Escuchas telefónicas, una misión sin dios ni ley
Zelideth Cortez
Hacer justicia y encontrar a los
responsables de estos actos se ha convertido en un laberinto sin salida.
Peor aún, dos de los afectados no han presentado denuncia formal ante
el Ministerio Público
 |
| La semana pasada, el PRD preguntó al Ministerio Público si habían pedido permiso a la Corte para pinchar llamadas telefónicas. |
PANAMÁ. ¿Sobre quién recae la competencia para regular los
‘pinchazos’?, ¿quiénes están detrás de estos?, ¿cómo trascienden? y
¿quién es el responsable de que se divulguen? son algunas interrogantes
que se esparcen como pólvora en el escenario político con la aparición
de grabaciones anónimas en las redes sociales.
Aunque parezca difícil de creer, hay muchas respuestas, pero no hay coincidencias.
Desde las entrañas del PRD hay quienes no dudan en que por la forma como están haciéndose públicas las grabaciones éstas podrían estar saliendo del Consejo de Seguridad, un organismo que desde su creación ha estado adscrito directamente a la Presidencia de la República.
DARDOS CONTRA EL CONSEJO
Esta dependencia gubernamental es regulada por el Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010. Su función es clara: ‘es el máximo organismo de consulta para establecer y articular la política de seguridad y defensa del Estado’. Además, el numeral 8 del artículo 32 ordena a los funcionarios que laboren para esta dependencia ‘guardar estricta reserva sobre la información que conozcan por razón del desempeño de sus funciones’.
A pesar de las críticas y las dudas, el Gobierno lo niega, aunque para nadie es un secreto que esta instancia gubernamental tiene la capacidad técnica de intervenir llamadas telefónicas.
Quizás por ello, abogados como el exprocurador Rogelio Cruz bautizó el Consejo de Seguridad como ‘un organismo oscuro’ del que pocas personas saben lo que hace.
Y así se ha ido pasando la bola. Desde el oficialismo aseguran que los ‘pinchazos’ son ‘fuego amigo’ y no serían responsabilidad del Consejo de Seguridad.
Convencida, la abogada y también exprocuradora Ana Matilde Gómez destaca que después de su salida del Ministerio Público todo cambió y el debate se centró en quién es la autoridad judicial, porque antes quienes autorizaban esas intervenciones eran los procuradores, pero ‘a partir de mi caso solamente la Sala Penal de la Corte Suprema es la que lo puede hacer’.
LOS CAMBIOS A LA LEY
Sin embargo, esta tesis no es compartida ni por la actual procuradora de la Nación, Ana Belfon, ni por el fiscal Ramsés Barrera.
Belfon y Barrera hacen referencia a que en el año 2004 se hizo una reforma constitucional que entró en vigencia antes del gobierno de Martín Torrijos. La máxima autoridad del Ministerio Público cita el artículo 29 de la Constitución: ‘. . . Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de au toridad judicial. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de los resultados como pruebas sin perjuicios de las responsabilidades penales en que incurran los autores’.
En el caso de utilizar una grabación de alguien, un magistrado de garantías debe autorizar el uso de esa información, y solo se extraerá la información que necesiten las autoridades para el desarrollo de esa investigación. Luego, se hace una inspección en que la persona o personas involucradas en la grabación estén presentes.
LA SALA IV Y SU MISIÓN
Lo mismo pasa cuando hay que grabar a alguien. Se le debe pedir autorización a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
Esta Sala está conformada por los presidentes de las Salas Civil, Penal y Contencioso Administrativo y el secretario General, y la preside el presidente de la Corte. Sus atribuciones están consignadas en el artículo 100 del Código Judicial.
Ellos son los encargados de autorizar las investigaciones correspondientes. Según establece la ley, tienen un término de dos meses, tiempo que podría extenderse dependiendo del curso que tome la investigación.
Pero otra de las aristas va enfocada sobre a quién se le debe poner en conocimiento de los resultados de los ‘pinchazos’.
El fiscal Barrera explica que la autoridad competente es a quien se le debe dar la información, porque ‘están obligados a guardar la reserva de esa información’, hasta que se concreten los elementos de investigación.
Ante este enredo legal y las diferentes opiniones legales, todo vuelve a preguntas que no tienen respuesta: ¿quiénes son los responsables de que las grabaciones trasciendan? La respuesta continúa siendo un misterio.
