viernes, 30 de noviembre de 2012

Martinelli aumenta mil 500 dólares los viáticos a jefes de la Policía
Deivis Eliecer Cerrud
dcerrud@laestrella.com.pa

 

 Los agentes policiales no recibirán aumento de viáticos. Foto: La Estrella

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli sigue dándole beneficios a los agentes policiales, engrosándole sus emolumentos.

De 250 dólares mensuales les aumentaron mil 500 dólares más al viático, según el nivel de jefatura a los niveles directivos nacionales y/o regionales, sean operativos o administrativos.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 891 de 28 de noviembre de 2012, promulgado en Gaceta 27174 salido este viernes 30 de noviembre, ahora el viático para el policía con rango será de mil 750 dólares al mes para el nivel directivo con rango de nivel superior.

Siendo esto así, el viático policial acaricia las arcas de Julio Moltó, director de la Policía Nacional; el subdirector de la Policía, Eduardo Serracín; el comisionado Bartolomé Agüero, director de Operaciones y demás directivos con mando nacional como el director de Recursos Humanos.

Es decir, se beneficia la cúpula de la Policía panameña.

La modificación al artículo 270 del Decreto Ejecutivo 172 de julio de 1999, firmada por el presidente Martinelli y el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, solo cambia el viático a jefes, los otros pagos a nivel regional de 200 dólares se mantiene como el de 100 dólares en subdirecciones.

También se queda igual el viático a nivel de departamento a servicios especiales de 150 dólares y áreas policiales de 50 dólares.

El nuevo viático de mil 750 dólares a jefes policiales con rango a nivel nacional se da en medio de una polémica contra el Ejecutivo que pretende aumentarle el salario a los comisionados y subcomisionados de la Policía hasta equipararlos con lo que devengan los ministros y viceministros de Estado.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

 

El paraíso de las cuentas pendientes
Los siete muertos del gobierno sin culpables. Ni directos ni políticos. Mientras archivaron las investigaciones de Changinola, no hay avances en las de San Félix y Colón. ¿Podrá Panamá juzgar la represión policial? 

 

Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, Gustavo Pérez, Julio Moltó y Frank Ábrego comandan la fuerza pública

Ricardo Martinelli ya no tenía la sudadera de ‘los locos somos más’ ni las zapatillas converse. Era mayo de 2009, y aunque acababa de ganar las elecciones presidenciales prometía como en campaña: visitó Playa Leona, en La Chorrera, una comunidad que estaba de luto por el asesinato en alta mar de los hermanos Rigoberto y Dagoberto Pérez, jóvenes pescadores que murieron a manos de las fuerzas de seguridad panameñas, que los confundieron con narcos y les dispararon sin avisar.

El nuevo presidente no dudó: pagó el funeral y acompañó a los deudos entre la gente que lloraba. Algo más: prometió que habría justicia, que él llegaba para cambiar las cosas. Partió ese mismo día, y tras él, la esperanza de la comunidad.

Pero mayo es caprichoso. Un año después de la visita hubo revuelo en el pueblo a la hora de las noticias: indulto presidencial. Los policías acusados de asesinar y plantar pruebas (una AK-47) en el bote de los Pérez recibieron el perdón de Martinelli, quien también liberó de culpa a agentes investigados por acabar a tiros con una joven embarazada en Pedregal.

Todos estaban bajo investigación, y ninguno había sido condenado. La decisión fue criticada masivamente por la sociedad civil que la tachó de ilegal. El mensaje era claro: nadie investigaría a la fuerza pública. ‘El presidente le dejó saber a la Policía que hagan lo que tengan que hacer, que el gobierno resuelve’, explica Jaime Abad, exasesor de Cambio Democático.

Anibal Culiolis, uno de los vicepresidentes del Partido Popular, lo apoya y colige más profundo. ‘Al final el gobierno se estaba preparando para la impunidad y la represión... él avisó’, dice.

Esa fue la primera señal de lo que vendría. El paraíso de las cuentas pendientes.

Tres años después de los indultos, las cosas no podrían estar peor. Las decenas de acusaciones de corrupción solo logran elevar las voces en los telediarios pero no le mueven un pelo a los fiscales, que deliberadamente no actúan. Mientras, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) reprime en las calles. Y lo peor, las muertes. El fracaso de nuestra democracia. El Estado, otra vez, asesino.

En esta serie ya se describió la espiral de corrupción e impunidad de la que participó toda la clase política y que con la llegada de Martinelli al poder inició su fase más dinámica. Se narró el proceso de militarización y la historia de las víctimas de la represión y el dolor de sus familiares. Ahora llega el momento de preguntar: ¿hasta dónde alcanzan las responsabilidades políticas de estos crímenes de lesa humanidad, que no preescriben? GAVETA

Los especialistas dicen que nunca habrá justicia mientras la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) —antigua PTJ— estén adscriptas a la propia Fuerza. Nadie puede garantizar independencia. ‘A ellos les gusta decir que Policía investiga Policía. Yo diría que caimán no come caimán’, explica la impunidad estructural Miguel Antonio Bernal.

El Ministerio Público (MP) aún no ha podido encontrar ningún culpable por los siete asesinatos producidos en el marco de las violentas represiones a diversos reclamos sociales. Los casos se han enredado entre la jerga judicial, los recursos legales y la lentitud procesal que hace brillar al MP.

El polémico procurador Ayu Prado —que sueña con llegar a la Corte Suprema— ha tenido una gestión coherente: no ha resuelto ninguno de los expedientes que incomodan al gobierno. La parálisis no sólo tiene que ver con los expedientes por los excesos policiales. Las muertes por la bacteria KPC, la adjudicación del parque de Paitilla, Playa Hombrón, los sobrecostos del MOP, tráfico de personas de Migración, el tráfico de influencias en contrataciones públicas, las compras a Finmeccanica, la sustracción de información del expediente de David Murcia relativo a donaciones a CD, todo a ha sido engaveteado.

Sin embargo, se acercan horas complejas: las muertes de las que se acusa a la policía tienen una implicancia penal que afectaría esferas más altas que las policiales. La línea de culpabilidad incluiría tanto al agente como a quienes giraron la instrucción de cometer el acto, desde los jefes de la Policía, Gustavo Pérez y Julio Moltó, pasando por el ministro de Seguridad José Raúl Mulino y llegando hasta el Presidente.

El artículo 310 de la Constitución ubica al presidente como ‘el jefe de todos los servicios’ que componen la fuerza pública. Eso tiene eco en los artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece que la institución responderá al mandatario para, entre otras funciones, ‘mantener y restablecer el orden público’. Además ajustan la ‘actuación profesional’ de la fuerza pública a su principio de jerarquía y subordinación civil. Es decir: la investigación le cabe a todos los responsables en la cadena de toma decisiones.

Por lo pronto Mulino, Moltó y Pérez están siendo investigados por supuesto abuso de autoridad. En los estrados judiciales hay al menos tres denuncias contra ellos, interpuestas por el ciudadano Anel Girón, el PRD y grupos universitarios.

Mulino también está bajo investigación por violar la Constitución al dar la orden de cortar las telecomunicaciones en San Félix durante la represión. Sin embargo, no parece haber avances en ninguno de los casos.

‘Y no los habrá’, analiza Culiolis, quien proyecta que hasta después de 2014 (cuando termine el mandato constitucional de Martinelli) habrá oportunidad para que la justicia juzgue: ‘tienen que encubrir a los de abajo para proteger a los que están arriba’, denuncia.

Para la historiadora Ana Elena Porras, el triunfo de la impunidad terminaría hiriendo de muerte a la democracia. ‘La impunidad podría tener dos consecuencias: una provocación a la rebeldía e indignación de la población o la formalización de una dictadura’, advierte.

LOS CASOS

Hasta ahora el Ministerio Público no ha podido —o no ha querido— encontrar a los homicidas de Virgilio Castillo y Antonio Smith, las dos primeras víctimas de las represiones del ‘cambio’.

Ellos cayeron en Changuinola en julio de 2010. Protestaban contra la Ley 30, una moción que extinguía la sindicalización obligatoria, cercenaba el derecho a manifestarse y blindaba de impunidad a los agentes policiales.

El 27 y 31 de octubre del año pasado, los magistrados del Tribunal Superior de Bocas del Toro y Chiriquí Asunción Castillo y Carmen De Gracia apuntalaron la impunidad: ordenaron el cierre provisional de los expedientes por las ‘muertes violentas’ de Castillo y de Smith.

Los investigadores sostienen que tras 15 meses de pesquisas no se pudo certificar que hubo dolo en la actuación de los policías. En su vista, el fiscal del caso, Luis Martínez, apeló a que los agentes de la fuerza pública cumplían con su labor ‘legítima’ de mantener el orden público.

La contraparte discrepó y la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente desde finales del año pasado resolver si dicta la reapertura o no.

‘A veces no es fácil detectar con qué disparo se asesinó a alguien en una manifestación, pero sí es fácil tener testimonios de testigos, acusados, de la Policía... ellos deben declarar, pero parece que el Ministerio Público es incapaz’, reclama Roberto Troncoso, un activista que integró la junta investigadora de las violaciones a los derechos humanos en las protestas en Changuinola.

