viernes, 31 de agosto de 2012

Manuel Benítez, nuevo subadministrador del Canal de Panamá

Redacción de prensa.com
Manuel Benítez tomará posesión del cargo de subadministrador del Canal de Panamá el 4 de septiembre de 2012
El ingeniero Manuel Benítez fue designado nuevo subadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), informó este viernes, 31 de agosto, la entidad a través de un comunicado.

El nombramiento de Benítez tendrá efecto a partir del 4 de septiembre de 2012, el mismo día en que Jorge Quijano asuma el cargo de administrador de la ACP en reemplazo de Alberto Alemán Zubieta.

“La junta directiva [de la ACP] ha considerado que por su experiencia y conocimientos el ingeniero Benítez contribuirá a la gestión del Canal de Panamá y los nuevos retos que enfrenta la vía interoceánica para mantenerse como una ruta competitiva del comercio mundial”, indicó Roberto Roy, presidente de la junta directiva.

RECORRIDO

Benítez es egresado del Instituto Fermín Naudeau y comenzó su carrera profesional en el Canal de Panamá en 1978 como aprendiz de mecánico de instrumentos de precisión.

Después de obtener la licenciatura en ingeniería electromecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá, en 1986, fue seleccionado como técnico en ingeniería eléctrica. En 1997 fue nombrado gerente de la División de Electricidad en el Canal.

En 2001 fue ascendido al cargo de director de Servicios Industriales, posición que ocupó hasta el 30 de agosto de 2004, cuando la junta directiva lo designó para ocupar el cargo de subadministrador Interino, efectivo el 1 de septiembre de 2004.

En marzo del 2007, Benítez fue designado vicepresidente ejecutivo de Operaciones, departamento responsable de todas las operaciones marítimas, protección, respuesta a emergencias, dragado, mantenimiento de las infraestructuras, flota y equipos requeridos para las operaciones del Canal.

Bajo su responsabilidad como vicepresidente de Operaciones estuvo la coordinación, administración de normas y reglamentos relacionados con la navegación y tránsito por el Canal, sus puertos y sus bahías.

Además de la operación y mantenimiento de las tres esclusas e instalaciones complementarias, operación, mantenimiento y reparación de la flota de remolcadores y lanchas y practicaje, al igual que los inventarios centrales de la ACP.
Electricidad, un gran negocio entre amigos
Ahylin Aizprúa / Nicanor Alvarado
El gobierno compró dos terrenos para un mismo proyecto
Electricidad, un gran negocio entre amigos
Etesa controla la transmisión de energía que luego ENSA y Gas Natural Fenosa distribuyen.

PANAMÁ. En el rejuego del negocio eléctrico panameño entre más cercano al gobierno en turno se esté, es mejor. Y eso lo sabrán bien dos personajes que aunque no comparten ideología política han logrado contratos y han sido beneficiados de transacciones en el mercado de la electricidad.

Se trata del diputado de Cambio Democrático (CD) Carlos Afú —conocido por el escándalo del Cemis—, y del empresario bocatoreño David Ochy —dueño de la agraciada empresa Transcaribe Trading—.

Una empresa ligada a Afú —confirmaron fuentes de las empresas estatales de Generación Eléctrica (Egesa) y de Transmisión Eléctrica (Etesa) a La Estrella— le vendió al Estado en 2010 un terreno en el corregimiento de Pedregal para ubicar la subestación II de Panamá para el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia.

La transacción superó los 3 millones de dólares y aunque no había fondos, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea ayudó a facilitar el negocio con un crédito extraordinario que hizo el 6 de diciembre de 2010.

Sin embargo, ya el Consejo Económico Nacional (Cena) había autorizado a Etesa, el 17 de septiembre de 2009, la compra directa de una finca de cuatro hectáreas en Pedregal a la Inmobiliaria CTG por 780 mil dólares. Allí se edificaría la misma subestación del proyecto de interconexión que se decidió construir en el terreno de Afú.

¿Por qué el gobierno compró dos terrenos para un mismo proyecto? ¿Y por qué la diferencia abismal de precios? Nadie quiere hablar al respecto.

La Estrella intentó contactar a Afú y a Etesa, pero no contestaron las llamadas.

LAS REPERCUSIONES

Lo que en el círculo empresarial más cercano al gobierno sí es bien sabido es que por oposición a la compra, el entonces gerente de Etesa, René Rivera, dejó su cargo.

Tras su dimisión, llegó a Etesa el ingeniero civil Fernando Marciscano. Con su administración se concretó la compra del terreno a la compañía ligada a Afú. Y el mismo diputado, aseguraron las fuentes, cabildeó por que la Asamblea concediera la partida para el negocio.

Marciscano es compadre de Javier Pariente, el gerente de la empresa de distribución ENSA. Fuentes diplomáticas aseguran que es una de las compañías favoritas para liderar la distribución de energía, una vez terminen las concesiones en 2013 de los dos grupos distribuidos.

Casualmente, amigos y allegados a Pariente están al frente de Egesa y de la Oficina de Electrificación Rural (OER), que con Etesa forman el trío de compañías estatales eléctricas.

LOS NEGOCIOS EN BOCAS DEL TORO

Dentro del vasto plan energético del gobierno actual está la promoción de la electrificación en áreas rurales, mediante fuentes renovables y no renovables como la instalación de paneles solares. Esa tarea recae sobre la OER, adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Inicialmente, Randol Gamed estaba bajo la dirección de la OER, pero fue reemplazado por Vicente Prescot, un excontratista de ENSA.

Así como Rivera, Gamed —indicaron fuentes a La Estrella— salió forzado de la OER por las contrataciones ‘teledirigidas’.

Los negocios de la OER calaron bien en Guabito, Changuinola y Almirante, en Bocas del Toro. En febrero de 2011, el gobierno le compró a la Bocas Fruit Company el sistema de electrificación por 5. 6 millones de dólares. Lo hizo con otro traslado de partida que concedió la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

El control del sistema eléctrico en Bocas del Toro pasó a la esfera gubernamental de la mano de Enot Araúz, quien, según las fuentes, es otro amigo de Pariente.

En el negocio de los paneles solares entra el empresario David Ochy, cuya constructora, Transcaribe Trading, se ha ganado más de 400 millones de dólares en contratos de construcción, en tres años de gobierno.

Este medio intentó obtener las versiones de Fernando Marciscano, David Ochy, Javier Pariente, René Rivera y de Gas Natural Fenosa, pero fue imposible contactarlos.

jueves, 30 de agosto de 2012

Aramburú Porras: Una familia en Panamá necesita $800 para vivir bien

REDACCIÓN DE PRENSA.COM
Economistas han manifestado que es preocupante que el 70% de la población empleada y en planilla gane menos de $600, debido al alto costo de la canasta básica.
Para poder vivir bien, una familia panameña necesita $800, según el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras. Por ello, indicó que es preocupante que el 70% de la población empleada y en planilla gane menos de $600.

En Telemetro Reporta, Aramburú Porras señaló que “con una canasta básica que anda por $320, que no incluye transporte, vivienda, electricidad, agua, entretenimiento y cosméticos”, es difícil que una familia se defienda y pueda vivir dignamente.

En este sentido, cuestionó que se hable de tanto progreso económico. Pero, “ese progreso del que se habla ¿dónde está?”, se preguntó.

Ante esta situación, Aramburú Porras cuestionó los “sobrecostos notorios” en las mega obras que adelanta este Gobierno. Éstos se han convertido en un “golpe a la pobreza” y en un insulto a la inteligencia del panameño, aseveró.

También hizo un llamado al gobierno de Ricardo Martinelli para que “tenga más conciencia”, ya que “no podemos hacer todas las obras al mismo tiempo”.

