jueves, 31 de mayo de 2012

Ambientalistas urgen restituir la protección a la Bahía de Panamá

LA PRENSA/Archivo
Los ambientalistas alertaron también sobre la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en buena parte de la capital.
PANAMÁ, (Xinhua).–  Por lo menos 30 organizaciones no gubernamentales urgieron este jueves, 31 de mayo, en la capital panameña a la Corte Suprema de Justicia de Panamá restituir la condición de Área Protegida Como Refugio de Vida Silvestre a la Bahía de Panamá, suspendida por la supuesta falta de una consulta pública.

Las organizaciones señalaron que la decisión judicial del pasado 28 de abril, que suspendió la resolución de la estatal Autoridad Nacional del Ambiente que reconocía desde 2009 la condición de Área Protegida a la Bahía en el Pacífico, abre la puerta para la destrucción de manglares y la proliferación de nuevos rellenos.

Los ambientalistas alertaron también sobre la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en buena parte de la capital, e instaron a la Corte Suprema de Justicia a actuar a favor de la salvaguarda de las áreas protegidas del país, en particular de la Bahía de Panamá.

Señalaron que en el pasado se registraron inundaciones devastadoras en comunidades en el este de la ciudad, por tanto consideran el fallo como un certero golpe a los beneficios que dan los manglares, que protegen a la ciudad de desbordamientos en épocas de lluvias y retienen sedimentos.

Recordaron que en 2003, tras una solicitud hecha por Panamá, la Convención Ramsar sobre la protección de manglares incluyó el humedal en la Bahía de Panamá en una lista de Humedales de Importancia Internacional por sus condiciones excepcionales.

Organizaciones como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Sociedad Audubon de Panamá, Panamá Sostenible, el Centro de Incidencia Ambiental, la Fundación MarViva, la Fundación Natura, Promar y de Wetlands Internacional rechazaron la posición de los magistrados de la Sala Tercera de la Corte con este fallo, debido a razones económicas, legales y de seguridad de la población.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Banfield: Hay muchos intereses económicos en terrenos de la Bahía de Panamá

Redacción de Prensa.com
 
El humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres y marinos de la porción de la costa de la bahía de Panamá, desde Costa del Este, hasta el estero en Chimán.
 
“Hay muchos intereses económicos. Todo el mundo quiere vivir frente al mar a costa de lo que sea, incluso a costa de la propia vida y eso no es negociable”.

Así se refirió este miércoles, 30 de mayo, la ambientalista Raisa Banfield a la “suspensión provisional” que ordenó la Corte Suprema de Justicia al estatus de área protegida a los manglares de la Bahía de Panamá.

En declaraciones a Telemetro Reporta, Banfield dijo que es “irónico” que en esta administración gubernamental se vaya a crear un fondo soberano, en donde se diga que es para emergencias ambientales pero, por otro lado, “se esté haciendo cero” para prevenir los daños a la naturaleza.

Banfield aseguró que, entre sus beneficios, los humedales constituyen lugares de descanso para cerca de dos millones de aves de las Américas. “Los manglares son el útero de la biodiversidad”, sostuvo. Especies de mar, de cielo y de tierra ponen sus crías allí y se protegen, hasta que se puedan defender de los depredadores, manifestó. Además, estos sitios ecológicos filtran la contaminación que va al mar, sin contar con la gran cantidad de dióxido de carbono que retienen.

Así las cosas, Banfield indicó que “nos preocupa que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no tenga una voz ante la suspensión que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia de levantar la protección que tenían esos humedales”,

El humedal Bahía de Panamá quedó desprotegido el 27 de abril, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una resolución de la Anam que lo hacía área protegida.

Este humedal comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres y marinos de la porción de la costa de la bahía de Panamá, desde Costa del Este, en la ciudad de Panamá, hasta el estero en Chimán.

Sin embargo, el humedal Bahía de Panamá aún está incluido en la lista de los cuatro humedales de Importancia Internacional Ramsar que hay en el país y que abarcan 2,050.34 km2. Los otros tres son: el Golfo de Montijo, San San Pond Sak y Punta Patiño. Además, hay 17 humedales en áreas protegidas, que ocupan 874.078 km2; y 18 humedales de importancia fuera de áreas protegidas, con una superficie de 2 mil 200.27 km2.

La Convención de Ramsar sobre Humedales es un tratado internacional del que Panamá es signatario, y que promueve la preservación de Humedales de Importancia Internacional.
Pagamos asfalto a precios de concreto hidráulico
EDGAR ENRIQUE FIGUEROA
 
Del 2010 a la fecha, en la mayoría de los proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas se emplea el llamado pavimento flexible, sacrificando costos de mantenimiento y la vida útil
 
Pagamos asfalto a precios de concreto hidráulico
Autopista Arraiján- La Chorrera en dos años de trabajo ya tiene varias grietas en bordes y uniones.Foto: Eliézer Oses |La Estrella

PANAMÁ. Todo se asemeja a una ecuación cuyos resultados parecen no tener sentido lógico. ¿Qué es lo que se busca? ¿Gastar más o ganar más?, se preguntan algunos especialistas en esta materia tan compleja. Ellos mismos estiman que aquí se invierte la popular frase ‘lo barato sale caro’, porque en esta operación la ecuación costo-calidad sale sacrificada. El uso del asfalto en varios proyectos ‘insignia’ del Ministerio de Obras Públicas es una muestra de ello.

Las obras en la autopista Arraiján-La Chorrera (22 kilómetros a $152 millones) y la ampliación a seis carriles de la vía Domingo Díaz ($237 millones por sus 12 kilómetros), donde se emplea la técnica ‘moderna’ de reemplazar la calzada de concreto hidráulico —que ya cumplió su tiempo útil— por rodadura de asfalto ‘de dudoso espesor y calidad’, son los ejemplos más visibles.

Desde que se inició el proyecto de recuperación de la red vial del país a través del programa ‘Asfaltando tu ciudad’, se encendieron las luces de alarma, porque se estaban empleando $80. 3 millones en esa tarea.

En septiembre del año pasado, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) criticó la calidad del asfalto que se está utilizando para la construcción y mantenimiento de las carreteras del país. Su Comisión Vial presentó un estudio en el que destaca que los trabajos de recubrimiento asfáltico tenían un espesor único de cinco centímetros.

La SPIA concluyó entonces que estas carreteras asfálticas son de mala calidad.

¿ASFALTO O CONCRETO?

El otro aparte en esta polémica son los millones de dólares que se emplean en estos proyectos públicos.

Hace poco, el exministro de Obras Públicas Benjamín Colamarco hizo la observación del costo de la vía Tocumen o Domingo Díaz (sin parangón alguno en Panamá en materia de precios) a pesar de que se emplea el llamado pavimento flexible o asfalto, que es más económico que el concreto hidráulico o del tipo Portland.

Jorge Luis Pitalúa, arquitecto y exdirector de Mantenimiento Vial del MOP, cree que no hay que estigmatizar el tipo de material con el que se construyen las carreteras, sino la forma como es utilizado para realizar reparaciones o hacer calles nuevas.

Para Pitalúa, el problema radica en que no se respetan las normas internacionales de la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y Transporte. No critica la técnica de cubrir con capa asfáltica una rodadura de concreto Portland que hoy se emplea. ‘Lo que está en juego es que hay obras con sobrecostos y mal hechas que en cuestión de poco tiempo empiezan a deteriorarse’, agrega.

martes, 29 de mayo de 2012

Finanzas públicas penderían del FAP

Dentro del presupuesto se contemplan $400 millones procedentes de ´venta de activos´, que podría incluir la participación en empresas mixtas.
ALFONSO ACOSTA p.
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DEFENSA. El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, dijo ayer que el proyecto del FAP traerá beneficios a mediano y largo plazo al país. 
LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

El Gobierno podría necesitar que se apruebe la ley que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para cuadrar las finanzas estatales.

En el presupuesto de 2012 se esperan ingresos por $400 millones procedentes de “venta de activos”, una suma 300% mayor que aquella presupuestada bajo el mismo renglón en 2011.