Esa comisión logró determinar lo que la justicia no ha podido: que a uno de los asesinados se le disparó a diez metros de distancia con perdigones, y se sabe que en un bloque policial los únicos que disparan esos proyectiles son los ‘jefes de escuadra’ y no los escuderos (agentes antidisturbios) ni los lacrimógenos.

—Ya no sé si es incapacidad o intención de encubrir a la fuerza pública—, culmina.

Pero el 2010 fue apenas el inicio de la saga de sangre. Mulino había prometido que lo de Changuinola no volvería a pasar. Pero la Asamblea aprobó la reforma al Código Minero y los ngäbes bajaron de las montañas a la Panamericana pidiendo que no afectaran la comarca. ‘Bajo ninguna circunstancia vamos a caer en lo que quieren que caigamos, en una confrontación para buscar un muerto... la Policía no va a reprimir a nadie’, prometió Mulino el 2 de febrero.

Sin embargo, sus palabras se esfumaron en el viento: tres días después murió el joven indígena Jerónimo Rodríguez Tugrí, de una bala de escopeta en el tórax. Junto a la Policía Nacional reprimía el Senafront, cuyos hombres están entrenados para luchar contra ejércitos irregulares. Sólo que ahora enfrentaban a panameños desarmados. Ellos irrumpieron por la mañana en San Félix, lejos de los límites que el Decreto Ley 8 de 2008 les permite.

La mayoría de los indagados por la muerte de Jerónimo son indígenas que estaban en San Félix en la zona de protesta en el momento de los hechos. Ellos señalan a policías. Sobre ningún uniformado se han formulado cargos ni girado órdenes de indagatoria.

En la oficina judicial insisten en que como la mayoría de los uniformados estaban encapuchados —otra ilegalidad—, les es difícil determinar quiénes dispararon. ‘Es un caso duro’, reiteran.

Distinta es la situación procesal en relación al asesinato del menor de edad discapacitado Mauricio Méndez, en Las Lomas de David. Una bala le destrozó la mandíbula la madrugada del 7 de febrero. Méndez, relató uno de los testigos del homicidio, caminaba por una vereda rumbo a su casa, tras cureosear en las manifestaciones, cuando un grupo de policías lo interceptó y le disparó a quemarropa en la cara.

—Fue un policía con una escopeta—, aseguró un testigo, echando por tierra la versión oficial que los voceros de la fuerza salieron a repetir la mañana siguiente del crimen, en radio y television, asegurando que Méndez cargaba bombas caseras y la detonación de ellas le desfiguró la cara y lo mató. Incluso hicieron circular una foto con el rostro del cadaver del joven destrozado e intervenido con barras de metal. Un burdo y frustrado intento de encubrimiento.

Mulino también salió a negar enfáticamente que la policía hubiese utilizado armas regulares. Las fotos publicadas por La Estrella (ver recuadro ‘Sin consecuencias’) lo desmintieron.

Según dijeron fuentes judiciales en el expediente por esta muerte hay pruebas contra unidades policiales. Hay nombres, resultados de una revisión a la armería policial de Panamá y Chiriquí, ordenada en abril e informes sobre las órdenes giradas por la institución los días de represión. La fiscalía sabe desde mayo que son cuatro agentes los que cargaban ese tipo de armas en Las Lomas, el día en el que mataron a Méndez.

NUEVA OLA

Luego de San Felix estallaron las disputas internas entre Mulino y Pérez que culminaron con la salida de este último y el ascenso de Moltó.

Muchos aseguraban que era Pérez —ahora viceministro de Gobierno— quien le inculcaba los viejos vicios de las Fuerzas de Defensa a la policía de la democracia. Sin embargo, si alguien creyó que con su salida algo cambiaba, se equivocó. Siguió el mismo patrón represivo que, con el Senafront en la calle, habita la ilegalidad. ‘Ya no es a quién pongan como director de la Policía, es que no se están siguiendo los protocolos’, sostiene el civilista Aurelio Barría.

Y todavía fresca, la tragedia de Colón. Octubre negro. El menor de ocho años Josué Betancourt, Yara Navarro y Jim Dixon Andreve cayeron muertos en medio de la represión a la agitación social contra la aprobación a tambor batiente de la ley para vender las tierras de la Zona Libre.

La Personería Primera de Colón está aún en la etapa de recopilación de pruebas para pasar los expediente a una fiscalía superior en la capital. La causa deberá tener cuerpo en cuatro meses.

La gran duda es si se identificarán a los posibles responsables de los disparos. En el caso del pequeño Betancourt, asesinado en La Feria, los vecinos señalan al unísono a la Policía con un arma de grueso calibre. Sus testimonios están consignados en el expediente que está pendiente de una prueba prerimétrica para determinar qué bala asesinó al menor, qué trayectoria stiguió y confirmar a quién le pertenecía.

‘Es incómodo y molesto escuchar decir al alcalde de Colón, Dámaso García y al gobernador, Pedro Ríos, que fue asesinado por bandas... es algo irresponsable’, reclama el abogado del caso, Javier Dale. Retrata, al final, la política mezclada con la justicia.

‘El próximo presidente debe prometer que los culpables van a responder... como país no podemos darnos el lujo de que estas muertes queden impunes’, analiza Abad.

¿Podrá la justicia juzgar la represión? No se sabe. Sin embargo, hay algo de lo que nadie duda: acabar la impunidad policial y de todo tipo es la gran deuda de la democracia panameña. Su supervivencia, más temprano que tarde, dependerá de esta batalla.

Oposición plantea no tocar el FAP
Nicanor Alvarado Dixon
 
 
 El oficialismo insistió en que la única forma de encarar la crisis es sacando dineros del FAP.
 
Según diputados del PRD y panameñismo, se puede reformular el presupuesto 2013. Modificación al FAP llega a la Asamblea

La decisión de adelantar el uso del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) ha generado discordancias en el propio oficialismo y afinado el escepticismo y dudas en la oposición.

En medio de la incertidumbre por la cantidad de dinero que el gobierno ‘necesitará’ para componer los destrozos de las inundaciones en Panamá Oeste y Colón, el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, anunció ayer que no será hasta dentro de dos o tres meses que utilizarán los recursos del FAP.

Su discurso sonó contradictorio a la urgencia con la que el Ejecutivo envió el proyecto de ley para anticipar tres años el retiro de dineros del FAP, y al impulso que le dio ayer el Legislativo, durante su primer debate. Hoy pasaría al pleno.

Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que se deberían usar los fondos del FAP inmediatamente y no después para atender a los damnificados. ‘Que se agilice, para que pueda ser utilizado en 2012. . . es lo más serio’, dijo. De Lima, de todos modos, indicó que será ante el órgano dirigido por Gálvez donde se solicitará utilizar los recursos del otrora Fondo Fiduciario para el Desarrollo, una vez las instituciones públicas formalicen su informe de daños.

PLANTEAN ALTERNATIVAS

Al margen de ello han surgido cuestionamientos, propuestas y se han profundizado las suspicacias.

Primero, fuentes políticas adelantaron a La Estrella que el gobierno tiene contemplado solicitar entre 300 y 400 millones de dólares para reparar puentes, carreteras y barriadas en Colón, un monto poco menor al total que recaudó la Dirección General de Ingresos solo en julio pasado. El diputado Juan Carlos Arosemena apunta también a ello: ‘tomando en cuenta la historia despilfarradora de este gobierno, quieren gastarse eso en una crisis que no necesita tal cantidad’.

Frente a ello, el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) planteó la posibilidad de destinar 20 millones de dólares para ayuda humanitaria del presupuesto de 2012, recortando el gasto público y suspendiendo la publicidad estatal, viáticos internacionales, fiestas de fin de año y contrataciones. Eso, recomendó el secretario de ese colectivo, Juan Carlos Navarro, por noventa días.

Por su lado, el diputado Leandro Ávila instó al gobierno a presentar un diagnóstico de las carreteras afectadas y la certificación de que las familias que serán indemnizadas lo necesitan, como condición para el desembolso del FAP.

El panameñista Adolfo Valderrama coincidió en que el gobierno solo necesita ajustar sus egresos para hacer cara a la crisis, sin necesidad de tocar el FAP.

Mientras, el BID anunciaba una donación de $200 mil para atender la crisis que generaron las lluvias.

Sobrino de Mireya recibió obras en Nuevo Arco Iris
José Arcia
 
 
 
 El proyecto formaba parte de un compromiso contraído con la gente de ‘‘Rainbow City’’.
 
Al servicio de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura del MIVIOT, fue el responsable de la supervisión del relleno y del levantamiento de las casas. En el PAN se hicieron los contratos

El 26 de abril de 2011, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó la orden de proceder para la ‘reconstrucción’ del relleno del proyecto habitacional Nuevo Arco Iris.