A pesar de que las obras son necesarias, Aramburú Porras expresó que no hay nada que justifique los sobrecostos en los proyectos, ya que “se está poniendo en riesgo” la capacidad del Gobierno de atender las necesidades de la población a futuro.

miércoles, 29 de agosto de 2012

Guerra en el negocio de energía eléctrica
Ahylin Aizprúa
Los movimientos van de la mano de intereses por controlar el sector. Denuncian vínculos con el Gobierno
PANAMÁ. A medida que se acerca el tiempo estipulado para abrir el proceso de concurrencia para la licitación de las acciones de las empresas distribuidoras de energía salen a relucir los intereses que hay detrás para controlar este segmento de mercado. Las cosas no pintan bien para la empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. (EDEMET), del grupo español Gas Natural Fenosa, que se enfrenta el rechazo de usuarios afectados por las constantes fallas y cortes de energía en el sector oeste (las que atribuye a actos de vandalismo), una sanción por un millón de dólares y la advertencia del propio presidente Ricardo Martinelli de que al Gobierno ‘no le temblará la mano’ para sancionarla. Fuentes señalan que la intención es dejar a un solo distribuidor, y apuntan a la colombiana ENSA, con importantes conexiones con el Gobierno.
 
Lucha por el control del mercado eléctrico
Ahylin Aizprúa
En octubre se abre el proceso de concurrencia para que empresas participen en la licitación de las acciones de las empresas privadas. Forcejeos por el control
 
PANAMÁ. A solo un mes de que se abra el proceso de venta de la
s acciones que están en manos de las empresas de distribución eléctrica se acentúan los problemas con EDEMET, S. A. , del grupo español Gas Natural Fenosa.

Las dificultades van desde las quejas de los usuarios por los constantes apagones en el área oeste de la provincia capital, la multa de un millón de dólares interpuesta por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) por incumplir normas, las advertencias del presidente Ricardo Martinelli de que al gobierno no le temblará la mano para sancionarla y su anuncio anticipado de que EDEMET sería multada con 10 mil dólares diarios de no mejorar el servicio y poner fin a las interrupciones.

Ayer la ASEP formalizó en conferencia de prensa el anuncio del Presidente. Fuentes revelaron a La Estrella que en la ASEP hay por lo menos cuatro procesos contra EDEMET, los cuales sumarían 2 millones de dólares.

FIN DE LAS CONCESIONES

El próximo mes de octubre, la ASEP abrirá el proceso de venta de las acciones que están en manos de las empresas privadas. En declaraciones a este diario, la ASEP dijo que este es el momento propicio para tener un mejor control de calidad, tarifas y de cobertura. Según la institución, el hecho de que se venza la concesión abre una oportunidad para ‘hacer adecuaciones más acordes con la situación actual del país y las necesidades que tiene el servicio de electricidad’.

Pero hay quienes señalan que detrás de la situación se esconden intereses por controlar el mercado eléctrico de distribución panameño, lo que involucraría a allegados al actual Gobierno.

Una fuente ligada al sector dijo a La Estrella que lo que se busca es tener a un solo distribuidor de energía, lo que ha sido negado por la ASEP. Según fuentes diplomáticas, uno de los favoritos para liderar el sector sería ENSA, distribuidora de capital colombiano manejada por Javier Pariente, con ‘buenas’ relaciones dentro del Gobierno y quien dirigiría los últimos movimientos en el mercado.

ENSA es la otra distribuidora a la que se le vence la concesión el próximo año.

En varias ocasiones este diario ha intentando hablar con la empresa al respecto, pero nunca ha recibido respuesta. Para hoy miércoles se anunció que la ASEP comparecerá en el pleno de la Asamblea para rendir un informe sobre los problemas que enfrenta EDEMET.

Al respecto, Gas Natural Fenosa dice que no hará comentarios.

martes, 28 de agosto de 2012

Una ley ´traje´ para los diputados

La propuesta establece un nuevo mecanismo para procesar a los diputados. La iniciativa es calificada como un ´nuevo blindaje´ y revive ´la inmunidad´.
Isidro Rodríguez
El proponente del proyecto, Hernán Delgado (La Prensa/Jorge Fernádez)

Con 38 votos a favor y 12 en contra el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley que revive la exigencia de presentar una prueba sumaria, por parte del demandante, para poder que se admitan denuncias contra los diputados.
 
El proyecto, que fue aprobado por las bancadas de Cambio Democrático (CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), tuvo el rechazo de las bancadas del panameñismo y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), así como del diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas.
 
Entre las modificaciones aprobadas se establece que entre los requerimientos para admitir una denuncia o querella de esta naturaleza se debe acreditar la “prueba idónea del hecho punible”.
 
El proyecto, presentado por el diputado de CD Hernán Delgado, también establece como requisitos que la querella o denuncia contra un legislador debe ser promovida a través de un abogado y para ser admitida tiene que incluir los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal.
 
Debe llevar, además, los datos de identificación del domicilio e identificación del querellado. También, una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización y la prueba idónea del hecho que se imputa.
 
Delgado defendió su proyecto argumentando que “no constituye privilegio alguno para la Asamblea; lo que hay son malas interpretaciones y planteamientos demagógicos”.
 
Manifestó que lo que se busca es que la Corte asuma el rol que le corresponde y que las denuncias, querellas o acusaciones que se presenten tengan el trámite que la ley procesal exige.
 
“Nosotros sentimos que ha habido inactividad en cumplir el papel que le corresponde; que es atender los procesos y no archivarlos”, sostuvo Delgado.
 
“No hay ninguna prerrogativa. Simplemente hay la aplicación de una ley objetiva e imparcial sobre esto”, puntualizó Delgado.
 
El diputado del Molirena Miguel Fanovich sostuvo que la oposición adoptó una posición impredecible porque inicialmente lo aprobó y ahora, por temor a los medios, está en contra.
 
La iniciativa logró ser aprobada después de un segundo intento.
 
En octubre de 2010 el proyecto fue respaldado en la Comisión de Gobierno por todas las bancadas, pero en el tercer debate fue bajado por las críticas de diversos sectores. El pasado jueves también logró el respaldo unánime en segundo debate, pero ayer no encontró apoyo en la oposición.
 
El diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas, que votó en contra, calificó la iniciativa como “improcedente” porque establece que la única instancia donde puede presentarse una denuncia contra un diputado es en la Secretaría de la Corte.
 
Además, dijo que el proyecto confunde lo que es querella y denuncia, y establece que la denuncia debe ser presentada a través de abogados, requisito no establecido en ningún otro proceso penal. Y señala que la denuncia tiene que ser escrita, cuando ello no está contemplado en ningún otro proceso, agregó.
 
Rosas también cuestionó que el memorial de denuncia requiera los datos del querellante y querellado y además que se presente prueba sumaria, lo que a su juicio hace imposible la presentación de una denuncia contra un miembro de la Asamblea.
 
Por su parte, el panameñista José Luis Varela, que en tercer debate votó en contra, opinó que la iniciativa le da beneficios adicionales y prerrogativas a los diputados. “Ya de por sí nosotros somos juzgados por la Corte Suprema y ahora se exige la presentación de una prueba sumaria, algo que no se le pide a cualquier panameño”, sostuvo Varela.
 
Mencionó, como ejemplo, que con la denuncia por malversación de fondos el denunciante tendrá que llevar el informe de Contraloría, proceso que es difícil de tramitar.
 
Manifestó que los diputados de CD están tomando acciones para su beneficio y buscando mayor protección.
 
