por el tiempo y los altos costos que significarían convocar a los directores del partido para aprobar el Congreso y, luego, concentrar a 4,200 delegados para concretar el cambio.

Pero el tema volvió al escenario una vez el oficialismo llamó a consultas en la comisión legislativa de Gobierno. Abraham Martínez y Leandro Ávila negaron que hubiese intención de presentar un proyecto de tal naturaleza.

El expresidente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas, pidió explicaciones al nuevo CEN.

En la misma línea, el precandidato presidencial Samuel Lewis Navarro insistió en que si la directiva del PRD no cumple con los estatutos, indistintamente de lo que diga la reforma, ‘le tocará a la membresía juzgar sus actuaciones’.

¿DIVIDE Y VENCERÁS?

La inclusión del artículo parece abrir, además, un hoyo en la oposición política. Tras la aparición de Navarro en la Asamblea, el bando dejó escapar sus últimos tumbos de una unidad que, incluso, dio origen al Frente por la Democracia.

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós confesó que la introducción del artículo 102 tomó a todos en el pleno ‘por sorpresa’. ‘Fue lo que más nos llamó la atención’. Quirós coincidió en que con eso se confirma ‘un secreto a voces: existe un tipo de acuerdo entre el oficialismo y el PRD’.

En el Frente Amplio por la Democracia (FAD) ven todo como una jugada política ‘de partidos que se apoyan hasta donde no se afecten’.

Su presidente, Fernando Cebamanos, consideró que la ‘alianza’ entre Navarro y CD buscó ‘desplazar al sector hegemónico del PRD que realmente estaba haciendo oposición, los Tocoma’, y que con ellos el gobierno aplicó su mejor táctica: ‘divide y vencerás’.

La vicepresidenta del Partido Popular, Teresita Yanis de Arias, insistió en que la norma ‘levanta muy serias preocupaciones y sospechas. . . ’. Y esas sospechas —agrega— son ‘gravísimas’.

Más allá del efecto Navarro, CD cumplió su promesa de activar su aplanadora. Les costó 18 horas de discusión y dilatación.

Aprobaron, además, una norma que permite que la Fiscalía Electoral sea quien se encargue de las denuncias sobre campaña sucia y tenga hasta 15 días para pronunciarse. De igual manera, se permite por ley la postulación simultánea de un candidato a varios puestos de elección y abolen el sistema de asignación de curules en los uninominales. También se incluyó un artículo que permite a los candidatos independientes a presidente y vicepresidente del país, ser postulados por los partidos.

El oficialismo apuesta a convertir su reforma en ley de la República hoy.

Expertos advierten que Cambio Democrático podría ser alcanzado por el efecto búmeran de su propia idea.

2.8 kilómetros de viaducto y 10.6 hectáreas de rellenos

En el Instituto Nacional de Cultura dicen estar conscientes de que el próximo año el Casco Antiguo podría entrar en la lista negra de Unesco.

