Una familia detrás de los contratos

Jazmine Ramírez, jefa de compras de la CSS, y su familia han sido favorecidos con contratos de la Defensoría.

Luís Burón-Barahona

lburon@prensa.com

La dirección de Imaginarium Studio, S.A. es la casa de Jazmine Ramírez y Jean Paul Ortega

En menos de cinco meses, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Patria Portugal, favoreció con dos contratos directos para consultorías por $450 mil a una sola familia que está vinculada al actual gobierno.

Al contrato por $250 mil para una página web y un logotipo, otorgado a Imaginarium Studio, S.A. y cuyo presidente es Jean Paul Ortega Ramírez, se suma otro que la institución concedió el 7 de agosto de 2012, por $200 mil, a la empresa En Avant, S.A, para una consultoría de servicio al cliente.

La mencionada compañía fue creada en 2003 por Jazmine Ramírez, madre de Jean Paul Ortega, y actual jefa de compras de la Caja de Seguro Social. Pero al momento de firmar el contrato con la Defensoría, Ramírez salió de la directiva de esta empresa, y su lugar lo tomó Bethsy Sánchez.

En entrevista con este medio, Sánchez confirmó haber aceptado dicho nombramiento a solicitud de Ramírez “como un favor”, y reveló haber sido subcontratada para realizar la respectiva consultoría por la suma de $6 mil. La ejecución de esta, contó Sánchez, le tomó tres meses.

“Jazmine me llamó, y como yo estaba parada (desempleada) en ese tiempo, esperaba ese contrato para trabajar; todo el mundo quiere trabajar. Me dijeron que no tenían representante legal, y le dije que yo lo hacía”, reveló Sánchez, quien añadió que conoce a Jazmine desde hace años cuando coincidieron en un trabajo.

NEGOCIO EN FAMILIA

Además de los lazos entre Ortega y Ramírez, madre e hijo, en las juntas directivas de las dos empresas aparece la familia Ramírez en pleno.

Imaginarium Studio, S.A., fundada por Ortega en noviembre de 2011 [cuatro meses antes de que se le otorgara el contrato por $250 mil] tenía en su junta directiva a Antonio Samudio Jurado, que hace menos de un mes se desvinculó de la sociedad, y a Aurentino Ramírez Herrera.

Este último es el abuelo de Ortega, que junto con su esposa, Zoila González de Ramírez, y su hija Jazmine fundaron En Avant, S.A. en 2003.

En julio de 2012, la junta directiva de En Avant, S.A. cambió, y el lugar de Zoila González lo tomó Jenny Ramírez, hermana de Jazmine, que también salió de la directiva para darle paso a Bethsy Sánchez.

En mayo de 2013, la directiva de esta empresa volvió a cambiar. Jenny Ramírez tomó el lugar de Sánchez, y Zoila González de Ramírez volvió a figurar en la sociedad.

“Yo pedí que me sacaran como representante legal apenas terminé el trabajo”, añadió Sánchez.

El domicilio de En Avant, S.A., de acuerdo con el contrato, está en el edificio Rafael, en Perejil, local 303.

En una visita de este diario a dicho inmueble, en el que hay un restaurante de comida china, una clínica, oficinas y residencias, se constató que en ese edificio hay una oficina de los abogados Leroy Husband King, Esteban García y Débora Knox. Ninguno de los cuales aparece en la inscripción ni en ningún otro documento legal de esta empresa. Este medio dejó una nota en esa oficina, pero no hubo respuesta por parte de los juristas.

Caso parecido se dio el 21 de mayo pasado, cuando este medio se desplazó hasta La Boca, Balboa, Williamsom Place, 0754, domicilio de Imaginarium Studio, S.A. Vecinos constataron que era la residencia de Jazmine Ramírez y Jean Paul Ortega, y además afirmaron que nunca han visto que desde allí se opere un negocio.

SOBRECOSTOS

Además de las coincidencias en las juntas directivas de sus empresas, los dos contratos tienen otro aspecto en común. Se pactaron por un monto mucho más elevado que el precio de mercado de los servicios prestados. En el caso de Imaginarium Studio, S.A., expertos en publicidad certificaron que, como precio máximo, el servicio otorgado por Ortega no debía rebasar los $35 mil. Por este tema, Portugal está actualmente bajo investigación por parte de la Contraloría General y la Procuraduría de la Nación.

