La permuta millonaria por una nueva cárcel femenina
Nicanor Alvarado Dixon
Gobierno dice que por ahí saldría
alguien ‘interesado’ en cambiarles la joya de la vía Tocumen por un
penal de $18 mdd en La Joya de Pacora. Suspicacias por un trueque que no
parece equitativo
PANAMÁ. Es extraño: el gobierno ha decidido que dará en concesión la
edificación de una cárcel de mujeres, pero que no pagará en dinero. La
constructora agraciada recibirá nada menos que los terrenos en los que
se asienta el actual penal de féminas en la vía Tocumen, una de las
zonas de mayor crecimiento de la ciudad de Panamá.
Aunque los detalles minúsculos de la transacción han sido poco revelados, la forma en la que se concretará el nuevo ‘imperdonable’ del gobierno de Ricardo Martinelli ha levantado las sospechas civiles, asediadas por escándalos de corrupción en construcciones públicas.
¿Será equitativo el intercambio o estará el Estado pagando de más por la obra? ¿Será el Estado ‘el socio bobo’ del acuerdo? ¿Quién será el beneficiado?
LA NUEVA JOYA DE $18 MDD
Si bien el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, develó el lunes pasado que la obra costaría unos 18 millones de dólares, la administración no ha confirmado si los terrenos de la cárcel de mujeres tienen un valor similar.
Fábrega dijo entonces que debían esperar los avalúos de las tierras del penal para determinar el costo de la construcción del nuevo, en La Joya de Pacora. Un día después el Ejecutivo formalizó los primeros pasos para el nuevo contrato.
El titular de Gobierno reparó en lo obstaculizador que es para el sistema penitenciario y el desarrollo de la ciudad tener una cárcel ahí, y justificó entonces la necesidad de moverlo hacia el este. ‘La cárcel tiene más de 50 años, quedó en medio de la ciudad, atrapada por el desarrollo y el crecimiento, y no hay posibilidad de expansión ahí’.
Martinelli auguró lo propio un mes antes. ‘Esa área no es la más apropiada para tener una cárcel de mujeres’, explicaba, flanqueado por sus fieles.
‘Puede ser que haya alguien que esté interesado en comprar ese terreno y construirnos una cárcel’, vaticinó.
EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
Los terrenos en la vía Tocumen colindan con los del Instituto de Salud Mental (Insam), cuyos funcionarios protestaron hasta ayer, por una semana, en contra del anuncio del Ministerio de Salud de que los diseminaría en distintos centros médicos y se vendería el lote.
Conocedores del caso dicen que juntos, la cárcel de mujeres y el Insam conformarían un globo de al menos 22 hectáreas (véase gráfica adjunta).
Los funcionarios del instituto médico ponderaron entonces que los terrenos donde se apostaba el centro médico costarían hasta 60 millones de dólares.
El penal y el Insam forman un área que bordea el ex tremo noreste del corregimiento de Río Abajo, y que conectan a la vía Tocumen —en plena ampliación y futura proyección de la ruta de la Línea 2 del Metro— con la vía España.
En esa zona, de fácil acceso a los corredores Norte y Sur, el metro cuadrado cuesta entre 450 y 750 dólares. Está cercado por una fábrica y embotelladora de la Coca-Cola, por terrenos propiedad de la familia Duque, y de los proyectos inmobiliarios Villa Gabriela y Cuatro Islas.
‘NOS VAMOS A QUEDAR SIN NADA’
Alvin Weeden, uno de los excontralores de la postdictadura, ha visto el asunto como el nuevo escándalo de tierras del gobierno de Martinelli. Insiste en que detrás hay el interés de empresarios cercanos a Palacio de adueñarse de terrenos públicos, en los que se deberían erigir parques y áreas comunes.
‘Nos vamos a quedar con nada, si se salen con la suya con esta, el próximo es el Hipódromo’, dijo Weeden esta semana, al comparar la transacción con los casos Juan Hombrón y Paitilla.
La vicepresidenta del opositor Partido Popular, Teresita de Arias, dice conocer a fondo el área y las realidades del centro femenino. Con un tono más sosegado que el de Weeden, plantea que el gobierno deberá dar explicaciones sobre cuánto cuestan los terrenos —aunque salva que ‘una fortuna’— para luego lavarse de las suspicacias.
De Arias sostiene que lo más sano es que la administración Martinelli contrate una compañía ‘independiente’ para que certifique cuánto cuesta el lote del penal y si vale la pena la fórmula que se ha planteado.
