Hermanos Ochy demandan nuevamente a Corprensa

José Otero

Roberto González

panorama@prensa.com   Luego de las publicaciones hechas por este diario sobre los contratos conseguidos por TCT, empleados de esa constructora bloquearon el edificio de Corporación La Prensa y afectaron la distribución de ´La Prensa´ y ´Mi Diario´. LA PRENSA/Archivo Los hermanos David y Daniel Ochy Diez presentaron, en menos de 20 días, una segunda demanda civil contra Corporación La Prensa (Corprensa) y Editorial por la Democracia; esta vez, por supuestos perjuicios morales y materiales ocasionados a otra de sus empresas, Transcaribe Trading S.A. (TCT), que suman $6 millones, luego de la publicación de tres noticias en este diario y en su sitio web, los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto pasados, referidas al otorgamiento de licitaciones millonarias de este gobierno para rehabilitar carreteras.   Esta otra demanda civil ordinaria de mayor cuantía, presentada el 6 de septiembre de este año, se suma a la que interpusieron el 17 de agosto pasado por $7 millones y en la que aducen perjuicios morales y materiales, aunque en esa ocasión contra la empresa Panaplátanos S.A., que también les pertenece.   La primera de las demandas quedó radicada en el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil, a cargo de Juan Carlos Tatis; mientras que la de TCT fue interpuesta ante la jueza decimotercera civil, Melina Robinson. Ambas fueron presentadas por la firma Castillo, Moreno & Asociados.   La última acción legal va dirigida contra la nota periodística titulada “Carretera a nombre de Transcaribe”, en la que se señala que “la empresa de David Ochy se adjudicó en mayo (pasado) la licitación por $114 millones para remodelar una ruta que estaba en excelentes condiciones”, publicada en la primera plana del 31 de julio pasado.   Además, la demanda se refiere a la nota de ese mismo día que fue publicada en la sección de Economía y Negocios, titulada “Carretera Paso Canoa-Puerto Armuelles, la obra de $114 millones”, y en la que se indica que TCT junto con la sociedad Meco S.A. ganaron una licitación para rehabilitar una carretera en esa zona del país, que supuestamente se encontraba en buenas condiciones.   La demanda también se basa en la noticia de primera plana del 1 de agosto pasado, titulada “Contrataciones Públicas, millones en obras para los Ochy”, en la que se hace referencia a que TCT participó en contratos por más de $400 millones, en los que no faltaron contrataciones directas y adendas.   Asimismo, se incluye la nota titulada “Contratos del MOP y Presidencia, $400 millones para Transcaribe”, publicada en la sección de Economía y Negocios.   De igual manera, se demanda la nota aparecida al día siguiente y cuyo encabezado fue el siguiente: “Inversión en infraestructuras, los grandes contratos del MOP”.   Luego de esbozar una serie de análisis particulares sobre estas publicaciones, los demandantes concluyen que se trató de “informaciones inexactas, falsas o tergiversadas, completamente temerarias e injuriosas, en el marco de una campaña de desprestigio”.   Las publicaciones de La Prensa se basaron en información pública que reposa en los archivos del portal PanamaCompra, el Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría General de la República.   Se consignó, luego de analizar la información pública, que a la empresa TCT, sola y en asociación con otras compañías, se ha adjudicado obras de infraestructura por $400 millones.   Los abogados de los hermanos Ochy Diez afirman que dichas notas periodísticas “afectaron directamente a nuestros representados, al construir mediáticamente un ambiente de turbiedad e irregularidad en torno a las obras públicas que ha desarrollado o ejecutado la empresa TCT, a nivel nacional, solo o en conjunto con empresas nacionales o extranjeras”.   Los querellantes sostienen que a sus dos clientes les causó “dolor, angustia y aflicción psicológica y espiritual” estas noticias, en las que, según ellos, se les implicó en hechos relacionados con favoritismos oficiales.   La noche del 2 y madrugada del 3 de agosto pasado, cerca de una veintena de camiones al servicio de la empresa TCT sitiaron las instalaciones de Corporación La Prensa, con el propósito de impedir la circulación de La Prensa y Mi Diario.   La mañana del mismo 3 de agosto, además, empleados de TCT protestaron frente a La Prensa y cerraron parcialmente la vía .   El 7 de agosto, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, confirmó la apertura de una investigación penal, que tiene como propósito determinar si con esas acciones los empleados de TCT incurrieron en la comisión de delitos contra la libertad y contra la administración pública.   Por su parte, directivos de Corporación La Prensa S.A. y Editorial por la Democracia S.A. presentaron el 16 de agosto pasado ante el Ministerio Público una querella penal por estos hechos, que los convirtió en querellantes coadyuvantes en la investigación penal. TCT, entre los grandes contratistas La constructora Transcaribe Trading (TCT), propiedad de los hermanos David y Daniel Ochy, se ha convertido en uno de los principales contratistas locales del gobierno de Ricardo Martinelli, como reportó La Prensa en sus publicaciones del 31 de julio, y el 1 y 2 de agosto de 2012.   Uno de los primeros contratos que gestionó fue gracias a una cesión que le hiciera Constructora Suárez, empresa del extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Federico José Suárez. El actual ministro consejero declaró en su momento que cedía el contrato (unos trabajos en la autopista Arraiján–La Chorrera por $3 millones) para evitar posibles conflictos de interés, toda vez que había ganado el contrato antes de ocupar la cartera ministerial.   Un año después y luego de ganar una licitación pública, la empresa de los Ochy se hizo con otro proyecto en la autopista Arraiján–La Chorrera: su rehabilitación y ampliación a seis carriles por $152.6 millones. En 2010 se adjudicó, además, los contratos para la “protección de taludes en puntos críticos del río Tocumen” ($7.6 millones), de “solución de drenaje pluvial de puntos críticos en el corregimiento de San Francisco” ($11.6 millones), “rehabilitación de calles de Panamá” ($8.4 millones) y “rehabilitación de la carretera Transístmica–Refinería” ($3.9 millones). La constructora, que tiene sede en vía España, también ganó contratos de los grandes programas de obras que adelanta el MOP en el país: “Reordenamiento vial” y “Asfaltando tu ciudad”. En el primero, la empresa se adjudicó en enero de 2011 el contrato de “estudio, diseño y construcción de obras para mejoramiento y ensanche de vialidad integradora de barriadas de Tocumen” por $35.9 millones. En el caso del programa “Asfaltando tu ciudad”, fue una de las 12 empresas que se hizo con contratos por poco más de $6.2 millones.   TCT no solo se adjudicó proyectos en licitaciones públicas, también fue una de las compañías a las que el MOP recurrió por contratación directa en varias situaciones de emergencia. Esto sucedió, por ejemplo, en el contrato por $5.2 millones para estabilizar taludes del acceso este y oeste del puente Centenario o con la rehabilitación del muro de protección de La Mesa-Changuinola, en Bocas del Toro, por $5.6 millones.   En este último contrato el Consejo de Gabinete aprobó una adenda por $2.1 millones, elevando así el monto del proyecto a $7.7 millones.   Además del MOP, el Ministerio de la Presidencia solicitó los servicios de TCT en estos últimos tres años. La empresa de los Ochy fue seleccionada para la construcción de dos muelles en Darién y la rehabilitación de la Interamericana en la misma provincia por $11 millones.   Bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia está el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que adjudicó en julio de este año un contrato para el mejoramiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados de Panamá por $33.9 millones al consorcio TCT–Meco. Esta asociación también salió victoriosa de la licitación para ampliar a cuatro carriles la carretera entre Paso Canoa y Puerto Armuelles. El acto público se lo adjudicó el consorcio TCT–Meco en mayo de 2012 con una propuesta de $114 millones. Roberto González

Yariela de De Sactics, exacesora del Ministerio de Seguridad, aclara su salida de esa institución.

La exfuncionaria dijo desconocer por qué el empresario italiano Mauro Velocci la mencionó en el caso de las cárceles modulares.