Alrededor de $250 millones provendrían de la venta de los terrenos estatales en la Zona Libre de Colón, inclusive cuando no se ha aprobado ley alguna que contemple esta transacción, un paso necesario según el viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani. Esto deja una suma pendiente de $150 millones para cuadrar el renglón de venta de activos, fondos que llegarían de la venta de las acciones del Estado en empresas mixtas.

Justamente la ley del FAP, tal como está redactada, permite que el dinero producto de la venta de los activos del Estado en empresas públicas pase a una cuenta estatal y no sea ahorrado, como se dispone en las reglas del Fondo Fiduciario.

Para analistas legales consultados, esta actuación contradice el principio de la separación de poderes, ya que pareciera establecerse que el Ejecutivo tiene control de antemano sobre las leyes a ser aprobadas por el Legislativo.

Avanza aprobación de proyecto

La Asamblea Nacional entró ayer en la discusión de los artículos del proyecto que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) luego del rechazo de los informes de minoría de las bancadas de oposición, que pedían devolverlo a primer debate para una discusión más amplia. Los informes de las bancadas del Panameñista y del PRD recibieron el voto contrario de la mayoría de la bancada oficialista.

El presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, aseguró que la ley del FAP permitirá una deuda adicional de mil 500 millones de dólares, que se utilizarían en proyectos que no son prioritarios. Dijo que es una irresponsabilidad no incluir en el FAP la venta de activos y aumentar el déficit fiscal.
Isidro Rodríguez



Arrecian críticas a proyecto del FAP
El pleno legislativo empezó la discusión con los informes de minoría de los diputados de oposición. El debate continuará hoy en la tarde.
isidro rodríguez

Diputados panameñistas y del PRD cuestionaron en el pleno la propuesta del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández
Diputados de las bancadas de oposición pidieron ayer, en el pleno de la Asamblea Nacional, bajar a primer debate el proyecto de ley que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), al alegar que no ha sido consultado lo suficiente y deja la puerta abierta para que el actual gobierno haga uso de ese dinero este año.
La solicitud fue elevada luego de que cada bancada, por separado, presentara su informe de minoría, coincidiendo en sus argumentos.

Por ejemplo, el informe del partido Panameñista, sustentado por el diputado José Blandón, destaca que el Gobierno gasta más de lo que recibe, lo que “refleja que no hay un manejo prudente de las finanzas públicas”.

Mientras, el del Partido Revolucionario Democrático (PRD) plantea que la propuesta de ley parte de una falacia, porque no es cierto que se crea un fondo de ahorro, cuando ya este existe desde 1995.

El que salió en defensa del proyecto, una vez más, fue el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
Expresó que los diputados de las bancadas del panameñismo y el PRD “se oponen a todo”, hasta de un proyecto bueno como lo es la creación de un fondo de ahorro.

Insistió en que con este fondo se creará una póliza de seguro contra los daños ocasionados por desastres naturales y la recesión económica.

Además, justificó la creación de la junta directiva del fondo, al asegurar que se ha copiado como está estructurada la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Sobre el tema de qué ocurrirá con el dinero de la venta de los activos del Estado, afirmó que, para poder venderlos, se deben hacer modificaciones a las leyes que la regentan.

La discusión de los informes de minoría fue suspendida anoche, porque la Asamblea enfrentó problemas con el suministro eléctrico. Hoy continúa.

Advierten de límite de déficit fiscal

El apuro del gobierno en aprobar el Fondo de Ahorro de Panamá se fundamenta en que la administración de Ricardo Martinelli rebasó el límite del déficit fiscal del 2%, según la casa financiera Nomura.

Esta idea está corroborada no solo con la presentación del proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, sino también con los resultados fiscales del primer trimestre de 2012, señala Nomura en un comunicado.

Los ingresos del país en el primer trimestre crecieron 27%, frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, el gasto primario aumentó en un sorprendente 41% en el mismo período, impulsado por un crecimiento de gasto capital del 82%. El saldo global fiscal asciende a 1.4% del producto interno bruto proyectado solamente en el primer trimestre de 2012.

“No es de extrañar porqué las autoridades necesitan mover el límite del déficit fiscal”.
Aet Elisa Tejera C.


Rechazo. El diputado José I. Blandón sustentó el informe de la bancada panameñista. LA PRENSA/Jorge Fernández

Piden bajar a primer debate proyecto del FAP

Diputados de las bancadas del PRD y panameñismo presentarán un paquete de modificaciones, entre ellas, al tema de la junta directiva del fondo de ahorros.

ISIDRO RODRÍGUEZ

La segunda semana de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional arrancó con la lectura de los informes de minoría sobre el polémico proyecto de ley que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), que elaboraron las bancadas opositoras de los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD).

El informe de la bancada del panameñismo, sustentado por el diputado José I. Blandón, plantea que, pese al crecimiento económico y al incremento en los ingresos del Estado, “se tiene déficit porque el gobierno gasta más de lo que recibe”.

“La recaudación del ITBMS aumentó en 12.9% y, al mismo tiempo, los gastos totales crecieron en 14.6%. Eso refleja que no hay un manejo prudente de las finanzas publicas”, expresó .

Mientras que el informe del PRD, presentado por el diputado Juan Carlos Arosemena, empezó cuestionando el limitado período de tiempo sin las consultas y análisis pertinentes del proyecto, por lo que piden que sea bajado a primer debate.

Manifiesta que el ahorro nacional no incumbe solamente a la parte gobernante, pues “es un tema que requiere una amplia consulta y la generación de un acuerdo nacional”.

Agrega el documento que el proyecto de ley parte de “una falacia”, porque no es cierto que se crean un fondo de ahorro, porque este ya existe desde 1995.

Destaca que esta propuesta no hace otra cosa que mermar el patrimonio estatal, contrario a la tesis del ahorro, por lo que rechazarán la iniciativa.

En su sustentación en el pleno, el diputado Arosemena dijo que presentarán tres propuestas de modificación: una para que los directores del Fondo Soberano sean nombrados a través de una terna; la otra para que se deje claro que el dinero producto de la venta de los activos del Estado en empresas públicas pase al fondo y no a la cuenta estatal; y la otra es para que se mantenga el tope del déficit fiscal en 1%.

El perredista sostuvo que se debe eliminar el artículo 34, que es el que establece que el incremento del tope del déficit para este año sea de 2.9%.

Indicó que no se oponen a crear un fondo de ahorro, pero sí a como está planteado el proyecto. “El Gobierno ha hecho toda una ley solo para ver cómo levanta el tope del déficit fiscal y la posibilidad de nombrar gente afín a este gobierno para manejar este fondo”, afirmó.

Por su parte, el diputado panameñista Alcibiades Vásquez dijo que como está redactado el proyecto que crea el fondo soberano, su bancada lo rechazará.

“Nosotros somos de la tesis de que cuando las vacas están gordas, hay que prepararse para cuando estén flacas. Pero este fondo lo están casando con varias cosas”, advirtió.

Expresó que el proyecto deja abierta la posibilidad de utilizar el dinero producto de la venta de activos. “Tampoco entendemos si la economía está bien y estamos creando un fondo, por qué se crean topes para aumentar el déficit fiscal”, señaló

Vásquez indicó que propondrán que las acciones del Estado formen parte del Fondo de Ahorro de Panamá y que se amplíe la cantidad de integrantes de la junta directiva para que estén representados todos los actores de la vida nacional.

Al ser consultado sobre el tema el ministro de Comercio, Ricardo Quijano, manifestó que los que se están oponiendo al proyecto no lo han leído.

Dijo que el fondo va a ser bueno porque permitirá avalar a Panamá con las entidades de crédito cuando vean que se tiene un fondo de ahorro.

