Siete empresas y muchas preguntas
La presentación de propuestas está fijada para el 28 junio, según el calendario publicado en el pliego de condiciones PanamaCompra
Wilfredo Jordán S.
Yolanda Sandoval
economia@prensa.com 
El 28 de marzo empezó un proceso de contratación estatal que en poco
tiempo ha dejado una extensa lista de interrogantes entre las empresas
que han mostrado interés en quedarse con una concesión por 10 años.
En juego está el negocio de operar y darle mantenimiento a los
escáneres que la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) utiliza para
monitorear la mercancía que entra al país.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli Âa través de una
licitación por mejor valor ha propuesto concesionar el servicio que
sería financiado con un nuevo impuesto de importación sobre el valor de
la mercancía que ingrese al país.
La idea desató críticas entre las empresas que resultarían afectadas.
Además del impuesto tasado sobre el valor de los artículos que
importen, se tendrían que pagar cinco dólares por cada contenedor que
entre a la Zona Libre de Colón.
En contravía, la idea del negocio sonó atractiva para siete compañías que se disputarían la concesión.
Los representantes de Sentinel HS Group, Technology Services Group,
General Dynamics Information, Unisys Corporation, Mac Millan
Comunicaciones, Gotecma Panamá y SGS Panama Control Services asistieron a
la reunión de homologación el pasado 10 de mayo.
Pero en este encuentro, que básicamente sirve para plantear dudas y
sugerir recomendaciones al pliego de condiciones, quedó en evidencia que
la licitación estaba llena de vacíos.
Se activaron las firmas de abogados y asesores legales de las
compañías interesadas para pedir prórrogas y solicitar cambios a las
reglas de la licitación pactadas por la ANA.
Algunas modificaciones se acogieron, pero buena parte de las dudas originales siguen vigentes.
Se recibieron más de 15 solicitudes de aclaraciones y se aprobaron dos adendas al pliego de condiciones de la licitación.
Listado de dudas
Los empresarios consideran que el alcance del servicio a ser prestado no está totalmente definido.
El mecanismo de evaluación para hacerse del contrato es uno de los puntos que ha generado incertidumbre.
La ANA evaluará cuatro componentes a los cuales le ha otorgado un puntaje, según los entendidos, algo poco usual.
A la solvencia económica del proponente se le considerará con 20
puntos; a la experiencia, 40 puntos; a la calidad técnica del proponente
y de la propuesta, 10 puntos; y al precio, 30 puntos.
“10 puntos para calificar la calidad técnica es muy bajo”, comentó
uno de los proponentes en carta enviada a la Autoridad de Aduanas.
“¿Cuál es la responsabilidad del adjudicatario con respecto a la
sustitución de ANA en la manipulación de los bienes y mercancías
decomisados?”, preguntó uno de los interesados durante la reunión de
homologación.
Además, advierten que se dejan fuera importantes aspectos referentes a
la calidad del servicio a ser prestado: póliza de seguridad y manejo de
riesgos operacionales; procedimientos de manejo y monitoreo de personal
y capacitación (incluyendo personal de ANA cuando aplique).
Suspicacias en el proceso
Varios de los representantes de las empresas que asistieron al evento
indicaron que la gran mayoría mostró inquietudes respecto a las reglas
pautadas por la ANA, excepto los delegados de Technology Services Group.
Este diario intentó conocer la supuesta diferencia entre la postura
de Technology Services Group y el resto de los interesados, pero no hubo
forma de contactar a la empresa.
La compañía se creó en Panamá en 2005 y en ese momento el presidente
de la junta directiva era Rogelio Oruña; empresario
cubano-estadounidense que se describe como la persona encargada de IBT
Group en Panamá, compañía que ha obtenido contratos con el Estado por
$424.5 millones.
Se intentó contactar a Oruña para conocer de su participación en
Technology Services Group y si se mantenía como socio activo en la
empresa, pero al cierre de esta edición no contestó su teléfono móvil.
En IBT Group sí manifestaron que Technology Services Group ha hecho
parte de su lista de proveedores, pero que no tenían forma de
contactarles.
La firma de abogados Mihalitsianos Fábrega & Asociados, que bajo
el nombre Valeiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E)
representó a la empresa Technology Services Group, tampoco tiene idea de
dónde localizar a sus antiguos clientes.
Indicaron que ya no representan a esta empresa y no saben cómo localizarles.
Bajo el mando de Miguel Mihalitsianos, Jesús Valeiro y Roberto de la
Espriella, VM&E también actuó como agente residente en Panamá de
varias de las empresas de IBT Group.
Este grupo de jóvenes abogados forma parte del cercano círculo de
amigos de Ricardo y Luis Enrique Martinelli , hijos del mandatario
Ricardo Martinelli.
Algunos abogados y empresarios han advertido, tras pedir la reserva
de sus nombres, que la estructura de la licitación para operar los
escáneres despierta suspicacias.
Indican que con tantas lagunas podrían terminar participando en la
licitación muy pocas empresas, lo que limita la competencia y la
posibilidad de recibir diversidad y buenas ofertas.
No descartan que la licitación se declare desierta y posteriormente se pacte la concesión por la vía directa.
SISTEMA DE MONITOREO
$24
Millones se invirtieron en la compra de nueve escáneres para Aduanas.
$300
Millones que facturaría la empresa en un periodo de 10 años.
Escáneres archivados en Howard
La historia de los escáneres instalados en los puestos aduaneros
comenzó el 3 de diciembre de 2007, cuando la antigua Dirección General
de Aduanas adjudicó de manera directa a la empresa china Nuctech Company
Limited la compra de nueve equipos a un costo de 24 millones de
dólares.
De los nueve aparatos solo se logró instalar el de Guabalá, Chiriquí,
que nunca entró en operación pese a que fue inaugurado por el pasado
gobierno de Martín Torrijos. El resto de los aparatos se envió a un
depósito en Howard, donde fueron rescatados por la exadministradora de
Aduanas, Gloria Moreno de López, quien ordenó instalarlos bajo la
administración Martinelli. Entre 2007 y 2010, las autoridades aduaneras
controlaron el paso de mercancía por Panamá por medio de la revisión
intrusiva o método de revisión visual del personal de la institución
hasta que se lograron instalar y operar los escáneres.
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