De radares y obras civiles
LINA VEGA ABAD
El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, se niega a dar esta información, a pesar de haber recibido, al menos, cinco peticiones de este diario por correo electrónico, así como una solicitud formal basada en la Ley de Transparencia, hace ya un mes.
El dato guarda relación con la controversia surgida al saberse que Panamá pagaría 90 millones de euros ($125 millones) por 19 radares identificados por la empresa vendedora como Lyra 50, justamente la misma especificación que tienen los 24 radares que Turquía compró también a Selex por 25 millones de euros ($35 millones).
La diferencia de precios fue justificada por el ministro Mulino, debido a que en el caso de Panamá se trata de “una instalación totalmente nueva”, y porque algunos radares serán instalados en sitios de difícil acceso.
La misma explicación dio la empresa Selex en carta del 15 de noviembre pasado enviada al viceministro de Seguridad, Alejandro Garúz.
“El sistema de Vigilancia Costera de Panamá es una instalación totalmente nueva; no hay sistemas existentes que se pueden actualizar, desplegado para toda la línea de costas del país, en algunos casos con sitios severamente difíciles...”, se explica en la citada carta.
La nota igualmente incluye una lista de compromisos adquiridos por Selex con Panamá, entre los que está “la realización de obras logísticas para albergar equipos”.
Las obras
El 11 de agosto de 2010, Selex emitió un comunicado en el que anunciaba la firma de un contrato con el Ministerio de Seguridad de Panamá para proveer un sistema de vigilancia costera.
Además de identificar los radares como Lyra 50, se dice que “el contrato incluía la realización de las obras civiles necesarias por parte de una empresa local”. Es decir, parte de esos $125 millones se destinarían a la contratación de una empresa local que haría las citadas obras.
El término “obras civiles” aparece en la cláusula octava del contrato entre Selex y el Ministerio de Seguridad, al señalarse que el “Estado ofrecerá apoyo al contratista para la obtención de las licencias y permisos de construcción de las obras civiles...”.
Y aunque no hay detalles de estas obras, sabemos que no incluyen los caminos ni la instalación de fibra óptica ni los tendidos eléctricos y conexiones satelitales requeridos para el funcionamiento de los radares. Todo esto tendrá que hacerse con recursos del presupuesto nacional, según explicó en su momento el ministro Mulino.
Misterio
A pesar de la falta de información sobre la empresa elegida, este diario tuvo acceso a una documentación que evidencia que el proceso de contratación no estuvo exento de controversia.
Al menos eso es lo que se desprende de la lectura de una carta que enviara el 8 de julio de 2011 Valter Lavítola (el hombre clave en la gestión de los contratos entre Panamá y las empresas italianas, y hoy prófugo de la justicia) a Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica.
En la citada carta, Lavítola transmite a Pozzessere un reclamo del Gobierno panameño sobre lo que parecía una negativa de los ingenieros de Selex de contratar a “empresas de confianza del Gobierno” (ver facsímil).
¿Cuáles eran esas “empresas de confianza del Gobierno” que cita Lavítola? ¿Cuáles eran las objeciones de los ingenieros de Selex a estas empresas? ¿Cedieron esos ingenieros y las “empresas de confianza del Gobierno” fueron contratadas? ¿Cuánto de los $125 millones del contrato con Selex se destinó al pago de esta empresa local?
Estas, como muchas otras preguntas relacionadas con los contratos con el grupo empresarial que hoy es objeto de una investigación en Italia por el supuesto uso de un fondo negro alimentado con sobreprecios para sobornar a funcionarios de los países donde hacían negocio, siguen sin respuesta.
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