Compran tierras en centavos para venderlas en millones

2 mil 100 hectáreas de tierras de la comarca Ngäbe Buglé fueron vendidas a precios irrisorios en veloces procesos de prescripción adquisitiva de dominio.

Ereida Prieto-Barreiro

eprieto@prensa.com

En el distrito de Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé (al norte de la provincia de Chiriquí), las playas son de fina arena blanca y sus aguas son de color turquesa. La vegetación es exuberante y su paisaje sigue siendo aún silvestre en gran parte de las costas y ríos.

La belleza del lugar no ha pasado inadvertida. Allí habitan indígenas de las etnias ngäbe y buglé, quienes después de vivir durante décadas en este apartado y paradisiaco rincón del Caribe panameño, ahora se sienten amenazados porque algunos de ellos deberán desalojar las tierras que los vieron crecer. Otros temen terminar eventualmente con la misma suerte.

Inversionistas extranjeros han adquirido tierras que –como en el caso de las costas de Juan Hombrón– colindan con las tranquilas aguas de sus playas.

Es el caso de al menos 2 mil 100 hectáreas de costas, riberas de ríos, manglares y tierras, que han cambiado de dueño a inusual velocidad tras igualmente rápidos procesos de prescripción adquisitiva de dominio.

Los nuevos dueños ahora cuentan con parte de las tierras del quinto humedal de importancia internacional de Panamá (Damani-Guariviara), en la comarca Ngäbe Buglé (ver mapa).

En 2004, este sitio fue declarado área protegida nacional por su elevado valor biológico, ya que cuenta con una rica diversidad de flora y es sitio de anidación de tortugas, como la carey, en peligro crítico de extinción.

También es santuario para el manatí, el mono aullador y el águila harpía, el ave nacional panameña, en peligro de desaparecer por la creciente falta de hábitat.

Tras los procesos de prescripción adquisitiva, los nuevos dueños no perdieron el tiempo: vendieron la tierra a sociedades anónimas por una insignificante fracción de su valor de mercado: a un promedio de hasta 3 centavos el metro cuadrado.

A su vez, los compradores se convirtieron rápidamente en vendedores de la misma tierra, solo que ellos lograron sacarle millones de dólares a sus nuevos propietarios, que la compraron y que hoy pretenden desarrollar un proyecto turístico de más de 40 millones de dólares en costas que los indígenas reclaman como suyas.

Los procesos

A diferencia del caso de Juan Hombrón –en el que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras reconoció derechos posesorios que luego fueron vendidos a sociedades anónimas–, en Kusapín se usó la figura jurídica denominada prescripción adquisitiva de dominio.

Este recurso es invocado por personas que han ocupado de manera “pacífica e ininterrumpida” tierras privadas –es decir, tituladas– por períodos de 10, 15 o más años, y solicitan a un juzgado la propiedad a su nombre, jurando desconocer el paradero de su verdadero dueño.

En este caso, los procesos de prescripción adquisitiva fueron instaurados y promovidos por abogados a nombre de terceros: indígenas, que, según aseguran los que serían sus vecinos, no viven ni trabajan en esas tierras.

¿Quiénes son esos abogados? Se trata de una pareja, que, además de estar unida por lazos profesionales, son esposos: Evisilda Martínez y Francisco Antonio Castillo. Y con ellos, Nisla Janeth Ortega. Juntos lograron traspasar las 11 fincas a 8 sociedades anónimas, previamente inscritas por ellos en procesos igualmente acelerados.

La primera venta fue la de 4 de las 11 fincas a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.

Esta sociedad cuenta entre sus accionistas a un ciudadano de Costa Rica: Antonio Álvarez Desanti, político, excandidato presidencial de su país y aspirante a diputado por el partido oficialista Liberación Nacional, cuya figura más notoria ahora es la presidenta del vecino país, Laura Chichilla.

Álvarez Desanti es, además, jefe de campaña del favorito en las encuestas por la carrera presidencial del país tico: Johnny Araya.

Negocio redondo

Uno de los procesos de prescripción adquisitiva fue interpuesto por Feliciano Baker, que reclamó dos fincas de 180.6 y 18 hectáreas ubicadas frente al mar. Baker dijo haber ocupado ambas fincas por unos 20 años.

Su proceso fue interpuesto el 1 de marzo de 2010 y concluyó el 29 de junio de ese mismo año. Esto es relevante, pues procesos como estos son engorrosos y prolongados, al punto de que muchos renuncian a él.