El trabajo se había iniciado durante los últimos meses de la administración gubernamental de Martín Torrijos, pero que el actual gobierno decidió suspender al asumir las riendas del país. O por lo menos, esa es la versión del Israel Rodríguez, el último director del Fondo de Inversión Social (FIS).

Documentos del Departamento de Ingeniería y Arquitectura del Miviot le dan la razón.

Rodríguez aceptó que durante su gestión en el FIS se licitó la obra para crear la infraestructura del proyecto. Los trabajos fueron encargados a la constructora Quiróz & García. El relleno no se terminó porque la obra fue suspendida, recalcó Rodríguez.

NUEVA ENTIDAD, NUEVO CONTRATO

Con la llegada de Ricardo Martinelli a la silla presidencial, el FIS pasó a ser el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y Giacomo Tamburelli, su primer director.

El 15 de enero de 2010, cuando el gobierno apenas tenía seis meses, el Miviot y el PAN entregaron la orden de proceder para terminar la infraestructura del proyecto habitacional que se había iniciado durante el gobierno de Torrijos.

Nuevas autoridades, nueva empresa. Así, la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles S. A era la elegida por el nuevo gobierno para culminar esta parte de la obra por la suma de un millón 191 mil 883 dólares.

Un año y cuatro meses después, abril 2011, esta misma empresa recibía la orden de proceder para la reconstrucción del relleno. El nuevo contrato era por $450 mil 36. Un mes después (mayo 2011), el Miviot y el PAN daban la orden de proceder para la construcción de las 165 viviendas de la barriada Nuevo Arco Iris.

Esta vez la empresa contratada fue Equipo y Construcciones J. J. Quintero S. A. por la suma de $2 millones 647 mil 974. En total, el Estado invirtió $3 millones 889 mil 893.

EL SOBRINO DE LA EXPRESIDENTA

Todo estos trabajos fueron supervisados por Bergis Moscoso, sobrino de la expresidenta Mireya Moscoso, y recibido en marzo de este año por Martinelli, el jefe del Miviot, José Domingo Arias; y su viceministro y, ahora, ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, quien dijo que lo importante no es buscar responsables por el colapso de 11 casas y otras 29 con rajaduras por el desplome del terreno.

Sin embargo, Martinelli culpó a la pasada administración gubernamental por la mala construcción del relleno. Pero en marzo pasado, cuando entregó el proyecto a los residentes, no hizo referencia a que la obra se había iniciado durante el pasado gobierno.

‘Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Cada vez que uno le entrega a un panameño una vivienda, uno se siente que verdaderamente está contribuyendo a hacer a una familia mucho más feliz, una familia que va a mejorar su calidad de vida’, fueron algunas de las palabras de Martinelli durante la entrega de las casas de Nuevo Arco Iris.

Para Balbina Herrera, ministra de Vivienda durante la pasada administración, el problema fue que no dejaron compactar la tierra, lo que provocó el deslizamiento.

Si se calcula el tiempo desde que se hizo el relleno y la fecha en que se entregaron las casas, se concluye que no le dieron tiempo a que la tierra se asentara, dijo.

Rodríguez, por su parte, recordó que la Contraloría General estuvo investigando anomalías por ese proyecto. ‘A mí me llamaron y me preguntaron por los trabajos de los rellenos, pero yo les dije que después que salí los trabajos fueron suspendidos’, dijo. Rodríguez no recordó exactamente en qué fecha fue citado por la Contraloría.

Se llamó al Miviot para una versión del ministro Arias, pero no fue posible obtenerla.

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos se reunió ayer para analizar lo sucedido durante el fin de semana. En el caso específico de Nuevo Arco Iris, Horacio Robles, presidente del gremio, apunta a incumplimientos de normas técnicas de construcción. El sábado el gremio hará una inspección.

Temen que el Gobierno despilfarre fondos del FAP
Nicanor Alvarado Dixon
 
 
 
El presidente Ricardo Martinelli y sus ministros declararon estado de emergencia nacional y autorizaron compras directas. Foto: Eliezer Oses
 
Hoy se presentará el proyecto que permitirá su uso ahora y no en 2015, como dice la ley. El Ejecutivo no sabe cuánto utilizará. Críticos advierten que se podría malutilizar el dinero


La Asamblea Nacional recibirá hoy el proyecto de ley que busca adelantar la entrada en vigencia del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), prevista para 2015, con incógnitas, sombras y limbos sin definir.

Es que el gobierno aún no sabe con certeza si podrá tocarlo o no. Y de hacerlo, cuánto necesitará. En ese ínterin, figuras críticas han dejado ver sus temores de un despilfarro de los fondos, y más cuando se está a boca del período preelectoral.

De todos modos, en el Consejo de Gabinete urgente convocado el lunes los ministros aprobaron enviar el documento al Legislativo ‘para adelantar’ el proceso de respuesta por las inundaciones en Panamá Oeste y Colón.

Para saber cuánto el Estado deberá desembolsar y si podrán utilizar los fondos del FAP, tendrán que esperar a que una comisión interinstitucional (integrada por el MOP, Mivi, Minsa, Mida y Sinaproc) formalice su informe de evaluación de daños y necesidades.

Si el total de daños no superara el 0. 5% del Producto Interno Bruto, lo que el ministro de Economía, Frank de Lima, estima en al menos 170 millones de dólares, el artículo 4 de la Ley 38 que crea el FAP le prohibirá tocar sus millonarios recursos.

Sin embargo —deja ver De Lima— no hay espacio para las dudas. Él apuesta a que los daños superarán ese monto, al compararlo con los estragos que causaron las lluvias de 2010 en Panamá Este (que superaron los 149 millones de dólares), pues las zonas afectadas ahora ‘son más densamente pobladas’.

LAS ALERTAS

El anuncio sobre el FAP ha levantado suspicacias entre los sectores críticos del gobierno. Más porque el lunes el Ejecutivo decretó, según la resolución de Gabinete 157, que aprobará todas las contrataciones mediante ‘procedimiento excepcional’ —es decir, directamente y sin licitación— para la reconstrucción.

De Lima aseguró a La Estrella que será en 2013 cuando la mayoría de las compañías que serían contratadas, presentarán sus facturas.

El diputado Luis Eduardo Quirós advierte ahí de puntos débiles. De que justamente en la fiesta de las contrataciones directas se use más dinero del que se necesita. De que se cumplan los presagios que presionaron al gobierno a posponer la posibilidad de tocar el FAP hasta 2015.

‘En las emergencias anteriores siempre se han dado manejos irregulares’, recuerda. ‘Hay que ver esto con mucho cuidado’, incita.

Juan Carlos Arosemena, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dice estar seguro de que el gobierno no halló mejor momento para tocar lo prohibido. ‘Buscaban la mejor oportunidad para meterle diente. . . ¿por qué no mejor se aprietan el cinturón?’, se pregunta.

LAS ALTERNATIVAS

Los cuestionamientos, de paso, convidan al gobierno a buscar fórmulas distintas para hacer cara a la crisis.

Una, dice Arosemena, es tomar un préstamo del BID y del Banco Mundial, por 56 millones, aprovechar los altos ingresos recaudados por la DGI, los fondos del Prodec, recortar 40 millones a los diputados y el ‘excesivo’ gasto de publicidad.

Antes, la Apede y la CCIAP instaron al gobierno a pedir traslados de partidas y redistribuir los ingresos de entre enero y octubre último.

martes, 27 de noviembre de 2012

La construcción del Estado ‘paralegal’
Primera entrega que narra el proceso de deterioro de la institucionalidad panameña. La locura del cambio: megaproyectos, corrupción, inseguridad jurídica y represión.
 
 
En enero de 2012 el Gobierno reprimió duramente las manifestaciones ngäbes en San Félix. Foto: Eliezer Oses

En el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública hubo este año dos denuncias por peculado y cinco por corrupción de funcionario público. Cualquier desprevenido podría suponer que las cosas están bien, que casi no hay sospechas de la población sobre la administración de la cosa pública. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo, Mi Panamá Transparente recibió 323 denuncias por corrupción. Una ONG creada hace poco tiempo tiene más credibilidad para la sociedad que la institución justicia. La desconfianza es el resultado de años y años de institucionalidad precaria. De una justicia dependiente y autista que nunca dejó de ser, en lo escencial, la justicia de la dictadura.

No puede haber democracia con impunidad. Lo dijo Montesquieu: en democracia la igualdad ante la ley es el alma del Estado; sin igualdad ante la ley, la democracia no existe. Y no hay impunidad sin corrupción, una subsiste por la otra. Se cuidan las espaldas y garantizan la supervivencia de los privilegios, que en Panamá son inauditos: aunque crecemos a tasas chinas, repartimos la riqueza con vasitos de foam.

La institucionalidad y los tejidos sociales se articularon históricamente para sostener una estructura que beneficia a pocos, tal como lo analizó Brittmarie Janson Pérez en ‘Panamá Protesta’: ‘La historia panameña de los últimos 200 años es como un drama teatral dominado por los mismos personajes, escena tras escena’. Desde los tiempos de la colonia hay registros de pagos a funcionarios para obtener favores, prebendas y otras costumbres alejadas de la ley. ‘No existe rendición de cuentas. Quienes asaltan las arcas fiscales son los mismos encargados de vigilar los bienes públicos. A veces aparecen como jueces y después aparecen como partes. Es decir, cuando no están promoviendo negocios, están investidos de autoridad pública (electos o nombrados)’, dice el sociólogo Marco A. Gandásegui.