INACCIÓN DE INVOLUCRADOS
Las escuchas han sido divulgadas en internet, pero no se conoce de proceso judicial ni de denuncia formal. Todo queda en palabras. Excepto la supuesta intervención telefónica que le hicieron al presidenciable Juan Carlos Navarro y a su copartidario Javier Martínez Acha.
La supuesta evidencia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado miércoles. La procuradora Belfon adelantó que este expediente será remitido a Nayra Fernández, fiscal de Seguridad Informática, quien investigará.
El caso de la grabación de Roberto ‘Bobby’ Velásquez —cuyo paradero se desconoce— todavía no se ha presentado al Ministerio Público. Tampoco lo ha hecho el diputado Raúl Pineda, lo cual despierta más inquietudes.
TESIS DE UN PERREDISTA
Dirigentes políticos como Mitchell Doens no creen en lo del ‘fuego amigo’. Él está del lado de los perredistas que piensan que el gobierno preparó el escenario.
El exdirigente del CEN del PRD hizo alusión al documento aprobado por el Gabinete apenas un mes después de que el gobierno comenzó su mandato.
El documento fue preparado por el entonces ministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu y el Departamento Legal de ese ministerio (jefaturado por la actual procuradora Ana Belfon), junto a la asesoría del entonces secretario de Seguridad, José Abel Almengor.
A paso veloz, en septiembre de ese mismo año —después de hacerse algunos cambios al documento —el pleno legislativo aprobó el proyecto que ordenaba a las empresas de telecomunicaciones, incluidas las que venden tarjetas telefónicas de prepago e internet, guardar la información por seis meses, tiempo que se extendería seis meses más, a solicitud de la autoridad judicial.
‘Queremos brindar mayor seguridad porque la telefonía prepago se utiliza para delinquir’, esta fue la sustentación teórica y práctica que argumentaba el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. A su planteamiento añadió otro más contundente: ‘no habría persecución política ni personal’.
A las voces de defensa se unió el mandatario Ricardo Martinelli, quien aseguró que él sería ‘la última persona en apoyar una ley para pinchar teléfonos’.
La iniciativa revolvió la oposición, que recordó lo que en campaña política Martinelli denunció: ser ‘víctima de pinchazos’ por parte del gobierno de Martín Torrijos, específicamente de Eric Espinoza, entonces director del Consejo de Seguridad a quien el entonces candidato presidencial bautizó como ‘Míster complot’.
Aunque parezca difícil de creer, hay muchas respuestas, pero no hay coincidencias.
Desde las entrañas del PRD hay quienes no dudan en que por la forma como están haciéndose públicas las grabaciones éstas podrían estar saliendo del Consejo de Seguridad, un organismo que desde su creación ha estado adscrito directamente a la Presidencia de la República.
DARDOS CONTRA EL CONSEJO
Esta dependencia gubernamental es regulada por el Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010. Su función es clara: ‘es el máximo organismo de consulta para establecer y articular la política de seguridad y defensa del Estado’. Además, el numeral 8 del artículo 32 ordena a los funcionarios que laboren para esta dependencia ‘guardar estricta reserva sobre la información que conozcan por razón del desempeño de sus funciones’.
A pesar de las críticas y las dudas, el Gobierno lo niega, aunque para nadie es un secreto que esta instancia gubernamental tiene la capacidad técnica de intervenir llamadas telefónicas.
Quizás por ello, abogados como el exprocurador Rogelio Cruz bautizó el Consejo de Seguridad como ‘un organismo oscuro’ del que pocas personas saben lo que hace.
Y así se ha ido pasando la bola. Desde el oficialismo aseguran que los ‘pinchazos’ son ‘fuego amigo’ y no serían responsabilidad del Consejo de Seguridad.
Convencida, la abogada y también exprocuradora Ana Matilde Gómez destaca que después de su salida del Ministerio Público todo cambió y el debate se centró en quién es la autoridad judicial, porque antes quienes autorizaban esas intervenciones eran los procuradores, pero ‘a partir de mi caso solamente la Sala Penal de la Corte Suprema es la que lo puede hacer’.