Pero en este caso el fallo tardó menos de cuatro meses, y así Baker se hizo de los terrenos en un proceso contra Federico Filter, que las poseía desde 1920.

La entonces jueza adjunta del Primer Circuito de Bocas del Toro, Vilma Bryan, suscribió el fallo, aunque este caso había sido manejado previamente por el hoy exjuez Manuel García, cuyo nombre se repite una y otra vez en los otros procesos, igualmente vertiginosos.

En el expediente de Baker –que negó conocer el paradero de dueño de la tierra– se observa que uno de los testigos que aportó, aseguró que conoció al anciano dueño de la tierra siete años antes de empezar el proceso. Pero ello pasó inadvertido para el juzgado y para el abogado defensor de oficio, que pudiéndolo hacer, no preguntó dónde estaba Filter.

El 7 de julio de 2010 –una semana después del primer fallo–, Baker recibió otras 18 hectáreas, cuyo dueño original era Ralph Haines.

Ambas fincas –colindantes al norte con el Caribe– se vendieron en 60 mil y 12 mil dólares, respectivamente.

A su vez, esas y otras 485 hectáreas –estas últimas aglutinadas en dos fincas más– fueron vendidas el 30 de julio de 2010 a Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.

Las 485 hectáreas se vendieron en 2 y 3 centavos el metro cuadrado, en promedio (ver tabla).

Y aunque las cuatro fincas fueron vendidas a Desarrollo Ecoturístico Cañaveral a los pocos días de emitidos los fallos en los procesos de prescripción adquisitiva, la “negociación [para su venta] fue prolongada”, dijo su comprador Álvarez Desanti.

En efecto, fue larga la negociación, porque estas no empezaron tras los fallos de prescripción, sino mucho antes: en julio de 2009.

En otras palabras, la operación de compra-venta comenzó un año antes de que se hubiese presentado ante los tribunales un solo proceso de prescripción.

Y la negociación no fue con las personas favorecidas con los fallos, sino con abogados de la firma que instauró los procesos de prescripción adquisitiva, entre ellos Evisilda Martínez.

Un socio de Álvarez Desanti –el costarricense Alonso Arroyo– lo confirmó: “Para julio de 2009 ya habíamos empezado a hablar [de la compra de la tierra]”.

UN HOMBRE CLAVE

Tres días después de haber sido inscrita en el Registro Público la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, Álvarez Desanti asumió su presidencia –el 29 de julio de 2010– acompañado por su esposa, Nuria Marín, Cornelis Van Noordenne, así como Arroyo.

Pero esta sociedad originalmente nació con Evisilda Martínez como presidenta; con Arroyo (secretario) y con Jason Meyers Harris como tesorero. (Ni Martínez ni Harris accedieron a ser entrevistados por este diario).

Harris –ciudadano estadounidense– desarrolló un papel clave en este entramado. Su nombre aparecía en 27 sociedades, en algunas de ellas junto al de Evisilda Martínez; presentó renuncia a todas en mayo de 2011.

Pero no es todo. También aparece en sociedades y comparte oficinas en la empresa de bienes raíces Pan American Real Estate Group con Carlos Morales Murgas [un primo de Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de Tierras] y otras personas vinculadas al escándalo de Juan Hombrón (ver nota adjunta).

Harris sirvió de puente entre Álvarez Desanti y Evisilda Martínez para la operación de compra-venta de las tierras. Ello, a pesar de que Martínez para cuando las ofreció en venta no era dueña de las tierras ni tampoco lo eran los clientes de su firma, quienes, ocho meses después del inicio de la negociación, promoverían los procesos de prescripción.

DOCUMENTO REVELADOR

Fruto de las primeras negociaciones iniciadas en julio de 2009 es un contrato de promesa de compraventa, firmado por Álvarez Desanti y Evisilda Martínez.

Este medio obtuvo el contrato de manos del propio Álvarez Desanti, que borró en la copia entregada a este diario la cláusula en la que se pactó el precio de las fincas que le vendería Martínez.

Lo primero que llama la atención de este contrato es que fue suscrito por las partes antes de que comenzaran los procesos de prescripción adquisitiva de dominio.

El primero de los cuatro procesos de prescripción para obtener las fincas que se le venderían a Álvarez Desanti fue presentado en los tribunales el 1 de marzo de 2010, y el resto, dos días después.

No obstante, el contrato está firmado en Panamá el 30 de enero de 2010, y en Costa Rica, el 1 de febrero de ese año. Es decir, Evisilda Martínez dio como un hecho que podía vender fincas que no poseía aún, y sin conocer los fallos de procesos por tierras que irían a pleito.