José Otero

jotero@prensa.com   Yariela de De Sanctis afirmó que su gestión en el Gobierno siempre fue por un tiempo determinado. LA PRENSA/Archivo La exasesora del Ministerio de Seguridad Yariela de De Sanctis afirmó ayer que renunció a esa institución por razones personales y no por el escándalo de los supuestos pagos de sobornos en la negociación fallida para la construcción de cárceles modulares en el país, entre el consorcio italiano Svemark y el Gobierno.   De De Sanctis detalló que desde el momento en que comenzó a trabajar en el Gobierno lo hizo con la convicción de que solo sería por un tiempo. Por tal motivo, presentó su renuncia en enero pasado y esta se hizo efectiva en abril.   Agregó que desconoce los motivos por los que el empresario italiano Mauro Velocci declaró ante la Fiscalía de Nápoles (que investiga el supuesto pago de los sobornos a funcionarios panameños) que ella fue “pieza clave” en la negociación fallida de las cárceles, según reportó esta semana La Estrella de Panamá   Explicó que solo sirvió de orientadora para que el empresario italiano Claudio Fagiano, representante en el país de la empresa Ital Tecno, lograra una cita con el entonces ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino y sustentara ante este el proyecto de las cárceles modulares y luego se reuniera con las autoridades del Sistema Penitenciario.   De De Sanctis aceptó que conoció a Velocci durante las negociaciones oficiales, pero aseguró que nunca hubo un trato especial ni acuerdo previo sobre el tema.   Dijo que en la discusión del proyecto también participaron funcionarios de la Secretaría de Metas de la Presidencia, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Penitenciario, los que, según afirmó, pueden dar fe de la trasparencia de las gestiones.   Informó que luego de una serie de reuniones con los representantes de Ital Tecno, en junio de 2010, Mulino les informó que la propuesta para tratar de solucionar el hacinamiento carcelario sería incluida en un acuerdo de cooperación que firmarían los gobiernos de Panamá e Italia, debido a que no había el presupuesto.   La exfuncionaria afirmó estar dispuesta a presentarse ante los tribunales italianos para aclarar su participación en estas negociaciones.   “Nunca me enteré cuando entró la empresa Svemark en este tema”, sostuvo.   Por su parte, el empresario Gili Ovadia informó que a finales de 2009 sostuvo una reunión en su casa con Fagiano y Velocci, quienes le informaron sobre su intención de presentarle el proyecto al Gobierno.   Aclaró que solo conocía a Fagiano, mas no a Velocci, y que debido a que era vecino de De Sanctis la contactó para analizar las posibilidades de obtener una cita con Mulino y colaborar con su amigo Fagiano.   Agregó que ni él ni de De Santics tenían algún interés económico en la propuesta y que solo fueron intermediarios.   Se llamó por teléfono a Fagiano, pero informó que en ese momento estaba en una reunión. Mulino corrobora la versión de su exasesora El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, aseguró ayer que la exasesora de esa entidad Yariela de De Sanctis actuó con transparencia en las negociaciones oficiales con la empresa Ital Tecno para la construcción de cárceles modulares en el país, proyecto que no se concretó, según él, por falta de presupuesto.   “Es una señora que merece todo el respeto de la institución”, señaló ayer Mulino en un comunicado de prensa oficial.   Explicó que tiene como política no reunirse con proveedores del Estado y que para esas funciones existe un departamento que estaba a cargo de De Sanctis, “el cual dirigió hasta marzo de este año de manera eficiente y transparente”.   Agrega el comunicado que la idea de las cárceles modulares era poder reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, Colón y La Chorrera y que así se explicó a los empresarios italianos en su momento (2009-2010) a través de la Embajada de Italia en Panamá. “No fueron conversaciones de café ni privadas; fueron oficiales”, destacó.   Añadió que el proyecto presentado por la empresa Ital Tecno se desechó porque no se contaba con el presupuesto de $58 millones para la inversión en los módulos carcelarios.   También informó que lo mismo ocurrió durante la administración de la exministra de Gobierno Roxana Méndez.   “Nunca se construyó en Panamá ningún tipo de instalación con la empresa Svemark”, reiteró. José Otero

De Sanctis: ‘Yo trataba con Fagiano, no con Velocci’

Neir Carrasco Kerekes

ncarrasco@laestrella.com.pa

La exasistente del ministro de Seguridad confirma las reuniones con los italianos, pero niega haber presionado para la creación de una sociedad. Se siente abandonada por el gobierno

 

Confirma todas las reuniones con los italianos. Asegura que en el Ministerio de Seguridad la han dejado sola

Yariela De Sanctis está sorprendida al conocer que su nombre se menciona dentro de las esferas judiciales de Italia.

Pero no solo eso la ha dejado pasmada. De Sanctis, que trabajó por casi tres años en el gobierno, no entiende por qué en el Ministerio de Seguridad no dieron informes sobre ella. ‘No entiendo por qué no te dieron mi número de teléfono, allá lo tienen’, dijo la exasistente del titular de Seguridad, José Raúl Mulino, en una conversación que sostuvo con La Estrella.

De Sanctis confirmó las reuniones con los señores Mauro Velocci y Angelo Capriotti, entre otros empresarios más, para la preparación de un proyecto que ayudaría a subsanar el problema de hacinamiento carcelario en Panamá.

Cuenta que fue a través de un vecino, Gili Ovadia, que los empresarios italianos se acercaron al Ministerio de Gobierno. ‘Él me dijo que tenía a unos empresarios que querían una cita con mi jefe (Mulino), porque tenían una solución al problema de hacinamiento del Estado’.

Unos días después —dice— vuelve a encontrarse con Ovadia, quien le presenta a un italiano, Claudio Fagiano. ‘Me pareció una persona muy seria’, añade. Fagiano trabajaba en la compañía Ital Tecno, y aprovechó el momento para pedirle a ella una cita con el ministro.

‘Solicité a través de la secretaria del Despacho una cita para que el ministro atendiera a los empresarios italianos’, recuerda.

De Sanctis asegura que era con Fagiano, en representación de Ital Tecno, con quien el ministerio estaba llevando adelante las conversaciones para la construcción de las cárceles. ‘Yo no traté con Svemark ni con Velocci. El trato era con Fagiano, porque él representaba a Ital Tecno’.

En la reunión con Mulino, Fagiano presentó un borrador del proyecto carcelario al ministro. ‘Llevó su portátil y desde allí hizo una presentación para el ministro’.

Mulino le sugirió a Fagiano reunirse con personal del Sistema Penitenciario, para que ellos le dieran un pantallazo de la situación de las cárceles panameñas y cuáles eran las necesidades más apremiantes en esa materia.

‘ Ellos pidieron la cita al Sistema Penitenciario. Habían tres puntos específicos. Eliminar el hacinamiento en La Joya y La Joyita, la construcción de una nueva cárcel en Colón, y una en La Chorrera’

Después de ese primer encuentro, se dieron varias reuniones más, confirmó la exasistente de Mulino, en ellas estuvo Velocci, pero sostiene que era muy poco el trato que tenía con él. ‘Yo no hablaba con ese señor. Él ni siquiera hablaba bien español. Nunca tuve trato con Svemark, todo fue a través del señor Fagiano’.

La exfuncionaria niega las declaraciones de Velocci, consignadas en el expediente de la fiscalía en Nápoles. ‘Jamás atendí sola al señor Velocci. Yo no tengo nada que ver con esa sociedad. Eso es falso’.

Dice que solo lo atendía ‘como le ordenaban que lo hiciera’.

Su papel, en esas conversaciones, dice que era proporcionar información sobre los requerimientos de las cárceles. Pero había algunos impedimentos para desarrollar el proyecto. ‘No había plata ni terrenos’.

Cuenta que la siguiente vez que lo vio fue unos días antes de la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Urso, a Panamá. Los empresarios querían traer un modelo de las cárceles modulares. ‘Me tocó llevarlo a la Policía. Allí instalaron el modelo’.

Luego, con el cambio de mando en el Ministerio de Gobierno y la creación de la cartera de Seguridad, De Sanctis asegura haber traspasado toda la documentación, ‘un informe de 70 páginas’, al despacho de la ministra Roxana Méndez, después solo vio a Velocci una vez más. Fue en una reunión en la biblioteca del ministerio, allí estaban el viceministro de Gobierno, Luis Hincapié; Velocci, Angelo Capriotti y el embajador de Italia en Panamá, Plácido Vigo. ‘Yo no abrí la boca en esa reunión. Fui porque me llamó el ingeniero Hincapié’, explica.

Esa fue la última vez que estuvo en una reunión con Velocci, señala, salvo algunas ocasiones en que se encontraron por los pasillos de la sede del ministerio. ‘Unas dos o tres veces. Nos saludamos cordialmente y ya’.

También volvió a tener contacto, tiempo después con Fagiano. ‘Lo encontré y me preguntó por lo de las cárceles y le dije que había quedado en manos de la ministra Méndez. Él me dijo que lo habían sacado como representante de Svemark, que no lo habían llamado ni le habían dicho más nada’.

NO ERA SVEMARK, SINO ITAL TECNO

De Sanctis afirma que, mientras el trato se hacía en el Ministerio de Gobierno, comandado por Mulino, era Ital Tecno la empresa que negociaba con el gobierno. Agrega que una vez el contrato queda en manos de Svemark, los precios por las cárceles aumentó. ‘No eran los mismos precios que nos había presentado Ital Tecno’.

Sobre las supuestas presiones, que Velocci asegura, ejercía sobre para constituir una sociedad con Gili Ovadia y Claudio Fagiano, aduce que fueron los italianos los que crearon una nueva sociedad panameña.

‘Yo no tengo nada que ver con esa sociedad’, dice De Sanctis, recalcando que tiene en su poder todos los documentos que prueban que nunca estuvo en conversaciones con Svemark, como declaró Velocci en Italia.

En medio de toda esta maraña, De Sanctis se siente abandonada por quienes trabajaron con ella. Su frustración, señala, es el daño emocional que esto le ha causado a ella y a su familia. ‘Me dejaron sola’, sostuvo en alusión a que en el ministerio nadie dio razón de ella o le dio informes sobre la información que requerían de ella.

‘Yo no soy política. Y con esto descubrí lo sucia que puede ser la política. Me arrepiento de haber trabajado en el gobierno’.

De Sanctis está dispuesta a acudir a los tribunales en Panamá y en Italia a dar su versión del caso. ‘Me gustaría saber. . . no, mataría por saber por qué ese señor me involucró a mí en eso. Yo quiero que investiguen y que le pregunten a él, y a mí que me pongan el polígrafo’.

En el caso de Svemark surgen nuevos nombres de funcionarios panameños

Yariela De Sanctis, la nueva clave en el caso Svemark

Neir Carraswco Kerekes

ncarrasco@laestrella.com.pa

La enigmática funcionaria estuvo presente en las negociaciones para la construcción de cárceles modulares desde el primer contacto. Hoy nadie da razón de ella

 

El ministro José Raúl Mulino ha negado toda posibilidad de que funcionarios panameños estén involucrados en la red de corrupción, sin embargo aparece su secretaria  ejecutiva Yariela De Santics, quien lo reemplazó muchas veces con las transacciones del consorcio italiano Svemark, para la construcción de cárceles modulares.