‘El problema es que el gobierno tiene tal nivel de desconfianza que la gente lo primero que piensa es que hay un negociado detrás para ayudar a un cercano’, explica, mientras el penal de mujeres parece prepararse para emprender su camino de 40 kilómetros y millones de dólares.
Aunque los detalles minúsculos de la transacción han sido poco revelados, la forma en la que se concretará el nuevo ‘imperdonable’ del gobierno de Ricardo Martinelli ha levantado las sospechas civiles, asediadas por escándalos de corrupción en construcciones públicas.
¿Será equitativo el intercambio o estará el Estado pagando de más por la obra? ¿Será el Estado ‘el socio bobo’ del acuerdo? ¿Quién será el beneficiado?
LA NUEVA JOYA DE $18 MDD
Si bien el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, develó el lunes pasado que la obra costaría unos 18 millones de dólares, la administración no ha confirmado si los terrenos de la cárcel de mujeres tienen un valor similar.
Fábrega dijo entonces que debían esperar los avalúos de las tierras del penal para determinar el costo de la construcción del nuevo, en La Joya de Pacora. Un día después el Ejecutivo formalizó los primeros pasos para el nuevo contrato.
El titular de Gobierno reparó en lo obstaculizador que es para el sistema penitenciario y el desarrollo de la ciudad tener una cárcel ahí, y justificó entonces la necesidad de moverlo hacia el este. ‘La cárcel tiene más de 50 años, quedó en medio de la ciudad, atrapada por el desarrollo y el crecimiento, y no hay posibilidad de expansión ahí’.
Martinelli auguró lo propio un mes antes. ‘Esa área no es la más apropiada para tener una cárcel de mujeres’, explicaba, flanqueado por sus fieles.
‘Puede ser que haya alguien que esté interesado en comprar ese terreno y construirnos una cárcel’, vaticinó.
EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
Los terrenos en la vía Tocumen colindan con los del Instituto de Salud Mental (Insam), cuyos funcionarios protestaron hasta ayer, por una semana, en contra del anuncio del Ministerio de Salud de que los diseminaría en distintos centros médicos y se vendería el lote.
Conocedores del caso dicen que juntos, la cárcel de mujeres y el Insam conformarían un globo de al menos 22 hectáreas (véase gráfica adjunta).
Los funcionarios del instituto médico ponderaron entonces que los terrenos donde se apostaba el centro médico costarían hasta 60 millones de dólares.
El penal y el Insam forman un área que bordea el ex tremo noreste del corregimiento de Río Abajo, y que conectan a la vía Tocumen —en plena ampliación y futura proyección de la ruta de la Línea 2 del Metro— con la vía España.
En esa zona, de fácil acceso a los corredores Norte y Sur, el metro cuadrado cuesta entre 450 y 750 dólares. Está cercado por una fábrica y embotelladora de la Coca-Cola, por terrenos propiedad de la familia Duque, y de los proyectos inmobiliarios Villa Gabriela y Cuatro Islas.
‘NOS VAMOS A QUEDAR SIN NADA’
Alvin Weeden, uno de los excontralores de la postdictadura, ha visto el asunto como el nuevo escándalo de tierras del gobierno de Martinelli. Insiste en que detrás hay el interés de empresarios cercanos a Palacio de adueñarse de terrenos públicos, en los que se deberían erigir parques y áreas comunes.
‘Nos vamos a quedar con nada, si se salen con la suya con esta, el próximo es el Hipódromo’, dijo Weeden esta semana, al comparar la transacción con los casos Juan Hombrón y Paitilla.
La vicepresidenta del opositor Partido Popular, Teresita de Arias, dice conocer a fondo el área y las realidades del centro femenino. Con un tono más sosegado que el de Weeden, plantea que el gobierno deberá dar explicaciones sobre cuánto cuestan los terrenos —aunque salva que ‘una fortuna’— para luego lavarse de las suspicacias.
De Arias sostiene que lo más sano es que la administración Martinelli contrate una compañía ‘independiente’ para que certifique cuánto cuesta el lote del penal y si vale la pena la fórmula que se ha planteado.
‘El problema es que el gobierno tiene tal nivel de desconfianza que la gente lo primero que piensa es que hay un negociado detrás para ayudar a un cercano’, explica, mientras el penal de mujeres parece prepararse para emprender su camino de 40 kilómetros y millones de dólares.
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