VENTA DE TIERRAS, MÓVIL DEL ASESINATO DEL EXGOBERNADOR
‘Mulino, Moltó y Ayú Prado no hicieron nada’
Ricardo Fernández
Un abogado independiente informó al
ministro de Seguridad, al director de la Policía y al entonces
procurador José Ayú Prado, pero no actuaron
PENONOMÉ. Autoridades de seguridad
nacional habían sido puestas en alerta de la supuesta venta ilegal de
tierras y otras irregularidades que se cometían y que luego pudieron
haberse convertido en el móvil del asesinato del exgobernador de Coclé,
Darío Fernández.
El abogado Rodolfo Aguilera Franceschi declaró ayer como testigo en el juicio que se sigue a seis imputados por el asesinato cometido el 6 de noviembre del 2011.
Aguilera Franceschi aseguró que en varias ocasiones él había informado al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; a representantes del Ministerio Público, así como al jefe de la Policía Nacional, Julio Moltó, de lo que estaba sucediendo con el despojo de tierras y las personas presuntamente involucradas, para que se hiciera algo.
‘Yo estaba escandalizado con lo que había encontrado’, afirmó el testigo.
También destacó que había sostenido conversaciones con el entonces procurador José Ayú Prado —y que actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— quien le informó que el caso tramitaría la fiscal Cathia Meléndez.
TEMOR A REPRESALIAS
Tras su testimonio, Aguilera reveló que siente temor por su vida y que pueda correr la misma suerte que Darío Fernández.
‘He venido aquí a arriesgar mi vida hoy, por la indignación de ver tanta impunidad’, afianzó Aguilera.
‘El daño que se le hace al país es de cientos de millones que se han perdido en inversiones’, agregó al recordar que su clienta que se encuentra en Estados Unidos se fue de Panamá amenazada de muerte como si se viviera en un país en el que no existiera respeto por la ley.
‘Cuando mataron al exgobernador Fernández, ellos me llamaron y me dijeron que los nombres que nos distes, son los mismos de las personas que estaban en la investigación’, relató el testigo.
Reiteró que en múltiples ocasiones habló con el abogado Marco Tulio Hernández, que mantenía lazos legales con la Sociedad Sonadora Highs para detener los traspasos, pero no obtuvo una reacción adecuada del jurista, sino que la venta a un tercero se iba a hacer de todos modos, a la Sociedad Tecni Trac, y el ingreso al Registro Público de esta propiedad en base al principio de la fe registral.
Aguilera, quien fue director de la Policía Técnica Judicial y también viceministro de Gobierno y Justicia, fue presentado en la mañana de ayer como testigo por el fiscal Roberto Moreno ante el Tribunal de Juicio Oral que ventila la trama.
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
El abogado expresó con innumerables detalles una investigación que realizó por sus propios medios durante nueve meses antes de la muerte del comunicador social, producto de una estafa de tierras a una cliente norteamericana y varios socios irlandeses respecto a una finca en Penonomé.
Se trató de una transacción de aproximadamente un millón de dólares, que fue traspasada falsificando firmas y actas de accionistas donde aparecieron dos nombres: la abogada Maira Hall Conte y Julian Alfredo Nouvet Conte, dos de los hoy imputados en este caso de homicidio agravado.
Según el jurista, el seguimiento de estos actos lo condujo a determinar que una organización bien estructurada estaba operando con abogados y otro grupo de personas en instancias públicas y servicios notariales para despojar de bienes patrimoniales a dueños auténticos usando la figura de la ‘fe registral’ o la compra de buena fe por terceros, representando jugosas entradas con ninguna o poca inversión.
TESTIMONIO CLAVE
Aguilera Franceschi profundizó en tres horas del interrogatorio y contrainterrogatorio los argumentos y conexiones de esta estructura delictiva, en varios actos presuntamente ilegales y concluyó que se trataba de un grupo articulado que fue descubierto por el exgobernador y periodista Darío Fernández Jaén, quien empezó con denuncias judiciales y luego hizo mención de estas transacciones fraudulentas en su emisora radial, de manera reiterativa al mismo momento que él realizaba la investigación.