Entre tanto, el diputado del PRD Elías Castillo dijo que no debe haber privilegio ni distinción para nadie.

lunes, 27 de agosto de 2012

PRD cambia de mando y mira hacia 2014

Cuatro diputados de la bancada del PRD integrarán el nuevo CEN del partido, que liderará Juan Carlos Navarro, según los resultados.
Gustavo A. Aparicio O.
 
Juan Carlos Navarro vence con su nomina con un arroyador triunfo
En una votación que se extendió por casi 10 horas, la cúpula del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) –el más grande de la oposición– cambió de dirigencia cuando los 10 cargos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fueron obtenidos por figuras ligadas a la nómina azul, que lideró Juan Carlos Navarro.
 
La secretaría general del PRD, el principal cargo del colectivo, fue ganada por el exalcalde capitalino Juan Carlos Navarro, quien derrotó en un margen de 2 a 1 al exministro Mitchell Doens, quien buscaba la reelección.
 
Navarro obtuvo 2 mil 563 votos contra mil 181 de Doens.
 
Cuatro mil 105 de los 4 mil 200 delegados del partido se acreditaron para ejercer el sufragio en la arena Roberto Durán.
 
La espera de los resultados fue larga. La votación electrónica se inició cerca de la 1:30 p.m., una hora más tarde de lo previsto, y terminó a las 9:30 p.m. Algunas fallas iniciales del sistema y el desconocimiento de gran parte de los delegados sobre su uso provocó un retraso de más de cuatro horas. El resultado debía anunciarse a las 6:15 p.m., pero no fue sino hasta las 10:45 p.m. cuando se dieron los primeros informes.
 
Los delegados abucheaban y gritaban exigiendo que se revelaran las cifras.
 
Los diputados del PRD Benicio Robinson, Leandro Ávila, Rogelio Paredes y Crescencia Prado ganaron puestos en el CEN, según los resultados que dio a conocer la comisión nacional de escrutinio del partido.
 
Robinson obtuvo 2 mil 736 votos para ganar la presidencia del colectivo contra 980 que obtuvo Francisco Sánchez Cárdenas, quien buscaba la reelección. Robinson obtuvo más votos que el propio Navarro.
 
Leandro Ávila ganó la primera vicepresidencia con 2 mil 394 votos contra mil 315 que logró Susana Richa de Torrijos.
 
Rogelio Paredes, diputado por Arraiján, se mantuvo dentro del CEN del partido al reelegirse como segundo vicepresidente. Logró 2 mil 281 votos de los delegados contra mil 377 del también diputado Yassir Purcait.
 
Javier Martínez Acha ganó la primera subsecretaría con 2 mil 202 votos.
 
La segunda subsecretaría fue para Maribel Coco, con 2 mil 168 votos.
 
Doris Zapata obtuvo la tercera subsecretaría con 2 mil 216 votos. En la cuarta subsecretaría resultó electo el exlegislador Roberto Ábrego, con mil 822 votos.
 
Juan Felipe Pittí obtuvo la quinta subsecretaría con mil 701 votos, y la diputada de la comarca Ngäbe Buglé, Crescencia Prado, se apoderó de la sexta subsecretaría al sacar 2 mil 329 votos.
 
El único cargo en el que resultó vencedor un miembro del equipo de Doens fue en el de defensor de los derechos de los miembros del partido, que recayó en Kadhine Gutiérrez.
 
Como fiscal del PRD ganó Víctor Chachi De Gracia, exsecretario general del Órgano Legislativo, y Dayra Ortiz será el presidente del Tribunal de Honor y Disciplina.
 
Los 10 miembros del CEN subieron a la tarima mientras que los dirigentes de Tocoma, Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, se retiraron del recinto a preparar la transición de mando del PRD.

domingo, 26 de agosto de 2012

El oro, lo que más se exporta

De los principales productos de exportación, el metal dorado es el que tiene mayor peso. En el primer semestre se exportaron $51.3 millones.
Mary Triny Zea  
 
Para la operación diaria de la mina de Petaquilla se requiere una cantidad de agua equivalente a la que consumen en promedio más de 60 mil panameños por día.
El oro que se extrae de los bosques de Colón se ha convertido en el principal producto de exportación de Panamá.
 
Durante el primer semestre el valor de las exportaciones panameñas sumó $386 millones, 2.7% menos si se compara con el primer semestre de 2011, según la Contraloría.
 
De los principales productos que exporta Panamá, el oro es el que concentra la mayor parte, con $51.3 millones en el primer semestre.
 
En tanto, respecto a los productos agrícolas se observa que el banano repuntó 1.3%, con $43.8 millones; el melón 3.9%, con $5.9 millones; el azúcar 14.5%, con $27.8 millones, y la carne bovina 46.2%, con $11.9 millones.
 
El producto agrícola que más aumentó su exportación en los primeros seis meses fue el ganado en pie, que creció mil 468%, porque se colocaron $1.4 millón, mientras que en 2011 apenas fueron $90 mil.
 
Por su parte, los bienes que reflejaron una variación negativa fueron la sandía, con -4.2%; piña, -16.5%; y café, -19%. Se exportaron $15.8 millones en sandía, $14.3 millones en piña y $6.8 millones en café.
 
El atún y el pescado continúan a la baja, $13.1 millones, con una caída de 52.5%.
 
¿Lo que brilla es oro?
 
El economista Álvaro Naranjo explica que cuando hay depreciación de las monedas este metal es un refugio.
“La gente mira el oro como una cobertura en contra de la inflación, es un metal que mantiene el valor del dinero en el tiempo”, expresó.
 
En diversos bancos centrales del mundo se acepta el oro como garantía o valor colateral, lo que aumenta la demanda.
 
“Es mejor que se exporten materiales como el oro porque no sirve de mucho, no se puede vender o regalar a la gente pobre, no es un material productivo”, agregó.
 
En tanto, admitió que el asunto ambiental es delicado, por lo que las empresas deben regirse por normas de responsabilidad ambiental.
 
Petaquilla Gold es la única empresa que extrae oro en el país con fines comerciales desde 2010, en la provincia de Colón. El Estado solo recibe 4% en regalías.
 
En mayo pagaron las regalías del segundo semestre de 2011: $1.01 millón, mientras en ese período se exportó oro por $39.8 millones, según la Contraloría.
 
Petaquilla, que se publicita como “minería limpia, responsable y moderna”, empezó a operar sin estudio de impacto ambiental en el bosque de Donoso.
 
Para Rodrigo Esquivel, presidente de Petaquilla Gold, además de las regalías lo trascendente es el impacto social que genera el proyecto en las comunidades.
 
Por ejemplo, dijo en la pasada entrega de regalías que la minera genera más de mil 500 plazas laborales.
 
Pero dichos beneficios le fueron reclamados al municipio de Penonomé. Esta semana la Fundación Petaquilla envió una misiva a los ediles en la que reclama $300 mil por los favores hechos por la minera desde 2009.
 
Se reclamaba la recolección de la basura, arreglo de parques, entre otras cosas, y se pedía saldar la deuda de la mejor manera posible. Todo surgió porque no se eximió del pago de impuestos a dos restaurantes relacionados a directivos de la minera.
 
Una docena de asociaciones ambientalistas sostienen que la pérdida de bosques primarios, caudales, la calidad del agua y biodiversidad no se compensa con las regalías que recibe el Estado.

viernes, 24 de agosto de 2012

Futuro de caso Lavítola, en manos de Tribunal de Revisión

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre el caso Lavítola, el nombre del mandatario panameño surge en otra pesquisa.
Santiago Cumbrera  
Por segundo día consecutivo, el diario italiano ´Il Fatto Quotidiano´ dedica parte de su edición al tema de Valter Lavítola y la investigación relacionada con Panamá

 
Un día después de conocerse en Italia que el nombre del presidente, Ricardo Martinelli, es mencionado en una conversación telefónica interceptada por orden judicial al expresidente de la empresa italiana Impregilo Massimo Ponzellini –investigado en Italia por corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales–, en Panamá no se ha producido un pronunciamiento formal sobre el tema de autoridad alguna.
 