 

En Italia el fiscal Henry Woodcock está convencido de que en la investigación por corrupción que adelanta tras el escándalo de Valter Lavitola aún hay mucha tela que cortar.

Uno de los episodios claves está en el fallido contrato entre el gobierno de Panamá y la empresa Svemark, para la construcción de tres cárceles modulares en el país centroamericano.

Woodcock ha tenido éxito. Entre las más de 200 páginas de las declaraciones de Mauro Velocci y la transcripción de las grabaciones que el empresario italiano hizo en cada una de las reuniones que sostuvo con funcionarios del gobierno panameño, un nombre que se repite sin variación ha llamado su atención.

Se trata de Yariela de Sanctis, asistente ejecutiva del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

De Sanctis, según Velocci declaró en Nápoles en diciembre de 2011, fue una pieza clave en las negociaciones del Ministerio de Gobierno y Justicia, entonces comandado por Mulino, y el consorcio italiano Svemark para la construcción de cárceles modulares.

Su papel en la consecución del contrato era tan importante que De Sanctis ‘muchas veces reemplazó al ministro en las reuniones’, declaró Velocci.

LA PISTA EN PANAMÁ

Las declaraciones de Velocci, además de las grabaciones que le confiscó la fiscalía, ‘son clave en la investigación’, dijo una fuente que conversó con el fiscal napolitano.

En ellas, se detalla cuál fue el papel que jugó De Sanctis en la trama entre el gobierno de Panamá y el consorcio italiano Svemark. Cada una de las aseveraciones de Velocci, cuenta la fuente en la fiscalía, han sido contrastadas con los audios.

Las pistas han llevado a Woodcock tras la asistente de Mulino, que hasta el momento había pasado casi desapercibida en las investigaciones que envuelven el Memorando de Entendimiento firmado entre Italia y Panamá en junio de 2010.

EL ENLACE

En 2008, Claudio Fagiano, colaborador de la campaña presidencial de Ricardo Martinelli, le propuso a Velocci promover en Panamá la construcción de cárceles modulares. El momento era propicio, pues en un año, Panamá elegiría a un nuevo presidente.

Martinelli llegó al Palacio de Las Garzas. Fagiano volvió a llamar a Velocci, esta vez para decirle que la propuesta de las cárceles modulares ya había sido conversada con el Ministerio de Gobierno y Justicia. El primer encuentro de Velocci con las autoridades del gobierno panameño fue en agosto de 2009. Fagiano logró una cita para Velocci con Mulino, a través de su asistente ejecutiva: Yariela De Sanctis.

Una noche antes de la reunión con Mulino, Fagiano llevó a Velocci a la casa de un empresario panameño, llamado Gili Ovadia. Allí, Fagiano recomendó la participación de Ovadia como consultor en la negociación con el gobierno panameño. Ovadia destacó incluso el hecho de que él podía hablar directamente con De Sanctis, ‘por ser su amigo’, tomando en cuenta que la reunión se había dado por intervención de ella (De Sanctis).

Velocci aceptó. Fagiano se quedaría como agente de Svemark en Panamá.

Al día siguiente fueron al encuentro con Mulino. Velocci y Fagiano presentaron el proyecto de las cárceles modulares al ministro. En esa reunión estuvieron presente el viceministro Alejandro Garuz, el director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaa, Julissa Centeno, encargada de proyectos especiales del ministerio de Gobierno y De Sanctis.

Después de la reunión, los directivos de Svemark visitaron las cárceles panameñas. Entonces presentaron un proyecto piloto a De Sanctis.

En los meses siguientes, transcurrieron una serie de reuniones. En ellas, De Sanctis empezó a ejercer presión sobre Velocci y Angelo Capriotti, gerente de Svemark, para que Fagiano y Ovadia crearan una sociedad con los italianos y constituyeran una nueva empresa.

Las intenciones de De Sanctis —aseguró Velocci a los fiscales— era que el 70% de la nueva empresa fuera para Fagiano y Ovadia.

De Sanctis siguió usando sus influencias para coaccionar a los italianos. En diciembre de 2009, el ministro Mulino se ausentó, dejando a De Sanctis al frente de las negociaciones.

En el marco de la visita preparatoria del ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Adolfo Urso, quien se encargaría de arreglar todo para la firma del Memorando de Entendimiento entre los dos países, Mulino volvió a citar a Velocci. En su despacho, junto con De Sanctis y Garuz, el ministro recomendó a Svemark que para tener grandes posibilidades, el contrato de las cárceles debía incluirse dentro del Memorando. Los empresarios italianos enviaron el pedido a Roma.

En junio de 2010, unos días antes de la firma del acuerdo bilateral, seguían las reuniones entre Velocci y Mulino para definir los sectores de tratamiento de las cárceles. En ese periodo, De Sanctis exigía que entre la documentación presentada al ministro debía incluirse la prueba de la constitución de la nueva empresa, bajo sus condiciones.

Velocci declaró en la fiscalía que rompió con De Sanctis ante la insistencia de la mujer por controlar la sociedad. El italiano puso como condición para los requerimientos accionarios de la asistente de Mulino, que se garantizara la firma del contrato. Mientras Capriotti mantuvo a Fagiano en las negociaciones. Velocci no volvió a tratar con De Santics.

A finales de ese mes, el premier de Italia, Silvio Berlusconi, y el presidente Ricardo Martinelli firmaron el acuerdo. Un contrato con Italia para la compra de radares, mapas cartográficos digitales y helicópteros al conglomerado Finmeccanica y el contrato para la construcción de tres cárceles modulares al consorcio Svemark.

Por esos días, Mulino salió del ministerio de Gobierno para comandar el de Seguridad. Roxana Méndez se encargó de la cartera de Gobierno y quedó al frente de las gestiones para la construcción de las cárceles.

Pero De Sanctis siguió en el asunto. A mediados de septiembre de 2010, Velocci, Capriotti y el embajador Plácido Vigo, por petición de Valter Lavitola, fueron recibidos en el ministerio de Gobierno. Fueron atendidos por el viceministro Luis Hincapié, a los minutos de haber empezado la reunión entró Yariela De Sanctis.

Hincapié dijo ‘no saber nada sobre la cuestión de las cárceles’. No tenía idea de qué tanto ignoraba. Antes que siguiera hablando fue interrumpido por De Sanctis, quien aseguró que ‘ya la ministra estaba enterada de todo’.

Velocci, que no le perdía movida a la asistente de Mulino, notó la sorpresa en el rostro de Hincapié.

Todo parecía seguir su curso pero a mediados de 2011 el ministerio desestimó el contrato con Svemark, alegando precios elevados.

En pocos días, el Ministerio de Gobierno firmó un nuevo contrato para cárceles modulares móviles con la empresa española Construcciones y Remodelaciones Eurox S. A.

Ubicar a De Santics ha resultado hasta ahora otro acertijo. En la oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad dicen que ‘hace tiempo no la ven’. Aseguran que el ministro Mulino es quien puede dar razón de la funcionaria.

No obstante en el nodo de transparencia aparece con el cargo de Asistente Ejecutiva II y un salario de $4,500.

Colón muestra sus heridas

Mientras en la Asamblea se derogaba la Ley 72, los colonenses comenzaron a denunciar los atropellos de los que fueron víctimas durante las protestas.