LOS CAMBIOS A LA LEY
Sin embargo, esta tesis no es compartida ni por la actual procuradora de la Nación, Ana Belfon, ni por el fiscal Ramsés Barrera.
Belfon y Barrera hacen referencia a que en el año 2004 se hizo una reforma constitucional que entró en vigencia antes del gobierno de Martín Torrijos. La máxima autoridad del Ministerio Público cita el artículo 29 de la Constitución: ‘. . . Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de au toridad judicial. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de los resultados como pruebas sin perjuicios de las responsabilidades penales en que incurran los autores’.
En el caso de utilizar una grabación de alguien, un magistrado de garantías debe autorizar el uso de esa información, y solo se extraerá la información que necesiten las autoridades para el desarrollo de esa investigación. Luego, se hace una inspección en que la persona o personas involucradas en la grabación estén presentes.
LA SALA IV Y SU MISIÓN
Lo mismo pasa cuando hay que grabar a alguien. Se le debe pedir autorización a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
Esta Sala está conformada por los presidentes de las Salas Civil, Penal y Contencioso Administrativo y el secretario General, y la preside el presidente de la Corte. Sus atribuciones están consignadas en el artículo 100 del Código Judicial.
Ellos son los encargados de autorizar las investigaciones correspondientes. Según establece la ley, tienen un término de dos meses, tiempo que podría extenderse dependiendo del curso que tome la investigación.
Pero otra de las aristas va enfocada sobre a quién se le debe poner en conocimiento de los resultados de los ‘pinchazos’.
El fiscal Barrera explica que la autoridad competente es a quien se le debe dar la información, porque ‘están obligados a guardar la reserva de esa información’, hasta que se concreten los elementos de investigación.
Ante este enredo legal y las diferentes opiniones legales, todo vuelve a preguntas que no tienen respuesta: ¿quiénes son los responsables de que las grabaciones trasciendan? La respuesta continúa siendo un misterio.
INACCIÓN DE INVOLUCRADOS
Las escuchas han sido divulgadas en internet, pero no se conoce de proceso judicial ni de denuncia formal. Todo queda en palabras. Excepto la supuesta intervención telefónica que le hicieron al presidenciable Juan Carlos Navarro y a su copartidario Javier Martínez Acha.
La supuesta evidencia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado miércoles. La procuradora Belfon adelantó que este expediente será remitido a Nayra Fernández, fiscal de Seguridad Informática, quien investigará.
El caso de la grabación de Roberto ‘Bobby’ Velásquez —cuyo paradero se desconoce— todavía no se ha presentado al Ministerio Público. Tampoco lo ha hecho el diputado Raúl Pineda, lo cual despierta más inquietudes.
TESIS DE UN PERREDISTA
Dirigentes políticos como Mitchell Doens no creen en lo del ‘fuego amigo’. Él está del lado de los perredistas que piensan que el gobierno preparó el escenario.
El exdirigente del CEN del PRD hizo alusión al documento aprobado por el Gabinete apenas un mes después de que el gobierno comenzó su mandato.
El documento fue preparado por el entonces ministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu y el Departamento Legal de ese ministerio (jefaturado por la actual procuradora Ana Belfon), junto a la asesoría del entonces secretario de Seguridad, José Abel Almengor.
A paso veloz, en septiembre de ese mismo año —después de hacerse algunos cambios al documento —el pleno legislativo aprobó el proyecto que ordenaba a las empresas de telecomunicaciones, incluidas las que venden tarjetas telefónicas de prepago e internet, guardar la información por seis meses, tiempo que se extendería seis meses más, a solicitud de la autoridad judicial.
‘Queremos brindar mayor seguridad porque la telefonía prepago se utiliza para delinquir’, esta fue la sustentación teórica y práctica que argumentaba el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. A su planteamiento añadió otro más contundente: ‘no habría persecución política ni personal’.
A las voces de defensa se unió el mandatario Ricardo Martinelli, quien aseguró que él sería ‘la última persona en apoyar una ley para pinchar teléfonos’.
La iniciativa revolvió la oposición, que recordó lo que en campaña política Martinelli denunció: ser ‘víctima de pinchazos’ por parte del gobierno de Martín Torrijos, específicamente de Eric Espinoza, entonces director del Consejo de Seguridad a quien el entonces candidato presidencial bautizó como ‘Míster complot’.
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