La Prensa tampoco obtuvo ayer respuesta a un cuestionario enviado al empresario estadounidense Rogelio Oruña –representante en Panamá de IBT, compañía con más de 400 millones de dólares en contratos con el Estado–, de quien se cree que una de sus sociedades sirvió para trasladar dinero al presidente Martinelli y otros funcionarios locales, según publicó el miércoles el diario italiano Il Fatto Quotidiano.
 
Ponzellini, quien está detenido, es investigado en Milán, Italia, por un caso distinto y separado al que adelantan las autoridades de Nápoles contra Valter Lavítola, quien fue acusado de corrupción internacional, aunque este proceso se encuentra suspendido.
 
DISTANCIA
 
Martinelli evitó referirse ayer al tema cuando se le preguntó su opinión sobre la publicación del diario Il Fatto Quotidiano, que reveló detalles de la conversación que en abril de 2011 sostuvo Ponzellini con el hoy exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi. “Yo no leo pasquín”, fue su respuesta. En el pasado, Martinelli ha sostenido invariablemente que lo publicado en Panamá sobre las investigaciones en Italia buscan desacreditarlo.
 
Según Il Fatto Quotidiano, en la conversación interceptada, Berlusconi le comunicó a Ponzellini que Valter Lavítola –el hombre clave en los millonarios contratos entre Panamá y Finmeccanica– lo llamó de parte de Martinelli para informarle que si Impregilo no cumplía el compromiso de donar un hospital a Panamá, el Presidente panameño haría una declaración pública a fin de afectar el valor en bolsa de las acciones de la empresa.
 
Impregilo, la más importante empresa constructora italiana, es parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal S.A., que construye el tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal.
 
Ponzellini ratificó el contenido de la grabación ante los fiscales de Nápoles Francesco Curcio, Henry Woodcok y Vincenzo Piscitelli, encargados de la investigación contra Lavítola por supuesta corrupción internacional.
 
ESPERAN DECISIÓN
 
Por otro lado, el diario Il Fatto Quotidiano ayer nuevamente volvió a dedicarle espacio en sus páginas a las acusaciones que recaen sobre Lavítola por el supuesto pago de sobornos a políticos panameños.
 
Tras conocerse la decisión de la Corte de Casación de anular la detención preventiva de Lavítola por motivos formales (falta de competencia), ahora le corresponderá a los jueces de un Tribunal de Revisión italiano precisar dónde ocurrió el supuesto delito, para determinar si los fiscales napolitanos que realizaron la investigación y ordenaron su detención preventiva tienen o no competencia para ello.
 
“Si al menos una parte de la conducta imputada ha sido cometida en Italia, esto tendría consecuencias desde el punto de vista jurisdiccional sobre las condiciones y formas en que las mismas fueron realizadas”, señala el diario, citando la sentencia 32779 en el que la Corte de Casación (tribunal de primera instancia de Nápoles) que canceló el 13 de agosto pasado la orden de prisión preventiva dictada en contra de Lavítola.
 
PIDEN INVESTIGAR
 
Entretanto, desde la oposición, Jorge Alberto Rosas, diputado del Molirena que denunció sobreprecios en los equipos comprados por el Gobierno al grupo Finemmeccanica, comentó que es preciso hacer presión para que la Corte Suprema de Panamá reenvíe el caso al Ministerio Público, donde –comentó– “las investigaciones se hicieron a la ligera”.
 
“La Corte Suprema debe ordenar la ampliación de la denuncia de pagos de sobornos al gobierno de Martinelli”, añadió Rosas, refiriéndose al caso que se le sigue a Lavítola en Italia por supuesta corrupción internacional.
(Con información de José González Pinilla).

Hospitales de IBT y la denuncia de Herrera

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Dirección General de Ingresos, al Ministerio de Comercio e Industrias y al Registro Público información sobre las empresas que participaron en las licitaciones para la construcción de cuatro hospitales en el interior del país, ganada por el consorcio dominicano- español IBT Group. Igualmente, requirió al Tribunal de Cuentas información sobre procesos relacionados con estas contrataciones.
 
Fuentes del MP explicaron que se trata de diligencias que forman parte de la investigación iniciada en mayo pasado, tras la denuncia de supuestas irregularidades en dichas licitaciones presentada por la dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera.
 
En la denuncia de Herrera se pide investigar un supuesto sobreprecio de $60 millones en los contratos para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento de hospitales en las provincias de Darién, Los Santos, Colón y Chiriquí.
 
Herrera denunció que IBT Group ganó la licitación de los cuatro hospitales por $237.2 millones, cifra que aumentó tras la firma de los contratos en $16 millones.
 
La política opositora también denunció las modificaciones a los contratos, con los que el pago del 7% correspondiente al impuesto de transferencia de bienes muebles fue asumido por el Estado.
 
La investigación, en manos del procurador, José Ayú Prado, es por posibles delitos contra la administración pública.
Elio Núñez

jueves, 23 de agosto de 2012

Surge grabación reveladora

Santiago Cumbrar  
 
 
El diario italiano ´Il Fatto Quotidiano´ publicó una foto del presidente, Ricardo Martinelli, junto a Silvio Berlusconi para ilustrar el reportaje en el que vuelven a citar al mandatario de Panamá en una escucha telefónica.
El empresario estadounidense Rogelio Oruña, representante en Panamá de la compañía IBT, que adelanta obras contratadas por el Gobierno panameño valoradas en $424 millones para construir hospitales, centros de hemodiálisis y de atención primaria, es mencionado en Italia como una de las personas que habría facilitado una de sus sociedades para trasladar dinero al presidente, Ricardo Martinelli, y a otros políticos locales.
 
En su edición de ayer 22 de agosto, el diario Il Fatto Quotidiano reveló detalles de una conversación telefónica interceptada por mandato judicial al expresidente de la empresa italiana Impregilo Massimo Ponzellini, investigado por corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
 
Las investigaciones de la Fiscalía de Milán a Ponzellini –entonces también presidente del Banco Popular de Milán– surgieron por la concesión de préstamos por el orden de 148 millones de euros, supuestamente otorgados “a través de la falsificación de los procedimientos de evaluación en el banco”, a cambio 5.7 millones de euros en sobornos.
 
Por este caso, que es distinto al proceso contra Valter Lavítola, Ponzellini se encuentra detenido.
 
VÍNCULOS
 
Según el diario italiano, en una conversación interceptada en abril de 2011 entre Ponzellini y el hoy ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi surgió el nombre de Valter Lavítola, pieza clave en la millonaria y polémica contratación entre el Gobierno de Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica.
 
En dicha conversación, Berlusconi le dijo al expresidente de Impregilio que Lavítola lo llamó de parte de Martinelli, solicitando que la empresa cumpliera el compromiso de donar un hospital. “Si bien Impregilo no mantiene el empeño [su supuesta promesa], Martinelli está listo para conceder una declaración pública con la intención de afectar el valor de las acciones de Impregilo en la bolsa”, señala el diario citando a Berlusconi.
 
Tras la interceptación telefónica, destaca Il Fatto Quotidiano, los fiscales de Nápoles Francesco Curcio, Henry Woodcok y Vincenzo Piscitelli, encargados de la investigación contra Lavítola, interrogaron Ponzellini, quien confirmó el contenido del audio.
 
De acuerdo con el diario italiano, la construcción de los hospitales, bajo el gobierno Martinelli, le es confiada a Oruña. Y el testigo Mauro Velocci así lo confirma: “A Oruña –dice a los fiscales– el gobierno panameño ha confiado la solicitud para la construcción de cuatro hospitales...”.
 