En la cláusula primera del contrato de promesa de compraventa, ella afirma “que es ponderante del propietario único y exclusivo...” de las fincas que serían vendidas a Álvarez Desanti.

¿Cómo podía representar al “propietario único y exclusivo” cuando esas tierras irían a pleito? ¿Cómo podía saber de antemano los fallos de los procesos que, a la firma de la promesa de compraventa, ni siquiera habían sido instaurados?

Álvarez Desanti reveló a este diario que la firma Patton Moreno & Asvat fue contratada por él para hacer la diligencia debida (due diligence) de la operación.

Para cuando se firmó el contrato de promesa de compraventa, este proceso, según su texto, ya había sido “aprobado satisfactoriamente” y, de hecho, se había adelantado una suma de dinero a Evisilda Martínez.

La cláusula segunda del contrato dice que Martínez se obligaba a vender las fincas libre de litigios. Y así fue.

LA VENTA

Como se dijo, los procesos comenzaron en marzo de 2010 y para principios de julio de ese año –solo cuatro meses después– salieron los fallos, todos a favor de los demandantes, quienes de inmediato traspasaron las fincas –a cambio de la suma de 197 mil dólares– a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral que para entonces presidía Evisilda Martínez.

Martínez, a su vez, las vendió a Álvarez Desanti, por varios millones de dólares (La Prensa no fue autorizada para revelar el monto exacto de la transacción).

Martínez recibió su pago el 28 de julio de 2010, y al día siguiente el empresario tico tomó posesión de la sociedad en calidad de presidente, y con ello, de las cuatro fincas.

Un día después de recibir el dinero –el 30 de julio–, Evisilda Martínez pagó a quienes previamente le habían vendido las fincas.

CONEXIONES

Francisco Martinelli Patton, un primo del presidente, Ricardo Martinelli, fue el abogado que se encargó de refrendar el pacto social y de los estatutos, así como del cambio de dignatarios en la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.

Martinelli Patton fue hasta hace pocos meses socio en la firma Patton, Moreno & Asvat, firma que suscribió la sociedad y que permanece como su agente residente.

Consultado sobre su relación con esta sociedad, Martinelli Patton se limitó a responder que “todo fue manejado” por los abogados y socios de Patton Moreno & Asvat, “que estuvieron al tanto de este asunto dentro de la misma, entre los cuales no estuve yo involucrado [sic]”.

Pero luego se contradijo al indicar que participó como “abogado suscriptor” de la sociedad. Martinelli Patton evitó en todo momento referirse a Evisilda Martínez y a Álvarez Desanti.

Pero el político dijo a este medio que conoce a Martinelli Patton desde hace “muchos años”, al menos desde 2008, un año antes de empezar a negociar las tierras. Pese a que conocía a Martinelli Patton desde 2008, Álvarez Desanti dijo que en la compra de la tierra fue “asesorado” por otros abogados de la firma.

´Nos engañaron´

Samuel Tugrí, morador de Kusapín, está indignado. “Nos dijeron que se haría un programa para ayudar a la gente, pero en realidad querían nuestras firmas para vender [los terrenos]. Nos mintieron y ahora nos hemos dado cuenta”, se queja.

Pero Álvarez Desanti desmiente las denuncias: “Todo el proceso de consulta comunitaria está debidamente documentada por las autoridades comarcales”.

“Nosotros somos los dueños [de las fincas], le dimos la primera opción a la comarca y no compró”, afirmó el empresario tico.

Esta afirmación coloca a Álvarez Desanti como propietario de la tierra antes de que pasaran a sus manos, puesto que la primera opción de compra debió haberla hecho el beneficiario del fallo en los procesos de prescripción adquisitiva y no él. En todo caso, él sería el segundo al que le ofrecieron la tierra, pero no fue así, como se verá.

Hubo un ofrecimiento a la comarca de uno de los beneficiados de los fallos de prescripción adquisitiva –Feliciano Baker– en abril de 2010. Solo que para entonces, Baker aún no era dueño la tierra que había ofrecido a la comarca.

En nota fechada el 30 de julio de 2010, el alcalde de Kusapín, Andino Archibold, respondió a Baker que “la comarca no cuenta con fondos, o sea no tenemos dinero para comprar la finca 949”.

Baker pedía a la comarca 65 mil dólares, precio superior al que luego la vendió. Pero lo que no dijo Baker es que su finca estaba ya comprometida. Formaba parte de un contrato de compraventa firmado a principios de 2010 por Evisilda Martínez y Álvarez Desanti.