En el caso de En Avant, S.A., conocedores del tema de servicio al cliente explicaron que un servicio similar al estipulado en el contrato tiene un precio máximo de $25 mil.

De acuerdo con los detalles del acuerdo publicado en Panamá Compra, el servicio por el que pagó la Defensoría del Pueblo incluye ocho puntos. Entre los más importantes están, hacer un análisis del proceso de servicio al usuario, el diseño de una capacitación para el personal, el desarrollo de un programa para 75 personas de 40 horas seminario-taller, y crear indicadores para clasificar las solicitudes presentadas a la institución.

NEXOS CON EL GOBIERNO

Además de los negocios con la Defensoría del Pueblo, los Ramírez también tienen vínculos con el aparato estatal y el gobierno. Jazmine Ramírez, como directora nacional de compras y abastos de la Caja de Seguro Social, devenga un salario de $4 mil 500.

Antes de llegar a la CSS fue asesora legal en la Policía Nacional (PN) durante la gestión de Gustavo Pérez, con quien también trabajó en Panamá Ports antes de entrar al gobierno.

Durante su labor en la PN, Jazmine Ramírez, de 39 años, trabajó con Leila Hassan, que fungía como jefa del departamento de proveeduría y compras de la institución. Hoy día, Hassan es la jefa de compras en la Defensoría del Pueblo.

Jenny Ramírez, hermana de Jazmine y actual presidenta de En Avant, S.A., también trabaja para el Estado, ya que es profesora permanente en la escuela El Real de Santa María, en Darién, según la planilla del Ministerio de Educación.

Por su parte, Jean Paul Ortega es militante del oficialista Cambio Democrático, y ha participado en seminarios junto con Alma Cortés, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

´APEGO A LA LEY´

Este diario le envió un cuestionario a la defensora Patria Portugal, en el que se le solicitó mencionar los criterios utilizados para la contratación de Imaginarium Studio, S.A. y En Avant, S.A. por trabajos que suman $450 mil. Además se le preguntó si sabía de la relación de ambas empresas con la familia Ramírez.

Esta fue su repuesta: “todas las contrataciones de servicios y bienes realizadas por esta institución se han efectuado en estricto apego a lo que establece la Ley 22 de 2006, que rige para estos menesteres. En ningún momento nos hemos apartado de lo que las normas legales vigentes nos señalan”.

Este medio también contactó a Jazmine Ramírez. Sin embargo, la mujer que contestó el celular dijo no ser ella, y colgó la llamada.

LOS GASTOS DE PORTUGAL

En los últimos meses, la defensora del Pueblo ha sido cuestionada por varios sectores de la sociedad civil.

Luego de que se revelara el contrato con Imaginarium Studio, S.A. por $250 mil, 30 agrupaciones de defensores de los derechos humanos solicitaron, mediante comunicado, una explicación a Portugal de los parámetros utilizados para la contratación. A su vez, Abigaíl Benzadón, administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, hizo un informe en el que objetó la contratación de la empresa de Ortega y afirmó que en la Defensoría había poca documentación al respecto. La institución se defendió de estas acusaciones con un comunicado en el que señaló que todo este proceso se dio de forma “transparente”.

Sin embargo, ante dichos informes y varias demandas civiles presentadas sobre el caso, la Contraloría, y la Procuraduría de la Nación investigan este trabajo.

Dirigentes de la sociedad civil también cuestionaron el hecho de que, desde que asumió el cargo, en marzo de 2011, Portugal ha incurrido en distintos gastos, como la compra de un sofá por $3 mil, sombreros por $200 y mudó la sede de la institución, lo que representó un incremento en el arrendamiento anual de $300 mil a $634 mil.

Ante estos señalamientos, Portugal permaneció en silencio hasta el 9 de junio pasado, cuando en una actividad contra el trabajo infantil se le preguntó si renunciaría por estos escándalos, y dijo: “¿Renunciar? Yo no tengo por qué renunciar. Yo no he hecho nada incorrecto”.

                   

El domicilio de En Avant, S.A., en el edificio Rafael, en Perejil, en una oficina de abogados. Actualmente,  la Defensoría del Pueblo está siendo investigada por la Contraloría General y la Procuraduría de la Nación por un contrato de $250 mil con Imaginarium Studio, S.A