En los actos –agrega el diario italiano– se lee que Devor Diagnostic, empresa vinculada a Oruña, ha sido utilizada para el traslado de dinero al presidente Martinelli y a otros políticos de Panamá y según los fiscales, el “papel desarrollado por Oruña, amigo y persona de confianza del presidente Martinelli, representa la ulterior confirmación del hecho de que el destinatario de las cuotas en objeto [el dinero] haya sido justamente el presidente Martinelli”.
 
Añade el diario que el matrimonio entre los hospitales y Oruña hace sospechar a los fiscales napolitanos, confirmando las mismas, cuando escuchan la llamada entre Berlusconi y Ponzellini. Y en relación la construcción de un hospital, en el abril de 2011, Berlusconi habla –a solicitud de Lavitola con el presidente de Impregilo.
 
Lavítola, que sigue detenido por otros procesos en su contra, también fue consultor de Impregilo, hecho que reveló el diario italiano La Repubblica el 8 de octubre de 2010, cuando por primera vez se divulgó el nombre de la sociedad panameña Agafia Corp., que cobraría una comisión por los contratos firmados entre Finmeccanica y Panamá.
 
Coincidencias
 
Las revelaciones coinciden con las declaraciones de Lavítola durante su segundo interrogatorio con los fiscales de Nápoles, cuando aseguró que el hospital prometido por Berlusconi a Martinelli sería construido con la condición de que el Gobierno panameño adjudicase a empresas italianas la construcción del Metro.
 
El diario italiano destaca el hecho de que Impregilo también ha hecho negocios en Panamá. En septiembre de 2009, recuerda el periódico, Berlusconi se reune con Martinelli en el Palacio Chigi, justo para discutir negocios con Impregilo.
 
Y pocos meses antes, subraya la publicación italiana, un consorcio del que forma parte Impregilo se adjudicó el contrato para un nuevo sistema de esclusas en el Canal de Panamá. (ver nota relacionada).
¿Por qué habla Berlusconi de hospitales justo con Ponzellini?, se pregunta Il Fatto Quotidiano, al tiempo que agrega que los hospitales se convirtieron para Martinelli en una obsesión: El 30 de agosto de 2011, cinco meses después de la llamada de Berlusconi y Ponzellini, el secretario particular de Martinelli, Adolfo de Obarrio, le escribió un correo electrónico a Lavítola solicitándole la confirmación sobre la construcción del hospital Luis Chicho Fábrega en Veraguas.
 
Es en agosto de 2011 también que el embajador Giancarlo Curcio le escribe a funcionarios de Palacio Chigi informándoles que de una llamada de Martinelli, que está furioso porque Berlusconi no mantiene su promesa sobre la construcción del hospital.
 
La sospecha de los inquisidores, dice Il Fatto Quotidiano es que, detrás de la construcción de los hospitales, puedan esconderse los sobornos para el Presidente panameño.

Impregilo, contratos y deseos

La principal constructora italiana Impregilo es parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal S.A., que edifica el tercer juego de esclusas del proyecto de ampliación del Canal por un monto superior a los $3 mil millones. Sin embargo, aspiraba a más en el Panamá de las megaobras.
 
Tras la primera visita que realizó el presidente, Ricardo Martinelli, a Italia -en septiembre de 2009-, representantes de Impregilo mostraron su interés de ampliar sus inversiones en Panamá en proyectos como el Metro y la construcción de nuevos centros penales.
 
Su expresidente, hoy detenido por supuestos casos de corrupción, Máximo Ponzellini, expresó personalmente esta aspiración al mandatario panameño. No fue posible. El Metro lo construyen las compañías española FCC y la brasilera Odebrecht. Y las cárceles forman parte de las investigaciones de Nápoles.
Santiago cumbrera

miércoles, 22 de agosto de 2012

‘Mulino tiene que ser más específico’
Edgar Enrique Figueroa
Críticos de su gestión y miembros de la sociedad civil piden al ministro de Seguridad Pública que ‘aterrice’ sus denuncias
‘Mulino tiene que ser más específico’
Mulino es el primer ministro en esta cartera creada en el 2010.
PANAMÁ. Como ‘temerarias, superficiales e irresponsables’ calificaron expertos en seguridad pública y de la sociedad civil las declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, en una entrevista publicada ayer por La Estrella.

Las cuestionadas ‘fallas’ en la seguridad del país y los supuestos nexos entre la política y el narcotráfico a los que se refirió Mulino, según los críticos, ‘oscurecen más el panorama sobre la efectividad de una Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la inversión millonaria en equipos como radares, helicópteros y patrulleras por el orden de los $287 millones y la disparadas cifras de homicidios —409— hasta el mes de julio’.

Esas son algunas de las aristas por las que se cuestionan las funciones del jefe de seguridad.

La sociedad civil pide más efectividad en la seguridad de los ciudadanos y exige pruebas contundentes.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, expresó que una de las principales preocupaciones del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales era precisamente la posible infiltración del crimen organizado en las campañas electorales a través de las donaciones que no se hacen públicas.

‘No entiendo, si esto es motivo de preocupación de Mulino, los diputados —principalmente los que rechazaron la propuesta de introducir transparencia en las campañas— no han manifestado su preocupación al respecto’, afirmó Gasnell.

Para el abogado y constitucionalista Miguel Antonio Bernal, lo denunciado por Mulino tiene que ser concretado con bases y señalar los vínculos entre política y narcotráfico porque para algo están las leyes.

‘La seguridad del país está débil y más con declaraciones que no tienen soporte. Si no le ponen un alto al grado de complicidad entre las cabezas que administran el Estado, no se garantiza una sólida seguridad en el país’, sentencia. Bernal exigió a Mulino que concrete sus argumentos.

ENSAYO Y ERROR

Por otro lado, Rubén Darío Paredes, militar retirado y político, dijo que Mulino está obligado a demostrar públicamente aquellos sitios claves que cuestionó, porque de nada sirve gastar millones en seguridad si persisten las fallas estructurales en la administración de la seguridad. ‘Todo esto, ligado a la corruptela judicial y la descoordinación entre los estamentos de seguridad’, agregó .

Paredes criticó la apuesta de Mulino por crear fuerzas élites en la Policía Nacional (PN), y consideró que es un punto delicado no solo la creación de esos grupos, sino la de armar bases en ultramar y su tendencia de involucrar esas fuerzas élites, en especial al Servicio Nacional de Fronteras, en temas administrativos que le corresponden a las instituciones civiles.

‘Mulino no ha logrado organizar la estrategia de seguridad nacional, porque ha ejecutado una política de ensayo y error’, subrayó.

En tanto, Ebrahim Asvat, exdirector de la PN, desconfía de todo lo que sale de la boca de Mulino. ‘Ya no le creo nada; fue así cuando aseguraba que la crisis de violencia era por el narcotráfico’, apuntó.

Asvat cree que el titular está improvisando con la seguridad de los panameños porque no se explica la alta cifra de muertes violentas. Asvat y Paredes coinciden en que las aseveraciones de Mulino rayan en la incapacidad para ejercer una misión tan importante como garantizar seguridad a los panameños.

martes, 21 de agosto de 2012

´La Fiscalía de Nápoles no era competente´

La falta de competencia de la procuraduría napolitana fue la razón de la anulación del proceso por corrupción internacional contra Valter Lavítola.
Rafael Luna Noguera
 
Valter Lavítola, quien sigue preso, enfrenta otros tres procesos penales en su contra. EFE/Massimo Percossi
La decisión de la Corte de Casación italiana de anular el caso por corrupción internacional que se le seguía al empresario de ese país Valter Lavítola se fundamentó en que la Fiscalía de Nápoles no era competente para seguir un proceso de esa índole.

