Contrato de $35 mil es adjudicado por $250 mil
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| En la carta de cuatro páginas, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción detalla a la Procuradora General de la Nación, Ana Belfon, las anomalías encontradas en la Defensoría del Pueblo. |
Abigaíl Benzadón, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de
Transparencia contra la Corrupción, remitió el pasado 23 de mayo un
informe a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, en la que le
detalla una serie de irregularidades en el contrato por $250 mil
entre la Defensoría del Pueblo y la empresa Imaginarium Studio, S.A.
Benzadón,
en su nota con copia a Gioconda Torres de Bianchini, contralora de la
República, argumentó que al verificar el contrato entre la defensora del
Pueblo, Patria Portugal, y Jean Paul Ortega, presidente de la empresa,
halló sobrecostos, y evidencias de que se saltaron varios procesos
administrativos.
Además, Benzadón señaló en el informe, de cuatro
páginas, que en la institución dirigida por Portugal no reposa
constancia de haber recibido los trabajos por los que se le pagó a
Ortega.
“No existe documento alguno que dé fe de la entrega de los
proyectos enumerados en el presente contrato, como tampoco existen
requisitos mínimos para la contratación que debe solicitarse al
oferente”, señala la misiva.
La funcionaria sí deja claro que
Portugal se mostró renuente a colaborar con el equipo de tres auditores,
un abogado y una analista de informática.
El contrato
En
marzo de 2012, la Defensoría contrató a Imaginarium Studios, S.A. para,
entre otros detalles, elaborar un nuevo logotipo institucional y
desarrollar un nuevo diseño de la página web de la institución, a un
costo de $250 mil.
Sin embargo, voces expertas señalaron que el
trabajo encomendado no superaba los $35 mil. A esto se le añadió el
hecho de que la empresa había sido creada menos de cuatro meses antes
del contrato, y que Ortega, de 23 años, es militante del oficialista
Cambio Democrático (CD) e hijo de la jefa de compras de la Caja de
Seguro Social (CSS), Jazmine Ramírez.
Sobre el punto 12 del
contrato, en el que se establece que Ortega se compromete a desarrollar
el nuevo diseño de la página web de la Defensoría, Benzadón indicó que
hubo una violación de los protocolos administrativos. “Cuestionamos cómo
se contempló en el contrato como una actividad a ser desarrollada
mediante una consultoría, si estos parámetros están establecidos y
regulados mediante la Resolución 55 del 1 de marzo de 2011 (...) en que
se aprueba el documento ´Estándares para páginas web en las entidades
del Gobierno de Panamá´, que restringe la creatividad y consulta para
los diseños de las páginas webs y supedita a parámetros ya
reglamentados”.
Benzadón también calificó de gasto no justificado
la creación de un nuevo logotipo para la institución, porque en
septiembre de 2011 se llevó a cabo un concurso sobre este tema.
“La
ganadora del concurso fue Thirza Santizo y el lanzamiento del nuevo
logotipo se anunció en la página web de la Defensoría del Pueblo el día 6
de septiembre de 2011 y puede notarse en las fotos adjuntas del evento,
que el logotipo revelado es exactamente el mismo que se utiliza
actualmente”, dice la carta de Bezadón.
LAS RECOMENDACIONES
“Le
remito a usted (Ana Belfon) nuestras observaciones, que de acuerdo a
nuestra competencia van dirigidas únicamente al desempeño de las
instituciones públicas, este breve análisis al contrato de consultoría
entre la Defensoría del Pueblo y la sociedad Imaginarium Studio, S.A.
evidencian la falta de controles administrativos internos en la
institución tanto para la contratación como para el pago de este
contrato”, señaló Benzadón.
“El refrendo de este contrato por
parte de la Contraloría General de la República no es excusa válida para
justificar la falta de controles internos y rendición de cuentas en las
instituciones públicas”, añadió la secretaria del Consejo Nacional de
Transparencia contra la Corrupción.
Esto en relación con la única
declaración dada por la Defensoría del Pueblo en un comunicado del
pasado 20 de mayo, el cual decía que “el contrato fue refrendado por la
Contraloría General cumpliendo con todos los pasos y procedimientos que
establece la ley”.
Ayer, este medio intentó contactar varias
veces a Portugal para obtener su reacción sobre el informe de Benzadón,
pero el celular permaneció apagado.
Mientras que hoy, unos 30
organismos nacionales de derechos humanos, gremios y sindicatos se
pronunciarán sobre la situación actual de la Defensoría del Pueblo.
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