“Con este proyecto de ninguna manera se puede utilizar el fondo para gastar”, afirmó el titular de Comercio.

lunes, 28 de mayo de 2012

"Titulaciones en Juan Hombrón fueron ilegales"
Rubén Polanco
CONSECUENCIAS. De acuerdo a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la adjudicación de las tierras costeras en Juan Hombrón, provincia de Coclé, ocasionó una lesión patrimonial de un millón 787 mil 362 dólares. LA PRENSA/Archivo
La titulación de 54 hectáreas de terreno a 12 sociedades anónimas y 2 particulares en Juan Hombrón, Coclé, se hizo bajo presiones y en una abierta inobservancia de las leyes y recomendaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), la extinta Dirección de Catastro y el Municipio de Antón, que daban cuenta de que se trataba de manglares protegidos, por tanto inadjudicables.

Así consta en las conclusiones de la investigación que impulsó el Ministerio Público por este caso, expuestas por la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, en la audiencia preliminar, realizada el martes 22 de mayo en el Juzgado Tercero Penal.

En la audiencia, Morcillo pidió juicio para la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte; el jefe del Departamento Jurídico y los encargados de Cartografía y Planos de esa entidad, Eric Lamboglia, Mario Ruiz y José De Bello, respectivamente; y los particulares José Fernández y José Gutiérrez, acusados por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.

Los trámites de titulación que se hicieron a nombre de las sociedades anónimas, entre estas Vista Coclé y Vista del Norte, fueron iniciados por Villamonte en su condición de abogada el 7 de septiembre de 2010 hasta el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando renunció tras ser nombrada en la Dirección de Catastro.

En la vista fiscal, a la que este diario tuvo acceso, Morcillo citó al director regional de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Coclé, Ezequiel Jaén, quien en su declaración jurada dijo haber recibido nueve solicitudes de titulación de sociedades, que, sin embargo, no se atrevió a aprobar, pues en inspecciones hechas en las tierras se percató de que estaban en una “zona bañada por la alta marea, cubierta de maleza, sin cercas ni siembros y otras tenían manglar”.

Jaén añadió que en el caso de la sociedad Bancro Holding se le pidió el visto bueno del trámite con una nota firmada por Villamonte.

Asimismo, detalló que otros particulares se presentaron en su despacho y alegaron tener derechos posesorios, pero no encontró sustento a sus peticiones, por lo que envió las solicitudes al Departamento Jurídico de Catastro, en Panamá.

Por su parte, el jefe del departamento de Áreas Protegidas de la Anam, Hellington Ríos, declaró a la fiscalía –y así consta en la vista fiscal– que desde 2008 se había advertido a los moradores y pescadores de Juan Hombrón que no se podía adjudicar esa zona por ser un área de manglar.

Agregó que el 30 de abril de 2010 remitió una nota al alcalde de Antón, Jorge Cáceres, en la que le expresó su preocupación por la ocupación de parcelas de tierra en la zona de manglar y le pidió que se abstuviera de otorgar derechos posesorios.

El funcionario hizo referencia, en aquel entonces, al Acuerdo 10 del Consejo Municipal de Antón, fechado el 31 de mayo de 2005, que declaró “inadjudicables por ser de interés social y ecológico las áreas de manglar ubicadas dentro de nuestra jurisdicción”.

Presiones y más

En la vista fiscal se incluye la declaración jurada de Marysabel Brennan de Jiménez, quien se vio obligada a renunciar a su cargo de técnico en topografía de Catastro, debido a presiones para aprobar dos de los planos en los que se adjudicaban terrenos en Juan Hombrón.

De acuerdo con Brennan de Jiménez, cuando llegaron a sus manos los planos para las referidas titulaciones [a las sociedades Vista Coclé y Vista del Norte] los comparó con el plano de control y advirtió que las coordenadas marcaban en el agua, a pesar de que en el campo correspondían a tierra firme.

Dada la anomalía, la funcionaria remitió un informe a Villamonte, quien para ese momento era la directora de Catastro, indicándole que el área era inundable y así no se podían firmar los planos.

“Sí hubo presión para que firmara esos planos, lo cual no hicimos”, manifestó, aunque no detalló quién o quiénes la presionaron.

Según la fiscal, las titulaciones en Juan Hombrón también vulneraron la Resolución 209 de Catastro, del 6 de abril de 2005, que establece el reglamento para registrar planos y señala que no se dará la aprobación cuando hayan traslapes de terrenos.

Pero, en una inspección ocular realizada por peritos de la Anam y de la Contraloría General de la República en el marco de la investigación, se confirmó “el traslape en los planos, [la] presencia de manglar, [que] es área protegida, [que] los lotes no estaban cercados y solo había ranchos en mal estado”.

Además, se advirtió que “no hay vías de acceso, solo por la ribera de playa en marea baja; es decir, que cuando sube la marea inunda las vías de acceso y afecta los terrenos adjudicados”.

Por otro lado, citó en la vista fiscal una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá de 2009, que estipula que para la titulación de tierra que colinde con manglares debe haber una zona de amortiguamiento de hasta 50 metros; sin embargo, los terrenos adjudicados se ubican dentro de área de mar y manglares.

“La inobservancia de la normativa reseñada es palpable al leer los procesos administrativos iniciados en las solicitudes de derechos posesorios que fueron aprobados”, señaló Morcillo en la vista fiscal.

“A pesar de que en cada una de las inspecciones realizadas por los técnicos topógrafos de la oficina regional de Coclé se hicieron estas observaciones, se ignoraron las recomendaciones y se continuó con el trámite de titulación”, agregó.

Basada en lo anterior, la fiscal Morcillo concluyó que “las 14 titulaciones de tierra en Juan Hombrón se hicieron ignorando las recomendaciones hechas por topógrafos de la oficina regional de Catastro en Coclé y por el Municipio de Antón”.

A su juicio, la finalidad de dichas titulaciones fue “conferir propiedades a personas con las cuales [Villamonte] mantenía vínculos profesionales, de parentesco o de amistad”.

Les pagaron miles de dólares

En sus declaraciones juradas ante la fiscalía, algunos de los dueños de los derechos posesorios de tierras en Juan Hombrón admitieron que en estas hay manglares. Otros lo negaron.

Además, unos manifestaron que allí no se podía vivir, pero otros afirmaron tener ranchos a los que iban cuando pescaban. También señalaron que recibieron entre 6 y 10 dólares en efectivo por metro cuadrado traspasado y que los responsables de cancelarles fueron Jorge Luis Bethancourt, presidente de la Asociación de Pescadores de Antón, y Raúl Mata, quien negoció los derechos posesorios con los pescadores.

En tanto, Raquel Rodríguez Jaramillo confirmó que negoció con Mata desde septiembre de 2010 y le pagaría 39 mil dólares por su terreno. En principio recibió un abono de 5 mil dólares; después, varios pagos de 4 mil dólares hasta que sumó 35 mil dólares. Al final del proceso solo le debían 4 mil dólares.

Hernán Cáceres, el topógrafo que hizo las mediciones de los terrenos en los primeros planos de todos los poseedores, admitió que Bethancourt le pagó 20 mil dólares. Reynaldo Flores dijo que vendió 4 mil metros de terreno a 10 dólares el metro, pero aseguró no recordar la cantidad de dinero que recibió. “Fueron varios pagos en efectivo, el dinero me lo dio (Jorge) Luis Bethancourt”, declaró. Mientras que Michelle del Rosario confirmó que “los pagos los hacía (Jorge) Luis Bethancourt; eran varios pagos en efectivo. No tengo recibos ni documentos; no recuerdo la cantidad que recibí en total”, dijo.

Por su parte, Alexandra Monterrey manifestó desconocer el documento que le mostró la fiscalía, en el que se señala que cedió sus derechos posesorios a la sociedad Q&P Investment.

“Sí sé que se vendió. Mi documento se lo entregué al señor Raúl Mata, pero él, como bienes raíces, no sé a quién se lo vendió”.
Rubén Polanco

La cuenta bancaria

En el expediente se incluye como prueba un compromiso de compraventa fechado el 2 de marzo de 2010 entre Hernán Cáceres, topógrafo que hizo las mediciones de los terrenos a los poseedores, y Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de Anati, por 13 mil 600 metros cuadrados a un precio de 244 mil 800 dólares.
También se anexó un “acuerdo de pago de comisión por servicios profesionales”, suscrito el 15 de junio de 2010 entre Villamonte y Raúl Mata, quien negoció los derechos posesorios con los pescadores.

