‘Despilfarro’ en campañas sigue creciendo sin control
Sara Morales Gallego
Cada 5 años, millones de dólares son
invertidos en las campañas electorales sin tope. El 2014 no será la
excepción y eso que ni siquiera se ha declarado abierto el proceso
electoral
Ya lo vaticinó el presidente Ricardo Martinelli: ‘la campaña de 2014
costará más de 100 millones de dólares’. Y es que aunque todavía faltan
siete meses para que arranque de manera oficial el proceso electoral,
varios son los candidatos y precandidatos que están invirtiendo
millonarias sumas de dinero en publicitar su imagen.
En la campaña electoral del 2009, el costo registrado por el Tribunal Electoral fue de $38. 7 millones. Ese año el padrón electoral era de 2. 2 millones de ciudadanos, lo que quiere decir que cada elector costó $17. 50.
En el 2004, fueron $32. 7 millones, mientras que en 1999 la cifra fue de $20. 4 millones (con referéndum incluido), la tarifa por cada elector fue de $16. 36 y $11. 68, respectivamente, según un estudio realizado por el magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery en el 2011.
Estos totales son calculados con base en datos oficiales tras cada proceso electoral, pero los que no se puede saber a ciencia cierta son los montos que sumarían las donaciones privadas que consiguen los candidatos y que harían del gasto total una cifra aún mayor.
Es ‘un despilfarro que no es productivo ni positivo’, fueron las palabras de Víctor Lewis, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien muestra la preocupación de la sociedad civil por estos gastos. ‘Deberían invertirse en obras que beneficien al país’, insiste.
SIGUE EL DESCONTROL
Las elecciones primarias parecen marcar una tendencia e indicar que se mantendrá la tendencia al alza.
Cada cinco años los gastos se incrementan por factores inherentes al evento y al transcurso del tiempo. Esto sería atribuible a que no existe un tope para restringir gastos excesivos.
La Comisión de Reformas Electorales tuvo un intento fallido para que las nóminas presidenciales no pudiesen gastar más del 30% del monto de financiamiento público —cifra que reciben a través del Tribunal Electoral—, pero no fue contemplada en las reformas que aprobó la Asamblea Nacional en septiembre de 2012.
Incluso en abril de 2013 en la última reforma electoral, se propusieron mecanismos para conocer procedencia y evitar que quedara en el ambiente la posibilidad de ingresos ilegítimos, pero tampoco fueron aceptados por la bancada oficialista.
REGULACIÓN
Lo que sí existe es el decreto N° 38 del 23 de diciembre del 2004, que obliga a registrar las contribuciones privadas, la guía y formularios para la preparación de un informe requerido.
Este decreto establece en su artículo 2 que todos los candidatos (principal y suplente) a cargos de elección popular, ‘quedan obligados a llevar, a partir de la fecha en que son postulados o la fecha en que son reconocidos como candidatos, un registro detallado de las contribuciones privadas, dejando clara la identidad y dirección de cada donante’.
Desde las reformas del 2006, se prohibieron aportes anónimos o de personas naturales, organismos o gobiernos extranjeros, o personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas en Panamá, así como los aportes de empresas donde el Estado panameño fuese accionista.
El presidente Martinelli también se refirió a ello e instó al TE a ejercer los mecanismos que dicta la ley para fiscalizar el uso de este tipo de aportes, ya que según él, ‘hay candidatos que han recibido donaciones de República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y Colombia’, y aseguró que su partido, Cambio Democrático (CD), interpondrá las denuncias respectivas sobre este tipo de aportes.
MILLONES RUMBO AL 2014
Ya en este 2013, se han podido ver campañas de precandidaturas que podrían alcanzar sumas millonarias entre propagandas, reuniones, lanzamientos, convocatorias y materiales promocionales.
Tan solo una reunión en el salón Vasco Nuñez de Balboa del hotel El Panamá, donde hicieron sus cierres de campaña Juan Carlos Varela, del partido Panameñista; y Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), podrían haber costado $30 mil.