Ohigginis Arcia Jaramillo  

oarcia@prensa.com   El Ministerio de Obras Públicas adelanta los rellenos en la bahía de Panamá. Se trata del rompeolas en donde se ubicarán nuevas edificaciones: plaza adoquinada, área cultural, canchas deportivas, ciclovía y estacionamientos. LA PRENSA/Ana Rentería El costo de la cinta costera tres (CC3) no variará, pese a que el proyecto que se licitó y adjudicó a Norberto Odebrecht contempla la construcción de un túnel –y no de un viaducto marino– para unir la avenida Balboa con la de los Poetas.   Previamente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había dicho que prefería la opción del puente marino, porque esta era más barata que un túnel.   Ayer, el director de Proyectos Especiales del MOP, Carlos Ho, informó que los costos no variarán.   “El cambio que supone construir, en lugar de un túnel, la alternativa vial mixta de un puente marino, no implica una modificación del objeto contractual, ya que se logran los objetivos económicos y sociales previstos en el pliego de cargos”, explicó.   Ho sostiene que en el pliego de condiciones se solicitó que los oferentes considerasen como “diseño básico referencial” un túnel, pero podían presentar otras opciones para evaluación del MOP. Lo importante es que estas fuesen igual o más económicas que el túnel.   El proyecto se adjudicó a Odebrecht por $776.9 millones. Luego subió a $782.1 millones, porque –según Ho– el MOP solicitó extender el plazo de financiamiento.   El viaducto tendrá una longitud de 2.8 km y ocupará una superficie de 6.68 hectáreas. Estará dividido en nueve estructuras: siete tramos de puente marino y dos “vías de enlace”. Su construcción tomará 32 meses, de los 37 que se calcula implicará toda la obra.   COSTO DEL PROYECTO   Ayer, durante un recorrido por la bahía para observar el área donde se levantará el viaducto, Ho señaló que este costará $103 millones menos que el túnel, un ahorro que –según él– podrá beneficiar otros “componentes” del proyecto.   “Le tocará al Ejecutivo decidir qué hará con ese dinero restante. Nosotros vamos a sugerir que se invierta en canchas deportivas y áreas de recreación”, acotó.   No se sabe cuánto es el desglose del resto del proyecto: rellenos, rompeolas turístico, canchas deportivas y hasta un estadio de fútbol en El Chorrillo. El MOP no ha atendido preguntas de este diario al respecto, en reiteradas ocasiones.   En el pliego de condiciones sí incluye el mantenimiento por seis años de las tres fases de la cinta costera, por $19 millones; el ITBMS está “cerca” de los $51 millones, mientras que $26 millones se han reservado para “costos asociados” al MOP.   El 7 de septiembre pasado –un día después de haber entregado unos supuestos “estudios de impacto” al Comité de Patrimonio Mundial de Unesco, en París–, el MOP anunció el inicio de la construcción del viaducto y entregó una orden para que Odebrecht solicite a sus proveedores los “encofrados” (los moldes de metal que permiten construir las vigas), indicó.   Por su parte, el subdirector del Instituto Nacional de Cultura (Inac), Raúl Castro, dijo que al Comité de Patrimonio Mundial se le informó desde la semana pasada que comenzarían la construcción del puente marino. El Comité ha pedido la suspensión de los trabajos hasta definir la afectación que estos tendrán sobre el valor patrimonial del Casco Antiguo.   “Unesco lo único que hace es recomendaciones, pero no puede impedir que el proyecto continúe”, dijo Castro.   Hace un año, el Casco Antiguo estuvo a punto de entrar a la lista de patrimonio en peligro de Unesco, precisamente por los avances de la CC3. El proyecto será evaluado en la próxima asamblea del Comité, en junio de 2013, en Camboya. ¿Qué pasaría si el Casco es nuevamente nominado para ingresar a la lista en peligro?   “No creo que eso pase, pero está dentro de las posibilidades”, replicó Castro.   Sebastián Paniza, presidente del capítulo panameño del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), lamentó que empezaran los trabajos sin las recomendaciones de Unesco. “Los Estados parte tienen responsabilidades y compromisos. Panamá no los está cumpliendo”, añadió.   En tanto, Fernando Díaz Jaramillo, dirigente de la Alianza Pro Ciudad, indicó que el sitio podría perder su categoría de patrimonio de la humanidad.   Rellenos   El estudio de impacto ambiental del proyecto incluye –además del viaducto– un paseo peatonal en la avenida Pablo Arosemena y dos rellenos en San Felipe, que juntos suman 10.6 hectáreas. Uno estará frente a la Presidencia de la República y otro, adyacente a la avenida de los Poetas, el cual –dicho sea de paso– ya está en construcción. Hay un tercer relleno, que es el del rompeolas turístico.   En el caso del relleno frente a la Presidencia, se trata de 2.9 hectáreas para dar “continuidad” a la segunda fase de la cinta e incluye una plaza adoquinada con fuente, y 144 estacionamientos para uso “institucional” y de los visitantes del Casco.   El otro relleno estará entre San Felipe y Santa Ana, y será lateral a la avenida de los Poetas. Son 7.7 hectáreas y contempla ciclovía, canchas de juegos, plazas y 350 estacionamientos. Este relleno, antes de convertirse en área recreativa, será usado por Odebrecht como “patio de prefabricados para la construcción del viaducto”.