Ana Teresa Benjamín

abenjamin@prensa.com    Marina Vélez quedó en medio de un tiroteo y recibió un balazo en la mano derecha. LA PRENSA/ Bienvenido Velasco  Con todo y lo aterrada que estaba, Farayany White recuerda cómo se le fueron cayendo los dientes.   Recuerda el ruido seco de los disparos, la boca destrozada de la vecina y el rozón que, segundos después, le quemó la mejilla derecha.   Cuenta ahora, todavía sin poder modular bien, cómo ambas corrieron escaleras abajo y les pidieron de forma desesperada a los policías –esos que les habían disparado–, que por favor las llevaran al hospital.   “Nada que nos quisieron llevar...”, dice ahora en la sala diminuta de su cuarto. “Como no nos querían llevar seguimos corriendo, qué más nos quedaba, porque queríamos llegar al [hospital] Amador Guerrero”, agrega.   Fue entonces que atinó a recoger los dientes que se le caían. Tres, para ser exactos. Luego “un pelao nos montó en su carro y nos llevó”.   El sábado 27 de octubre su suegra llevó los tres dientes desprendidos en una bolsita blanca a la iglesia San José, y allí se los entregó a un abogado de Human Rights Everywhere (HREV), organización que desde el principio de las protestas en la provincia de Colón está recogiendo informes sobre los muertos, heridos, y violaciones a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad del país.   Números en proceso   José González, de HREV, dice que hasta ahora han recogido unos 70 testimonios de personas perjudicadas.   Los primeros llegaron a cuentagotas, pero desde el viernes 26 de octubre más y más personas están relatando lo que les pasó.   “Donde más maltratos se dieron [por parte de uniformados] fue en el área de la carretera: Sabanitas, Cativá, La Feria, Villa del Caribe y en las calles 10 y 16 del casco viejo de Colón”, detalla González.   ¿Qué tipo de maltratos? Heridas por uso excesivo de la fuerza, allanamientos forzosos, detenciones arbitrarias, heridos de bala y hasta violación de correspondencia.   A Rogelio Mojica, por ejemplo, lo agarraron en su cuarto el viernes 19 de octubre. Los policías andaban buscando a quienes habían robado, entraron al antiguo edificio Lara y comenzaron a zarandearle la puerta.   “Yo les grité desde adentro ¡con calma, con calma, comando, que aquí nada más estoy yo! Pero patearon la puerta para esposarme, y como yo no me dejaba, me entraron a golpes”, relata.   Lo dejaron salir el sábado a las 3:00 de la madrugada, sin poder comprobarle nada. Le exigieron, sin embargo, el pago de 15 dólares por su libertad. Como lo habían sorprendido en el cuarto se lo habían llevado sin zapatos, y descalzo caminó Mojica desde el cuartel de policía hasta su casa.   Marina Vélez*, por su parte, cuenta que estaba en la casa de su hermana, en calle 12, cuando decidió salir a comprar unos pañales desechables. Estaba ya de regreso “cuando vi que venían los guardias corriendo doblando por la esquina. Yo les grité ¡hey, aguanten!, mientras cerraba la rejilla, pero ellos doblaron la esquina disparando porque pensaban que alguien les iba a soltar bala”.   Una de las balas terminó en la mano derecha de Marina y un policía le gritó, al verla herida: “¡Ve pa dentro, ch...! ¡Nadie te mandó a andar de vidajena!”.   Del puro susto, Marina comenzó a andarse la mano hasta sacarse el proyectil y así, con la bala en la mano sana, se fue hasta el hospital con su hermana.   Datos de urgencia   El hospital Amador Guerrero está a unos pasos del mar, que el sábado pasado tenía un color turquesa.   El Amador Guerrero es un nosocomio de segundo nivel –es decir, no maneja casos demasiado complejos–, pero además ha perdido casi todas sus persianas, por lo que las ventanas parecen mujeres desnudas.   En la sala de Urgencias hay varios niños recibiendo inhaloterapia y una bebé se resiste. La hermana mayor, de unos cuatro años, quiere “incentivarla” y la asusta: “¡Ahí vienen, viene la guardia!”, le dice.   Y luego intenta ponerla contenta y le canta, al son de sus aplausos: “¿Quién parió a Chello Gálvez? ¡Una puercaaa! ¿Quién parió a Martinelli? ¡Otra puercaaa!”.   La bebé está respirando el medicamento y su hermana se ríe y corre por un pasillo, repitiendo: “¡Ahí vienen! ¡Viene la guardia!”.   Mariano López es el director del Cuarto de Urgencias y da sin problemas el reporte: desde el viernes 19 de octubre hasta el viernes 26 de octubre se atendieron 48 personas: 33 heridas por arma de fuego y 15 por perdigones.   Cinco de estas personas todavía están hospitalizadas y otras seis fueron referidas a Panamá: cuatro al hospital Santo Tomás, uno al Hospital del Niño y otro más al hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social.   De los conflictos surgidos por la aprobación de la Ley 72 quedaron tres personas muertas: el niño José Bethancourt, el joven Jim Dixon Andreve y la señora Yamileth Navarro. *Nombre ficticio por solicitud de la entrevistada.

El escándalo que tiene a Martinelli contra la pared

Nicanor Alvarado Dixon

nalvarado@laestrella.com.pa

 

 

El contrato Finmeccanica surgió de un memorándum de entendimiento entre Berlusconi y Martinelli firmado en junio de 2010.

Seis helicópteros, 19 radares, un sistema cartográfico digital y el esbozo de un proyecto de cárceles modulares son las piezas de un rompecabezas que ha sumido al gobierno de Panamá en una sombra de supuesta corrupción que no halla frontera, y que desde hace un año lo tiene arrinconado a la pared.

Lo hace aquí, en Roma y en la mesa de los fiscales de Nápoles. Lo hace porque investigadores italianos creen que figuras del gobierno habrían sido sobornadas para comprar esos aparatos de seguridad a una compañía que ya ganaba fama por acalorar un ‘fondo negro’ internacional: el coloso industrial Finmeccanica.

Aquí todo empezó el 7 de noviembre de 2011, un día en el que el gobierno, desprevenido de la tormenta que se le posaría encima, respondía al caos. Gremios protestaban por su interés de impulsar un proyecto de ley que creaba el régimen público-privado. A la par, el presidente Ricardo Martinelli se sacudía el escándalo del terreno de Paitilla, y con el ingreso del metrobús a las rutas troncales de Don Bosco, le metía propulsión a una de sus ‘imperdonables’.

‘Panamá paga 60% más por radares’, tituló La Estrella esa jornada. El gobierno, por casi una veintena de radares tipo Lyra 50 pagaba más que Turquía y Yemen. Once meses después, el escándalo no acaba.

Los fiscales napolitanos Henry John Woodcock y Vicenzo Piscitelli

rastrean el camino de posibles coimas para la concesión del contrato por 250 millones de dólares, pesquisas que arropan a figuras del círculo más cercano al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, al gobierno panameño y de la más alta esfera de poder de Finmeccanica.

CUANDO SE CAYÓ EL VELO

Septiembre de 2011. En Roma relucía un escándalo de chantaje a Berlusconi, a cuentas de uno de sus íntimos, Valter Lavitola.

Aquí eso no tuvo mayor trascendencia hasta que se conoció el secreto mejor guardado del oficialismo: Lavitola era el hombre de Berlusconi y de Finmeccanica en Panamá. El que negoció los millones y quien se reunía con la más alta esfera de poder político en nombre de Italia. Esos roces, revelaron La Estrella y La Prensa en abril pasado, le convidaron a sugerir sobre el próximo administrador del Canal y a solicitar a Martinelli nombrarlo como plenipotenciario en Roma, algo que nunca terminó de ser.

Incluso, tras las frecuencias con el círculo más poderoso del país, allegados a Lavitola —a través de empresas y personajes vinculados a Finmeccanica— se atornillaron en Panamá. Por ejemplo, el hermano de Paolo Pozzessere, exdirector comercial del coloso italiano, abrió un hotel y restaurante en el corazón del Casco Viejo, bajo una compañía asesorada legalmente por una firma de abogados copropiedad del ministro José Raúl Mulino.

EL ‘ERROR’ VELOCCI

El escándalo Lavitola comprometió seriamente al gobierno de Panamá cuando el congresista italiano Elio Lanuti abogó en el parlamento de su país por la apertura de una investigación a los contratos de Finmeccanica (a través de sus subsidiarias Selex, Augusta Westland y Telespazio) con el istmo.

Poco después al affaire ítalo-panameño más grande de lo que va del siglo recibió otro golpe: el italiano Mauro Velocci, invitado por Lavitola a la red de negocios ítalo-panameña que se tejía a cuentas de Finmeccanica, filtró una serie de correos entre Martinelli, su asistente personal, y el propio Lavitola, que dejaba ver un supuesto acuerdo para que el coloso industrial entregara un helicóptero a la familia presidencial, por la firma del millonario contrato.

Velocci desató al furia del gobierno. ‘Es un drogadicto’, se quejó Martinelli (Ver nota: ‘La ‘novela’ que el gobierno no protagonizará). Entregó los correos por la desición del gobierno de no impulsar su proyecto de cárceles modulares en La Chorrera por ‘ser muy caras’ y por ‘prioridades’. Ese contrato, de paso, ponía bajo la sombra de la corrupción a la entonces ministra Roxana Méndez.

Según Velocci, Svemark, la compañía que pretendía el contrato de cárceles modulares, había desviado 670 mil dólares en concepto de ‘soborno adelantado’ para funcionarios panameños.

Los fiscales napolitanos, según publicaciones italianas, identificaron a un empresario de nombre Rogelio Oruña, quien habría recibido 16 mil dólares de parte del representante de Svemark, Ángelo Capriotti, para Méndez.

Los investigadores, a la par, introdujeron a Velocci como testigo de las pesquisas, le confiscaron su computadora y teléfono celular, y giraron cargos por corrupción internacional contra Lavitola y Paolo Pozzessere, por las ventas de Finmeccanica a Panamá.

El testigo del escándalo contó luego a La Estrella que entre Lavitola y Martinelli habría un acuerdo para entregar 23 millones de dólares como supuesto soborno. El pago totalizaría 30 millones.

El resto se entregaría a Martinelli como un helicóptero de piel Hermes, valorado en ocho millones de dólares, publicó el rotativo italiano La Repubblica, de la transcripción de una conversación telefónica entre Lavitola y Pozzessere, de agosto de 2011, y que había sido interceptada por los fiscales.

La Fiscalía de Nápoles lo confirmó la semana pasada, en la orden con la que arrestó a Pozzessere en Roma.

EL ROL DE AGAFIA CORP.

Pero, ¿cómo y por qué los precios del negocio de Finmeccanica-Panamá alcanzaron cifras exhorbitantes y trascendió hasta las esferas judiciales italianas? Aunque la respuesta no es concreta, investigaciones periodísticas de La Estrella, La Prensa y los principales rotativos italianos, apuntan a una mezcla de empresarios embonados al poder panameño y, según los fiscales napolitanos, de comisiones ilegales.

El 7 de diciembre de 2011 un comunicado de Preisdencia introdujo al escándalo a la sociedad panameña Agafia Corp. Los voceros oficiales difundieron una carta de Selex —la fabricante de los 19 radares— que anunciaba el cese del contrato para ‘promoción de venta’ con la compañía local.

Esto confirmó las denuncias de la oposición política de sobreprecios por comisiones, y desenmarañó las contradicciones del propio gobierno: mientras el viceministro Alejandro Garúz identificaba a Agafia como ‘representante’ de Selex, Mulino decía no saber nada.

Tras bastidores, Agafia —que se constituyó días antes de la firma del convenio que dio pie a la estrecha relación Finmeccanica-Panamá— fue foco de diatribas. Tenía como directiva a Karen De Gracia, pareja de Lavitola, y era reclamada por un empresario argentino llamado Gustavo Franchella, relacionado, además, a Rogelio Oruña, a través de IBT Group, una compañía que ha obtenido millonarios contratos con el Estado.

