Comisiones por hacer compras fraccionadas
El exdirector de la PN Gustavo Pérez, además de fraccionar las compras, pagaba una comisión por manejors de fondos al PAN
Santiago Cumbrera
scumbrera@prensa.com
La Policía Nacional, durante la gestión de Gustavo Pérez, no solo
fraccionó la compra de cientos de vehículos Ford modelo F150 para evadir
la Ley 22 de Contratación Pública. El mismo patrón de evasión fue
aplicado al momento de adquirir botas militares, varas policiales y
hasta alimentos para los centros de formación policial por varios
millones de dólares.
Las transacciones se hicieron amparadas en un convenio que firmó
Pérez con Giacomo Tamburrelli –hoy exdirector del Programa de Ayuda
Nacional (PAN)– para realizar compras “expeditas” de equipos, y así
“garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana”.
Pérez pagaba una “comisión” al PAN, equivalente al 3% del monto total de la compra cuando se adquirían equipos y alimentos.
En el caso de rehabilitación y construcción de instalaciones
policiales, la “comisión” aumentaba hasta el 5%, porque el convenio
incluía un pago adicional de 2% para sufragar los servicios de un
inspector privado. Por ejemplo, una de las obras que emprendió Pérez fue
la segunda etapa del proyecto de construcción de las instalaciones del
Centro de Enseñanza Superior Justo Arosemena, a un costo de 13.7
millones de dólares.
Si se toma como referencia lo establecido en el convenio, Pérez pagó
solo en este proyecto en comisiones unos 685 mil dólares, que se
repartieron entre el PAN –en gastos de administración– y un inspector
privado cuyo nombre se desconoce, que se habría quedado con unos 274 mil
dólares, según el acuerdo firmado por Pérez.
Este proyecto se ejecuta actualmente a través del PAN, pese a que el
propio Pérez se quejó previamente ante Tamburrelli por los trabajos de
mala calidad que hizo una compañía contratada directamente para
impermeabilizar la losa del techo de la sede de la PN, a un costo de más
de 50 mil dólares.
Pérez se quejó de filtraciones de agua y que, pese a ello, los
inspectores asignados al proyecto avalaron desembolsos significativos.
Finalmente, la propia PN terminó realizando las reparaciones, según
consta en notas que Pérez dirigió a Tamburrelli.
UNIFORMES Y BOTAS
El 22 de agosto de 2011, Pérez solicitó a Tamburrelli gestionar dos
órdenes de compra de “camisas de asalto rápido, pantalón táctico y
suéter manga larga”.
Cada orden fue por debajo de los 250 mil dólares, límite hasta el
cual Pérez estaba autorizado a firmar, por instrucciones giradas por
Mulino en una resolución emitida el 15 de febrero de 2011.
Al mes siguiente de esta solicitud –el 14 de septiembre de 2011–,
Pérez volvió a pedirle a Tamburrelli que gestionara la compra de más de 2
mil pares de botas valoradas en 242 mil dólares. Es decir, por cada par
de botas se pagarían 121 dólares, 27 dólares menos que los 148 dólares
que pretendía pagar Mulino (ver nota relacionada).
Ese mismo día, Pérez también pidió tramitar la compra de mil 528
pares de botas color negro por un monto de 239 mil dólares. Además,
ordenó gestionar una tercera orden de compra por la suma de 241 mil
dólares mil para adquirir 2 mil pares de botas de selva.
La mayoría de estas compras las coordinó y ejecutó el teniente
Jhonatan Alí, de la Dirección Nacional de Transporte y Mantenimiento, y
Gladys Rodríguez, de la Dirección de Administración y Finanzas de la PN.
PRESUPUESTO Y RECHAZO
Pérez –elogiado por el presidente, Ricardo Martinelli, como el mejor
director que ha tenido la PN– contó en su primer año como director de la
entidad con un presupuesto de $382 millones (formulado en el último año
de la administración pasada) informó en su momento su jefe y entonces
ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.
Cuatro meses después de que el presidente sacara a Pérez de la
Policía, Mulino se enteró de la existencia del convenio entre Pérez y
Tamburrelli. Al menos así consta en una carta fechada el 18 de julio de
2012, en la que el ministro de Seguridad Pública dejó sin efecto el
pacto con el PAN (ver facsímil).
Para entonces, Pérez ya había evadido la aplicación de la Ley de
Contratación Pública en la compra directa –en diciembre de 2011– de 110
vehículos Ford valorados en más de 4.4 millones de dólares, a través de
19 órdenes de compra fechadas el mismo día.
Se desconoce si el ministro Mulino presentó alguna denuncia por esta
situación o si ordenó una auditoría a las compras realizadas en la
administración de Pérez, puesto que no aceptó una entrevista con este
diario.
A juicio del excontralor Alvin Weeden estas compras son ilegales y
debieron ser denunciadas ante las autoridades por el propio Mulino que
–según opinó– es ahora “cómplice” del hecho.
“El PAN siempre ha sido una entidad que se ha prestado para los
chanchullos y lo critiqué durante el período de Mireya Moscoso”, comentó
Weeden.
COMIDA REFRIGERADA
Pero hay más. A través del convenio, la Policía también compró comida
refrigerada (productos cárnicos) para las escuelas y centros de
formación policial. Estas adquisiciones también fueron fraccionadas, ya
que cada orden de compra fue inferior a 250 mil dólares.
Cada vez que se tramitaban órdenes de compras de comida, Pérez dejaba
claro que los montos incluían el porcentaje de la administración para
el PAN.
Pérez –que también se negó a hablar del asunto con este medio–
defendió en su momento la compra de alimentos: “un aumento considerable
de cursos y promociones en las diferentes escuelas y centros de
formación policial...”, justificaba.
“Para que estos [cadetes] respondan a las exigencias físicas del
entrenamiento, requieren de un apoyo alimenticio apropiado para el
rendimiento que se espera”, subrayó Pérez en las peticiones que hizo a
Tamburrelli.
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