Además, figuran en el expediente (folios 2578 y 2628) documentos de Scotiabank, que certifican una cuenta a nombre de Villamonte y José Gutiérrez (ambos acusados en el caso) y en cuyo formulario este declaró ser cónyuge de la exdirectora de Titulación de Anati. Sin embargo, en su declaración indagatoria Villamonte negó tener una relación sentimental con Gutiérrez y manifestó desconocer las razones por las que este puso eso en el formulario, ya que ella solo le prestó apoyo para dicha transacción.

Gutiérrez, por su parte, expresó que su relación con Villamonte es estrictamente profesional y que ella le hizo un favor con la apertura de la cuenta bancaria, debido a que tenía malas referencias de crédito.
Rubén Polanco

Hablan los acusados

En su declaración indagatoria, Anabelle Villamonte afirmó que cumplió con la Ley 80 de 2009 para adjudicar los terrenos y que en ningún momento fue advertida de que estaban en áreas protegidas.

Admitió conocer 12 de las sociedades anónimas con las que los pescadores hicieron contratos de cesión, pero negó haber ejercido presión para aprobar los planos.

Por su parte, José Gutiérrez alegó que entre 2000 y 2001 compró un terreno a RaúlVillarreal en 2 mil 300 dólares y que, luego de culminar el trámite de titulación, contactó a Luis Fonseca, abogado de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, con quien suscribió un contrato de utilidades y rentabilidades, en el que la sociedad Joint Venture construiría un proyecto turístico y al finalizar recibiría un pago.

Mario Ruiz señaló que las correcciones de los planos que pedía el Ministerio de Vivienda debía realizarlas la Sección de Registro de Planos de Catastro, antes de que llegaran a él.

Mientras que José De Bello aseguró que registraba los planos por solicitud de Villamonte y explicó que sus funciones no incluían inspecciones de campo, por lo que no debía cotejar si había manglares en estos terrenos.

Eric Lamboglia dijo que una persona “muy ligada” a las titulaciones fue Richard Lemus, abogado del MEF y en quien Villamonte se apoyaba.

José Fernández afirmó ser inocente, pues su único vínculo como corredor de bienes raíces fue de intermediario entre Villamonte y Bethancourt para comprar tierras de playa.

Dijo que el contacto para el negocio se hizo en febrero de 2010 y recibió 10 mil dólares de paga por ser intermediario.

Manifestó, además, que compró en 2 mil dólares las dos hectáreas de terreno a su nombre en 2000 o 2001 a Raúl Villarreal.
Rubén Polanco

Anabelle Villamonte implicada en las adjudicaciones ilegales en Juan Hombrón

domingo, 27 de mayo de 2012

"El Gobierno se equivocó"

El diario ´La Estrella´ pidió un alto a los ´atropellos´ y advirtió que hay que estar alerta para no regresar a prácticas de la dictadura.
Eduardo Mendoza
 
El diario La Estrella calificó como equivocada la actuación del Gobierno al secuestrar 35 fincas del hotel Coronado, propiedad de Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa y duro crítico del presidente, Ricardo Martinelli.

“Pretender que la sociedad panameña crea que el secuestro del hotel Coronado es un asunto de evasión de impuestos es no conocer a los panameños”, cita el editorial de la decana.

“Lo que el Gobierno ha logrado con esto es que el tema del ataque a la libertad de expresión sea una preocupación internacional”, opinó el rotativo.

El diario también rechaza los ataques al presidente de La Prensa, Luis Navarro, “que se han hecho directamente desde un diario colega considerado pro gubernamental”.

“Lo irónico es que las actuales autoridades lo que menos hacen es honor al nombre del partido oficialista, pues aquí ha habido un retroceso en materia de institucionalidad que ni siquiera semeja un verdadero cambio democrático”, agrega el editorial.

“Todos estamos alerta, porque no vamos a permitir que se regrese a prácticas del noriegato. ¡Alto a los atropellos! ¡Pensemos en Panamá primero!

El director de La Estrella, Gerardo Berroa, comparó este caso con el del diario El Universo, en Ecuador, cuyos directivos fueron condenados a tres años de prisión y al pago solidario de 40 millones de dólares, a raíz de una demanda interpuesta por el mandatario Rafael Correa.

“Lo que se ve, es una intención manifiesta de perjudicar a la empresa de Eisenmann, porque es un crítico muy fuerte del Gobierno Nacional. Quienes aconsejaron a la Dirección de Ingresos hacer esto, no hicieron lo más adecuado y creo que debemos ponerle un alto a este estado de cosas”, dijo Berroa.

El martes pasado, la DGI ordenó el secuestro de 35 fincas del hotel Coronado, en Chame, aduciendo una supuesta evasión fiscal.

sábado, 26 de mayo de 2012


Las Relaciones del Poder y contrataciones públicas sin fin.

SANTIAGO CUMBRERA
Unidad de investigación

Las relaciones de amistad y de negocios marcan la tónica de la administración de Ricardo Martinelli Berrocal. Y estos vínculos se dan, incluso, entre miembros de diferentes generaciones.

FESTEJO. Carlos Duque, Jesús Veleiro, Leonel Zapata, Richie Chen, Orlando Mocci y Helmunt De Puy, amigos de los hijos del presidente Martinelli. Tomada de Internet
Es el caso de Leonel Zapata, que pertenece al grupo de amigos de los hermanos Martinelli Linares, y Víctor Vergara Muñoz, hijo del ministro de Salud.

Además de ser miembro de las directivas de varias sociedades anónimas de la familia Martinelli, Zapata comparte directiva de sociedades con el empresario colonense Carlos Bryan, amigo del titular de Salud, Franklin Vergara

Carlos Bryan y el ministro Vergara, además, son miembros del Consejo de Honor y Disciplina del partido oficialista Cambio Democrático.

Zapata y Bryan aparecen juntos en al menos seis sociedades; todas constituidas el 10 de marzo de 2008 y que tienen como agente residente a Giselle Brea, designada por el Presidente como secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos.

Una de esas sociedades es Condesa de Cañazas S.A., que desde 2008 tramita en la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) el permiso para explorar una zona de 319.20 hectáreas de arena submarina en Cermeño, Capira. En el sitio web del Mici se señala que la resolución de este trámite está por ser notificada.

Bryan aparece como tesorero de esta sociedad; Zapata, secretario, y como presidente, Ulises Dioger González, padre de la exdirectora del Sistema Nacional de Migración María Cristina González.

Dioger González también es dignatario de un sinnúmero de sociedades anónimas del presidente Martinelli y de miembros de su familia.

Tanto Bryan como Ulises González están vinculados también en sociedades interesadas en desarrollar proyectos hidroeléctricos en el área de Cañazas, en la provincia de Veraguas.

Contratos directos

Entre abril de 2010 y noviembre de 2011, cinco empresas vinculadas a Bryan obtuvieron del Minsa contratos directos por más de dos millones de dólares, por labores que normalmente lleva a cabo el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) –como distribuir agua en camiones cisterna– o las empresas contratadas por los municipios para recolectar la basura. (Ver La Prensa del 2 de abril de 2011).

Como justificación, el ministro Vergara dijo hace dos semanas en Telemetro, que “cuando hay una situación de emergencia hay que hacer contrataciones dentro de la ley... Él [Bryan] es mi amigo y miembro de Cambio Democrático, desafortunadamente sus compañías son las únicas que acuden a estos llamados, no hay ninguna ley que lo descalifique”.

Torisa Inc. –vinculada en el pasado al presidente Martinelli– es una de las empresas contratadas directamente por el Minsa para distribuir agua al este de la capital y en Coclé por $240 mil. También tiene un contrato por $533 mil 600 con el Idaan para distribuir agua potable en San Miguelito.

Otra de las compañías es Negocios Ilimitados S.A., que preside la hermana de Bryan, Elisa Ho Torres, y que ha facturado en el Minsa más de $90 mil.

Esta empresa también fue contratada entre enero y mayo de 2010 por el Programa de Ayuda Nacional, que dirige Giácomo Tamburelli, para prestar los “servicios urgentes de limpieza del vertedero de Chitré, provincia de Herrera”, por un monto de $265 mil 895.

