Tras la apelación de la fiscal Ruth Morcillo, el caso de Juan Hombrón pasará al Segundo Tribunal Superior.
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| La exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte adjudicó 54 hectáreas
costeras de Coclé a 12 sociedades de la familia del ministro de
Presidencia, Demetrio Papadimitriu. LA PRENSA/Archivo |
La Constitución Política de Panamá y el Código Judicial son claros:
los jueces y magistrados no pueden participar en política, ejercer la
abogacía o el comercio.
A pesar de ello, el juez tercero de
circuito de lo penal, Adolfo Mejía Cáceres, ejerce en la actualidad como
agente residente de, al menos, tres sociedades anónimas, según
documentación que aparece en la base de datos del Registro Público (ver
facsímil).
Entre los documentos que reposan en la página oficial
del Registro Público no se encontró ninguno que diera fe de que el juez
Mejía hubiese renunciado al cargo de agente residente.
Mejía es el
mismo juez que el pasado 14 de junio absolvió de toda responsabilidad
penal a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de
Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, en el proceso de
titulación gratuita de 54 hectáreas con frente de mar en la comunidad coclesana de Juan Hombrón.
El artículo 46 del
Código Judicial establece que los cargos del Órgano Judicial y del
Ministerio Público “son incompatibles”, entre otras cosas con el
ejercicio de la abogacía. Lo mismo se estipula en el artículo 212 de la
Constitución Política.
Este diario intentó obtener una reacción
del juez al respecto, pero no respondió a las llamadas telefónicas ni a
los mensajes enviados por correo electrónico a la Dirección de
Comunicación del Órgano Judicial.
Al tratarse de una falta a la
ética judicial, el caso del juez Mejía deberá ser ventilado por el
Segundo Tribunal Superior, integrado por los magistrados Elvia Batista,
Joaquín Ortega, Luis Mario Carrasco y Virna González.
Ese mismo tribunal deberá analizar la apelación presentada por la fiscal Ruth Morcillo, en el caso de Juan Hombrón.
ALTO PERFIL
El
hoy juez tercero de circuito de lo penal logró su idoneidad en 1979,
ejerció como fiscal en la década de 1980 y obtuvo una maestría en
ciencias penales en 2003.
El juez Mejía ha estado y está al frente
de importantes casos. Por ejemplo, fue quien absolvió este año a nueve
investigados por tráfico de personas; el que condenó a seis años a
Dalvis Sánchez, secretaria administrativa de la Presidencia durante el
mandato de Mireya Moscoso, por el caso de los durodólares; el que
concedió fianza de excarcelación, por $4.2 millones, a Ernesto Chong
Coronado, por el caso David Murcia, así como el que manejó el proceso
del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán por lavado de dinero.
En
la actualidad tiene el expediente que sigue la Fiscalía Anticorrupción a
la exdirectora de Migración María Cristina González por la supuesta
venta de visas; así como el caso del exmagistrado Dulio Arrocha por
falsificación de diploma.
EL FALLO
El
principal argumento utilizado por el juez Mejía para sentenciar que las
54 hectáreas de Juan Hombrón podían ser adjudicadas y, por
consiguiente, que Anabelle Villamonte no había cometido ilegalidad
alguna, es que los supuestos derechos posesorios que sustentaron las
titulaciones son previos a que el sitio fuera declarado área protegida.
Se
basa el juez tercero en la excepción que establece la Ley 80 de 2009
(sobre titulación de islas y costas) para las áreas declaradas
inadjudicables.
“No serán objeto de titulación la zona de
manglares, los territorios indígenas y comarcales, las áreas protegidas y
cualquier otro territorio sujeto a restricciones legales de apropiación
privada.... En las áreas protegidas no se harán reconocimientos de
derechos posesorios, salvo que estos se hubieran iniciado con
anterioridad a la fecha de la declaratoria de dichas áreas. En este
caso, para el aprovechamiento del predio, el titular se sujetará a la
normativa ambiental o reglamento aplicable”, establece el artículo 10.
En
su fallo, el juez Mejía determina que estos derechos posesorios son
previos a las declaraciones de área protegida, que es de 2005.
Y
como prueba, únicamente cita las declaraciones juradas de quienes
alegaron tener esos derechos posesorios. “... se observa en el
expediente, las declaraciones juradas de... quienes explican cómo
realizaron el trámite para la cesión de sus derechos posesorios a las
sociedades mencionadas en esta investigación... Se observa en estas
declaraciones que los mismos ostentaban el derecho posesorio entre (sic)
9 y más de 20 años en el lugar”, afirma el juez Mejía en su fallo.