Apuntó varias veces durante su intervención que él había advertido a altas autoridades del Gobierno Nacional y del Ministerio Público de lo que estaba pasando con el despojo de tierras y las personas presuntamente involucradas, pero que no hicieron nada para tratar de intervenir en estas ilegalidades que habría descubierto.
‘Yo estaba escandalizado con lo que había encontrado’, afirmó el testigo una y otra vez, pero al parecer las autoridades no tuvieron la misma reacción, por el contrario, se mantuvieron impávidas.
Al parecer todos estos hechos culminaron con el asesinato, el 6 de noviembre del 2011, por un grupo de personas que pertenecían a una banda organizada que operaba en Barrio Lindo de Santa Ana, en la ciudad de Panamá, y que aparentemente fueron contratados para acabar con la vida del exgobernador coclesano.
El abogado lamentó el que haya gente ‘en sus despachos, que conocían la información y que no quisieron arriesgar su vida por esto’.
INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO
El testimonio de Aguilera Franceschi se convirtió en la parte central de la audiencia de ayer jueves. Además del interrogatorio, hubo contrainterrogatorios en la audiencia bajo la presidencia del Tribunal de la jueza Florelia Bonilla de Cruz.
Durante la audiencia de ayer, también se consideró una petición del abogado defensor Rodrigo Frago, de citar a declarar al abogado Marco Tulio Hernández, mencionado por Aguilera en los trámites de la Finca Sonadora Highs. En horas de la tarde de ayer, se completó una participación de ocho testigos y se aprobó la declaración por videoconferencia para el miércoles 15 de mayo, desde el Consulado de Panamá en Nueva York de Devon Ralls que aduce ser la propietaria real de Sonadora Highs y para tales fines se utilizará un traductor. ‘Ella no se encuentra en el país porque salió amenazada de muerte’, aseguró Aguilera.
Para primeras horas de la mañana de hoy se espera que se reanude la audiencia por el proceso que se sigue a los supuestos asesinos del exgobernador de Coclé Darío Fernández.
Se trata de uno de los primeros juicios de alto perfil y que ha puesto a prueba el recién instalado Sistema Penal Acusatorio (SPA).
El abogado Rodolfo Aguilera Franceschi declaró ayer como testigo en el juicio que se sigue a seis imputados por el asesinato cometido el 6 de noviembre del 2011.
Aguilera Franceschi aseguró que en varias ocasiones él había informado al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; a representantes del Ministerio Público, así como al jefe de la Policía Nacional, Julio Moltó, de lo que estaba sucediendo con el despojo de tierras y las personas presuntamente involucradas, para que se hiciera algo.
‘Yo estaba escandalizado con lo que había encontrado’, afirmó el testigo.
También destacó que había sostenido conversaciones con el entonces procurador José Ayú Prado —y que actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— quien le informó que el caso tramitaría la fiscal Cathia Meléndez.
TEMOR A REPRESALIAS
Tras su testimonio, Aguilera reveló que siente temor por su vida y que pueda correr la misma suerte que Darío Fernández.
‘He venido aquí a arriesgar mi vida hoy, por la indignación de ver tanta impunidad’, afianzó Aguilera.
‘El daño que se le hace al país es de cientos de millones que se han perdido en inversiones’, agregó al recordar que su clienta que se encuentra en Estados Unidos se fue de Panamá amenazada de muerte como si se viviera en un país en el que no existiera respeto por la ley.
‘Cuando mataron al exgobernador Fernández, ellos me llamaron y me dijeron que los nombres que nos distes, son los mismos de las personas que estaban en la investigación’, relató el testigo.
Reiteró que en múltiples ocasiones habló con el abogado Marco Tulio Hernández, que mantenía lazos legales con la Sociedad Sonadora Highs para detener los traspasos, pero no obtuvo una reacción adecuada del jurista, sino que la venta a un tercero se iba a hacer de todos modos, a la Sociedad Tecni Trac, y el ingreso al Registro Público de esta propiedad en base al principio de la fe registral.