Y con relación a los millonarios contratos obtenidos por le empresa IBT Group en el Minsa, es ya conocido el papel que jugó Napoleón De Bernard, otro de los jóvenes amigos de los hermanos Martinelli Linares.


El misterioso papel de Gustavo Franchella

La historia de los vínculos entre los amigos de los hijos del mandatario y del ministro de Salud, Franklin Vergara, y los millonarios contratos con IBT Group, incluye al argentino Gustavo Franchella.

En entrevista con La Prensa en noviembre de 2011, Franchella dijo estar “vinculado” a IBT, pero Rogelio Oruña, representante de ese grupo empresarial, lo calificó de “consultor”. Además, Franchella fue gerente general en República Dominicana de Carimex, empresa denunciada en Islas Vírgenes por la supuesta construcción defectuosa de un hospital.

En julio de 2010, Carimex, filial de IBT y presidida por José Ramón Brea, obtuvo el contrato para la construcción de cuatro hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), a pesar de las objeciones que en ese momento hiciera la Cámara Panameña de la Construcción.

Pero Gustavo Franchella no solo tiene relación con IBT Group, también está vinculado a los hoy cuestionados contratos entre Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica.

El 30 de noviembre de 2011, cuando se supo de la existencia de la sociedad Agafia Corp., que recibiría comisiones por los millonarios contratos para la compra de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital por $250 millones, surge el nombre de Gustavo Franchella, citado por el viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz.

En ese momento, Franchella dijo ser el propietario exclusivo de Agafia Corp., a pesar de que la sociedad es presidida por Karen de Gracia, pareja del hoy detenido en Italia y hombre clave en la formalización de los contratos con Finmeccanica, Valter Lavítola.

Después de que se divulgara la vinculación de Franchella con los contratos con Finmeccanica, Brea negó que el argentino fuera empleado de IBT Group, y dijo que solo se le buscaba “en el ribete informático y tecnológico”. Sin embargo, medios periodísticos dominicanos revelan otra cosa.
Curiosamente, Franchella tiene sus oficinas en el mismo edificio donde está la sede de IBT. Y es que, como declaró Oruña a La Prensa, a “Franchella le conviene estar cerca” de sus clientes.

CONSULTOR. Gustavo Franchella estuvo vinculado a los contratos con Finmeccanica. Tomada de la internet.
Franchella, quien dijo haber llegado a Panamá en septiembre de 2009, también es amigo –en redes sociales– del grupo de jóvenes cercanos a los hermanos Martinelli Linares. Uno de ellos es Jesús Veleiro, de la firma Veleiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E), los abogados que inscribieron varias sociedades del Grupo IBT en Panamá. ¿Qué une al argentino Gustavo Franchella con el grupo de jóvenes recién llegados a la treintena –algunos en puestos clave de la administración– y amigos todos de los hijos del mandatario? ¿Existe relación entre los contratos de IBT Group y los del grupo Finmeccanica?
Estas interrogantes, como tantas otras, no han podido aclararse por el silencio de los protagonistas de esta historia.

Lo que sí es evidente, es el poder obtenido por los miembros de este grupo en el gobierno de Ricardo Martinelli. Por ejemplo, uno de los miembros de la firma VM&E, Roberto de la Espriella –de 31 años–, forma parte de la junta directiva del Banco Nacional de Panamá. El nombramiento se produjo mediante el Decreto Ejecutivo del 2 de julio de 2011, siendo ratificado por la Asamblea Nacional el 26 de julio. (Ver facsímil).

De la Espriella asistió en marzo de 2010 a la presentación de IBT Group en Panamá, acompañado de sus colegas Veleiro y Mihalitsianos. También participó en el viaje a Orlando, Miami (Estados Unidos), y República Dominicana, junto a funcionarios del Minsa vinculados con las licitaciones ganadas por IBT. Con ellos también estuvo Rogelio Oruña.
Ereida Prieto-Barreiro

AMISTAD. Napoleón De Bernard, director de Proyectos del Minsa, es amigo de Víctor Vergara Muñoz (Der.), hijo del ministro de Salud, Franklin Vergara. Tomada de Internet


Amistades y nombramientos

SANTIAGO CUMBRERA
EREIDA PRIETO-BARREIRO
DESIGNACIÓN. Roberto de la Espriella (tercero de izquierda a derecha) fue ratificado como directivo del BNP en julio de 2011. CORTESÍA/Asamblea
 
Roberto de la Espriella, uno de los jóvenes abogados de la firma Veleiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E), y miembro del grupo de amigos de los hijos del mandatario, forma parte de la directiva del Banco Nacional de Panamá desde julio de 2011.

Además, su firma de abogados hizo los trámites de registro de varias sociedades de IBT Group, la empresa que desde su llegada al país, en 2009 hasta la fecha, ha obtenido contratos con el Estado por $424.5 millones.
Con IBT Group llegó a Panamá el argentino Gustavo Franchella que, además, asegura ser el dueño exclusivo de la sociedad anónima panameña Agafia Corp., que recibiría comisiones de los contratos con el conglomerado italiano Finmeccanica.

Gobierno cambia reglas de juego para aumentar "ga$to"

El proyecto que crea el fondo de ahorro incrementa la capacidad de gasto y endeudamiento del gobierno durante los próximos años.
ALFONSO ACOSTA P. 
 
Premura. Durante la presentación del proyecto de ley por el ministro de Economía, Frank de Lima (Izq.) y su viceministro, Mahesh Khemlani (Der.), se hizo referencia al fondo soberano de Chile, el cual fue discutido por alrededor de un año en la legislatura de ese país antes de ser aprobado.
 
Con las modificaciones a los límites de déficit contenidas en el proyecto de ley que crea el fondo soberano, esta sería la segunda vez que el gobierno de Ricardo Martinelli cambia las reglas del juego en cuanto a su capacidad de endeudamiento.

El mismo habría sido elevado una primera vez en 2010, posterior a una dispensa solicitada por el Ejecutivo debido a las fuertes inundaciones en varias provincias del país.

Con esta modificación, el déficit para 2012 pasó del 1%, proyectado para este y siguientes años, a un máximo de 2%.

Esto representa un alza de 345 millones de dólares hasta los 690 millones de dólares, basado en las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del producto interno bruto (PIB) para 2012.
Con el nuevo incremento propuesto durante la semana pasada, que no responde a un desastre natural similar, se eleva el limite del déficit para el año corriente hasta el 2.9%.

Esto es una ampliación adicional de 310.5 millones de dólares hasta los mil millones de dólares, monto por el cual el Gobierno podría expandir la deuda pública para atender los varios proyectos que ha anunciado a lo largo del año.

Para 2014, cuando el limite del déficit estaba proyectado a regresar a un 1%, el proyecto de ley dispone un nuevo límite de 2.7%, una diferencia de 586.5 millones de dólares hasta los 931.5 millones de dólares.

CRECIMIENTO DE GASTOS SUPERA INGRESOS

En un momento donde la mayoría de los países del mundo están buscando reducir su deuda externa y disminuir el gasto público, la administración Martinelli pareciera seguir una tendencia contraria a la corriente.
Para marzo, los ingresos totales del Sector Público No Financiero (SPNF) aumentaron en un 26.7% hasta los 2 mil 218 millones de dólares.

Comparativamente, los gastos totales del SPNF se incrementaron en un sustancial 33.6% hasta los 2 mil 758 millones de dólares.

El incremento en gastos de capital o de inversión impulsados por el gobierno de Ricardo Martinelli fue de 81.4% durante el mismo período, de los 647.2 millones de dólares hasta los mil 174 millones de dólares.

Los datos del SPNF excluyen aquellos de las empresas estatales Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. y la Emprensa Nacional de Autopistas S.A.

¿QUIÉN CUSTODIA A LOS CUSTODIOS?

El propósito original de la ley de responsabilidad fiscal aprobada en 2008 era obligar a los gobiernos a llevar un manejo adecuado de las finanza públicas, donde los gastos no superaran los ingresos por más de un 1% en el largo plazo.