El político costarricense asegura que “el proyecto no necesita recoger firmas de los indígenas diciendo que están a favor, porque la aprobación para continuar [con su proyecto en la zona] radica en el Congreso General y es ahí donde estamos negociando”.

LA INVESTIGACIÓN

Esta operación la investiga el Ministerio Público. Y hasta ahora son tres las personas involucradas por supuestos delitos contra la administración y la fe pública.

El 16 de septiembre de 2011, la hoy directora de la Autoridad de Transparencia, Abigaíl Benzadón, denunció penalmente a Feliciano Baker, al alcalde de Kusapín, Andino Archibold, y a la jueza Vilma Bryan por los delitos mencionados, y pidió una marginal en las fincas vendidas, pero sin éxito.

El pasado 28 de diciembre, el expediente, que se hallaba en la Fiscalía Segunda de Bocas del Toro fue remitido al Juzgado Primero Penal, ya que se interpuso una solicitud de “prórroga”.

Abogada recibió millones por la venta de tierras

“Nosotros pagamos varios millones de dólares” a Evisilda Martínez para adquirir la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, que posee 685.89 hectáreas de terrenos, aseguró el candidato oficialista a diputado en Costa Rica Antonio Álvarez Desanti.

El político tomó distancia de Martínez, al indicar que ella adquirió las tierras “directamente y en negociaciones con los dueños”, en procesos en los que asegura no haber participado.

“En esa parte del proceso nosotros no tuvimos ninguna participación ni conocemos los términos de la misma”, comentó. En el Registro Público de Panamá se observa que la sociedad fue suscrita por dos abogados de Patton, Moreno & Asvat, firma contratada por Álvarez Desanti, y que por los terrenos se pagaron 197 mil dólares, a un promedio de tres centavos el metro cuadrado. Ahí aparece que Evisilda Martínez y Alonso Arroyo [socio de Álvarez Desanti] fueron los “primeros” directivos de la sociedad. Martínez, junto con su esposo, Francisco Castillo, aparecen como directores en siete sociedades más que poseen otras mil 404 hectáreas en el humedal Damani-Guariviara. Este diario intentó entrevistar a estos abogados en varias ocasiones, pero no accedieron. En una visita a su oficina, este medio fue atendido por la abogada Maribel González –quien participó en los procesos de prescripción adquisitiva– que, con evidente nerviosismo, dijo que tenía “restringido” hablar de las negociaciones en las zonas indígena.

Ereida Prieto-Barreiro

Similitudes: Juan Hombrón y Paitilla

 

Justo cuando se tramitaban los procesos de prescripción adquisitiva en Bocas Toro, otras 54.3 hectáreas frente a las playas de Juan Hombrón, en Coclé, eran entregadas a supuestos poseedores que velozmente las vendieron a 12 sociedades anónimas de la familia del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, entre 2010 y 2011. 

El proceso fue muy similar al de la comarca Ngäbe Buglé, ya que en ambos casos los poseedores solo tuvieron que presentar testimonios de personas que daban fe de su ocupación, a pesar de que la Ley 80 establece varios requisitos más para comprobar la posesión de la tierra. Otra coincidencia en ambos casos es que las mismas personas que decían ser dueñas de tierras en Kusapín, a su vez fueron testigos de paisanos que alegaban la posesión de los lotes colindantes. 

Las rápidas ventas de los terrenos en Juan Hombrón se daban alegando que sus poseedores habían ocupado las tierras por más de cinco años, con ánimo de dueño, de manera “pacífica e ininterrumpida”. En todos los casos se ignoró la existencia de abundante mangle y de restricciones municipales sobre estos terrenos. 

En Juan Hombrón, las tierras también fueron entregadas gratuitamente a supuestos pescadores que alegaban tener derechos posesorios de la tierra. La rapidez para otorgar los títulos de propiedad en Juan Hombrón se debió en gran medida al hecho de que la hoy exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, fue la abogada que comenzó los trámites de titulación, y su primo Carlos Morales Murgas los continuó.

Villamonte también fue la que entregó gratuitamente al florista César Segura un relleno de mar en Paitilla, cuyo valor fue estimado en 11 millones de dólares.

Este relleno retornó al Estado panameño y en él actualmente se construye un parque, pero, como en el caso anterior, para ninguno de los implicados hubo consecuencias penales por los irregulares procesos de adquisición y venta de los terrenos.

Ereida Prieto-Barreiro