Así lo explicó el corresponsal de Radio Panamá en Roma, Joan Solés, quien detalló, además, que el fallo de la corte respondió a una petición del abogado del empresario, Gaetano Balice, quien argumentó que la Fiscalía napolitana no tenía competencia para investigar el supuesto pago de sobornos que hizo Lavítola a funcionarios panameños para la construcción de cárceles modulares en el país, negociación que no se concretó.

En un reporte difundido por Radio Panamá el sábado pasado, Solés confirmó que la decisión de la Corte debe ser revisada por un tribunal de reexamen, que decidirá si cierra definitivamente el caso o no.

Según el corresponsal, la decisión del tribunal de reexamen se conocerá en septiembre, y mientras tanto Lavítola seguirá preso, pues aún siguen vigentes los procesos en su contra por malversación de fondos públicos, inducción al falso testimonio y extorsión.

Al hablar ayer en TVN sobre la decisión de la Corte de Casación, el titular de la Presidencia, Roberto Henríquez, se quejó al igual que lo hizo la semana pasada el presidente, Ricardo Martinelli, por la falta de difusión de la noticia por parte de los medios de Panamá.

Según el ministro, los tribunales italianos no hallaron evidencias de la supuesta corrupción internacional, ya que, como el Gobierno siempre afirmó, nunca hubo pago de sobornos en la negociación fallida de las cárceles.

“La Prensa buscará la Página del Lector, después que nos dedicó 10 primeras planas para destruir y enlodar el nombre del presidente Martinelli y los ministros. Entonces, díganlo ahora: se cayó la acusación que había contra nuestro gobierno, porque nunca hubo coima”, señaló Henríquez.

A juicio del funcionario, el “escándalo” por el supuesto pago de los sobornos lo armó el italiano Mauro Velocci, representante del consorcio Svemark, luego de venir a Panamá con el propósito de construir las cárceles modulares y salir “frustrado” por no concretar el negocio.

“No hay evidencia, los medios entonces díganlo ahora [que] se cayó la acusación”, insistió.

En un reporte difundido el 15 de agosto pasado, el corresponsal Joan Solés aclaró que, si bien el proceso contra Lavítola por corrupción internacional en Panamá fue anulado por un defecto de procedimiento, ello no quiere decir que no se hayan cometido los ilícitos investigados por la Fiscalía de Nápoles. “Esas dudas no fueron despejadas y por tanto las interrogantes quedarán pendientes”, dijo.

lunes, 20 de agosto de 2012

La cinta costera de los mil millones de dólares

La primera etapa costaría $189 millones. Con la extensión de la obra hasta su tercera fase y las adendas, el proyecto terminará en $1,044 millones.
Roberto González Jiménez

La segunda fase del proyecto, entre el Mercado del Marisco y el acceso al Casco Antiguo, la ejecutó Odebrecht a través de una adenda de $52 millones al contrato de la primera fase.
Durante los dos primeros años de gobierno, el presidente, Ricardo Martinelli, solía repetir una frase en cada firma de contrato o entrega de orden de proceder: “Espero que terminen las obras a tiempo... Y sin incremento en los costos”, decía a los contratistas mientras se dibujaba una sonrisa en su rostro. La realidad resultó ser opuesta.
El primer contrato de la cinta costera, firmado entre el exministro Benjamín Colamarco y la constructora Norberto Odebrecht en agosto de 2007 por $189.1 millones, ha sido modificado con adendas que elevaron el monto hasta $262.1 millones.
La primera adenda fue para el diseño y construcción de la segunda fase de la cinta costera, entre el Mercado del Marisco y el acceso al Casco Antiguo. El monto del contrato se incrementó entonces en $52 millones.
La última fue sellada por el todavía ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, en julio de 2011. A través de esta modificación, publicada en PanamáCompra en febrero de este año, se añadieron $20.9 millones al contrato por trabajos adicionales, reparaciones y ajustes presupuestarios de obras previas.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Carlos Gasnell, dijo que “si la publicación de la adenda en PanamáCompra y en la Gaceta Oficial no se realizó dentro de un plazo razonable después de su firma y autorización, sería importante que se explicara la razón de la dilación”.
También destacó el hecho de que “esta modificación no requirió el refrendo de la Contraloría (control previo), ya que durante un tiempo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estuvo exonerado expresamente de este requisito”.
trabajos
Sobre las obras adicionales, la adenda recoge que “el contratista desarrolló, por solicitud del MOP, obras complementarias de la primera fase y surgidas por los cambios de alcance y mejoras cualitativas con respecto al alcance original del contrato, incluyendo cambios de diseño...”.
La Prensa consultó al ministro Suárez para que brindara más explicaciones sobre estos trabajos, pero no se recibió respuesta. Odebrecht tampoco contestó el cuestionario remitido.
Además de los trabajos adicionales, la adenda incluye la rehabilitación del sistema de iluminación, reparación de juegos infantiles, rehabilitación y mantenimiento por ocho meses de áreas verdes, reparación de paso peatonal, reinstalación de ojos de gato, instalación de letreros informativos, reparación de la fuente interactiva, instalación de la red de internet, entre otras.
También se ajustó el presupuesto para la construcción de quioscos de venta de pescado, el de las afectaciones privadas y a servicios públicos de la segunda fase de la cinta costera, y se reincorporó un período de ocho meses para el mantenimiento de la segunda fase.
A través de adendas o licitaciones públicas, Odebrecht se ha hecho con los contratos para el diseño y construcción de las tres fases de la cinta costera, que suman mil 44 millones de dólares.
El más reciente fue la polémica tercera fase. Todavía en una etapa inicial de ejecución, en este contrato tampoco faltan las adendas que elevaron el costo proyectado inicialmente.
El contrato original se hizo por $776.9 millones, pero una modificación en el calendario de pagos solicitada por el Gobierno elevó el monto a $782.1 millones.
El Metro (en el que participa junto a la española FCC Construcción), las obras en el Casco Antiguo y Panamá Viejo, la autopista Panamá-Colón, el saneamiento de la bahía, el Proyecto Curundú, o el más reciente para el sistema de acueductos y alcantarillado en Panamá, son algunos de los proyectos que ganó la constructora brasileña y que le han valido para participar en contratos por más de $3 mil 500 millones con el Estado panameño.

domingo, 19 de agosto de 2012

Costas panameñas, en problemas

El país se encuentra entre las naciones latinoamericanas con peor nota en la calidad y sostenibilidad de sus zonas marítimas.

Ohiggins Arcia Jaramillo  

Los océanos del país y las zonas marinas están “enfermos”, según lo advierte el índice mundial de salud de los océanos.

El informe presentado por Conservation International y National Geographic da cuenta de que Panamá está entre las naciones de Latinoamérica con peor nota en calidad y sostenibilidad de sus zonas marítimas.

En ese sentido, se sitúa a Nicaragua, Haití, Perú, El Salvador, Venezuela, Uruguay y Panamá muy por debajo de la media global, que es de 60 sobre 100.

En la región, Nicaragua tiene el peor índice (43), Haití y Perú (44), El Salvador (45), Venezuela (46), Uruguay (47) y Panamá (48). La mejor calificación fue para Jarvis, una pequeña isla deshabitada en medio del océano Pacífico bajo control estadounidense, con 86, seguido de países como Alemania y Estonia.

Brasil (62), Costa Rica (61), Ecuador (60) y Chile (60) se situaron por encima o al nivel de la media mundial de salud de sus zonas marítimas.