Con las continuas modificaciones y dispensas solicitadas por el Gobierno, la administración actual no estará sujeta en ningún momento al límite original establecido.

De hecho, en su último año completo de mandato, la administración Martinelli contará con un límite de déficit de 2.7%, en vez del 1% dispuesto originalmente en 2008.

Estos incrementos, además de la eliminación de la disposición contenida en la ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), que establecía que tal fondo sería el destino de los réditos provenientes de las ventas de las acciones de las empresas públicas, incrementan de forma importante la capacidad de gasto de la administración actual durante un año preelectoral.

Incidentalmente, el FFD, bajo administración estatal, sufrió una disminución en el valor de sus activos de 2.3% al cierre de 2011.

En meses anteriores, Roberto Sifón-Arévalo, representante de Standard & Poor´s, advirtió que sería saludable que el Gobierno no recurriera a futuras dispensas para elevar los límites del déficit.

Similarmente, en un comunicado de la casa financiera Nomura, se estableció que la continua alteración de los límites al déficit “disminuía la credibilidad de las reglas fiscales en Panamá”.

Para el economista Diego Quijano “resulta preocupante la ligereza con que el MEF modifica la ley de responsabilidad fiscal en cada ejercicio”.

“Con una economía supuestamente creciendo y con los ingresos del Estado aumentando, hay que exigir que el Gobierno sea más austero y ahorre, saneando sus finanzas para que el país esté preparado en caso de una crisis futura”, comentó el economista.

De igual forma opina el economista Felipe Chapman. “No encuentro conveniente modificar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar el déficit”.

“Sugiero también agregar [al fondo] el producto de la venta de cualquier activo del Estado, incluyendo aquel producido de la venta parcial o total de las acciones de las empresas mixtas”.

>>> Deuda en alza crearía inflación

La ciudad se ha visto repleta de varios gremios que toman las calles para protestar buscando un aumento salarial frente al creciente costo de la vida.

Los especialistas afirman que esta alza en el costo de los productos y servicios básicos tiene como una de sus causas el incremento de la deuda externa del país y por ende, una mayor entrada de circulante.

Como cualquier otro bien económico, un crecimiento de la cantidad disponible del producto, sin un incremento en la demanda, tiende a reducir su valor subjetivo.

Este exceso de circulante sin una ampliación similar en la productividad del país genera una pérdida del valor adquisitivo de la moneda, lo cual reduce los ahorros de las personas y genera un encarecimiento general de precios.

En un comunicado de la casa financiera Nomura, la misma hace referencia a este hecho.

Según el análisis de esta entidad, la subida de de los límites del déficit y por ende la falta de prudencia fiscal “crea una presión al alza en la inflación”, que ha marcado en Panamá un 6%. Los incrementos adicionales del límite del déficit, además de cualquier crecimiento del gasto público, podrían subir esta presión de inflación, lo cual elevaría el nivel general de precios y por ende, el costo de la vida.
ALFONSO ACOSTA P.

"Presidente se dedica a negociar y poco a gobernar"

Roberto Eisenmann reaccionó al secuestro que ordenó la DGI contra 35 fincas de la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. en Chame.

flor mizrachi angel
isidro Rodríguez
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recursos. Un grupo de abogados que asesora a la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. señaló que la DGI se extralimitó en sus funciones al dictar un secuestro contra 35 fincas. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga
“El Presidente (Ricardo Martinelli) en vez de dedicarse a gobernar, se dedica a buscar negocios aprovechando su posición y es él el que determina con quién, cómo y cuándo va a repartir el botín de la corrupción”, aseguró Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa.

Así reaccionó el empresario contra Martinelli, a quien señala como el artífice de la orden de la Dirección General de Ingresos (DGI) para secuestrar 35 fincas de Desarrollo Golf Coronado S.A.

El pasado martes, el jefe de la DGI, Luis Cucalón, ordenó el secuestro de 35 fincas del hotel Coronado, en Nueva Gorgona, Chame, propiedad de Desarrollo Golf Coronado S.A., cuyo representante legal es Eisenmann. Su cuñado, César Tribaldos, otro accionista de la compañía, es tesorero de La Prensa.

Cucalón ordenó la medida cautelar como reclamo por una supuesta deuda que Desarrollo Golf Coronado S.A. mantiene con el fisco.

Eisenmann manifestó que la diferencia de “este gobierno corrupto con otros gobiernos corruptos, es que en los anteriores había gente corrupta que se dedicaba a llevarle a las personas influyentes negocios que se podían hacer”.

Indicó que ahora es el propio Presidente el que busca esos negocios.

“El estilo del Presidente es un estilo totalmente cleptómano. Es como una enfermedad psíquica que lo lleva a obsesionarse con robar y golpear a todo el que objete o critique su formar de actuar”, destacó.

En cuanto al secuestro contra Desarrollo Golf Coronado S.A., Eisenmann afirmó que el gobernante se equivoca si cree que con esa acción “va a quebrar” a La Prensa o a lograr cambiar su línea editorial, que es independiente.

“Él (Martinelli) coge rabia conmigo cada vez que sale algo en La Prensa. Él supone que yo ordeno las directrices. Él sabe que no es cierto, pero escoge pensar así”, destacó

Expresó que una de las cosas que más le molesta a Martinelli es que “Roberto Eisenmann no sigue el patrón típico de las personas a las que él amenaza o con las cuales negocia. A mí, cada vez que me amenaza o me tira un trompón, recibe 10 de vuelta”, señaló.

“Mientras él siga presidiendo un gobierno corrupto, va a tener problemas conmigo y con los que defendemos la democracia”, dijo Eisenmann.

Interpondrán recursos

Un grupo de abogados, entre ellos Javier Said Acuña, José Javier Rivera, César Tribaldos, Alvin Weeden, Tomás Herrera y Mario Galindo, se reunió ayer para analizar legalmente la orden de secuestro girada por la DGI.

De acuerdo con el equipo legal, la DGI no tenía competencia para dictar el secuestro, ya que el expediente estaba fuera de su jurisdicción, debido a que había dos apelaciones pendientes de resolverse por parte del Tribunal Administrativo Tributario.

El 4 de enero pasado, Cucalón firmó dos resoluciones. En una reclama a la empresa el pago de poco más de $2 millones, “por deficiencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta para los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010”. En la otra resolución, el alcance es de $992 mil 765.75 en concepto de impuesto de transferencia de bienes coporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), correspondiente a períodos fiscales del año 2007 a junio de 2011.

Ambas resoluciones fueron apeladas por la empresa. La DGI rechazó las apelaciones el pasado 20 de abril. Los abogados de Desarrollo Golf Coronado S.A. entonces recurrieron al Tribunal Administrativo Tributario.
De acuerdo con los abogados que estudian el caso, como estos dos recursos aún estaban pendientes de decisión por el Tribunal Administrativo Tributario, la DGI no tenía competencia para dictar un secuestro.

Indicaron los profesionales del derecho que la acción fue arbitraria, porque no existe riesgo para el fisco en el cobro de las sumas que se le imputan de manera ilegal a la empresa ($3 millones 76 mil 355.89).

“La empresa cuenta con activos para hacerle frente a a esta situación, por lo que no había cabida para el secuestro”, aseguró el abogado Javier Said Acuña.

Consideró la acción como un abuso de autoridad y arbitrariedad de la DGI.

Aseguró que ante esa situación el equipo legal estudia la demanda penal que se interpondrá contra el director de la DGI, Luis Cucalón, por extralimitación de funciones y abuso de autoridad en este proceso.

Cucalón responde

Por su parte, el jefe de la DGI, Luis Cucalón, en una entrevista con Radio Panamá, aseguró que detrás del alcance fiscal y secuestro a la empresa de Roberto Eisenmann no hay persecución política, y que todo lo actuado ha sido con apego a la ley.

“Estoy claro con mi conciencia”, afirmó Cucalón al señalar que la ley le impide hablar sobre los procesos que adelanta la DGI.