Los fiscales italianos, según la agencia de noticias Ansa, piensan que por ahí se pudo haber filtrado las comisiones supuestamente ilegales.

Aunque, según el corresponsal de Prisa en Italia, Joan Solés, en Italia no hay intenciones de investigar a panameños, la agencia de noticias Ansa reportó esta semana que los fiscales están en camino de identificar a los políticos y funcionarios canaleros que, además del presidente Martinelli, tendrían un rol en la trama internacional.

Se derrotó la Ley 72, ahora ¡que renuncie Martinelli!:

Olmedo Beluche

opinion@prensa.com

Al momento de redactar este comunicado, ayer viernes, la ciudad de Panamá estaba paralizada. Durante casi toda la mañana las principales avenidas de la ciudad, la Calle 50, la cinta costera, la 12 de Octubre, la vía Tocumen y la Transístmica, estaban cerradas o parcialmente cerradas por tramos, por los trabajadores del Suntracs, que decretaron un paro nacional. Paro al que se sumaron los gremios docentes.

 

Los bancos, almacenes y el comercio en general se veían casi vacíos, y los colegios, tanto públicos como privados, cerrados. La ciudad de Colón ni se diga, ayer se cumplieron casi siete días de estar completamente paralizada, dejando atrás todo un saldo de muertos, heridos y destrozos.

 

Cerca del mediodía, a todo lo largo de la avenida Central y la avenida Perú, además de otras arterias importantes de la capital, se evidenciaban saqueos y la rotura de vidrios de los comercios, bancos y autos; todo esto como producto del caos originado por las políticas antinacionales del Gobierno.

 

Hay, al menos, 150 detenidos y se habla de otro muerto en la ciudad de Panamá.

 

Desde el primer momento, cuando el presidente Ricardo Martinelli sancionó la nefasta Ley 72 en su afán de vender las tierras de la Zona Libre de Colón, el pueblo colonense salió a luchar a las calles hasta las últimas consecuencias, bajo una sola consigna: la derogación total de la Ley 72.

 

El presidente Martinelli, en su afán de congraciarse con algunos gobiernos e inversionistas extranjeros y nacionales, ordenó a la corrupta Asamblea Nacional, aprobar una ley que ya venía siendo repudiada y altamente cuestionada por la gente de Colón y otros sectores populares del país.

 

La tenacidad del pueblo colonense, dirigidos en esta lucha por el Frente Amplio de Colón, y la participación de organizaciones populares como el Suntracs y la repulsa de otros sectores sindicales (ULIP, CGTP, Anfacss; etc.), productores chiricanos, indígenas y pueblo en general han obligado al Gobierno, una vez más, a echar paso atrás.

 

Únicamente, por medio de las luchas con el pueblo en las calles es como se pueden derrotar las políticas antipopulares y vende patrias del presidente Martinelli.

 

Al cierre de este comunicado se anunciaba la decisión del Gobierno de derogar la Ley 72. Lo que es una victoria de la lucha popular y, en particular, del pueblo colonense.

 

Pero esta lucha no debe quedar ahí. El pueblo panameño ahora debe exigir la renuncia del presidente Ricardo Martinelli, por su demostrada incapacidad, sus actos ilegales, su venalidad sin límites y su irrespeto a los derechos humanos.

 

Hay que exigir la convocatoria a una asamblea constituyente.

Avanza investigación por pago de sobornos

El expediente de ese caso en Panamá está en la Corte desde que el MP pidió su archivo en febrero pasado.

Redacción de La Prensa

panorama@prensa.com   Lavítola fue llevado a la cárcel Secondigliano, para evitar que hable con Pozzessere. EFE/Massimo Percossi El tema del supuesto pago de sobornos de Finmeccanica en Panamá estará en el centro del interrogatorio que se realizará hoy en Nápoles, Italia, al exdirector comercial de ese conglomerado, Paolo Pozzessere, encarcelado hace dos días en una prisión de esa ciudad.   Fuentes locales confirmaron ayer que durante el interrogatorio a Pozzessere, actualmente consultor para Rusia del mismo grupo italiano, los fiscales Vincenzo Piscitelli y Henry John Woodcock le preguntarán en relación con la investigación de un supuesto pago de 18 millones de euros ($23 millones) que habría sido prometido al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y a otros políticos de este país, en el marco de la venta por $250 millones de seis helicópteros AgustaWestland, 19 radares y un mapa cartográfico.   En este proceso también está involucrado Valter Lavítola (clave en la negociación entre Panamá y Finmeccanica), que será interrogado en los próximos días, aunque las preguntas de los fiscales apuntarán, sobre todo, hacia otro negocio planteado por Finmeccanica en América Latina: la venta de 11 naves militares a Brasil por unos 5 mil millones de euros ($6 mil 480 millones).   Los fiscales están tratando de averiguar si hubo promesas de tangenti (sobornos) a políticos tanto de Brasil como de Italia, quienes habrían trabajado como mediadores para el cierre –que no fue concretado– del contrato.   En tanto, medios italianos reportaron ayer que Lavítola fue transferido de la cárcel de Poggioreale a la de Secondigliano (ambas en Nápoles), para evitar que pueda hacer contacto con Paolo Pozzessere.   La decisión de trasladar a Lavítola a Secondiagliano fue tomada por los fiscales Piscitelli y Woodcock, quienes consideraron que si ambos permanecían en Poggioreale se corría el riesgo de que acordasen las respuestas para dar a los magistrados.   Fuentes de Nápoles destacaron, por otra parte, que los fiscales del caso Finmeccanica descubrieron dos cuentas en bancos suizos a nombre de Pozzessere.   Es probable que ahora el fiscal adjunto, Francesco Greco, coordinador de la investigación sobre Finmeccanica, pida una rogatoria internacional a la justicia de Suiza para verificar los movimientos bancarios de esas dos cuentas.   En Panamá se pidió una reacción al procurador, José Ayú Prado, sobre las novedades en la investigación del caso en Italia, y se limitó a contestar, a través de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, que ese expediente está en la Corte Suprema de Justicia. A su vez se pidió una reacción al presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, pero no respondió.   Fuentes del Palacio de Justicia informaron que la solicitud que hizo Ayú Prado el pasado 2 de febrero, para que se archive el expediente, basado en que no se hallaron evidencias de la comisión de un delito en el país, está en el despacho del magistrado Aníbal Salas. (Con datos de la agencia de noticias Ansa, Elio Núñez y Rubén Polanco).

Un Vietnam... en Panamá: I. Roberto Eisenmann, Jr

I. Roberto Eisenmann, Jr

opinion@prensa.com

Con un Presidente enajenado paseando por Vietnam como fin de un periplo en el que violentó las políticas de Estado en temas monetarios y de la neutralidad del país y del Canal... en Panamá hay una especie de Vietnam por la total irresponsabilidad e insensibilidad del gobierno dirigido por Twitter.

He venido escribiendo desde hace muchos meses sobre lo peligroso que es tener un gobierno con cero credibilidad y, además, prepotente e insensible. “¡Vayan a llorar a sus muertos al cementerio!”.

 

Como es la costumbre del autócrata, que nada aprende de errores anteriores, luego de tres muertos –por Twitter– dio el reculazo... pero como nadie le cree... el Vietnam sigue. La Cámara de Comercio de Colón sigue en cierre total, se registran marchas de protesta en apoyo a Colón, en Panamá y en las provincias. El Suntracs anunció una huelga a partir de hoy, los gremios educativos, también, declararon una huelga nacional de 24 horas a partir de hoy, los puertos siguen cerrados, los indígenas ngäbe buglés amenazan con cerrar la vía Interamericana, los técnicos de enfermería llevan cinco días en huelga... y Panamá está en las noticias internacionales con dos grandes negativos: los disturbios y, lo peor, noticias que provienen de un nuevo arrestado italiano de Finmeccanica, cuyas conversaciones intervenidas incluyen el pago de comisiones al presidente Martinelli y a otros funcionarios panameños, por $23 millones.

 

Con el país en parálisis, todo por responsabilidad directa del presidente Ricardo Martinelli, ya se comienza a comentar en muchos círculos que la solución es que renuncie... así de graves son las múltiples crisis que ha provocado.

 

Hay otro ingrediente de la crisis que merece mucha, pero mucha atención de la ciudadanía. Me refiero al papel de Senafront (Servicio Nacional de Fronteras) al sitiar militarmente la ciudad de Colón y disparar armas de guerra, a la libre, hacia la población colonense.

 

Esta institución fue creada para proteger las dos fronteras del país y, en consideración a la frontera darienita y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muchos –incluyendo los norteamericanos que se chocan con el mismo tronco, una y otra vez, ayudando a crear y armar un nuevo Ejército que producirá al nuevo Noriega– justificaron un ente militar. Vengo advirtiendo este peligro desde hace casi una década.

 

Pues bien, ahora –primero en la crisis de Bocas y ahora en Colón– se comprueban mis señalamientos.

Hay una diferencia fundamental entre un entrenamiento militar (¡matar!) y uno de policía (proteger y servir). Los militares (Senafront) no tienen idea del protocolo de control de multitudes ni tienen entrenamiento en la materia; por eso en Bocas las heridas fueron en el rostro y muchos quedaron ciegos y, tanto en Bocas como en Colón, hay muertos.

 

Fue una irresponsabilidad de Martinelli usarlos, del jefe de la Policía por llamarlos, y de Frank Ábrego por haber permitido que fueran, poniendo a su institución en peligro, al provocar el odio de la población hacia ellos.

 

Se deben proponer reformas a la ley de Senafront, prohibiéndole terminantemente actuar fuera del área fronteriza, así como el usar sus armas contra la población panameña, y que la violación de su mandato implique la disolución inmediata de la entidad y la destrucción de sus armas de guerra.