Este problema no es nuevo para los grupos ambientalistas de Panamá, pues han denunciado contaminación de mares, pesca ilegal y tala de manglares.
Lo que sí es novedoso para los activistas es la posición de Panamá respecto a los demás países de la región en el tema de la salud de sus océanos y costas.

Por ejemplo, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá considera que los océanos y zonas marinas han sufrido y continúan enfrentando importantes modificaciones en sus características ecológicas, debido, principalmente, a la canalización de los ríos, drenaje y relleno de los humedales para la expansión urbanística de la ciudad capital.

Su director ejecutivo, Félix Wing, cree que el estudio refleja lo que verdaderamente está pasando.
“No hay duda de que los gobiernos se han olvidado de los océanos y lo que hay es una desidia. Incluso, Panamá está en mora en cuanto a la aprobación de una política para proteger los humedales”, agregó.

Por su parte, Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, manifiesta que la contaminación de los ríos y mares además tiene alto riesgo para la salud humana.

“Los manglares están siendo dañados por la extracción de arena, fábricas de productos químicos y la ganadería”, resaltó.

Según el índice mundial de salud de los océanos, el 40% de la población mundial vive en zonas costeras. Y el aumento demográfico, con una población que llegará a los 9 mil millones en 2050, tendrá un papel clave en la capacidad de los océanos para proveer alimentos y mantener su riqueza en biodiversidad.

En el caso de Panamá, informes estadísticos de la Autoridad Nacional del Ambiente señalan que aproximadamente un 30% de la población vive en las costas o lugares cercanos a las zonas marinas.

Evaluaciones realizadas por esa institución, junto a organizaciones ambientales, revelan que la actual situación de los océanos se atribuye principalmente a derrames de hidrocarburo, pesca ilegal, tala de manglares, crecimiento de la población, el desarrollo urbano desordenado que han experimentado las principales ciudades y los proyectos inmobiliarios que surgen periódicamente a fin de cubrir la demanda turística.

Para el subadministrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Silvano Vergara, este es un problema de vieja data en Panamá, ya que por su condición geográfica sus mares y costas están expuestos a la actividad humana.

Una de las áreas más expuestas, de acuerdo con Vergara, es la bahía de Panamá.

No obstante, manifiesta que con el proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá, una parte importante de las aguas en el océano Pacífico mejorará.

“Con ese proyecto se evitará que las aguas residuales vayan a la bahía sin tratamiento previo”, afirmó el funcionario.

El saneamiento de la bahía de Panamá, cuyo costo es de 650 millones de dólares, avanza en un 92%, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Se estima que en los primero meses de 2013 comenzará a funcionar la planta de tratamiento de agua y con ella el proceso de saneamiento de la bahía de Panamá.

sábado, 18 de agosto de 2012

´Hubo apoyo oficial disfrazado´

Una vez las partes sean notificadas y el fallo notariado, los magistrados del TE anunciarán la fecha para los comicios en El Bebedero de Tonosí.
Eliana Morales Gil Irene Hernández
 
Hubo arengas a favor de Cambio Democrático, gritos y empujones en las afueras de la Cámara de Comercio, donde se desarrolló la audiencia final. LA PRENSA/Ana Rentería
Doce minutos le tomó al magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, leer el veredicto que ordena nuevas elecciones en el corregimiento de El Bebedero, en Tonosí, provincia de Los Santos.

Solís, que también fue el magistrado sustanciador de la demanda interpuesta por abogados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para que se anulara la elección del 4 de diciembre de 2011, en la que ganó la oficialista Nidia Cureña, resaltó que este caso servirá para abrir en el futuro “una valiosísima” reflexión sobre la equidad en la contienda electoral entre candidatos.

“Los bienes asistenciales que se repartieron [en El Bebedero] quedó demostrado que venían de parte del alcalde, de los honorables representantes vecinales, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas y de funcionarios oficiales. Ninguna otra candidatura recibió el apoyo oficial disfrazado de ayuda asistencial”, argumentó Solís al final de la fase de alegatos de la audiencia, que concluyó ayer en la sede de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, en avenida Cuba.

Este juicio, que empezó puntualmente a las 9:00 a.m., fue el final de un largo proceso judicial entre el PRD y el partido oficialista Cambio Democrático (CD) para determinar quién tenía la razón.

Ayer, las dos partes se vieron las caras y ante un auditorio atiborrado de seguidores de ambos lados, políticos y periodistas, expusieron sus alegatos.

Los abogados del PRD, Luis Rodríguez y José Góndola, afirmaron, con gráficas en mano, que el contratista herrerano Heriberto Junito Vega, padrino de Cureña, fue beneficiado con contratos directos por parte del Gobierno, que sumados sobrepasan los $5 millones.

Rodríguez reveló que entre 308 familias de El Bebedero fueron repartidos, por ejemplo, mil 114 hojas de cinc, 362 barras de acero, mil 475 sacos de cemento, grava, gravilla y refrigeradoras.
“No se podían dar el lujo de perder (...) y al final hicieron uso de los recursos del Estado”, expresó Góndola.

Mientras que los juristas Hugo Polo, Alberto Arjona, Carlos Richard y Hernán García Aparicio, quienes hablaron en defensa de Cureña, coincidieron en negar el uso de recursos estatales para favorecerla y destacaron que en el país no hay ley que incluya el tope de gastos de campaña.

García leyó una serie de testimonios de pobladores del corregimiento, en la que afirmaban haber votado por Cureña sin recibir nada a cambio.

También participó el fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, quien defendió su tesis de que no se comprobó la compra de votos en la contienda electoral.

Manifestó que el TE en este caso había violado el debido proceso al no publicar en un diario de circulación nacional la respectiva demanda, tal como lo ordena la ley.

EL AMBIENTE

Mientras en el interior de la sala de la Cámara de Comercio se libraba la guerra de alegatos, afuera las manifestaciones de apoyo no cesaban. Personas de El Bebedero, San Miguelito, Chilibre y Colón, con gritos y pancartas, pedían justicia para Cureña.

Allí estaba, por ejemplo, la denominada agrupación Independientes por el Cambio, que coordina el comentarista televisivo Hugo Polo.

Como a las 11:30 a.m. apareció una veintena de colonenses liderada por Carlos Grenard, quien años atrás fue dirigente del Movimiento de Desempleados de Colón.

Arribaron en un bus “diablo rojo” que se estacionó a un costado de la Gobernación de Panamá y de su interior salieron los manifestantes con pancartas de apoyo a la candidata de CD.

“Maestra Cureña, aquí está el pueblo”, “Monseñor, ¿por qué no dice nada?”, se leía en los letreros.

Uno de los participantes, incluso, olvidó cuál era el nombre de la representante de El Bebedero. “Hemos venido a apoyar a la maestra Zuleika”, le dijo a los periodistas.

La algarabía de estos grupos en plena vía pública motivó al presidente de la Comisión de Delegados del TE, Fausto Fernández, a llamarles la atención.

Miembros de la Policía Nacional vigilaban el área desde cerca.

Otra de las que al mediodía llegó a respaldar moralmente a Cureña fue la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, quien reiteró sus críticas al TE y dijo que de nada servirían las protestas si ya los magistrados habían dado su fallo a través de un diario.

Al lugar también llegaron el presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas; la aspirante a la alcaldía capitalina Balbina Herrera; el exministro de Trabajo Reinaldo Rivera y la abogada perredista Zulay Rodríguez, quien recibió abucheos e insultos de los seguidores de Cureña.

Una vez el fiscal Peñaloza concluyó su versión del caso, Solís tomó la palabra y dijo que necesitaban dos horas para emitir un veredicto. El auditorio quedó vacío y se volvió a llenar a las 2:00 p.m. en espera de la decisión.