También manifestó que Eisenmann está en su derecho de proceder legalmente con relación a la demanda penal que el empresario ha anunciado que presentará contra Cucalón por extralimitación de funciones.
“Yo jamás usaría los impuestos para coartar la libertad de expresión”, señaló Cucalón, quien dijo que no es político y que su trabajo es “ recaudar plata”.

Cucalón indicó, además, que ha hecho auditorías a 25 emisoras locales y “metido alcances a más de 20”, sin importar que estos medios sean apegados o no al Gobierno. “No he visto a los demás quejándose”, aseguró el jefe de la DGI, en alusión a las reacciones que ha señalado Eisenmann por el secuestro ordenado contra fincas del hotel Coronado.

El funcionario declaró que cuando asumió la dirección de la DGI, lo que encontró fue un “desastre fiscal” . “El día que alguien me mande a hacer algo me paro y me voy”, indicó Cucalón al negar que el presidente Martinelli le ordenara ejecutar el secuestro contra la empresas de Eisenmann.

El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, respaldó la acción de secuestro de la DGI contra las empresas de Eisenmann.

Director de la Dirección General de Ingresos, Luís Cucalón, quien sigue directrizes del Presidente Ricardo Martinelli.


(Con información de Eduardo Mendoza)

viernes, 25 de mayo de 2012

Secuestro de empresa es una decisión de Martinelli, sostiene Eisenmann

Elizabeth Garrido A.
DE PRENSA.COM
 
LA PRENSA/Archivo
I. Roberto Eisenmann, fundador de La Prensa
El empresario I. Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa, no titubeó al señalar este viernes que el secuestro de 35 fincas a nombre de la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A., de la que es presidente y representante legal, es un claro “acto de intimidación”.

Incluso, Eisenmann sostiene que el mencionado secuestro es una decisión del presidente de la República, Ricardo Martinelli. El director general de Ingresos, Luis E. Cucalón, es un "instrumento" del mandatario panameño, dijo.

La orden de secuestro de Desarrollo Golf Coronado S.A., empresa que tiene 71 años, se da mediante la Resolución No. 201-5831 del 22 de mayo de 2012 de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el empresario señaló que está claro que “Cucalón es un instrumento” de Martinelli.

"El uso de la DGI es casi gansteril", agregó Eisenmann este 25 de mayo, en Telemetro Reporta. Este tipo de casos se ha presentado también con otras empresas, más pequeñas, que terminan negociando un tipo de “arreglo” o de entrega, indicó en el noticiero.

Las 35 fincas secuestradas, que forman parte del PH Suite Hotel Coronado, tienen un valor de 3 millones 74 mil 580 dólares con 37 centavos. Están ubicadas en el distrito de Chame, en Panamá oeste.

DEMANDA PENAL

Eisenmann, que el pasado 3 de mayo recibió el Premio a la Excelencia Periodística, un reconocimiento honorífico escogido por el Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información, anunció que presentará una demanda penal contra Cucalón.

En cuanto a la medida de secuestro, señaló que un equipo legal se encargará de las acciones pertinentes en este caso. Eisenmann afirma que la acción de la DGI es exagerada, pero –pese a ello– se hará la lucha, "nunca quebrándonos". Si no fuera un crítico del gobierno de Martinelli, no se hubiese intentado un "audito político", agregó el empresario.

ADVERTENCIA

Eisenmann, que mantiene una columna en La Prensa, ha sido un duro crítico de la actual gestión gubernamental y en más de una ocasión ha planteado que el país se enfrenta a un problema de gobernabilidad y que tarde o temprano, si se sigue este rumbo, se va a "producir una implosión y en algún momento una crisis de calle".

Lo que olvida el Presidente –añadió– es que Eisenmann no dirige el diario La Prensa actualmente. “Su lucha contra mí, él la dice contra La Prensa”, pero eso no hará que el diario siga cuestionando como lo ha hecho, señaló.

El empresario fue más allá y le advirtió al jefe de Estado que va por mal camino y que se vea en el espejo del exdictador Manuel Antonio Noriega, que regresó extraditado a Panamá, en diciembre de 2011, para pagar condenas pendientes.

Eisenmann sabe porqué lo dice, ya que le tocó enfrentar al régimen militar (1968-1989) y particularmente a Noriega, junto con otros miembros de la denominada Cruzada Civilista que le hicieron frente a la dictadura. "Cuídate [Martinelli] porque vas a terminar como Manuel Antonio Noriega", que está triste y solitario en una cárcel pagando su condena, puntualizó.

IBT Group y las amistades del poder: una empresa bien conectada

EREIDA PRIETO-BARREIRO
SANTIAGO CUMBRERA
 
diversión. Los amigos de los hermanos Martinelli Linares, hoy funcionarios, disfrutaron de las cristalinas aguas caribeñas de República Dominicana. En el paseo se encontraron con Rogelio Oruña, de IBT Group. Tomada de Internet
 
El consorcio IBT Group llegó a Panamá pisando fuerte y, al parecer, con importantes amigos, tras el triunfo de Ricardo Martinelli en las elecciones de 2009.

En octubre de ese año completaron los trámites de registro que exige la legislación panameña, y el 16 de marzo de 2010, el grupo empresarial realizó su presentación en sociedad.

A la elegante cita acudieron importantes figuras de la recién inaugurada administración Martinelli, como el entonces viceministro Frank De Lima; la gobernadora de Panamá, Mayín Correa; la secretaria general y el director de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Mitzila Espino y Jorge Ruiz, respectivamente, así como el actual viceministro de Vivienda, Eladio Ostia Pravia, quien, previamente y en calidad de abogado, había registrado la sociedad Carimex, una de las filiales de IBT Group.

Las fotos del evento también registran la asistencia de un grupo de jóvenes recién llegados a la treintena –todos del círculo de amigos de los hijos del mandatario, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares–, como los abogados Jesús Veleiro y Miguel Mihalitsianos o Roberto de la Espriella (de la firma Veleiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E), así como Leonel Zapata y Gumersindo García.

La participación de los abogados de la firma VM&E en el evento era justificada: había registrado varias empresas del Grupo IBT en Panamá.

Las reseñas sociales del momento incluyen fotos de los invitados y los representantes de la compañía: el dominicano José Ramón Brea y el estadounidense Rogelio Oruña, quien se movía como pez en el agua, ya que había vivido parte de su niñez en Panamá y está casado con una panameña.

Menos de tres años después de aquel debut en la sociedad panameña, IBT Group ha obtenido contratos con el Estado por $424.5 millones, que incluyen la construcción de cuatro hospitales, cinco centros de salud primaria, la operación de las fábricas estatales de asfalto y el centro de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social. También participó en la licitación de la ciudad deportiva de Colón, Astilleros Braswell, otros centro de salud en las comarcas o el anunciado proyecto de la “Ciudad de las Artes”.

Sus operaciones en Panamá se limitan solo al sector público, según admitió a La Prensa en enero pasado José Ramón Brea.

¿Buena fortuna?

El 27 de junio de 2010, ocho meses después de su llegada a Panamá, las empresas Constructor, Consulting and Engineering (CCE) e IBT, ambas de Brea, obtuvieron por licitación del MOP la concesión para administrar las cuatro asfalteras del Estado por $31.6 millones. Sin embargo, y por razones que ni los representantes del grupo empresarial, ni los voceros del MOP han querido explicar, las asfalteras estatales no están trabajando.

El tema es relevante, teniendo en cuenta la gran cantidad de asfalto que utilizan las empresas contratadas por el MOP para la reparación de carreteras y calles por todo el país.

¿Está perdiendo Panamá al estar inexplicablemente paradas las asfalteras del Estado? El MOP no sabe, no contesta.

Un mes después –el 26 de julio de 2010– IBT, con su filial Carimex, obtuvo un contrato de $237 millones para la construcción de cuatro hospitales. De nada valieron algunas de las objeciones hechas por Jaime Jované, entonces presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, quien alegaba que las exigencias del Ministerio de Salud (Minsa) hacían imposible que una empresa local obtuviera el contrato.

Tampoco importaron las denuncias por problemas de la compañía por la supuesta construcción defectuosa de un hospital en Islas Vírgenes o las quejas de Samsung C&T Corporation, otro postor en la licitación.

