Senador italiano advierte sobre ´daños a instituciones´

Contratos entre Panamá y el grupo Finmeccanica provocan nueva y airada reacción del senador italiano Elio Lanutti.

SANTIAGO CUMBRERA

Unidad de Investigación

scumbrera@prensa.com

DENUNCIA. El senador Elio Lanutti insiste en que el negocio puede ocultar un soborno. LA PRENSA/Archivo

El 2 de febrero pasado, el mismo día en que el procurador, José Ayú Prado, anunciaba al país que pediría a la Corte Suprema de Justicia el archivo de las investigaciones relacionadas con la compra de equipo de seguridad (19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital) por 250 millones de dólares al conglomerado empresarial Finmeccanica, la polémica compra volvió a ser noticia en el Senado italiano.
Ese día, el senador Elio Lanutti solicitó a su Cancillería una aclaración en torno a la carta enviada por Massimo Pugnali, responsable de Coordinación Comercial y Desarrollo de Mercados de Finmeccanica al Gobierno de Panamá, en la que manifestó que “...hubo una comprobada regularidad y transparencia de los susodichos contratos”.

El senador Lanutti pidió que se aclarara que no se trataba de una respuesta oficial, sino meramente una carta comercial tramitada a través del embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Curcio.

“El Presidente de Panamá... ha asegurado varias veces que la carta recibida era aclaratoria de la cuestión, ya que se entiende que la misma proviene del Gobierno italiano. En realidad... la carta no proviene del Gobierno italiano, sino de Finmeccanica, solo que la misma fue tramitada a través de la Embajada italiana de Panamá”, afirmó Lanuti durante su intervención del pasado 2 de febrero.

El senador, quien ha cuestionado duramente la transacción con Panamá, advirtió que con las declaraciones del presidente Martinelli pudieron surgir “daños contra las instituciones italianas”, ya que el mandatario panameño “atribuye al Gobierno de Italia comunicaciones que realmente provienen de Finmeccanica y que se refieren a un negocio que podría ocultar un súper soborno” (ver facsímil).

En efecto, al recibir la carta de Finmeccanica y hacerla pública el 23 de enero pasado, el presidente Martinelli comentó que “ojalá todos los medios y esas personas que con mucho morbo y mala intención desinformaron todo lo que pasaba con los radares, le den la misma prominencia que le dieron a los detractores que tanto daño hicieron...”.

Igualmente, la Secretaría de Comunicación del Estado emitió un comunicado señalando que “Finmeccanica desmiente a opositores panameños que indicaban que Panamá había pagado sobrecostos al comparar las compras panameñas con las de Yemen y Turquía”.

La citada carta y las críticas surgidas por no provenir de fuente oficial, provocaron que el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, emitiera un comunicado acusando a los medios de comunicación y opositores de “desatar una campaña”.

En el citado comunicado difundido el 27 de enero pasado, se dice que “...los detractores no parecen conformes con las respuestas, ni del Gobierno panameño ni del italiano, y ponen en duda el esfuerzo y la palabra de un país hermano, como si un Gobierno y un Estado como el de Italia se fueran a prestar para cubrir supuestas irregularidades”.

Consultado sobre estas contradicciones y la petición del senador Lanutti, el embajador Curcio comentó ayer que “las inquietudes del senador Lanutti tendrán seguramente la respuesta del Gobierno italiano en la sede parlamentaria competente”.

OMISIONES
A pesar de las airadas reacciones tanto del presidente Martinelli como del ministro Mulino, lo cierto es que ninguno de sus pronunciamientos públicos sobre el tema aluden al hecho de que Finmeccanica está sometida a una investigación tras el hallazgo de un “fondo negro” alimentado de supuestos sobrecostos, utilizado para sobornar a políticos y funcionarios de países con los que el grupo empresarial hacía negocios. Justamente el “súper soborno”, al que aludió el senador Lanuti el pasado 2 de febrero en su intervención ante el Senado italiano.

Los funcionarios panameños tampoco mencionan la investigación por corrupción internacional que adelanta la Procuraduría de Nápoles, y que tiene como figura principal al exconsejero de Finmeccanica, figura clave en el proceso de contratación con Panamá, Valter Lavítola.

Ninguna de estas investigaciones pendientes detuvieron al procurador panameño, quien tomó la decisión de solicitar el cierre de las investigaciones, tras recibir informes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Economía y Finanzas y la Contraloría que certifican no haber hecho pago alguno a la sociedad panameña Agafia Corp., identificada en Italia como un empresa vinculada a Lavítola.

Elio Lanutti solicitó a su Cancillería una aclaración sobre el carácter no oficial de la carta enviada