 

Dice el dicho que todo problema es una oportunidad. Colón y su pueblo han comprobado su dignidad y su decisión de lucha. Ya todos conocemos el error de Senafront, hay tres provincias que odian al autócrata y el pueblo ya sabe de sobra que los abusos del “Bully” (los bullies siempre son cobardes) en Palacio, se resuelven en la calle.

Finmeccanica, la tormenta de Martinelli en Nápoles

Nicanor Alvarado Dixon

nalvarado@laestrella.com.pa

El expediente que manejan los fiscales napolitanos apuntan a que se pretendía entregar 23 millones de dólares al mandatario panameño. Las revelaciones de Mauro Velocci y el panorama alrededor

 

Mauro Velocci. Foto: Archivo /La Estrella

El escándalo ítalo-panameño más grande de lo que va del siglo, el expediente sobre corrupción con Finmeccanica, sorprende con fuerza y sin prevención al presidente de la República, Ricardo Martinelli, y a su gobierno.

Es que la detención de Paolo Pozzessere, el exdirector comercial de Finmeccanica, ha abierto un punto de fuga para Martinelli en Roma, en Nápoles y en Panamá: en la orden de arresto, los fiscales del caso —Henry Woodcok y Vicenzo Pistelli— dejaron ver su tesis de que en la firma del contrato entre el coloso industrial italiano y el Ministerio de Seguridad de Panamá supuso la generación de ‘comisiones ilegales’ por el asesoramiento de Agafia Corp. , que llevan hasta el mandatario panameño.

Se trataría de un soborno por 23 millones de dólares para conceder el millonario contrato de 19 radares, seis helicópteros y un mapa cartográfico a Finmeccanica. La coima representaría el 10% del acuerdo comercial, que alcanza los 250 millones de dólares.

LA ADVERTENCIA

Pero la detención del exdirector de Finmeccanica llegó a probar algo que Mauro Velocci —el hombre al que el presidente Martinelli calificó de drogadicto y borracho—, reveló en una entrevista exclusiva con La Estrella el 26 de abril último.

Según Velocci, tras una reunión en la casa de Martinelli —en la que, dice, participó el empresario Rogelio Oruña (de IBT Group), el primo del mandatario, Frankie Martinelli, y otras cuatro personas— Valter Lavitola (el supuesto intermediario entre Finmeccanica y Panamá) le había informado del peligro que corría la entrega de 23 millones de dólares supuestamente para el presidente Martinelli.

Es que Ángelo Capriotti, el estratega de Lavitola en un negocio de cárceles móviles con Panamá, había sido detenido y la entrega tenía que esperar hasta su liberación.

‘Él (Lavitola) siempre decía que (el dinero) no era para él, sino para el Presidente. Nada era para él. Estoy haciendo un favor, yo no quiero nada. Bueno, yo le dije: Valter a mí no me hables de eso, si tú me dices que Angelo se había comprometido a entregar 23 millones para el presidente de Panamá, para mí está bien’, retrató Velocci, entonces en Nápoles. Pero la teoría de los fiscales de Nápoles va en contravía de las excusas de Lavitola a Velocci.

Los investigadores creen que el millonario contrato de Finmeccanica y Panamá incluiría siete millones de dólares para el propio Lavitola, y este, además obtendría el 35% de Agafia Corp. , la compañía que habría actuado como asesora en la negociación y, por ello, habría recibido 10% en comisión.

La empresa también está ligada a Gustavo Franchella, vinculado con IBT Group.

‘A menos que suceda una imbecibilidad, yo consigo algún acuerdo con Martinelli’, citó ayer el corresponsal de Prisa en Italia, Joan Solés, de la transcripción de una conversación telefónica de Lavitola, intervenida por la justicia.

Finmeccanica, un día antes, había negado los señalamientos en una nota de prensa; sin embargo —amplió Solés— los fiscales parecen no darle crédito a la versión del coloso semiestatal.

LA DUDA DEL HELICÓPTERO

Los 23 millones de dólares, según creen los investigadores en Italia, eran parte del soborno que pretendería Finmeccanica a altas figuras del gobierno de Panamá.

Los expedientes siguen la pista de un helicóptero de interior revestido con piel Hermes que sería entregado al presidente como ‘adelanto’ de una compensación que, sospechan, alcanzaría los 30 millones de dólares.

Velocci insiste en que la aeronave nunca pudo ser entregada porque los principales directivos de Finmeccanica estaban en investigación por la existencia de un hoyo negro para sobornos internacionales.

Entonces, relató a este medio, Lavitola le pidió ayuda para cumplir con el acuerdo de entregar la máquina.

—El helicóptero nunca se entregó al presidente porque tenía una urgencia muy grande y cuando me doy cuenta que él que quería, con interior de cuero de Hermes, hice una búsqueda y encontré que ese tipo de nave sólo podía entregarse en ocho meses—, apuntó.

—¿Y qué hizo entonces?

—Le dije a Valter que no se podía, entonces él me dice: habla con el hijo de Martinelli y explícale todo.

La intervención de una conversación entre Pozzessere y Lavitola (ambos recluidos en la prisión napolitana Poggioreale) del 21 de agosto de 2011, cuya transcripción difundió el diario La Repubblica, confirmó la intención de entregar el aparato a Martinelli.

La Fiscalía de Nápoles, de todos modos, dijo el periodista Solés, no tiene intención de demostrar la implicación de panameños en el escándalo. Aún así, reportó la agencia de noticias Ansa, los investigadores estarían ‘en camino de completa identificación’ de los istmeños involucrados.

‘ Sigue sin comprobarse la coima. . . si no la hubo, quizá el presidente de Panamá evitó un chantaje, una estafa, un robo. . . ’, agregó.

Ni el presidente Martinelli, quien viaja por Vietnam, ni figuras de su gobierno se refirieron ayer al tema.

Cuestionan inacción del Gobierno

Ningún ministro ni diputado oficialista presentó ayer una iniciativa para derogar la Ley 72 que permite vender las tierras de la ZLC.

Gustavo A. Aparicio O.

Irene Hernández G.

panorama@prensa.com      El Frente por Defensa de la Democracia marchó ayer en la capital para demandar la derogatoria de la ley que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón, y condenó la represión policial en Colón. LA PRENSA/Luis García

La oposición y analistas políticos coincidieron en advertir de la existencia de un vacío de mando y liderazgo por parte de los ministros que han quedado a cargo de resolver la crisis en Colón, que alcanzó ayer su octavo día de protestas contra la Ley 72, que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC).

 

Los señalamientos de los opositores y analistas se dieron tras las acciones tomadas por los ministros en respuesta al tweet que publicó el mandatario, Ricardo Martinelli, desde Japón –donde cumplía una gira oficial– y en el que dispuso que se derogue la Ley 72.

 

“Se nota claramente una falta de liderazgo en el país... hay un vacío de mando de parte de los ministros que han quedado a cargo de esta situación”, indicó el vicepresidente, Juan Carlos Varela.

“No podemos seguir con un país a la deriva y sin dirección... esperando que un Presidente, que lleva siete días fuera del país, siga actuando de manera irresponsable”, declaró Varela, quien pidió a Martinelli que retorne al país.

 

El analista Edwin Cabrega advirtió de que falta liderazgo en los ministros que han decidido a que sea el mandatario el que resuelva la crisis (ver enfoque).

 

La Cámara de Comercio de Colón y el Frente Amplio de Colón llevan un paro que cumple hoy su cuarto día seguido, en demanda de que se derogue la Ley 72.

 

El paro ha transcurrido en medio de violentas protestas callejeras que han dejado un saldo de tres muertos, más de 275 detenidos y decenas de heridos.

¿Ministros confusos

 

A pesar de que Martinelli dispuso la derogación de la Ley 72, nadie en el Ejecutivo o por parte de los diputados oficialistas presentó una iniciativa al respecto.

 

La comitiva ministerial encargada de la crisis en Colón viajó una vez más a esa provincia, donde por más de seis horas esperaron, sin éxito, que los dirigentes de las fuerzas vivas de Colón acudieran a un diálogo.

 

Cada ministro tenía una interpretación diferente del Twitter de Martinelli.

 

Si bien el Presidente señaló la posibilidad de suspender la venta de terrenos de la ZLC, se llamará al diálogo para plantear todas las opciones posibles, ya sea la venta de las tierras o darle el 100% de las ganancias a esa provincia, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

 

En tanto, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, dijo que el Twitter de Martinelli fue muy claro. Se refirió a que depende de los colonenses que se vendan las tierras de Zona Libre de Colón (ZLC) o no.

 

Según Fábrega, lo que ha dicho Martinelli es una opción que debe ser llevada a una mesa de diálogo para que los colonenses decidan.

 

en sesión permanente

 

El pleno de la Asamblea se declaró ayer en sesión permanente para estar prestos a discutir en cualquier momento e incluso el fin de semana cualquier propuesta de ley dirigida a resolver el conflicto surgido en la provincia de Colón tras la aprobación de la Ley 72.

 

La solicitud de sesión permanente fue propuesta por el diputado panameñista José Luis Varela y la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la cual fue modificada, consensuada y aprobada también por las bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Molirena.

 

“No puedo dar fecha ni decir si la ley se va a derogar, pero estamos en la disponibilidad de madrugada, en la tarde, en la noche, el fin de semana de tratar inmediatamente este caso, siempre y cuando el Ejecutivo lo envíe nuevamente a este pleno”, afirmó Gálvez.