Sin
embargo, los trámites de reconocimiento de los derechos posesorios se
iniciaron a finales de 2010, con Anabelle Villamonte como abogada, y
culminaron en mayo de 2011, cuando la exfuncionaria estaba al frente de
la institución que reconocía y titulaba esos derechos posesorios (ver
cuadro).
ANATI, EN ACCIÓN
Tras
el largo silencio del director de la Anati, Franklin Oduber, que se ha
negado a hablar de Juan Hombrón alegando que el caso estaba en los
tribunales, las cosas cambiaron repentinamente.
El pasado 22 de
junio la Anati publicó en todos los diarios del país un comunicado en el
que relataba la situación desde que el Consejo Consultivo de Tierras
solicitara una investigación, pasando por las resoluciones emitidas para
anular las titulaciones y los recursos presentados contra ellas.
El
25 de junio y pasadas las 9:00 de la noche, la Anati envió otro
comunicado en el que explicaba que se habían presentado un recurso de
reconsideración y un incidente de nulidad contra las resoluciones que
revocaron las titulaciones hechas por Anabelle Villamonte, y que aún
faltaba el recurso de apelación.
El segundo comunicado agregaba
que tras concluir todos los recursos administrativos, “procede que el
Órgano Ejecutivo instruya al Procurador General de la Nación, mediante
decreto ejecutivo, a promover las acciones civiles pertinentes para las
cancelaciones de las inscripciones ante el Registro Público y
consecuente recuperación de las 14 fincas a nombre de la Nación, con el
objetivo de salvaguardar los intereses de la república de Panamá”.
Es decir, la vía legal para que las 54 hectáreas de Juan Hombrón puedan ser devueltas a la Nación será larga y azarosa.
Finalmente
ayer, la Anati invitó a una conferencia de prensa para la mañana de hoy
en la playa de Juan Hombrón. No se informó el motivo de la conferencia
ni las razones por las que la Anati decidió realizarla en la apartada
comunidad ubicada en la costa coclesana.
Tampoco se sabe si la
Anati tomó en cuenta, para escoger el lugar de la cita, las
recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil sobre las altas
mareas que estos días se esperan en el Pacífico panameño.
Las pasiones alrededor de una playa coclesana
Después
de que en la tarde del lunes pasado se distribuyeran en las calles de
la ciudad volantes que acusaban al vicepresidente, Juan Carlos Varela,
de tener intereses en las tierras de Juan Hombrón y en areneras, dos
altos funcionarios del Gobierno declararon lo mismo en televisión.
Primero
fue el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, en
el programa Debate Abierto. Al día siguiente lo hizo el viceministro de
Gobierno, Javier Tejeira, en el noticiero matutino de TVN.
“Ambos
temas son vox populi en las calles desde hace mucho...”, fue la
respuesta de Camacho cuando este diario le preguntó si esta coincidencia
significaba que el Gobierno o el partido Cambio Democrático eran
responsables de las volantes y de su distribución. Camacho negó este
hecho.
Por su parte, el viceministro Tejeira citó el proceso
judicial relacionado con la hacienda Santa Mónica (cercana a las
polémicas tierras de Juan Hombrón). “Una de las personas más
beneficiadas es Gilberto Arias, nombrado por Varela como embajador en
Londres”, afirmó Tejeira, al tiempo que daba detalles de una diligencia
judicial relacionada con la citada hacienda.
También esta semana
ha habido movimiento relacionado con quienes alegan ser dueños de los
derechos posesorios que sustentaron las titulaciones en Juan Hombrón.
Raúl Mata, en calidad de intermediario, así como un grupo de lugareños,
acudieron primero a la Procuraduría y luego estuvieron en el noticiero
de Telemetro asegurando estar preocupados por el destino de la tierra
que, dicen, les pertenecía. Según Mata, la familia del ministro de la
Presidencia, Demetrio Papadimitriu, ha pagado más de $4 millones a los
pescadores y residentes.
Mata agregó que se pagó a $7 el metro, pero que el precio de venta fue de $10, ya que “hay $3 allí que era la comisión”.
Mata
afirmó que llegó a tramitar la venta de los terrenos con Anabelle
Villamonte y luego, cuando ella asumió el puesto de directora de
Catastro, se despidió de ellos. Nos dijo que se tenía que retirar.
“En
su lugar, Marcelino [Ramos] fue el que nos pagó” los derechos
posesorios y José Fernández (que también logró titular un terreno
gratuitamente) continuó con el proceso de traspaso de las tierras.
Sin
embargo, el monto es muy inferior a lo que se cotiza en el mercado
local: entre $150 y $250 el metro cuadrado. Es decir, las 54 hectáreas
valdrían entre $81 millones y $135 millones.
Ereida Prieto-Barreiro