En octubre de 2010, nuevamente IBT participó en una licitación para la construcción de diez Centros de Atención Primaria Minsa-Capsi en diferentes puntos del país, logrando los contratos de cinco de ellos, por unos $30 millones.

Previamente, el 26 de febrero de 2010, el Minsa contrató de forma directa a la empresa Design Build de Rogelio Oruña, para la construcción de un Minsa-Capsi en las Garzas de Pacora por $3.6 millones. El proyecto terminó costando $5.4 millones; es decir, 47% más que lo pactado originalmente.

Finalmente, en diciembre de 2011, el consorcio IBT Medical Outsourcing Services y Promed S.A. –este último con un largo historial de suministros a la Caja de Seguro Social–, obtuvo un contrato por $105.3 millones para el suministro de equipos y servicios de hemodiálisis. Sin embargo, al momento de la firma del contrato, este aumentó a $126.3 millones.

El crecimiento de IBT en Panamá ha sido pues, vertiginoso. Quizá se deba a Rogelio Oruña, a quien Brea describe así: “Él [Oruña] es asociado nuestro... No es accionista ni nada de IBT... Es como una especie de asesor de introducción...”.

Esa descripción, sin embargo, se queda chica cuando Oruña explica lo que él es para IBT Panamá, según declaró a La Prensa en la única entrevista que ha concedido a este diario: “Yo soy la persona encargada de IBT Panamá... Me pueden decir que soy el presidente, soy la autoridad máxima de la empresa en Panamá. Tengo un contrato de asociación con ellos [IBT] y dentro de mis responsabilidades está ver todo lo que pasa en IBT... Soy responsable de todo lo que pase en IBT en Panamá”.

Generación ´del cambio´

Con la llegada de Ricardo Martinelli Berrocal a la Presidencia de la República, un grupo de jóvenes –muchos de ellos compañeros de escuela de sus hijos– pasó a ocupar cargos clave en la administración pública, independientemente de que tuvieran o no experiencia para ello.

Uno de esos jóvenes es Napoleón De Bernard Cowes. Con 30 años de edad, chef de profesión y especialista en organizar eventos sociales, fue nombrado director nacional de proyectos del Minsa, con un salario de $4 mil 300, según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

Aunque la Contraloría General tiene registrado que empezó labores el 1 de julio de 2011, desde 2010 De Bernard actuaba como funcionario del Minsa, principalmente como miembro de comisiones evaluadoras de millonarios proyectos, entre ellos, los asignados a IBT Group. Su designación en estas comisiones venían expresamente del ministro de Salud, Franklin Vergara. (Ver facsímil).

De Bernard participa en las licitaciones y coordina todos los proyectos que impulsa el Minsa, incluyendo los actos protocolares del despacho superior.

Otro miembro del grupo que está en la planilla del Minsa es Helmut de Puy, quien trabaja en el proyecto de Agua y Saneamiento de Panamá. Su hermana, Getzybel De Puy, además, labora en el Minsa como administradora.

Además, en el plan de Agua y Saneamiento trabaja Javier Vincensini, otro entrañable miembro del grupo de amigos de los hermanos Martinelli Linares.

De Bernard, de Puy y Vincensini no solo son amigos de los hijos del mandatario Martinelli. Tienen una amistad –que data de los años escolares– con Víctor Vergara Muñoz, hijo del titular de Salud, y de Adolfo de Obarrio, secretario privado del Presidente de la República, cargo que comparte con otro amigo, Sebastián González.

Además, la hermana de De Obarrio –Isabel de Obarrio– trabaja en el despacho del ministro Vergara como asesora, devengando un salario de $4 mil mensuales.

A este grupo de jóvenes funcionarios se suman otros amigos de los hijos del gobernante y del ministro de Salud: los abogados Jesús Veleiro, Miguel Mihalitsianos y Roberto de la Espriella, cuya firma ha constituido sociedades anónimas para la familia Martinelli Linares.

Los jóvenes abogados actuaron como agentes residentes en Panamá de las empresas del Grupo IBT.

Además, al menos uno de ellos, Jesús Veleiro, es asesor presidencial, según el carné que mostrara el 6 de agosto de 2011, durante un allanamiento por supuesta “prostitución clandestina” (ver La Prensa de 23 de mayo de 2012).

Otro que es del grupo es Leonel Zapata, quien, a pesar de no haber terminado sus estudios de Derecho, despacha desde la firma de abogados VM&E.

Zapata tiene una característica especial que lo distingue de los demás amigos de los hermanos Martinelli Linares. Y es que, además de participar en viajes y fiestas (ver fotos), Zapata aparece –o ha aparecido– como dignatario de una pluralidad de sociedades anónimas relacionadas con el mandatario.

Entre estas sociedades están Alimentos y Conservas del Istmo (suscritas por la firma VM&E), Industrias Básicas, Alimentos Secos de Panamá S.A., Manchester City Corp., Cosmo Publicidad S.A., Plaza Brisas del Golf S.A., Río Power S.A., Hydro Occidente e Hidroenergías Company y Handyman Solutions. En esta última sociedad anónima aparece también su madre, Sabrina García Barrera, actual embajadora de Panamá en Paraguay.

¿Conflicto de interés?

El pasado 11 de julio de 2011, un grupo de funcionarios, entre los que estaba el titular del MOP, Federico Suárez; los diputados panameñistas José Luis Varela y Adolfo Valderrama, así como los asistentes del presidente Martinelli, Adolfo de Obarrio y Sebastián González, viajó en vuelo privado a Sudáfrica a la final del Mundial de Fútbol.

Con el grupo viajaba André Rabello –representante de Odebreth en Panamá–, contratista del MOP y otras instituciones del Estado; Rogelio Oruña, de IBT; y los hermanos Martinelli Linares.

Cinco semanas antes de este viaje –el 30 de mayo de 2010–, el consorcio IBT había presentado su oferta al Minsa para la construcción de los hospitales, con un costo de $237 millones.

La Prensa obtuvo una serie de fotos que revelan que el ya citado Napoleón De Bernard –figura clave en los procesos de licitación del Minsa– participó, junto a otros funcionarios del ministerio, como Helmut de Puy, Javier Vincensini, así como Leonel Zapata y los abogados Miguel Mihalitsianos, Jesús Veleiro y Roberto de la Espriella, de lo que parece haber sido un divertido viaje a Orlando, Miami (Estados Unidos) y República Dominicana.

Las fotos revelan que Rogelio Oruña, del grupo IBT, también fue parte del grupo, al menos durante su estancia en la isla caribeña.

Además, un informe de la Dirección General de Migración de República Dominicana, firmado por José David Rojas y al que tuvo acceso La Prensa, revela que De Bernard registró, por lo menos, dos salidas desde República Dominicana: el 14 de noviembre de 2010, rumbo a New York, y el 30 de octubre de 2011, procedente de Miami, Estados Unidos.

De Bernard, como se dijo, jugó un papel importante en el proceso que culminó con la contratación de IBT Group por el Minsa para la construcción de cuatro hospitales y cinco Minsa-Capsi.

¿Conocía Napoleón De Bernard, el ministro Franklin Vergara o los hijos del mandatario a los representantes de IBT Group antes de que la empresa fuera seleccionada para la construcción de los citados centros de salud?

¿Cómo se explica que la firma de abogados VM&E, con vínculos con la familia Martinelli Linares, y el hoy viceministro de Vivienda, Eladio Ostia, realizaran los trámites de inscripción en Panamá del grupo empresarial que en menos de tres años ha obtenido contratos con el Estado por $424.5 millones?
¿Qué papel juegan los jóvenes amigos de los hermanos Martinelli Linares en los procesos de contratación del Minsa?

A pesar de que La Prensa envió cuestionarios a los protagonistas de esta historia (el ministro Franklin Vergara, Napoleón De Bernard, Helmut de Puy, Javier Vicensini, los hermanos Martinelli Linares, Rogelio Oruña y José Ramón Brea) para conocer su versión, el silencio fue su única respuesta.
(Con información de Ana Graciela Méndez).