La caída de Noriega y el resurgir democrático trajeron consigo la esperanza de sepultar un tiempo de abusos y carencias, para dar inicio a una etapa de libertad y respeto a la Constitución. La pr omesa no se cumplió. Hoy la corrupción ha permeado todos los estratos sociales: el juega vivo no tiene distinción de raza, ni clase, ni partido político. El taxista intenta cobrar más de lo que el trayecto cuesta; el gobierno se hace un festín con los sobreprecios en las contrataciones públicas; los periodistas pasan de las redacciones a las relaciones públicas con una soltura que espanta, la policía no hace boletas, cobra coimas y cuando sale el Senafront a controlar la calle, asesina. Es el imperio del vale todo. Nadie quiere quedarse afuera de la fiesta del ‘cambio’. La impunidad que supimos construir. El Estado paralegal.

EL PODER EXIME

Si bien el fenómeno puede rastrearse muy atrás, en los últimos años y con la llegada de Cambio Democrático al poder, esta manera de vivir el país al borde de la ley se consolidó. Para muchos es la herencia de la dictadura. Para otros, su rescate: una especie de modelo actualizado para el siglo XXI. A la luz de los años queda claro que había un plan de acción para ir construyendo poder sobre las ruinas del Estado de Derecho.

El actual gobierno llegó a la presidencia con la promesa de hacer un ‘cambio de arriba a abajo’ y convertir a Panamá en ‘el mejor lugar para hacer negocios’ de América Latina. Ni el más crítico de sus críticos imaginó lo que iba a venir: dominio de la Corte Suprema de Justicia, intervención del Ministerio Público, compra de diputados en la Asamblea Nacional, control sobre la Contraloría, eliminación de órganos y normas de auditos, sobrecostos inexplicables y millonarios, proyectos llave en mano, desprecio por el patrimonio histórico y ambiental, compra de medios de comunicación, aumento del arsenal de seguridad, represión sangrienta de protestas civiles y encubrimiento para la policía.

El plan empezó a los seis meses de llegar al poder con la intervención de la justicia. Necesitaban un procurador propio para cubrirse las espaldas. La primera víctima fue Ana Matilde Gómez. Su caída marcó el inicio de la profundización del deterioro judicial y estuvo vinculada —como lo denunció La Estrella— a una conspiración de hombres ligados al Poder Ejecutivo que hasta se reunían para confabular en Las Garzas bajo el nombre de grupo ‘Pamago’. Gómez fue reemplazada por el dócil Giuseppe Bonissi, que cayó un año más tarde luego de un escándalo de corrupción ligado a una ‘narcoavioneta’ —un caso que sigue en veremos—.

A Bonissi le siguió el actual procurador José Ayú Prado, que hasta ahora no ha avanzado en ningún expediente que incomode al gobierno. Su disciplina, cree el procurador, puede llevarlo lejos: suena como futuro magistrado para reemplazar a Anibal Salas. El manejo de la Corte siempre estuvo entre los objetivos principales de los ideólogos de la locura. Fueron incorporando sus fichas: el presidente nombró cuatro de los nueve magistrados (Hernán de León, Alejandro Moncada Luna, Harry Díaz y Luis Ramón Fábrega). También puso a exsubordinados o gente cercana al mando de instituciones claves como la Contraloría. Si bien no violó la ley al promover los nombramientos, estos atentan contra la independencia necesaria en todo sistema democrático.

El objetivo central de todo el proceso era y es el manejo discrecional de los recursos del Estado. Para lograrlo, necesitaban aligerar la fiscalización estatal.

En octubre de 2010, mientras el presidente seducía a medio mundo –de Brasil a España, de Francia a Canada— con el anuncio cotidiano de megaproyectos millonarios, el gobierno silenciosamente eliminó el control previo en el manejo de los fondos para los ministerios de Obras Públicas y Salud (resolución 898), que en conjunto manejaron un presupuesto anual de inversiones que superó los dos mil millones de dólares. Luego de las críticas que llegaron desde todos los sectores de la sociedad, el ministro del MOP, Federico ‘Pepe’ Suárez, pidió en julio de 2011 que le reestablecieran los controles. Pero luego de un mes, se dieron cuenta de que así era mucho más difícil cumplir las promesas y pidieron que les soltaran la mano nuevamente, cosa que la contralora, Gioconda de Bianchini, ex empleada de Importadora Ricamar, no tuvo problemas en hacer.

Martinelli defendió la decisión con la remanida apelación al ‘progreso’: ‘Panamá está en la puerta trasera del bus. Yo creo que en el país cada ladrón juzga por su condición, pero no podemos prejuzgar a la gente... no frustremos al país’.

Desde entonces, los procesos de licitaciones públicas son comúnmente ignorados y los contratos estatales terminaron asignados a parientes y socios políticos. Los medios se han cansado de denunciar las irregularidades. ‘En tema corrupción, transparencia y contrataciones públicas hemos tenido grandes retrocesos’, dice la abogada y activista Giulia de Sanctis.

‘Nos critican y se quejan de todo, de lo que hacemos y de lo que no hacemos’, repetía Martinelli para atajarse de las acusaciones de la oposición y la sociedad civil.

La andanada de escándalos de corrupción —con muchas acusaciones salidas de las entrañas del gobierno— no sirven de nada sin un eco en el sistema judicial. La estrategia les funcionó: el país poco a poco se fue acostumbrando a denuncias durísimas que no traían consecuencias. La ciudadanía fue adormecida a fuerza de escándalos. Incluso varias de las figuras más importantes del gobierno salieron por la puerta de atrás, acusados de corrupción, sin que la Procuraduría se animara a avanzar en los expedientes: Jimmy Papadimitriu, Pepe Suárez, Giacomo Tamburelli, María Cristina Gónzalez, Franklyn Vergara, Alejandro Castillero, Anabelle Villamonte, renunciaron luego de denuncias periodísticas que daban robustas pruebas sobre actos de corrupción. ¿La justicia? Cómo si no pasara nada.

‘Babosadas de los medios’, se defendió el presidente que decidió enfrentar a la prensa crítica con distintas armas: presiones con la DGI, discreción en la publicidad estatal, compra de medios, amenazas a periodistas —y hasta la expulsión del país, como el caso del columnista de La Prensa Paco Gómez Nadal—. En los dos últimos años, Panamá cayó 58 puestos en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras. Finalmente el presidente, con la convicción de que la máxima ‘control de los medios, control del hombre’ encierra una verdad, salió de shopping: radio KWContinente; Nextv, antes RCM canal 21; el sitio de noticas La Opinión Panamá y su semanario, y la editorial EPASA, con los periódicos Panamá América, Día a Día y Crítica pertenecen ahora a su grupo de poder. La construcción del multimedio propio ya es un hecho. Incluso el presidente no lo oculta. Semanas atrás declaró que cuando dejara la presidencia tendría más poder. ‘Por los medios’, sonrió.

La voracidad del presidente llamó la atención de la entonces embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, que según reveló un cable de 2009 de WikiLeaks, advirtió de sus ‘tendencias autocráticas’. Martinelli le pidió ayuda para intervenir las llamadas de figuras de la oposición. ‘Claramente no distingue entre los blancos legítimos de seguridad y los enemigos políticos’, afirmó el cable.

Una vez que los hombres de Cambio Democrático se sintieron lo suficientemente fuertes, fueron por sus socios, los panameñistas. La ruptura de la Alianza inició un proceso de demonización de los partidos tradicionales que incluyó lo que muchos consideran una infiltración del PRD.

En la Asamblea Nacional el accionar fue rocambolesco. En 2009 el oficialista Cambio Democrático contaba con 17 diputados. A marzo de este año, los que votan todas sus iniciativas son 42: tiene garantizada la alineación de la Asamblea. Los propios tránsfugas reconocieron que lo hacían por dinero, porque sólo así conseguían aumentar las partidas. Chello Gálvez es el símbolo de la desprestigiada Asamblea del Cambio.

El tema que preocupa —tanto o más que la inclinación a traspasar los límites de la Constitución—, es por qué no hay consecuencias. Como si los resortes autoritarios de la dictadura pudiesen activarse con tanta facilidad, sin que las instituciones puedan contrarrestar su propia precarización. ‘Frente al impulso de destrucción, disponemos de apenas dos armas: la angustia de culpabilidad y el temor al castigo’, describió magistralmente el ruso Dostoievski en ‘Crimen y castigo’. Sin conciencia y sin justicia, ¿hay vía libre para el mal?