En el caso del CD, solo la instalación de la tarima el domingo pasado en su sede en Plaza Carolina pudo haber costado $10 mil, sin tomar en consideración movilización, decoración, alimentación y otros gastos.
Y si se habla de publicidad suma muchos miles más. Según una publicación del diario La Prensa, entre los candidatos del CD, José Domingo Arias y Rómulo Roux, se gastaron alrededor de 1. 2 millones de dólares en dos meses de propaganda en radio, televisión y medios gráficos.
Giselle Burillo, quien también fue precandidata presidencial, defendió la austeridad de su campaña y explicó que no utilizó ni la cuarta parte de lo que sí se gastaron sus pares. Estima que su participación costó alrededor de $200 mil.
La falta de una legislación que controle el tope de los gastos en campaña y exija la divulgación de los orígenes de los aportes a estas es preocupante, ya que, como explicó el analista político José Blandón padre, ‘produce que se elija candidatos con recursos pero sin talento’.
Con él coincidió Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, quien explicó que si los candidatos se anuncian como productos comerciales ‘se pierde el sentido del contenido y de los méritos de cada uno’, esto en referencia a la cantidad —según él excesiva— de propaganda política que se encuentra en todo el país.
Por ello el precandidato presidencial independiente Gerardo Solís insiste en que se debe ‘racionar el gasto para obligar a las campañas políticas a recurrir a la promoción de ideas’.
Por su parte, el diputado y aspirante a la vicepresidencia del PRD Rogelio Paredes aseguró que, a pesar de que hubiesen querido la modificación al Código Electoral que regulaba el tope y los aportes a campañas, invertirán lo que sea necesario en su campaña, ya que no hacerlo supondría una desventaja para ellos: ‘No podemos autolimitarnos, porque el contendedor tiene muchos recursos, sería una autoflagelación’.
El partido Panameñista sostiene una posición parecida a la del PRD.
José Isabel Blandón, diputado y precandidato a la alcaldía del partido, explicó que en cuanto a gastos de campaña, se regirán por lo que indica el Código Electoral, pero asegura que a pesar de ello, divulgarán los gastos que hagan en publicidad y promoción, mas no las donaciones de particulares, por temor a represalias.
En la campaña electoral del 2009, el costo registrado por el Tribunal Electoral fue de $38. 7 millones. Ese año el padrón electoral era de 2. 2 millones de ciudadanos, lo que quiere decir que cada elector costó $17. 50.
En el 2004, fueron $32. 7 millones, mientras que en 1999 la cifra fue de $20. 4 millones (con referéndum incluido), la tarifa por cada elector fue de $16. 36 y $11. 68, respectivamente, según un estudio realizado por el magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery en el 2011.
Estos totales son calculados con base en datos oficiales tras cada proceso electoral, pero los que no se puede saber a ciencia cierta son los montos que sumarían las donaciones privadas que consiguen los candidatos y que harían del gasto total una cifra aún mayor.
Es ‘un despilfarro que no es productivo ni positivo’, fueron las palabras de Víctor Lewis, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien muestra la preocupación de la sociedad civil por estos gastos. ‘Deberían invertirse en obras que beneficien al país’, insiste.
SIGUE EL DESCONTROL
Las elecciones primarias parecen marcar una tendencia e indicar que se mantendrá la tendencia al alza.
Cada cinco años los gastos se incrementan por factores inherentes al evento y al transcurso del tiempo. Esto sería atribuible a que no existe un tope para restringir gastos excesivos.
La Comisión de Reformas Electorales tuvo un intento fallido para que las nóminas presidenciales no pudiesen gastar más del 30% del monto de financiamiento público —cifra que reciben a través del Tribunal Electoral—, pero no fue contemplada en las reformas que aprobó la Asamblea Nacional en septiembre de 2012.
