Elevada deuda, la herencia de Martinelli
Al cierre del 2009, el primer año del Gobierno actual, el saldo de la deuda era de $10 mil 972 millones.
Roberto gonzález jiménez
El saldo de la deuda pública al cierre de 2014, el último año de la
administración de Ricardo Martinelli, ascenderá a $17 mil 227 millones.
Así
consta en el documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2018”
presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea
Nacional. Después de solicitar la dispensa para elevar los límites de
déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, el MEF
estaba en la obligación de presentar nuevas proyecciones
macroeconómicas y un cronograma de ajuste del déficit fiscal.
En
2011 el MEF –entonces comandado por Alberto Vallarino– llevó a la
Asamblea Nacional un documento similar (Marco Fiscal de Mediano Plazo
2011 - 2015), que proyectaba para finales de 2014 una deuda pública de
$14 mil 852 millones.
Dos años más tarde, Frank De Lima, jefe económico del Gobierno, plantea una variación de $2 mil 375 millones al alza.
Martinelli
será, con mucha diferencia, el Presidente que más haya recurrido a la
deuda para financiar el gasto en su administración. Al cierre de 2009,
el primer año de su mandato, el saldo de la deuda era de $10 mil 972.3
millones.
Si se cumple la nueva proyección del MEF, tras los
cinco años del gobierno de Martinelli la deuda habrá engordado en $6
mil 255 millones (57% más), una cifra que supera en mil millones de
dólares el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá ($5 mil 250
millones).
Además, Martinelli habrá disfrutado de una economía en
constante crecimiento, que se traduce en aumento de ingresos para el
Estado.
En 2012, los ingresos tributarios fueron casi mil millones
o 27% superiores a los del año anterior. Los aportes del Canal de
Panamá, por su parte, se han estabilizado alrededor de los mil millones
de dólares.
A esos niveles de deuda pública se llegará después de
cosechar déficit fiscales en todos los años de la administración, una
consecuencia de haber disparado el gasto –tanto de operaciones como de
inversiones– por encima de los ingresos.
El MEF pronostica que
este año el déficit será de 2.8% sobre el PIB. No obstante, el Gobierno
solicitó una dispensa a la Asamblea para elevar el límite de déficit
fiscal a 3.1% y así obtener recursos para atender los daños causados por
las inundaciones del pasado mes de noviembre.
Para 2014, año de
elecciones presidenciales, el balance del sector público arrojará un
déficit de mil 237 millones de dólares (2.7% del PIB) y para 2015 el
pronóstico de déficit ascendería a mil 532 millones de dólares, un 3%
del PIB. En los años sucesivos, el déficit iría descendiendo
paulatinamente hasta los $202 millones en 2018.
También tendrá una
tendencia negativa la relación deuda-PIB, como consecuencia del
crecimiento que se sigue esperando para la economía.
Según el MEF,
en 2014 este indicador caerá a 38%, y seguirá descendiendo hasta un 31%
en 2018, año en el que el PIB se acercará a los $66 mil 400 millones.
De cumplirse este pronóstico, el PIB se habrá duplicado entre 2011 y
2018.
Además de la deuda que aparezca en los balances del sector
público, el próximo presidente tendrá que hacer frente a otros
compromisos asumidos por esta administración y que no constan en los
reportes oficiales de deuda.
efecto ´llave en mano´
Al
nuevo Gobierno le quedará por pagar alrededor de un tercio del programa
de reordenamiento vial, una de las múltiples contrataciones ´llave en
mano´ que ha efectuado este Gobierno.
Con ese modelo de
contratación, la empresa que ejecuta la obra es responsable de conseguir
el financiamiento y, por lo tanto, la deuda no figura en los balances
del Estado.
Entre el Gobierno Central y la Caja de Seguro Social
han contratado proyectos por alrededor de $3 mil 400 millones utilizando
esta figura.
El ministro de Economía Frank De Lima, reconoció
recientemente que todavía quedan por pagar alrededor de mil 800 millones
de dólares.
Por ejemplo, el plan de reordenamiento vial y la ciudad hospitalaria se terminarán de pagar en 2016 y 2018, respectivamente.
Además
de utilizar los contratos ´llave en mano´, el gobierno de Martinelli
utilizó otra herramienta legal que le permitió elevar la deuda pública.
En
abril de 2011 excluyó del sector público no financiero –cuyos límites
financieros están regulados por ley– a Tocumen, S.A., a la Empresa
Nacional de Autopistas (ENA) y a la Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A. (Etesa).
De esta manera, ENA pudo hacer emisiones de bonos
por mil millones de dólares para financiar la compra de los corredores;
mientras que Tocumen, S.A. se prepara para obtener en el mercado $600
millones que le ayuden a sufragar la nueva terminal sur, y esas deudas
no figuran en los balances del Estado regulados por la ley.
El
argumento del Gobierno es que, al igual que el Canal de Panamá, estas
compañías tienen ingresos propios, y que son los que respaldan las
emisiones y garantizan su pago.
En términos generales, defienden,
además, que el endeudamiento del país es relativamente bajo y que este
es un momento histórico oportuno para desarrollar las infraestructuras
que no hicieron Gobiernos anteriores. Sin embargo, también se ha
disparado el gasto de operaciones del Gobierno, se ha elevado la
planilla estatal y aumentado los subsidios.
Martinelli va camino de cumplir su vociferada promesa electoral de invertir más de $13 mil millones en cinco años.
Serán
los panameños, en el tiempo, los que tendrán que hacerle frente a la
letra chica no publicitada del contrato, esos más de $17 mil millones
de deuda.
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