 

Dos SPI cuidan a Gálvez

 

Desde el pasado sábado, el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, está siendo custodiado por dos agentes del Sistema de Protección Institucional (SPI), confirmaron fuentes legislativas.

 

Gálvez, luego de expresar la frase “vayan a llorar al cementerio...” tras la aprobación de la ley que permite la venta de las tierras de la ZLC, ha recibido múltiples críticas por diversos sectores del país. Fue declarado no grato por el Consejo Municipal de Colón. “Yo nunca he tenido seguridad, pero por lo que ha pasado y lo que se está viviendo, indudablemente he tenido que tener dos personas que nos brinden algún tipo de protección temporal”, confirmó Gálvez.

 

Culpa a los medios

 

Tras insistir en que la Ley 72 es sana y que le va a dar grandes beneficios al pueblo colonense, Gálvez responsabilizó a los medios de comunicación –sin precisar nombres– por la oposición a la legislación.

 

“Hay que reconocer que tenemos medios de comunicación en contra nuestra, en contra del gobierno, y a una clase política que está enquistada en los cimientos del pueblo colonense, en donde le han creído más al Partido Panameñista y al PRD”, declaró Gálvez.

 

¿Quién deroga la Ley?

 

Para el constitucionalista Rigoberto González, la Asamblea Nacional en todo momento tiene la facultad para derogar una ley que ellos mismos aprobaron, y explicó que hay algunas leyes que por Constitución tienen que ser presentadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

 

Pero dice que en el caso de la Ley 72 esto no es así. Podría provenir del propio Legislativo. Menciona que el acápite 12 del artículo 159 de la Constitución, que enumera las formas de ejercer la función legislativa permite a la Asamblea derogar una ley.

 

Dicho texto establece: Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, entidades autónomas, semiautónomas, empresas estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas”.

 

Explicó González que si la Asamblea, a iniciativa propia, promueve un proyecto de ley en el que se crea un ministerio, eso sí sería inconstitucional porque la iniciativa para crear este ministerio tiene que venir del Órgano Ejecutivo.

 

“Esta ley de la Zona Libre de Colón no está condicionada. La Asamblea no está creando la Zona Libre que ya está creada, sino que está introduciéndole modificaciones a la manera como funciona y para actualizar esta entidad”, dijo.

 

Por su parte, el también constitucionalista Ernesto Cedeño asegura que sería inconstitucional si la Asamblea, por iniciativa propia, decide derogar la ley.

 

Cedeño se basa también en el acápite 12 del artículo 159 de la Constitución, pero para justificar una posición contraria a lo que expresa González.

 

Las bancadas legislativas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Panameñista presentaron a la Asamblea sendos anteproyectos de ley para derogar la Ley 72.

 

Plantan al gobierno

 

La comitiva gubernamental que viajó a Colón se quedó siete horas en espera de los dirigentes de las fuerzas vivas de Colón, que nunca llegaron. Los gremios mantuvieron su decisión de que se derogue la Ley 72 y luego dialogan.

La diferencia de la jornada de ayer fue que el obispo de Colón y Guna Yala, Audilio Aguilar, aceptó servir de mediador entre las partes.

 

Por su parte, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destacó, en un comunicado, la importancia del diálogo para lograr solución pacífica a la situación de tensión social.

Las violentas protestas recibieron cobertura de diversos medios internacionales, incluso en Europa. El diario El País de España, por ejemplo, tituló “La protesta social violenta llega al próspero Panamá”. Señala que “la contundencia del movimiento social y sindical en la última semana dobló el brazo del Gobierno y obligó al gobernante a dar marcha atrás con una ley que la mayoría pro oficialista aprobó a golpe de tambor”.

 

Exigen derogatoria

 

El Frente por la Democracia, que aglutina a una treintena de organizaciones entre sindicatos, asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición, marchó ayer desde la plaza Porras hasta la 5 de Mayo.

 

Durante la marcha, que transcurrió sin incidentes, los dirigentes del Frente demandaron la derogatoria de la Ley 72 para solucionar la crisis colonense.

 

El Frente tiene programado llegar en una caravana hoy hasta Colón para llevar alimentos a la población.

 

Al llegar a la 5 de Mayo, algunos manifestantes subieron a los postes del tendido eléctrico y destruyeron las pancartas proselitistas del diputado Sergio Gálvez. La marcha fue seguida desde el aire por un helicóptero.

(Con información de Eduardo Mendoza).

Suntracs decreta huelga de advertencia de 24 horas

El Consejo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) aprobó ayer una huelga de advertencia de 24 horas, a partir de mañana viernes, como medida de presión para que se derogue la Ley 72 que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, afirmó que la decisión fue tomada por los 500 miembros que componen el consejo sindical. Sostuvo que la huelga tienen como objetivo que el gobierno de Ricardo Martinelli “pare la represión” a través de la Policía Nacional en contra del pueblo colonense, se derogue la Ley 72 y se libere a las personas que han sido detenidas durante las manifestaciones en esa provincia.

 

Más temprano, a las 6:30 a.m. de ayer, obreros aglutinados en ese sindicato cerraron calles en diferentes puntos de la ciudad capital, entre ellos, los corredores Norte y Sur, la avenida Balboa, en la 24 de Diciembre, en Mañanitas, El Dorado, frente a plaza Edison, en la Ricardo J. Alfaro, Transítmica, Los Andes, los accesos al puente Centenario y en Howard. La protesta, que generó un caos vehicular en las principales avenidas de la capital, se extendió por una hora. La Policía Nacional no reprimió a los obreros. Méndez manifestó que los trabajadores de la construcción seguirán en las calles hasta que se elimine la Ley 72.

Isidro Rodríguez

ENFOQUE

El Gobierno se muestra incoherente

Edwin Cabrera*

panorama@prensa.com

opinión. Las acciones que se anunciaron ayer por parte del Ejecutivo para derogar la Ley 72 pensé que ocurrirían el fin de semana para que el país amaneciera con tranquilidad el lunes, pero se ha dejado pasar los días en esta crisis. Esto demuestra que el análisis y la uniformidad de criterio no está prevaleciendo en el Gobierno. El otro punto es el error de gestión.

 

El Ejecutivo ha querido cargar solo con la crisis y el Legislastivo, donde el oficialismo tiene mayoría, no ha jugado un papel más beligerante en el conflicto. Ha quedado en evidencia que están a la espera de que el presidente, Ricardo Martinelli, decida la solución y, mientras tanto la crisis sigue afectando el país.

* Analista político

Fiscalía de Nápoles rastrea a allegados al Gobierno

Nicanor Alvarado Dixon

nalvarado@laestrella.com.pa

Con pie firme avanzan investigaciones para descubrir quiénes, además del presidente Ricardo Martinelli, recibirían unos 23 millones de dólares en sobornos de Finmeccanica. Hay más arrestos

 

Silvio Berlusconi y el presidente Martinelli. A la derecha, el empresario Valter Lavitola.

Quizá no haya país europeo en el que el nombre del Gobierno de Panamá, liderado por Ricardo Martinelli, se escuche más que en Italia. En la histórica Roma y en Nápoles.

Y justo ayer fue una prueba para esa idea. En ambas ciudades, la administración Martinelli volvió a ser foco de atención, a cuentas del abultado expediente Finmeccanica.

En la jornada, la Fiscalía de Nápoles confirmó que investiga el supuesto soborno de Finmeccanica al mandatario, ‘exponentes políticos’ y figuras del gobierno panameño por 18 millones de euros (23. 4 millones de dólares), para conceder un contrato millonario de abastecimiento de equipos de seguridad al Estado.

Los nombres del resto de las personalidades podrían salir a relucir en la evolución de la investigación. La agencia de noticias Ansa reportó que la Fiscalía de Nápoles está ‘en camino de completa identificación’ de los panameños implicados en el escándalo internacional.

Además de Martinelli, publicaciones periodísticas en Italia y Nápoles —basadas en retazos de la causa—, solo habían citado a la alcaldesa capitalina Roxana Méndez, quien fungió como ministra de Gobierno hasta enero último.

Las sospechas de un soborno por 23 millones de dólares se hicieron públicas después de que la Policía italiana capturara al exdirector de Finmeccanica, Paolo Pozzassere, en Roma.

De hecho, los escenarios están intrínsecamente ligados. La orden de captura contra Pozzassere consigna la acusación formal sobre él y, consiguientemente, sobre Martinelli.

Pozzassere fue detenido en su residencia en Roma a petición de los fiscales Henry John Woodcock y Viscenzo Piscitelli, y por orden del juez de investigaciones preliminares de Nápoles, Darío Gallo.

Tras su captura, la policía italiana trasladó a Pozzassere a la prisión de Poggioreale, en Nápoles, la misma en la que permanece Valter Lavitola, un personaje contundente entre el gobierno de Panamá y sus negocios de Finmeccanica, desde abril último.

EL ANTICIPO Y LOS MILLONES

Una transcripción que hizo el diario italiano La Repubblica sobre una conversación que el 21 de agosto de 2011 sostuvieron Lavitola y Pozzassere fue la primera alerta que llegó a Panamá sobre un posible vínculo Lavitola - Pozzassere - Martinelli.

La publicación apunta a la entrega de un helicóptero al jefe de Estado panameño ‘como anticipo del pago de 30 millones’ —en una moneda que nunca se reveló— por el contrato a Finmeccanica.

Meses antes, en el marco de un acuerdo de cooperación con el entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, el gobierno había firmado con el conglomerado italiano el suministro de 19 radares, seis helicópteros y un mapa cartográfico digital, por al menos 250 millones de dólares. El contrato nunca se hizo público en Panamá, por —según el ministro José Raúl Mulino— ‘asuntos de seguridad’.