Aguilera, quien fue director de la Policía Técnica Judicial y también viceministro de Gobierno y Justicia, fue presentado en la mañana de ayer como testigo por el fiscal Roberto Moreno ante el Tribunal de Juicio Oral que ventila la trama.
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
El abogado expresó con innumerables detalles una investigación que realizó por sus propios medios durante nueve meses antes de la muerte del comunicador social, producto de una estafa de tierras a una cliente norteamericana y varios socios irlandeses respecto a una finca en Penonomé.
Se trató de una transacción de aproximadamente un millón de dólares, que fue traspasada falsificando firmas y actas de accionistas donde aparecieron dos nombres: la abogada Maira Hall Conte y Julian Alfredo Nouvet Conte, dos de los hoy imputados en este caso de homicidio agravado.
Según el jurista, el seguimiento de estos actos lo condujo a determinar que una organización bien estructurada estaba operando con abogados y otro grupo de personas en instancias públicas y servicios notariales para despojar de bienes patrimoniales a dueños auténticos usando la figura de la ‘fe registral’ o la compra de buena fe por terceros, representando jugosas entradas con ninguna o poca inversión.
TESTIMONIO CLAVE
Aguilera Franceschi profundizó en tres horas del interrogatorio y contrainterrogatorio los argumentos y conexiones de esta estructura delictiva, en varios actos presuntamente ilegales y concluyó que se trataba de un grupo articulado que fue descubierto por el exgobernador y periodista Darío Fernández Jaén, quien empezó con denuncias judiciales y luego hizo mención de estas transacciones fraudulentas en su emisora radial, de manera reiterativa al mismo momento que él realizaba la investigación.
Apuntó varias veces durante su intervención que él había advertido a altas autoridades del Gobierno Nacional y del Ministerio Público de lo que estaba pasando con el despojo de tierras y las personas presuntamente involucradas, pero que no hicieron nada para tratar de intervenir en estas ilegalidades que habría descubierto.
‘Yo estaba escandalizado con lo que había encontrado’, afirmó el testigo una y otra vez, pero al parecer las autoridades no tuvieron la misma reacción, por el contrario, se mantuvieron impávidas.
Al parecer todos estos hechos culminaron con el asesinato, el 6 de noviembre del 2011, por un grupo de personas que pertenecían a una banda organizada que operaba en Barrio Lindo de Santa Ana, en la ciudad de Panamá, y que aparentemente fueron contratados para acabar con la vida del exgobernador coclesano.
El abogado lamentó el que haya gente ‘en sus despachos, que conocían la información y que no quisieron arriesgar su vida por esto’.
INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO
El testimonio de Aguilera Franceschi se convirtió en la parte central de la audiencia de ayer jueves. Además del interrogatorio, hubo contrainterrogatorios en la audiencia bajo la presidencia del Tribunal de la jueza Florelia Bonilla de Cruz.
Durante la audiencia de ayer, también se consideró una petición del abogado defensor Rodrigo Frago, de citar a declarar al abogado Marco Tulio Hernández, mencionado por Aguilera en los trámites de la Finca Sonadora Highs. En horas de la tarde de ayer, se completó una participación de ocho testigos y se aprobó la declaración por videoconferencia para el miércoles 15 de mayo, desde el Consulado de Panamá en Nueva York de Devon Ralls que aduce ser la propietaria real de Sonadora Highs y para tales fines se utilizará un traductor. ‘Ella no se encuentra en el país porque salió amenazada de muerte’, aseguró Aguilera.
Para primeras horas de la mañana de hoy se espera que se reanude la audiencia por el proceso que se sigue a los supuestos asesinos del exgobernador de Coclé Darío Fernández.
Se trata de uno de los primeros juicios de alto perfil y que ha puesto a prueba el recién instalado Sistema Penal Acusatorio (SPA).
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