Incluso en abril de 2013 en la última reforma electoral, se propusieron mecanismos para conocer procedencia y evitar que quedara en el ambiente la posibilidad de ingresos ilegítimos, pero tampoco fueron aceptados por la bancada oficialista.
REGULACIÓN
Lo que sí existe es el decreto N° 38 del 23 de diciembre del 2004, que obliga a registrar las contribuciones privadas, la guía y formularios para la preparación de un informe requerido.
Este decreto establece en su artículo 2 que todos los candidatos (principal y suplente) a cargos de elección popular, ‘quedan obligados a llevar, a partir de la fecha en que son postulados o la fecha en que son reconocidos como candidatos, un registro detallado de las contribuciones privadas, dejando clara la identidad y dirección de cada donante’.
Desde las reformas del 2006, se prohibieron aportes anónimos o de personas naturales, organismos o gobiernos extranjeros, o personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas en Panamá, así como los aportes de empresas donde el Estado panameño fuese accionista.
El presidente Martinelli también se refirió a ello e instó al TE a ejercer los mecanismos que dicta la ley para fiscalizar el uso de este tipo de aportes, ya que según él, ‘hay candidatos que han recibido donaciones de República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y Colombia’, y aseguró que su partido, Cambio Democrático (CD), interpondrá las denuncias respectivas sobre este tipo de aportes.
MILLONES RUMBO AL 2014
Ya en este 2013, se han podido ver campañas de precandidaturas que podrían alcanzar sumas millonarias entre propagandas, reuniones, lanzamientos, convocatorias y materiales promocionales.
Tan solo una reunión en el salón Vasco Nuñez de Balboa del hotel El Panamá, donde hicieron sus cierres de campaña Juan Carlos Varela, del partido Panameñista; y Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), podrían haber costado $30 mil.
En el caso del CD, solo la instalación de la tarima el domingo pasado en su sede en Plaza Carolina pudo haber costado $10 mil, sin tomar en consideración movilización, decoración, alimentación y otros gastos.
Y si se habla de publicidad suma muchos miles más. Según una publicación del diario La Prensa, entre los candidatos del CD, José Domingo Arias y Rómulo Roux, se gastaron alrededor de 1. 2 millones de dólares en dos meses de propaganda en radio, televisión y medios gráficos.
Giselle Burillo, quien también fue precandidata presidencial, defendió la austeridad de su campaña y explicó que no utilizó ni la cuarta parte de lo que sí se gastaron sus pares. Estima que su participación costó alrededor de $200 mil.
La falta de una legislación que controle el tope de los gastos en campaña y exija la divulgación de los orígenes de los aportes a estas es preocupante, ya que, como explicó el analista político José Blandón padre, ‘produce que se elija candidatos con recursos pero sin talento’.
Con él coincidió Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, quien explicó que si los candidatos se anuncian como productos comerciales ‘se pierde el sentido del contenido y de los méritos de cada uno’, esto en referencia a la cantidad —según él excesiva— de propaganda política que se encuentra en todo el país.
Por ello el precandidato presidencial independiente Gerardo Solís insiste en que se debe ‘racionar el gasto para obligar a las campañas políticas a recurrir a la promoción de ideas’.
Por su parte, el diputado y aspirante a la vicepresidencia del PRD Rogelio Paredes aseguró que, a pesar de que hubiesen querido la modificación al Código Electoral que regulaba el tope y los aportes a campañas, invertirán lo que sea necesario en su campaña, ya que no hacerlo supondría una desventaja para ellos: ‘No podemos autolimitarnos, porque el contendedor tiene muchos recursos, sería una autoflagelación’.
El partido Panameñista sostiene una posición parecida a la del PRD.
José Isabel Blandón, diputado y precandidato a la alcaldía del partido, explicó que en cuanto a gastos de campaña, se regirán por lo que indica el Código Electoral, pero asegura que a pesar de ello, divulgarán los gastos que hagan en publicidad y promoción, mas no las donaciones de particulares, por temor a represalias.
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