En la negociación, Agafia Corp. , vinculada a Lavitola, recibiría 10% de comisión del total pactado entre Panamá y Finmeccanica, a través de sus filiales Selex, Augusta Westland y Telespazio. Los fiscales napolitanos centraron su investigación en esa sociedad.

Finmeccanica, en contraposición, insiste en que jamás pagó ‘por intermediaciones’ ni otorgó sobornos.

El gobierno de Ricardo Martinelli ha concluido que no recibió ni solicitó pagos extraoficiales para otorgar contratos a Finmeccanica. Incluso, en agosto argumentó que las acusaciones contra Lavitola se habían caído.

En Panamá, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia archivar el proceso por la compra de 19 radares.

DIFERENCIAS EN EL GOBIERNO

Diputados oficialistas plantearon la derogación de la Ley 72, pero el Ejecutivo presentó una modificación a la ley.

 

Gustavo A. Aparicio

Irene Hernández G.

panorama@prensa.com

El titular del MEF, Frank De Lima, quien encabezó la comitiva de Gobierno que viajó a Colón, propuso ayer aumentar a 100% el fideicomiso que crea la Ley 72 para Colón. LA PRENSA/Jorge Fernández.

La aplicación de una fórmula por el gobierno para salir de la crisis por la aprobación de la Ley 72, que permite la venta de tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC), ha comenzado a generar diferencias en el oficialismo.

 

Diputados de las bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Molirena plantearon ayer al Ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, la posibilidad de que se derogue total o parcialmente la Ley 72 a través de la vía legislativa.

 

El diputado de CD Hernán Delgado confirmó que en una reunión que sostuvieron con el ministro Henríquez varios diputados oficialistas hicieron el planteamiento.

 

En el encuentro también estuvieron el titular de Comercio, Ricardo Quijano, y el canciller encargado, Francisco Álvarez de Soto.

 

“Culminada la reunión no quedó nada definitivo y acordamos otro encuentro. Hay diputados que hablaron de la derogatoria a manera de opiniones, pero no hubo ninguna definición en la reunión sobre estas alternativas”, precisó Delgado.

 

En tanto, el diputado de CD José Muñoz dijo que hay muchas fórmulas que se pudieran utilizar en esta ley y no solamente se habla de la derogación, sino que también por la vía de la reglamentación se pudiera llegar a un consenso con las fuerzas vivas de Colón.

 

“Soy de la opinión de que se debe aplicar una reglamentación para buscarle un mayor beneficio a los colonenses”, indicó Muñoz.

 

100% del fideicomiso

A pesar del planteamiento de los diputados, el Ejecutivo no apoyó esa posición y anunció una posible reforma a la Ley 72.

 

La propuesta consiste en que se destine el cien por ciento del dinero producto de la venta de las tierras de la ZLC al fideicomiso que se creó con la Ley 72 para desarrollar proyectos de interés social en la provincia.

 

El anuncio lo hizo en conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lim, quien dijo que el presidente Ricardo Martinelli –actualmente de por Japón– le instruyó telefónicamente para que se presente esta modificación a la Ley 72.

 

rechazan propuesta

El Frente Amplio por Colón y la Cámara de Comercio de Colón, que lideran la lucha contra la Ley 72, rechazaron la nueva propuesta del Ejecutivo. Ambos gremios reiteraron su posición de que no se vendan las tierras de la ZLC y anunciaron que prorrogan por 48 horas más el paro en la provincia atlántica, hasta que el Gobierno derogue la legislación.

 

Gobierno insistirá

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, manifestó que el gobierno insistirá en entablar hoy un diálogo con las fuerzas vivas de Colón.

 

“Estamos animados a regresar mañana –hoy– a Colón, a seguir buscando el entendimiento que es lo que el país espera de un gobierno responsable”, señaló Fábrega.

 

Fracasó diálogo

La comitiva gubernamental que viajó a Colón a buscar un diálogo con las fuerzas vivas de esa provincia sobre la Ley 72 fracasó en su objetivo, porque los principales gremios que se oponen a la legislación no acudieron al llamado.

 

La comisión gubernamental integrada por el titular de Economía, Frank De Lima; de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega; de Vivienda, José Domingo Arias, y de Obras Públicas, Jaime Ford, así como por el gerente de la Zona Libre, Leopoldo Benedetti y el alcalde Dámaso García llegó a las 9:00 a.m. al Club Árabe, sede en la que se mantuvieron hasta las 4:00 p.m. en espera de los dirigentes de las fuerzas vivas de Colón.

 

La comitiva gubernamental llegó en avión al aeropuerto de France Field, donde fueron trasladados en un bus Coaster hasta el Club Unión Árabe, ubicado en Margarita. El local es un lujoso centro de dos plantas, alejado de todo bullicio. Los ministros caminaban de un lado a otro. Llamaban por celular. No permitían la entrada de los medios de comunicación al lugar.

 

Casi al mediodía el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez, llegó al lugar y se ofreció de mediador para tratar de concretar el diálogo. Sus intentos fueron infructuosos.

 

´No fue fracaso´: De Lima

Por su parte, el gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti, opinó que al conflicto en Colón hay que ponerle un alto, pero es necesario que primero se dé un diálogo.

 

´No confiamos en el gobierno´: Voltier

Edgardo Voltier, del Frente Amplio de Colón, que aglutina a sindicatos y grupos cívicos de la provincia, dijo que decidieron no asistir al llamado a diálogo porque no confían en el discurso del gobierno.

 

“Nosotros venimos diciéndole al gobierno, no ahora sino desde febrero, que queremos dialogar, buscar un consenso con respecto al tema, pero la idea ha sido la de vender las tierras y no estamos de acuerdo”, agregó Voltier.

 

“Hemos dicho que ellos quieren dialogar con el Senafront tocándole las puertas a las casas de los colonenses, reprimiendo al pueblo”, recalco Voltier.

 

´Colón no quiere una ley impuesta´: obispo

El obispo de la Diócesis de Colón y Guna Yala, Audilio Aguilar, señaló que lo que esperan los colonenses es que haya un diálogo de verdad, que se busque solución a los principales problemas sociales de la provincia.

 

“Lo que los colonenses quieren es una ley clara, que no sea una ley impuesta sino que de verdad sea una norma para que Colón salga de esa pobreza que la ha agobiado por muchos años”, precisó el obispo colonense.

 

Por su parte, el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, en un mensaje enviado desde Roma, Italia, señaló que el diálogo es la única fórmula para encontrar la paz en Colón. Ulloa pidió un diálogo cimentado en la tolerancia y el respeto.

 

AU se pronuncia

La Asociación de Usuarios de la ZLC (AU), en un comunicado, repudió la violencia y el uso excesivo de fuerza por la Policía en Colón. “La AU no pidió la venta de las tierras de la ZLC, como ha sido manifestado en ocasiones anteriores, pero consideramos necesario actualizar la legislación nacional, sin afectar el patrimonio del Estado ni al pueblo colonense, preservando el espíritu de libre empresa y coadyuvando al desarrollo general de la provincia de Colón y al resto del país”.

 

Acciones para hoy

El Frente por la Democracia, que aglutina a sindicatos, partidos políticos y a la sociedad civil, marchará esta tarde a las 4:00 p.m. desde el parque Porras hasta la Asamblea Nacional, para demandar la derogatoria de la Ley 72.

 

Por su parte, Bernardo Jiménez, dirigente de la comunidad de Cerro Pelado, de la comarca Ngäbe Buglé, informó que hoy a las 9:00 a.m. la cacica general, Silvia Carrera, y la Coordinadora Indígena se reunirán con las 15 bases nacionales para dar a conocer las acciones que implementarán en apoyo a los colonenses.

Carga se atrasa en puertos

Las protestas y cierres de calles en Colón han afectado el movimiento de carga a través del ferrocarril y las terminales portuarias ubicadas en el sector atlántico.Muchos de los contenedores con mercancía refrigerada y seca que llegan al puerto de Balboa se envían al Atlántico a través del ferrocarril transístmico. La Cámara Marítima de Panamá, que agrupa a más de 180 empresas, informó que “la interrupción de los servicios, las demoras y la consecuente pérdida de conectividad tienen efectos negativos e irreversibles en la imagen y competitividad del país”.El gremio, al igual que el Consejo Empresarial Logístico (Coel), hizo un llamado al Gobierno para que en conjunto con la empresa privada se sienten a dialogar para promover el debate y consenso.“Le solicitamos al Gobierno una moratoria de la ley mientras se analice, se debata y se llegue a una solución”, expresó el Coel a través de un comunicado.

Wilfredo Jordán

´Viviré y moriré en Colón´

Anacleto Ceballos es un colonense raigal que preside la Cámara de Comercio de esa provincia, principal gremio que lidera la lucha contra la Ley 72 que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón.
Sostiene que el estallido social en Colón tiene su origen en que la población ya está cansada del olvido y el menosprecio.
¿Por qué el paro?
Tenemos que defender a Colón y a las empresas.
¿La Ley 72 es tan nefasta para Colón?
En su totalidad no es dañina. Estamos conscientes que hay que mejorarla. Lo más lesivo es la venta de las tierras.
¿Por qué no dialogan?
El Gobierno tiene que derogar la ley y llamar a consultas a todos los sectores.
¿Ha sido presionado por el Gobierno por el paro a que convocó?
Ninguna amenaza del Gobierno, pero sí me han llamado para conversar.
¿Cuántos años tiene de ser comerciante en Colón?
Tengo 50 años y estoy decidido a seguir viviendo y morir en Colón.
¿ El presidente Martinelli lo ha llamado?
No, pero sí el ministro Henríquez y la ministra Lucy Molinar