Juan Hombron,  paradojas de la justicia

LINA VEGA ABAD

lvega@prensa.com

 

Litorales de Juan Hombrón

El juez tercero, Adolfo Mejía, calificó los terrenos de Juan Hombrón como adjudicables, citando entre otros textos legales el Decreto de Gabinete 43 de 1996 que declaró el área de Juan Hombrón como zona de desarrollo turístico.

Durante su investigación, la fiscal Ruth Morcillo solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el secuestro de las 14 fincas tituladas por Anabelle Villamonte. Su petición nunca fue respondida por los magistrados.

Los hallazgos de la fiscal

En un documento de 75 páginas con fecha del 30 de marzo de 2012, la fiscal Ruth Morcillo sustentó con  declaraciones, documentos, dictámenes periciales, etc., que la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y otros funcionarios (con la complicidad de una larga lista de personas) titularon las 54 hectáreas de Juan Hombrón en violación de la ley, por lo que pidió su llamamiento a juicio.

 

“Se vulneró la normativa legal, tanto en materia procesal como ambiental, con la finalidad de conferir la propiedad de terrenos a personas con las cuales mantenía vínculos profesionales (mercantiles), de parentesco o amistad...”, declaró la fiscal Morcillo.

La larga lista de hallazgos incluye los siguientes:

Funcionarios y exfuncionarios de la Anati (antes Catastro) fueron presionados por Villamonte para firmar planos con irregularidades.

Las tierras tituladas son inadjudicables según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Comisión Nacional de Humedales y peritajes de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), entre otras instancias.

La existencia de mangle se establece en informes de la ANAM y en múltiples testimonios.

Funcionarios locales aseguran que el área es usada solo por días en ve-rano. Lo mismo declaran algunos de los pescadores involucrados. No hay posesión que sustente la titulación.

Se ignoró la obligación legal de que el Ministerio de Vivienda y la ANAM den su visto bueno.

Los informes de la Contraloría General determinaron que las tierras estaban en áreas protegidas.

Las inspecciones hechas por la Contraloría ratifican las incongruencias en los planos, la presencia de mangle o la inexistencia de pruebas de posesión, y determinan que hubo irregularidades en las alegaciones de derechos posesorios.

Se identifica a Raúl Mata como la persona que buscó los lugareños, pagó los planos y notarías, y les ofreció $6 el metro.

Se cita el “Acuerdo de pago de comisión” entre Anabelle Villamonte y Raúl Mata.

Se identifican documentos en los que Anabelle Villamonte hace solicitudes a Catastro, sin los poderes correspondientes.

La única institución que da el visto bueno a las titulaciones es la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), que dirige Giovani Lauri (exempleado de la familia Papadimitriu).

Las razones del juez Mejía

El 14 de junio de 2012, e ignorando una petición de prórroga para ampliar las investigaciones que le hiciera la fiscal Morcillo, el juez tercero de circuito penal, Adolfo Mejía Cáceres, decidió absolver de toda responsabilidad penal a la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte, y con ella a todos los imputados por las titulaciones de Juan Hombrón. El juez Mejía plasmó su veredicto en un fallo de 34 páginas. En las 17 primeras se limita a transcribir los hechos, citar testimonios y documentos, enumerar a los lugareños involucrados en el proceso de solicitud de los derechos posesorios o verificar requisitos formales.

Aquí el sustento de su decisión:

Califica de adjudicables las tierras, señalando que no se puede aplicar la prohibición de titular en áreas protegidas que establece la Ley 80 de 2009 (que regula la titulación en islas y costas), porque quienes cedieron sus supuestos derechos posesorios dijeron tenerlos antes de su vigencia.

Este argumento choca con el hecho de que dicha exclusión se aplica a quienes “hubiesen iniciado” el reconocimiento de sus derechos antes de la aprobación de la Ley 80. Los procesos de titulación que aprobó Villamonte se iniciaron a partir de junio de 2010.

Asegura que peritos de la Anati, ANAMA y ARAP determinaron que la tierra está fuera de los 22 metros de ribera de playa, “señalando que las características que presenta el área son adecuadas para el desarrollo turístico...”. No menciona los informes de la Anam, de la Contraloría y de testigos, que establecen lo contrario.

Justifica la actuación de Anabelle Villamonte, como abogada primero y como funcionaria que autoriza las titulaciones después, ya que se le informó que “no existía ninguna norma que le faculte a declararse impedida...”.

Se aduce que en la resolución de adjudicación “no se hace mención a que el terreno se tratara o colindara con áreas protegidas o de manglares...”. Es decir, usa como sustento un documento firmado por la propia Villamonte.

Asegura que se probó la posesión pacífica por el término de 20 años de la tierra titulada, sin citar los medios de prueba que sustenten esta afirmación.

Resta valor al acuerdo del Municipio de Antón de 2005 que declara los manglares de Coclé como áreas protegidas, alegando que tiene más fuerza el Decreto Ejecutivo 43 de 1996 que declaró el área como zona de desarrollo turístico.

Concluye que el delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial no se pudo comprobar.

La familia Papadimitriu alega ser ´compradores de buena fe´

Representantes no identificados de las sociedades Trapp Real Estate y Hedecor Group –que según afirmó el abogado Luis Fonseca el 20 de diciembre de 2011, pertenece a los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu– advirtieron ayer, en sendos comunicados públicos, de que reclamarán las tierras adquiridas en Juan Hombrón ante los tribunales de justicia.

Tras enterarse de que existen otras personas que están haciendo reclamaciones sobre la misma tierra, las citadas sociedades anunciaron que defenderán “los derechos reales que nos asisten...”.

También ayer, pescadores del área solicitaron ante la Procuraduría de la Nación que se les reconozca el derecho de acceso a las 54 hectáreas de la polémica playa, basados en el reciente fallo de sobreseimiento del juez Adolfo Mejía. “El señor Papadimitriu [el ministro de la Presidencia] pagó por esas tierras, no se las robó... nosotros las pusimos a la venta y él las compró”, declaró Raúl Mata, vocero de los pescadores que aseguraron tener los derechos posesorios que permitieron a Anabelle Villamonte titular la tierra.

Los pescadores fueron recibidos en la subsecretaría del Ministerio Público y solicitaron una cita con el procurador, José Ayú Prado.

Una investigación de La Prensa reveló que Villamonte –que trabajó en una empresa de la familia Papadimitriu– aprobó titular las 54 hectáreas a título gratuito, al estar divididas en parcelas de menos de cinco hectáreas. La investigación también reveló que los verdaderos dueños de las sociedades originales, así como de aquellas a las que fueron traspasadas las tierras, son de la familia Papadimitriu. A pesar de ello, en el citado comunicado las sociedades Trapp Real y Hedecor Group alegan que “compraron de buena fe a terceros...”.

En tanto, ayer la Anati informó que las resoluciones de anulación de los títulos aún no tienen vigencia, porque los afectados han presentado recursos que no han sido resueltos.

Ereida Prieto-Barreiro

Elio Núñez

Ayer en diferentes avenidas de la ciudad se repartían volantes contra Juan Carlos Varela