HOMBRES FUERTES

Entre la frustración y la desesperanza del ‘todo vale’ y ‘nada pasa’, el umbral de la tolerancia ética de la ciudadanía se flexibiliza. Incluso el código comienza a ser el ‘quítate tu pa’ ponerme yo’. Y es que en un Estado despótico, vuelve a marcar Montesquieu, ya nadie aspira a la igualdad: ‘Ni siquiera se le ocurre a nadie semejante idea; cada individuo tiende a la superioridad. Las personas de más baja condición sólo desean salir de ella para ser dueños de los demás’.

‘Ninguna sociedad puede construirse con claudicaciones éticas’, se suma al debate el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, y concluye que por eso ‘cada día somos menos una sociedad, un país y cada vez más un lugar en donde vive gente. Porque la principal claudicación ética se ha dado en el momento en que se acepta la impunidad como un elemento fundamental, integral y diría hasta necesario’.

Lo cierto es que el panorama se torna aún más dramático cuando se analiza la transformación de la fuerza pública. La profunda remilitarización que nos cuesta millones y también nos mata. En nombre de nuestra seguridad.

Cuando el ‘descuido’ oficial por el cumplimiento de las normas y los procesos legales que muestra el Ejecutivo permeó hacia lo interno de las Fuerzas de Seguridad, las consecuencias fueron trágicas: 7 muertes probadas, algunas por comprobar —como los bebés que murieron de asfixia en Changuinola en 2010—, apremio ilegales, allanamientos sin orden judicial, abuso sexual de mujeres, violaciones a los derechos de los detenidos, utilización de armas prohibidas para la contención social. Es decir, el resurgimiento de lo peor de nuestra historia. Sin embargo hay una salvedad: los militares tenían un poder ilegítimo. Martinelli no, fue elegido por la mayoría. Eso vuelve mucho más grave la misma impunidad.

Mañana, segunda entrega: las tragedias familiares y ¿Para qué la remilitarización?

Martinelli desoye críticas

El Presidente anunció que mantendrá la inversión en la compra de equipo para los estamentos de seguridad.
Elio núñez Gustavo A. aparicio O.

A pesar de las críticas de grupos políticos y de la sociedad civil sobre la supuesta militarización de los estamentos de seguridad, en especial el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el presidente, Ricardo Martinelli, anunció que continuará invirtiendo recursos y tecnología en la fuerza pública.

El mandatario pidió a los representantes de estos sectores más seriedad en sus comentarios, al afirmar que se requiere invertir en equipos para los estamentos de seguridad a fin de estar preparados para tragedias como las reportadas este fin de semana en los distritos de Capira, La Chorrera y en la provincia de Colón.

“Nos acusan de militarismo y, sinceramente, tenemos que ser un poquito más serios todos y empezar a dedicar los recursos para solucionar los problemas de los panameños”, dijo Martinelli al inaugurar la XX asamblea general ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Cambios al SENAFRONT 

En tanto, el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Jorge Alberto Rosas solicitó una modificación al Decreto Ley No. 8 de 2008 que creó el Senafront, para que se limite su campo de acción solamente a las fronteras con Colombia y Costa Rica.

Además, para que este componente policial no sea utilizado para reprimir a la población en situaciones de desorden civil o social, como lo ocurrido en Colón con las protestas contra la Ley 72.

El diputado del Molirena destacó que su propuesta también busca cuidar los recursos que se destinan al Senafront, debido a que el entrenamiento de los miembros de este servicio especial de policía es sumamente costoso para el Estado y la sociedad panameña.

Frente a las denuncias sobre la militarización de los estamentos de seguridad, Rosas manifestó que el cambio de este tipo de comportamientos no depende de una ley, sino de la actitud de las personas que ostentan el poder.

sábado, 24 de noviembre de 2012

‘Acusada no podía mover el dinero’
 
Alma Solís
De acuerdo con el abogado defensor, Mayte Pellegrini está ‘dando luces’ a la fiscalía en el caso Financial Pacific 
 
 
 Mauricio Ceballos acompañó a Pellegrini durante aproximadamente 10 horas de indagatoria.
 
‘Mayte Pellegrini no es responsable de la pérdida de los $6 millones que Financial Pacific (FP) querelló haciéndola responsable’, afirmó anoche su abogado defensor, Mauricio Ceballos.

Pellegrini, quien desde hace dos días está rindiendo indagatoria en la Fiscalía Décimo Tercera, negoció su entrega según el abogado y vino a aclarar que ella no tuvo nada que ver con el caso y está dando detalles de cómo se movieron las transacciones.

Según indicó, en sus funciones en la Casa de Valores la excolaboradora no tenía facultades para mover los dineros de los clientes y ella era solo una empleada y recibía órdenes de ‘quienes sí’ podían mover los dineros.

Al parecer dentro de las declaraciones que Pellegrini está dando hay muchos detalles que ella conoce y sabe que no estaban en la querella que pusieron los directivos de FP.

J unto a la acusada también se encuentran detenidos su hermano y sus padres, pero estos últimos podrían recibir una medida cautelar distinta, dadas sus condiciones de salud y avanzada edad.

El abogado indicó que Pellegrini se ha mantenido durante un par de días ‘declarando y aclarando una serie de inexactitudes que reposan dentro de las declaraciones y dentro del expediente tratando de darle luces a la fiscalía de cómo se mueve la plata y los dineros de los cuentahabientes de FP’, dijo.

Agregó que muchas de las pruebas no las posee ella y reposan en la empresa. ‘Ahora la fiscalía es quien debe girar los oficios y practicar las inspecciones correspondientes de las narraciones de ella para comprobar si su versión es cierta’.

Mientras la propia empresa la acusó directamente de ser la responsable por la pérdida del dinero, el abogado asegura que esos cargos que ha presentado la empresa solo buscan desvirtuar los posibles delitos que denunció la Superintendencia del Mercado de Valores.
 

jueves, 22 de noviembre de 2012


GLORIA MORENO PUSO DISTANCIA DEL GOBIERNO
 
¿Dimisión atada a caso ‘Financial’?
 
Nicanor Alvarado Dixon
 
 ¿Dimisión atada a caso ‘Financial’?
 
  Gloria Moreno de López estuvo al frente de la Aduana por 40 meses.
 
Exdirectora de Aduanas se habría ido por la remilitarización y algo más: el escándalo de Financial Pacific. Surge otro panorama

La salida de la ginecóloga Gloria Moreno de López del gobierno no solo ha avivado el remolino de la remilitarización en democracia, a cuentas de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y del aparato de seguridad del Estado.

Su dimisión de la Autoridad de Aduanas también ha despertado rumores de presiones detrás, relacionadas con el escándalo de 11 millones de dólares faltantes en la casa de valores Financial Pacific, un estallido que amenaza con pisar callos en las esferas más fuertes de poder político.

Su yerno y superintendente del Mercado de Valores (SMV), Alejandro Abood, denunció este martes ante el Ministerio Público la supuesta comisión de delitos contra la fe pública, el orden y patrimonio económico, en base a un informe de la Dirección de Investigación de la SMV y de Maruquel Pabón de Ramírez, fechado al 23 de octubre pasado.

Abood ordenó en octubre la reorganización del negocio, señalando que la compañía ya había incurrido en cinco faltas,

pero la admisión de una solicitud de amparo de garantías de la Corte Suprema de Justicia de ese mismo mes frenó la medida. Lo interpuso West Valdés, el dueño de la compañía, porque —dice— intuía que la SMV buscaba, en realidad, cerrarle el negocio con la reorganización a cargo de Pabón de Ramírez.

Abood, ante la situación, fue más allá: decretó la suspensión de la licencia de la casa de valores por quince días —lo que le impide mover un solo real—.

MORENO, TECHO DE ABOOD

Conocedores del mercado de valores creen que ahora, con la dimisión de Moreno de López, el superintendente se habría quedado sin techo ni piso político. Dicen que es un secreto a voces que su suegra fue quien impulsó su nombramiento en la nueva superintendencia (2011) pese a que no contaba con el mínimo de tiempo de ejercer abogacía, que era diez años.

La norma fue modificada en la Asamblea para permitir que con siete años de experiencia pudiera acceder al cargo.

Abood habría tocado terreno sensitivo con Financial Pacific: fuentes que pidieron reserva de su identidad dejaron ver que en ese negocio participarían altas figuras del gobierno. Sin embargo, no precisaron quiénes.

¿Habrá intenciones de sacarlo del cargo? Aunque nadie sabe a ciencia cierta, es una versión que no se ha detenido en los círculos políticos.

Abood, sin embargo, dice no haber tomado ‘ninguna decisión respecto a eso’. ‘No sé quién anda diciéndolo’, dijo a La Estrella.

Negó, incluso, que esté recibiendo presiones y que Moreno de López tenga relación con el caso. ‘De Financial Pacific, ella sabe lo que ustedes publican’, aseguró.

Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores, sostiene que la única forma de que Abood pudiera ser sacado de su cargo es a través de una decisión de la Corte. ‘Él no es un funcionario de libre nombramiento y remoción, no afirmo ni niego nada, pero ojalá no me equivoque’, dijo.

La Estrella intentó ayer obtener la versión de Moreno de López, pero su teléfono permaneció apagado todo el día.

