Otra vez el gobierno se burla del pueblo
Ayú Prado pide archivar sumarias de Finmeccanica
Mientras el Procurador afirmó que no se probó
ningún delito en este caso, voces de oposición calificaron su actuación
como vergonzosa.
Redacción de La Prensa
REACCIÓN.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino (Izq.), dijo respetar la
decisión del procurador, José Ayú Prado (Der.),y que en este caso nunca
hubo ilícitos. LA PRENSA
El procurador de la Nación, José Ayú Prado, solicitó a la
Corte Suprema de Justicia el archivo del expediente por las supuestas
irregularidades y sobreprecio en la compra de 19 radares por $125
millones a la empresa italiana Selex Sistemi Integrati, filial del
conglomerado de ese país Finmeccanica, confirmó el Ministerio Público.
La vista fiscal del caso fue remitida ayer a la Corte, mes y medio después de que Ayú Prado diera inicio a las investigaciones.
En
el documento pidió un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal
de las sumarias, empezadas por la supuesta comisión de delitos contra
la administración pública, basado en que no se acreditó la comisión de
dicho hecho punible y tampoco se acusó a personas.
El propio Ayú
Prado explicó que el expediente fue remitido al pleno de la Corte
Suprema de Justicia, a fin de que sea esa instancia la que decida si se
archiva o no, tomando en cuenta que en la denuncia que sirvió para abrir
la investigación se mencionó al ministro de Seguridad Pública, José
Raúl Mulino.
Fuentes del Ministerio Público detallaron que las
conclusiones del Procurador se basaron en los informes que le remitieron
el pasado martes los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, y
Economía y Finanzas, así como la Contraloría.
Sobre estos últimos
informes, las fuentes revelaron que entre los documentos remitidos por
la Contraloría destaca un certificado de que el Tesoro Nacional no ha
girado pago alguno, ni en cheque ni en efectivo ni en transferencia, a
la sociedad anónima Agafia Corp., que según su propietario, el argentino
Gustavo Franchella, fungió como “agente comercial” entre Selex y el
Gobierno y, por ello, recibió en pago una comisión.
“De la lectura
del Acuerdo de Entendimiento de la república de Panamá con la república
de Italia, se deduce el origen del contrato DA-044-2010 con la compañía
Agusta, S.p.A., del contrato DA-043-2010 con la compañía Selex Sistemi
Integrati, S.p.A. y del contrato AL-3-82-2010 con la compañía Telespazio
Argentina, S.A., este último que no guarda relación con el Ministerio
de Seguridad Pública como los dos anteriores, pero todos han sido
debidamente fiscalizados por la Contraloría General de la República, de
conformidad a lo que informa con la Nota N° 105-2012-DFG-UCEF del 18 de
enero de 2012”, dice un comunicado difundido ayer por el Ministerio
Público.
Sin embargo, ni las fuentes ni el comunicado del
Ministerio Público ni el Procurador hicieron referencia al supuesto
sobrecosto en la compra de los radares, denunciado por sectores de la
oposición.
Según esas denuncias, los 19 radares adquiridos por
Panamá (que ya están en el país) costaron $125 millones, mientras que
los mismos equipos costaron a Yemen y Turquía poco más de $33 millones.
El
argumento del Gobierno para justificar esta diferencia de precios se ha
referido al hecho de que Panamá pagó hasta por la instalación de los
equipos, mientras que los otros países solo por la renovación de los
aparatos.
En las sumarias enviadas a la Corte se incluyó el
informe de Finmeccanica entregado al Gobierno el 19 de enero pasado, que
da fe de la “regularidad y transparencia” de la transacción.
La
denuncia que dio paso a la investigación fue presentada el 20 de
diciembre de 2011 por Oreste del Río Sandoval, representante de la
juventud del opositor Partido Popular, e incluía una petición para que
se solicitara a Italia, por la vía de la asistencia judicial, copia de
la investigación contra el exconsultor de Finmeccanica Valter Lavítola,
acusado de corrupción y quien está prófugo de la justicia.
Sobre esto último, las fuentes precisaron que el Ministerio Público no hizo ningún exhorto judicial internacional en este caso.
Seis
días antes de que Del Río presentara la denuncia, Ayú Prado declaró
públicamente que para esa fecha no había elementos para dar inicio a una
investigación.
Reacciones
Para el diputado
del Partido Panameñista Jorge Rosas, uno de los principales críticos
del contrato, a simple vista se aprecia que el Ministerio Público hizo
una investigación “muy somera” y destinada al archivo.
Rosas
admitió no conocer la vista fiscal remitida a la Corte por Ayú Prado,
pero se atrevió a decir que por el corto tiempo que duró la
investigación, de seguro no incluyó lo necesario.
A su juicio, Ayú
Prado debió hacer una investigación sobre los equipos comprados, y
pedir a los gobiernos de Turquía y Yemen información sobre los suyos.
Asimismo,
haber pedido al CitiBank copia de los contratos para saber exactamente
de qué tipo de negociación se trata; e incorporar en el sumario los
contratos del financiamiento local.
Además, debió llamar a expertos para que aclararan cualquier duda sobre los radares adquiridos.
Por
su parte, la excandidata presidencial Balbina Herrera opinó que la
decisión del Ministerio Público “es una vergüenza, que demuestra la
inexistencia de independencia de los organismos de administración de
justicia”.
Sin embargo, dijo sentirse confiada en que las
investigaciones que realiza la Fiscalía de Nápoles, Italia, demostrarán
“las graves irregularidades en la firma de los contratos, y así quedarán
en evidencia”.
Recordó que el argentino Gustavo Franchella, dueño
de Agafia Corp., aceptó haber cobrado 10% de comisión, por lo que “esta
decisión deja claro a quién responde el procurador Ayú Prado”.
Oreste
Del Río Sandoval, autor de la denuncia, calificó las conclusiones del
Ministerio Público como “un insulto a la inteligencia” de todos los
ciudadanos.
No obstante, dijo que ya esperaba un resultado
similar, basado en la “poca independencia que ha mostrado la
Procuraduría de la Nación con respecto a los intereses del Ejecutivo”.
Añadió
que el Partido Popular no va a permitir que la denuncia sea archivada y
que todas las irregularidades cometidas queden impunes.
“Evaluaremos los recursos legales y vamos a interponerlos ante las instancias correspondientes”, destacó.
En
tanto, el exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime
Abad consideró la decisión del Ministerio Público como “indecente,
indignante y esperada”.
Advirtió que tras el regaño público dado
por el presidente Martinelli al procurador Ayú Prado el pasado
miércoles, este decidió enviar de forma inmediata los expedientes más
sensibles con “sobreseimientos descabellados”.
Por parte del
Ejecutivo, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo desconocer
la decisión del Ministerio Público, pero aseguró que la respeta, y
reiteró que en la transacción con Finmeccanica “nunca hubo nada ilegal
ni ilícito; todo fue transparente”.
(Con información de José Otero, Juan Manuel Díaz C. y Rafael Luna Noguera).
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