sábado, 16 de junio de 2012

El fallo Villamonte,  descaro y sinísmo del Ministerio Público.
{EL TITULO DE ESTE ARTICULO ES SUMINISTRADO POR ESTE BLOG, Y NO DE ALEXIS CHARRIS PALACIOS}
ALEXIS CHARRIS PALACIOS
Las denuncias eran de corrupción. El Ministerio Público la acusó de delito ambiental. Esta semana el juez Adolfo Mejía Cáceres, la declaró inocente.
El fallo que liberó a Villamonte
Anabelle Villamonte estuvo detenida más de una semana mientras era indagada. Foto: Arnoldo Zevallos |El Siglo
PANAMÁ. Anabelle Villamonte, la joven abogada que saltó a las primeras planas de los diarios en medio del torbellino de escándalos de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) el año pasado, acaba de ser liberada de culpa alguna en el caso conocido como ‘‘Juan Hombrón’’, según una sentencia del Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal.

Villamonte fue la jefa de Titulación en la ANATI, y quien firmó los títulos de propiedad de 54 hectáreas a unas 14 sociedades de manera gratuita a comienzos de 2011. Por esa decisión terminó encausada por el Ministerio Público.

La situación despertó las alarmas de los medios y la opinión pública, porque al segmentar el globo de terreno en 14 propiedades todas calificaban para ser otorgadas gratis de acuerdo a la Ley 80 de 2009. Además, los títulos de propiedad se dieron en plazos cercanos. 
Pero al margen de esto, el Ministerio Público de oficio decidió investigarla por supuesto delito contra ‘el medio ambiente y ordenamiento territorial’.

La acusación se basó en que los terrenos otorgados eran parte de un área protegida desde 2005.

Sin embargo, el fallo que exime a Villamonte, a pesar que reconoce la categoría de los terrenos, como área protegida, argumenta que los derechos posesorios que fundamentaron la actuación de la entonces funcionaria tenían fechas anteriores a la declaración de zona de manglar protegida, por lo tanto podían ser titulados.

Además el fallo, que firma Adolfo Mejía Cáceres, al frente del Juzgado Tercero, no encontró ninguna violación a la Ley 80 en todo el proceso actuado por la abogada de 36 años, en ese momento al frente de tan sensitiva tarea. Por eso el juez Mejía Cáceres la liberó de responsabilidad ‘definitivamente’.

Adolfo Mejía Cáceres, al frente del Juzgado Tercero, es el mismo juez que ordena el pago de 64 millones de dólares en concepto de indemnización al mexicano José Pineda Trinidad, quien en 1998, tras haber estado en prisión por más de 10 años, reclamó a los directivos del desaparecido Banco del Istmo el dinero depositado en 1985 en tres cuentas bancarias de esa entidad, las cuales correspondían a los números 70049, 70116 y la cuenta 70134. Adicionalmente, y condena a Samuel Lewis Galindo, Eduardo Masferrer y Maura Acosta de Masferrer a la pena de 44 meses de prisión e inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de la pena.
Eduardo Masferrer  fué un banquero cubano, quien laboró como gerente de Banco del Istmo, de donde renunció en el año 1988. Es el mismo personaje que el 31 de octubre del 2001, la ex presidenta Mireya Moscoso, la misma que liberó al terrorista Luis Posada Carriles, le otorgó por decreto la nacionalidad panameña, mediante la Resolución 220 del Gobierno de Panamá, para el mayor beneficio de sus operaciones fraudulentas.
También fue fundador del Hamilton Bankm, banco que fué cerrado por la oficina del Contralor de Divisas de Estados Unidos (OCC). Desde julio de 2006, enfrenta una condena de 30 años de prisión por fraude bancario, cuya suma asciende a más de 20 millones de dólares, según la Fiscalía de Miami.
Maura Acosta de Masferrer, quien ocupó el cargo de directora del área internacional del Banco del Istmo y quien también fué condenada en el fallo del pasado 22 de octubre 2011.

José Pineda Trinidad es un presunto narcotraficante mexicano que junto a Eduardo Masferrer convirtiero al Primer Banco del Istmo, como el mayor grupo bancario de Panamá con activos por valor de 3 mil 700 millones de dólares. Pineda Trinidad depositó 10 millones de dólares, quince años después de salir de la cárcel por delitos presumidamente de narcotráfico y posesión de armas, reclama su dinero mas intereses y todo el coste legal de proceso para recuperar sus fondos.

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