´Yo soy el ministro de Seguridad...´

Para esquivar las críticas sobre las denuncias de la militarización de la fuerza pública, Mulino arremete contra ´La Prensa´.
Eliana Morales Gil
Isidro Rodríguez
 
 
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, participó ayer en una graduación de agentes y oficiales de la Policía Nacional. LA PRENSA/Maydé Romero de Sprang

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, arremetió ayer contra la publicación de este diario, titulada “Mulino impone línea militarista”, a la que calificó como una noticia “infame y ruin”.

La información se refería a declaraciones de la exadministradora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) Gloria Moreno de López, denunciando el excesivo poder que tendría el Ministerio de Seguridad, a cargo de Mulino, con la fusión de ANA y el Servicio Nacional de Migración (SNM).

“No estoy de acuerdo, como demócrata que soy, que se concentre tanto poder en un solo hombre [Mulino]. Y si yo luché contra la dictadura militar, no puedo permanecer en un gobierno que está de acuerdo con renacer el militarismo”, aseguró Moreno de López.
 
 
OTRO TEMA

Esta declaración del ministro surgió de una entrevista que le diera al periodista de este medio Santiago Cumbrera, el pasado martes 20 de noviembre, luego de que asistiera a su despacho con el propósito de obtener información sobre un contrato entre el Ministerio de Seguridad y el consorcio Motorola Kadair.

Cumbrera, luego de escuchar las respuestas de Mulino, específicamente sobre el tema Motorola Kadair, le solicitó otra entrevista para que reaccionara a la renuncia de Moreno de López y a los pronunciamientos de que se le otorgaba mucho poder a un solo hombre, y que “se le está dando respiración artificial a los militares”. El propio Mulino lo reconoció en una entrevista telefónica que otorgó ayer a Telemetro, a eso de las 7:00 a.m.

“Posterior a esa reunión en la que el propio Santiago Cumbrera... y lo tengo grabado y filmado y no escondido, porque él vio las cámaras nuestras del departamento de Relaciones Públicas, me pide una entrevista aparte sobre el tema de Aduanas, le hice la explicación total y completa de que el decreto ejecutivo firmado por el señor Presidente y mi persona no fusiona absolutamente nada, porque es iluso pensar que un decreto puede fusionar dos entidades constituidas por leyes cada una”, dijo.

Sin embargo, un Mulino iracundo cuestionó la línea editorial de este diario por la nota publicada.

“Yo no puedo competir contra línea editorial del diario La Prensa y desvivirme aclarándole cada noticia. Cada bochinche y cada tergiversación que hace. Pero lo de hoy, lo mínimo que yo le puedo calificar es de infame y de ruin”, señaló.

Mulino también se contradice más adelante cuando dice: “porque la cortesía elemental con la que yo traté a Cumbrera ayer y la dispensa de más de hora y media del tiempo nuestro para que él saliera convencido y satisfecho de las explicaciones técnicas que le dieron los representantes de Telemática de las Fuerzas Públicas, no es para que se imponga un titular de semejante desproporción como el de hoy [ayer]”.

Lo que no aclaró Mulino es que las explicaciones técnicas a las que se refiere, se enmarcan en el tema Motorola-Kadair y no guardan relación con el debate sobre la remilitarización de la fuerza pública.

“Cuando no hay objetividad en la noticia, se desinforma y es lo que este medio de comunicación reiteradamente ha hecho y ha venido haciendo con los estamentos de seguridad, y hoy culmina con esta noticia infame que no guarda ninguna relación y proporción al propósito de la entrevista brindada y a la idea que tuve de aclararle al diario La Prensa y a Santiago Cumbrera las cuatro preguntas que hizo por escrito, y que por lo técnico lo invité con más de 14 personas a una reunión para que pudiera preguntar lo que quisiera”, agregó el ministro.

Sin embargo, el tema al que se refiere Mulino aún es investigado por este diario, por lo que nada de lo conversado con él y sus 14 oficiales de ese asunto fue publicado ayer.

Más adelante expresó: “Yo soy un hombre de carácter, yo soy el ministro de Seguridad de este país. No soy un jefe de una institución que tiene el peso específico que tiene la seguridad del país. Me respetan y respeto a todos los estamentos de seguridad de la nación panameña, así como al Presidente de la República”, alegó el funcionario en una retahíla de frases que atacaban a este medio.

Horas más tarde, en su discurso durante un acto de graduación de 121 agentes de la Policía Nacional, Mulino defendió a la institución.

“Hago yo una pregunta, ¿Es esa la Policía que debe existir en Panamá, humillada, de pito y tolete, sin disciplina, sin apego a la institución?”, dijo.

“Yo soy el ministro de Seguridad de este país y esa es una responsabilidad muy grande, dedicada y comprometedora, porque en este tiempo, en cada situación de orden público, y no me arrepiento de ninguna de ellas, he salido a hablar y explicar por las tres instituciones que aguardan”, resaltó.

REACCIONES

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Rafael Candanedo, condenó el ataque de Mulino.
“Repudio el ataque verbal cometido contra el diario La Prensa por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Cuando los argumentos faltan, se echa mano del improperio y se oculta lo inocultable: la inconstitucional militarización del país, exhibida en las protestas en Colón y en los desfiles patrios”, expresó Candanedo

Agregó que “si Mulino no fuera ministro, no habría gravedad en su ataque. Resulta que son las maneras de un ministro del Estado, que está obligado, por Constitución, a servir a todos los ciudadanos y que debería ser el primero en percatarse de que se está militarizando la nación, en contraposición a la ley. Hasta sus compañeros de Gabinete se lo están advirtiendo”.

Por su parte, el exdirigente de la Cruzada Civilista Nacional y activista pro democracia Aurelio Barría cuestionó una vez más el componente militar de los estamentos de seguridad del país.

Manifestó que es inaceptable que hoy, bajo el pretexto de proteger el tránsito e ingreso de la droga, se acepten compromisos con otros gobiernos extranjeros que conlleven la creación de estamentos militares que son entrenados con protocolos muy diferentes a los de la Policía que debe proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

Carlos Abadía, que también fue civilista, es otro que rechazó la metamorfosis de los estamentos de seguridad del país, en manos de Mulino.

Sostuvo que poco a poco se ha estado reviviendo el fantasma del militarismo, cuando en 1990, el expresidente Guillermo Endara (q.e.p.d.) armó una estructura para dividir y quitar poder a las extintas Fuerzas de Defensa.

“Esto es preocupante...esto no es vivir en los años 80. Mi amigo José Raúl debe entender la preocupación y aquí no es asunto político (...) Esto es un asunto de un ciudadano que ve con preocupación lo que está sucediendo, y no quieren escuchar. Darles a los comisionados, aunque sea a algunos, salarios de ministros, es un paso a la militarización”, señaló.

Luque niega ser ficha de Mulino

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, la nueva administradora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Virna Luque, negó ayer ser una “ficha” del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y aclaró que dirigirá la institución de acuerdo con su criterio, pero con la colaboración de los funcionarios bajo su mando.

Luque, que tomó posesión del cargo en horas de la mañana, precisó que la comisión técnica que creó el Órgano Ejecutivo a través de un decreto para fusionar la ANA con el Servicio Nacional de Migración (SNM) deberá rendir un informe en 180 días sobre los mecanismos necesarios para concretar el funcionamiento armónico de ambas entidades, y mientras tanto cada una seguirá operando independientemente.

Afirmó, en ese sentido, que trabajará en el proceso de reestructuración de la ANA con miras a la fusión, que, según adelantó, podría concretarte en 2014.

La funcionaria, que ocupa desde ayer la dirección de la ANA tras la renuncia de Gloria Moreno de López, afirmó durante un recorrido por las instalaciones de la institución que el proceso de reestructuración no generará destituciones masivas, aunque sí habrá un reordenamiento de las estructuras, para hacerlas más funcionales.

Explicó que no se trata de una fusión de la ANA con el SNM como tal, pues ambas entidades tienen funciones diferentes. Lo que se pretende, más bien, es reestructurarlas para que trabajen coordinadamente bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad, pero con directores diferentes.
Juan Manuel Díaz C.

martes, 20 de noviembre de 2012

Mulino impone línea militarista

´Le está dando respiración artificial a los militares´, dice Moreno de López y apunta a Mulino, quien responde: ´si ven fantasmas, que se compren una ouija´.
Eliana Morales Gil Isidro Rodríguez
 






















Flanqueado por la subcomisionada Albalira Díaz, directora de Telemática del Senan, y el comandante Belsio González, director general del Senan, el ministro José Raúl Mulino habla de la integración de Migración y Aduanas

A las voces críticas que cuestionan la remilitarización de la fuerza pública panameña se unió ayer Gloria Moreno de López, que renunció a la administración de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) denunciando el excesivo poder que tendría el Ministerio de Seguridad, a cargo de José Raúl Mulino, con la fusión de ANA y el Servicio de Migración.

“No estoy de acuerdo como demócrata que soy, que se concentre tanto poder en un solo hombre [Mulino]. Y si yo luché contra la dictadura militar, no puedo permanecer en un gobierno que está de acuerdo con renacer el militarismo”, dijo la exfuncionaria.

