La principal sospechosa del fraude en Financial
Pacific se reitera en sus denuncias sobre el caso. A su vez, los
involucrados la desmienten.
Juan DíazElio Nuñez
panorama@prensa.com 
Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por 14 millones
de dólares en la casa de valores Financial Pacific (FP), presentó ayer
una queja por denegación de justicia contra el juez segundo penal
Johan Barrios, quien le fijó fecha de audiencia preliminar para el
próximo 16 de septiembre por delitos financieros.
Zulay
Rodríguez, abogada de Pellegrini, alegó ayer que el juez Barrios se ha
negado a recibirle una serie de pruebas a favor de su cliente, con el
argumento de que se presentaron después que la Fiscalía Decimotercera le
enviara la vista fiscal con una petición para que se le abriera causa
criminal.
Sin embargo, Rodríguez asegura que presentó estas
evidencias dos días antes de que la fiscalía remitiera sus conclusiones
y, a pesar de ello, Barrios las consideró extemporáneas.
Agregó
que esa vista, firmada por el fiscal Julio César Laffaurie, entró al
Juzgado Segundo Penal el 22 de abril de 2013 y que el incidente de
controversia en el que solicitó la admisión de las pruebas llegó a ese
despacho el 20 de abril, es decir dos día antes.
Rodríguez se
presentó ayer ante el Segundo Tribunal de Justicia a ratificarse de la
queja que interpuso contra el juez Barrios por denegación de justicia.
A
finales de junio pasado, Pellegrini, a través de sus abogados, también
recusó al juez Barrios, en esa oportunidad por la supuesta tardanza de
este funcionario judicial en resolverle un incidente de controversia con
el que pretendía que le fueran admitidas 22 pruebas inicialmente
negadas por la fiscalía.
De acuerdo con Rodríguez, como el juzgado no ha resuelto este incidente, su cliente se encuentra en estado de indefensión.
Asegura
que se le ha negado la práctica de pruebas que pueden demostrar su
inocencia, entre estas, una nueva ampliación de su declaración
indagatoria.
“Este juez está alterando pruebas para evitar que
interrogue a los exdirectivos de Financial Pacific, Iván Clare y West
Valdés...”, recalcó Rodríguez.
Clare y Valdés son los exdirectivos
de FinancialPacific y, según Pellegrini, no había forma de que se
hiciera algún fraude sin que ellos no estuvieran al tanto.
La
principal sospechosa del desfalco está recluida en el Centro Femenino de
Rehabilitación desde noviembre de 2012, y esta semana se comunicó con
este diario para hacer nuevas revelaciones en el caso.
Habló de la
supuesta intromisión del entonces procurador José Ayú Prado para
desvincular al presidente, Ricardo Martinelli, de la casa de valores FP.
“Mi
retractación fue escrita por [Ricardo] Ricki Solís y José Ayú Prado.
Nada de lo que dije salió de mi boca, sino de la de ellos. Incluso
cuando estaba por salir, me hicieron regresar y firmar nuevamente porque
habían olvidado algo”.
De acuerdo con su reciente versión,
constatada en la carta escrita a este diario, esto fue lo ocurrido el
26 de diciembre de 2012, cuando amplió su primer relato.
En su
comparecencia inicial ante la Fiscalía Decimotercera, Pellegrini
detalló que los entonces directivos de Financial Pacific Valdés y
Clare habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High
Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones
de Petaquilla”. “Y que era del presidente Martinelli”.
La afirmación la hizo en la declaración que rindió entre el 22 y el 28 de noviembre.
Pero
en la carta que escribió desde el reclusorio esta semana, señala
que su retractación fue una farsa. Que optó por decir cómo se gestó la
supuesta manipulación a raíz de un “acuerdo incumplido”.
El pacto, según Pellegrini, era desvincular al Presidente a cambio de su libertad, pero esto nunca sucedió.
Afirmó que esto fue lo que le hizo saber su anterior abogado Mauricio Ceballos.
Desmiente a detenida
Ceballos
desmiente esta versión de los hechos. El abogado, que también fue
fiscal del Ministerio Público en 2012, explicó, además, que en el
despacho donde se le tomó esa ampliación no se encontraba el entonces
procurador de la Nación, José Ayú Prado, como lo aseveró Pellegrini en
la carta enviada a este diario esta semana.
El exfuncionario del
Ministerio Público aseguró que en esa diligencia judicial solo
participaron el fiscal encargado Frank Torres, su secretaria, los
agentes policiales que custodiaban a la implicada, uno de sus socios que
no identificó, y él.
Pellegrini se mantiene en su afirmación:
“Ayú Prado estaba en una oficina anexa al lugar donde amplié mi
indagatoria. Lo que iban poniendo como declaración mía se enviaba por
fax a Ayú Prado, según me dijo mi abogado. Luego recibimos un fax con
correcciones de mi retractación”.
Por su lado, el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ayú Prado dijo que eso es falso.
Se
comunicó con este diario a través de una carta, y en ella afirmó que
cuando todavía era procurador de la Nación no intervino en la
ampliación de indagatoria de Pellegrini en el caso de Financial Pacific
(FP).
“Como quiera que el sumario de marras está pendiente de
calificación, por un juzgado de circuito penal, considero que un
integrante de la Corte Suprema de Justicia no debe emitir comentarios o
apreciaciones sobre el particular”, indicó Ayú Prado, tratando de
guardar distancia en el caso.
Ceballos reiteró que nunca se
dio ningún acuerdo para que hubiese una retractación. “A mí no me consta
ningún tipo de arreglo a cambio de las declaraciones de Pellegrini; no
se me acercó ninguna persona a ofrecerme ningún acuerdo”, agregó.
Pero
dado el giro y las serias acusaciones derivadas del caso Financial
Pacific, el diputado Juan Carlos Arosemena, del opositor Partido
Revolucionario Democrático (PRD), considera que el magistrado Ayú Prado
debería ser investigado por la Asamblea Nacional. “Lo que está
asegurando la señora Pellegrini no es solo una intromisión del Órgano
Judicial, sino que podría haber un delito de falsificación, y eso es
peligroso”.
Manifestó que “la Asamblea debe iniciar una
investigación, pero para ello habría que esperar que se presente alguna
denuncia contra Ayú Prado, y entonces la Comisión de Credenciales
estudiaría el caso”.
En este asunto, el presidente Martinelli ha
guardado silencio por los canales oficiales y optó por escribir en su
cuenta de Twitter.
Dijo que: “Es lamentable que para mantener
línea editorial opositora usen a una delincuente confesa para atacar a
quienes trabajamos a favor del pueblo”.
Pellegrini reaccionó a
este comentario del gobernante: “...Le recuerdo la presunción de
inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿o debo asumir que va a
mandar a condenarme, como ha mandado a manipular hasta ahora todo el
proceso?”, señaló.
Todas
estas fallas, según denuncian los usuarios, les obligan a utilizar los
mismos centros de salud a los que asistían antes de que se construyera
el Minsa-Capsi de Las Garzas de Pacora, a un costo de $5.4 millones.