“En este proceso hay pruebas contundentes de que se repartieron materiales como cemento, piedra, tosca, cinc, carriola, bolsas de comida, incluso, electrodomésticos”, afirmó Solís, luego de explicar que los reclamos por la demora en emitir el fallo se sustenta en que los representantes legales de la parte impugnada presentaron 11 acciones que dilataron el proceso.
Luego siguió exponiendo sus puntos y el final llegó con lo que ya todos los presentes sabían que diría: la orden de celebrar nuevas elecciones.

Minutos antes de concluir la lectura del veredicto, personal femenino de la Policía Nacional entró sigilosamente a la sala, pero no fue necesaria su intervención, toda vez que la parte demandada asumió con cierta resignación la decisión.

Aunque eso no evitó que los acompañantes de Cureña gritaran “fraude, fraude”, y calificaran el fallo de “político”.

REACCIóN DE CUREÑA

“Yo acojo ir a nuevas elecciones, porque no tengo miedo. Le he dado la cara al pueblo”, dijo la oficialista al conocer la sentencia.

“¿Fue un fallo justo?”, le preguntaron los periodistas. “Injusto, porque no había pruebas suficientes, sino que ellos las buscaron donde no las había”, manifestó.

¿Utilizó recursos del Estado?, le volvieron a preguntar.

“No hubo plata del Gobierno, y aquí lo vamos a demostrar el día de las elecciones”.

¿Qué aporte le hizo Junito Vega a su candidatura?

“El arreglo de los caminos para producción de la gente pobre de El Bebedero, que esa gente está aquí conmigo hoy”, contó.

Mientras que Hernán García Aparicio, uno de sus abogados, también reprochó el fallo.

“Se irrespetó la voluntad de todos los que fueron a votar, la dignidad de las personas, se violentó el domicilio de los ciudadanos. Eso jamás hubiese ocurrido en Bethania, en Bella Vista, en Obarrio. Aquí los funcionarios solo llegan hasta el portón, no entran a sus casas. Allá [en El Bebedero] el magistrado presidente y los funcionarios entraron a las residencias, las rodearon, se metieron adentro de las casas, tomaron fotografías, fue una violación descarada a la ley y a la Constitución”, sostuvo.

García también denunció que Solís quiere “quedar bien con el PRD, que lo puso de magistrado”.

LO QUE DIJO EL PRD

“Recabar las pruebas fue lo más fácil. Esta gente actuó con total desparpajo, sin ningún recato, creyendo que gozaban de impunidad”, manifestó el abogado perredista José Góndola.
Agregó que todos los fallos son políticos, pero no por eso son menos jurídicos, y contó que Darío Saavedra, quien se enfrentó el pasado 4 de diciembre a Cureña, volverá como candidato en los comicios.

“Nosotros tenemos que prepararnos bien para la contienda, porque Nidia Cureña es una buena candidata. Aquí nunca estuvo en juego ni el nombre ni el honor de ella, lo que pasa es que su inexperiencia no le permitía saber qué hacer. Allí se veía la foto de cómo Giacomo Tamburelli la empujaba, el reproche es contra estos políticos improvisados.

LA GéNESIS

Todo empezó luego de que el representante de corregimiento de El Bebedero, Ambrosio Sáez, perdiera la vida en un accidente automovilístico en agosto del año pasado.
El TE convocó a comicios para elegir a su reemplazo, pero la campaña se convirtió en una guerra política que enfrentó a altas figuras del Gobierno con connotados personajes del opositor PRD.

La maquinaria gubernamental llegó al poblado santeño con donaciones y proyectos, pero los perredistas no se quedaron atrás.

Expresidentes como Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares visitaron el lugar.

Las elecciones las ganó Cureña en medio de denuncias de compra de votos y de uso de fondos del Estado a su favor. El proceso fue impugnado, y ayer se escribió el final.
(Con información de Gustavo Aparicio).

viernes, 17 de agosto de 2012

Sudáfrica se asoma a la fractura social tras la matanza de los mineros

Al menos 34 manifestantes mueren por disparos de la policía en una huelga

Los mineros en huelga el pasado jueves. / AFP

Las madres y esposas de los mineros de Marikana, en Sudáfrica, se unieron a las manifestaciones en la mina de Lonmin, que acabaron el jueves con más de 30 trabajadores muertos a tiros por la policía. Las mujeres entonaban cantos de protesta y preguntaban a los agentes por qué habían respondido a los mineros con disparos de sus rifles automáticos.

Al menos 34 mineros murieron y 78 resultaron heridos —otras cifras hablan de hasta 45 muertos— durante los enfrentamientos entre la policía y trabajadores de la mina de platino de la compañía británica Lanmin en Marikana, a unos 100 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, según un comunicado policial, que asegura que los agentes habían actuado “en defensa propia”.

Suena la alarma social en Sudáfrica. Partidos políticos y sindicatos han exigido una investigación sobre la actuación policial y medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la matanza y acusan a la policía de haber reaccionado desproporcionadamente.

“Las vidas de los africanos siguen tan baratas como siempre”, se lamentó en su editorial el periódico The Sowetan. “Ya ha ocurrido antes en este país, en el que el régimen del apartheid trataba a las personas negras como objetos. Y sigue ocurriendo hoy con una apariencia distinta”, añadió este medio, establecido en el barrio de Soweto en Johanesburgo, conocido por sus protestas contra el Gobierno racista que finalizó en 1994.


Las vidas africanas siguen baratas, como bajo el ‘apartheid”, asegura un diario

Cerca de 3.000 trabajadores de la mina de Marikana abandonaron sus puestos el 10 de agosto y llevan protestando desde entonces por sus condiciones salariales. Con los de ayer, ha habido varios enfrentamientos entre diferentes facciones de mineros y las fuerzas de seguridad. En total, han muerto al menos 44 personas, incluidos dos policías y dos guardas de seguridad.

Las comparaciones con la violencia del Estado durante el apartheid han sido comunes tras la matanza. “No me parece una comparación justa”, dijo Hamadziripi Tamukamoyo, investigador en el programa de Crimen y Justicia del Instituto de Estudios sobre Seguridad de Sudáfrica (ISS). “Ha sido un incidente y aún no sabemos si los mineros eran una amenaza para los policías”, advierte.

Aunque este ha sido el hecho más violento y con mayor número de víctimas, en los últimos meses han sido comunes las protestas en las minas en Sudáfrica. El pasado enero, al menos tres personas murieron en enfrentamientos en otra mina de platino. Además, en el último año también han sido cada vez más frecuentes las manifestaciones en las que la población pobre del país protesta por la falta de agua corriente, luz eléctrica y otros servicios básicos. “Se trata de exigencias legítimas de que el Estado proporcione los servicios básicos”, indicó Tamukamoyo.

El crecimiento solo parece beneficiar a la minoría blanca y a las élites negra.

Cada vez más sudafricanos se echan a las calles para protestar por los elevados niveles de pobreza y desempleo, que aunque oficialmente está en el 25%, supera el 50% entre los jóvenes. Muchos creen que el crecimiento económico de Sudáfrica, del 3,1% el año pasado, solo beneficia a la minoría blanca y a las élites negras cercanas al poder, mientras que la gran mayoría de la población negra sigue viviendo en la pobreza.

En el caso actual, los mineros de Marikana exigen que sus sueldos, de entre 4.000 y 5.000 rand sudafricanos (entre unos 390 y 490 euros), aumenten a 12.500 rand (unos 1.220 euros). La mayoría están representados por la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU, en inglés), un sindicato de reciente creación y muy activo que está enfrentado al mayoritario Sindicato Nacional de Mineros de Sudáfrica (NUM, en inglés). El NUM ha dominado la escena sindical durante los últimos 25 años y está conectado políticamente con el Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés), el partido gobernante del presidente Jacob Zuma.