Expresó preocupación porque el pueblo se decepcione del Gobierno, y que el hombre que concentra ese poder pueda convertirse en “el mandamás del país”.

Mulino, que hace 16 días tuvo una fricción pública con la titular de Educación, Lucy Molinar, quien lo calificó de “irresponsable”, dijo que nadie está comprando equipos para militarizar el país”.

“Si son felices reviviendo fantasmas y vendiéndole al país escenarios que no existen, tal como lo sabe ella [Moreno de López], yo qué puedo hacer... hay cierta gente que le gusta vivir en 1980 y de allá no ha emigrado. Si ven fantasmas, que se compren una ouija”, sostuvo.
(Santiago Cumbrera).
 

viernes, 16 de noviembre de 2012

FAC decide suspender el diálogo con el Gobierno

REDACCIÓN DE PRENSA.COM
 
 
El Gobierno ha manifestado que el diálogo por Colón está avanzando positivamente.
Los representantes del Frente Amplio por Colón (FAC) anunciaron la tarde de este viernes, 16 de noviembre, que, hasta que no sean liberados los 21 trabajadores detenidos en la ciudad capital en las protestas contra la polémica Ley 72, el diálogo que se adelanta con el Gobierno en la provincia de Colón permanecerá suspendido.

Edgardo Voitier, uno de los representantes del FAC, señaló que los 21 trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) que permanecen recluidos en La Joya y La Joyita, llevan ya más de dos semanas detenidos.

El dirigente manifestó que resulta realmente incómodo “negociar con rehenes”. Por lo tanto, todos los sectores representativos de la provincia, como el FAC, los transportistas, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y la Cámara de Comercio de esa provincia han dispuesto “que se resuelva de forma definitiva el problema de los compañeros nuestros que están detenidos”.

Voitier expresó, en conferencia de prensa, que el Ministerio Público (MP) no ha mostrado la mejor de las diligencias para poner en libertad a estos obreros miembros del Suntracs que –añadió– están presos injustificadamente.

Ante esta situación, el dirigente hizo un llamado al procurador general de la Nación, José Ayú Prado, para que agilice las acciones necesarias para la puesta en libertad de los obreros. “Nosotros le pedimos al Procurador que por favor se ponga en libertad, sin más demoras, sin más excusas, a todos los 21 compañeros detenidos en la ciudad capital”.

Y, aunque indicó que el Frente ha avalado la propuesta del ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, en cuanto a que él mismo gestionará las conversaciones con el MP, reiteró que las conversaciones quedaban suspendidas.
DENUNCIAS DESTITUCIONES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN
Previamente, el coordinador del FAC, Felipe Cabeza, denunció este viernes que el alcalde de Colón, Dámaso García, quiere afectar el diálogo que se realiza en la costa atlántica. Y es que, según Cabeza, la administración de García está destituyendo a varios funcionarios en el Municipio de Colón, por el hecho de formar parte del FAC.

En lugar de emprender estas destituciones, Cabeza dijo que García debería explicar dónde están los 800 mil dólares que ha recaudado esa entidad en impuestos sobre bienes inmuebles.

AVANCES EN COMISIÓN MÉDICA

Por otra parte, cerca de 50 personas han sido evaluadas por la comisión médica conformada en el diálogo por Colón. Esta comisión fue creada para atender los casos de personas heridas durante las pasadas manifestaciones ocurridas en esa provincia, informó Melany Guittens, miembro del FAC y quien preside esta comisión.

Tanto la representante del FAC, como del Ejecutivo –en este caso el gobernador de Colón, Pedro Ríos– resaltaron que esa comisión ha avanzado significativamente. Esto, debido que se han realizado algunos tratamientos médicos a personas afectadas, en tanto que a otras se les está suministrando ayuda social correspondiente.

Tal es el caso de los familiares del indígena fallecido en las pasadas manifestaciones, quienes han pedido ser reubicados en su natal Guna Yala, informó el gobernador Ríos.

En tanto, se conoció que más de 200 personas fueron registradas por el Frente como heridas y afectadas por los disturbios contra la Ley 72 que avalaba la venta de tierras de la Zona Libre. Pero hasta el momento solo unas 50 se han acercado a esta comisión para presentar sus casos, según se informó.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA DEL AGUA

El problema de agua que afecta no solo al centro de la provincia de Colón, sino también a la mayoría de los sectores aledaños a la vía Transístmica, fue el punto central del debate en la nueva ronda de negociaciones que desarrollan este viernes el FAC junto a miembros del gobierno de Ricardo Martinelli.

Así lo informó a Prensa.com el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien dijo que para este tema, el director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Abdiel Cano, realizaría una exposición para la solución de los problemas que sufre actualmente Colón en lo concerniente al suministro de agua potable.

Fábrega expresó que también la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón efectuaría una presentación en la que mostrarán su visión de lo que hace falta para que el desarrollo de Colón se adecue al auge económico del que disfruta actualmente la costa atlántica.

En ese sentido, el ministro dijo que el Gobierno evaluará lo que se puede cubrir con el dinero contemplado en el presupuesto general de este año, para “así encaminar un mejor desarrollo para Colón”. Las conversaciones se llevan a cabo en el hotel Meliá, de Colón.

(Con datos de Rosalía Simmons, Cinthia Almanza, Irene Hernández G., Amada Racero)

jueves, 15 de noviembre de 2012

Diálogo entre el Ejecutivo y coloneses, en la 'cuerda floja'

Rosalía Simmons
 
 

Dimas Guevara se comprometió a que el día de mañana, previo a que se reinicie el diálogo, se tenga una respuesta definitiva respecto a los 27 trabajadores del Suntracs que se encuentran detenidos

El representante del Frente Amplio por Colón (FAC), Edgardo Voitier, dijo a Prensa.com que “no es fácil” continuar un diálogo con los representantes del Ejecutivo, mientras continúe habiendo personas detenidas “injustificadamente”.

Voitier señaló este jueves, 15 de noviembre, que se le está exigiendo una fianza de excarcelación $8 mil a cada una de las personas que están detenidas producto de los enfrentamientos desarrollados entre agentes policiales y manifestantes que exigían que se derogara la Ley 72, que permitía, entre otras, cosas la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón.

El dirigente indicó que de no darse una respuesta satisfactoria sobre la liberación de los detenidos, el pueblo colonense volverá a salir a las calles.

Voitier indicó que es irónico el hecho de que “los que matan no están detenidos y los que se defienden contra la intensión de saquear la cosa pública, si están detenidos”. Agregó que esto deja ver una clara persecución meramente política del Gobierno hacia las minorías.

“Estamos defendiendo los casos de las personas que fueron detenidas únicamente por el hecho de protestar”, señaló Voitier y frente a los casos de vandalismos y de saqueos que las personas paguen por sus actos acotó.

MINISTERIO PÚBLICO RESPONDERÁ MAÑANA

Tal y como se acordó en la conversaciones entre el Ejecutivo y los representase de la provincia de Colón el día de ayer, miércoles, hoy se desarrolló un encuentro entre la comisión designada por los representantes del diálogo por el tema de los detenidos y el procurador encargado del Ministerio Publico (MP), José Dimas Guevara.

Aproximadamente a la 10:00 a.m. de este jueves se celebró el encuentro en el que dicha comisión indicó ante el MP que “para que el diálogo pudiese proseguir sin ningún problema era la intensión de las partes [tanto del gobierno como de los representantes de las fuerzas vivas de Colón] que los detenidos recuperaran su libertad de inmediato”.

Así lo manifestó Antonio Vargas, abogado del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria, la Construcción y Similares (Suntracs), quien participó en el encuentro.

Ante este panorama, Dimas Guevara se comprometió a que el día de mañana, previo a que se reinicie el diálogo, se tenga una respuesta definitiva respecto a los 27 trabajadores del Suntracs que se encuentran detenidos (21 en la ciudad de Panamá y 6 en la ciudad de Colón) en La Joya, La Joyita y la cárcel de Nueva Esperanza.

En este encuentro, que se extendió hora y media, también participaron el director general del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, un representante de asuntos legales del Ministerio de Gobierno, Carmen de Vicente y los abogados representes del FAC; Ricardo Cerezo, Rolando Rodríguez, Yamir Córdoba

Alianza Ciudadana denuncia extralimitación de funciones del Senafront

José González Pinilla      
 
El comisionado Frank Ábrego y el presidente Ricardo Martinelli, durante el desfile del 3 de noviembre de 2012, en San Felipe, ciudad capital
 
La Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció este jueves, 15 de noviembre, que el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se está extralimitando de sus funciones.
 
En una nota enviada al ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, este 14 de noviembre, la organización sostiene que el pasado 9 de noviembre recibieron una invitación al foro "Abriendo Caminos Hacia la Consolidación del Darién y Comarcas del Siglo XXl", nota firmada por Dayra Dawson Villalobos, directora ejecutiva del Programa de Desarrollo de Darién (Prodar), y por el comisionado Frank Ábrego, jefe del Senafront.
 
De acuerdo con la Alianza Ciudadana, queda claro que el foro que se organiza responde a funciones administrativas del Gobierno para determinar políticas sociales que definan metas, objetivos, estrategias de la gestión gubernamental.
 
“Lo que nos parece preocupante es que la convocatoria pública lleva la firma del comisionado Frank Ábrego, como si fuese un actor político del Gobierno, con un nivel de transcendencia mayor que la de un gobernador de la provincia del Darién”, destaca Alianza.
 
El grupo señala que la Constitución, en su artículo 311, establece que “los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la Ley.”
 
Además, el Decreto Ley No 8 del 20 de agosto de 2008, por el cual se crea el Senafront “no se establece que el director tiene facultad para dirigir la elaboración de planes de Gobierno para la provincia”.
 
“Podemos entender que como entidad encargada de la seguridad ciudadana, pueda asistir al foro, pero no es correcto que asuma un rol de dirección política de un evento en el que participarán actores sociales y políticos y donde se cuestionarán las políticas del Gobierno y se discutirán planes de Gobierno para la provincia del Darién”, agrega Alianza.
 
Incluso, recuerda que, tras informes de diversos sectores de la provincia, han logrado identificar que “el principal problema de los darienitas en este momento son los abusos del Senafront contra las libertades ciudadanas, lo que afecta todos los otros derechos humanos de la población del Darién”.
 
Se llamó en varias ocasiones al comisionado Ábrego para conocer su versión, pero hasta el momento no ha respondido las llamadas.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Secuestran bienes a socio de Lavítola

Se trata del senador Sergio De Gregorio, mencionado en el casodel desvío de fondos hacia el diario ´Avanti´, del que Lavítola era dueño.
Rafael Luna Noguera
 
 
En la fotografía aparece el senador por el partido del Pueblo en Italia, Sergio De Gregorio

Las autoridades judiciales italianas ordenaron ayer el secuestro de los bienes del senador del partido Pueblo por la Libertad Sergio De Gregorio, señalado en el proceso por la malversación de unos 23 millones de euros ($29.5 millones) destinados al diario Avanti, por el que el empresario Valter Lavítola aceptó el pasado viernes una condena a tres años y ocho meses de prisión.

La información dada por Joan Solés, corresponsal en Roma del Grupo Prisa, del que es asociado Radio Panamá, precisa que la orden fue dictada por un tribunal de Nápoles, previa autorización del senado.

El corresponsal no dio detalles de los bienes cautelados al senador De Gregorio, solo que entre estos figura su residencia personal donde vive con su esposa en la capital italiana.

De acuerdo con la agencia de noticias Ansa, Lavítola recibió los cerca de 23 millones de euros entre 1997 y 2008, y en vez de usarlos en las tareas para los que fueron asignados, los habría desviado hacia cuentas bancarias en Suramérica.

Medios de comunicación de Italia señalan que Lavítola y el senador De Gregorio habrían convertido el diario Avanti (del cual Lavítola era dueño) en un laboratorio de guerra sucia contra Gian Franco Fini, adversario de Silvio Berlusconi.

Contra Lavítola, que fue clave en la negociación entre Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica por $250 millones, hay otro proceso judicial, en el que se le acusa de cómplice necesario para la inducción a la prostitución de 42 mujeres en fiestas eróticas del ex primer ministro Berlusconi, a quien también intentó extorsionar con $6 millones por sus servicios.

Según Solés, este caso será enviado a los tribunales de Roma, donde se ventilará otro proceso en el que fue mencionado Lavítola: el de supuestos pagos de sobornos a funcionarios de Panamá, Colombia, Brasil, Irán, India y otros países, en el que además figuran altos dignatarios de Finmeccanica, entre estos su exdirector comercial Paolo Pozzessere.

martes, 13 de noviembre de 2012

Un diálogo empañado por unas bolsas de comida

EL diputado Sergio Gálvez volvió a cambiar su discurso. Asegura dice que no habló de crear la comisión legislativa.
 
Irene Hernández
 
Las bolsas de alimentos fueron arrojadas frente a los ministros de Estado. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Migdalia Grenald
 
El segundo día de diálogo por Colón, destinado a la formación de las comisiones de trabajo, se vio afectado ayer por la entrega de bolsas de alimentos en medio de las conversaciones.
 
Un grupo de colonenses, entre ellos familiares de las víctimas, criticó al Gobierno por esta donación y, aunque nadie se la atribuyó, las personas denunciaron que eran de la Presidencia.
Ante este hecho, las bolsas fueron arrojadas frente a los ministros en la mesa del diálogo, por lo que se tuvo que decretar un receso.
 
Horas más tarde se acordó la restitución de la funcionaria de la ZLC Melanie Gittens y la constitución de la comisión de investigación y compensación.
 
Tanto el coordinador de la mesa de diálogo y ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, como los representantes de las organizaciones de Colón expresaron que hay avances, pero exigen se respeten los acuerdos.
 
Hoy, los miembros del Frente Amplio de Colón marcharán para decirle al Gobierno que “el pueblo colonense está vigilante del diálogo”.
 
Gálvez retrocede
 
Mientras, y luego de asegurar el viernes que no era viable crear la comisión legislativa que se encargaría de investigar los hechos por la Ley 72, el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, cambió de opinión y dijo que dejará la decisión al pleno.
 
Precisó que hay morbo por sus declaraciones, cuando “lo que quise dar a entender era que se estaba posponiendo la escogencia de los seis diputados de esta comisión”.
 

domingo, 11 de noviembre de 2012



Primera condena a Lavitola en Italia
Carlos Anel Cordero
Un tribunal de Nápoles condenó al italiano a pagar 3 años y ocho meses de prisión. Le quedan otros dos casos pendientes


El italiano Valter Lavitola permanece detenido en una prisión en Nápoles después que estar prófugo en Panamá y Argentina.

Los abogados del italiano Valter Lavitola concretaron un acuerdo con los tribunales de Nápoles y lograron una condena de cuarenta y cuatro meses. Esta sería la primera condena de por lo menos tres casos que le sigue la justicia al ciudadano italiano.

En esta ocasión, Lavitola fue condenado por estafa y quiebra fraudulenta en detrimento del Estado italiano. La justicia de esta nación europea demostró que Lavitola recibió más de 23 millones de euros de fondos públicos que fueron utilizados para sustentar la operación del periódico Il Avanti, un pequeño diario italiano de su propiedad y del cual también era el director. Según consta en el expediente, Il Avanti era utilizado para atacar a los enemigos políticos del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi para quien trabajaba Lavitola.

Los medios italianos, entre ellos el diairio La Reppublica informaron ayer que la condena de Lavitola, se conoció tras a un acuerdo que lograron sus abogados con los tribunales italianos, pero no se revelaron los términos. Los fiscales italianos citaron para hoy al exprimer ministro Berlusconi, pero no se sabe si asistirá.

DE HUÉSPED HONORARIO A PRÓFUGO
La mítica figura de Lavitola que llegó a Panamá de la mano de Silvio Berlusconi fue el nexo entre el gigante Finmeccanica -fabricante de armas y equipo bélico- y el gobierno panameño involucrado en una supuesta compra irregular de un sistema de radares por $176 millones por los cuales supuestamente en Panamá hubo pago excesivo.

Durante su estadía en Panamá, Lavitola se convirtió en huésped de honor del gobierno panameño y logró lazos con representantes del mundo político-empresarial local que después le sirvieron para esconderse cuando la justicia de su país natal lo reclamaba.

CASOS PENDIENTES
Los líos de Lavitola con la justicia italiana no terminan con esta condenda, todavía tiene dos procesos abiertos.

Lavitola mantiene pendiente un proceso por extorsión y el manejo de más de cuarenta prostitutas que participaban en las fiestas privadas que Berlusconi ofrecía a sus clientes, amigos, aliados políticos y huéspedes de otras naciones que lo visitaban en su mansión.

El asunto provocó un escándalo, lo que supuestamente aprovechó Lavitola para sobornar a Berlusconi por $6 millones.

LA CONEXIÓN CON PANAMÁ
Lavitola quien tenía libre acceso a la Presidencia de la República y los despachos de varios ministros panameños debe enfrentar ahora varios procesos por corrupción internacional.

Se le acusa de participar en el manejo de una caja negra que supuestamente utilizaba Finmeccanica para financiar el pago a políticos de gobiernos extranjeros. Se menciona en el expediente que además de pagos a Panamá, hubo sobornos a funcionarios en La India y Brasil.

VIRAJE DE LA INVESTIGACIÓN
A mediados de esta semana, los fiscales y magistrados italianos acordaron acumular en una sola causa los expedientes que se siguen por corrupción internacional y el supuesto pago a funcionarios panameños. Los expedientes se mantenían en Roma, Nápoles y Busto Arsizio. Ahora quedaron acumulados en uno la capital de esta nación.

Se espera que en cuestión de días, la justicia italiana cite a declarar a directivos de Finmenccanica y algunos panameños.