Panamá se suma a bloque minero
Mary Triny Zea C.
COBRE.
Los mayores consumidores son China y Corea, este último adquirió el
20% de la mina de cobre en Donoso asegurándose la venta del recurso a la
refinadora LS-Nikko Copper. BLOOMBERG/Seokyong Lee
Pese al rechazo de los indígenas y los ambientalistas por
los daños al medio ambiente, la minería ha colocado a Panamá entre los
ocho países de América Latina con los mayores montos de inversión
destinados a esta actividad.
El respaldo gubernamental a la
actividad minera, el pago de una baja regalía (2%), y tasas reducidas,
son algunos de los factores que atraen a los empresarios para invertir
en proyectos mineros en Panamá.
Según las proyecciones de
inversión regional del Centro de Estudios del Cobre y la Minería de
Chile (Cesco), hasta 2020, en Panamá se invertirán $4 mil millones en
obras mineras.
En total, en Latinoamérica se invertirán $228 mil
millones en el desarrollo de proyectos mineros entre el 2012 y 2020 en
ocho países, la suma no incluye exploración, ni refinación.
Este
sería el monto más importante de la región, citó Cesco, y aunque Panamá
lleva la cuantía más pequeña con $4 mil millones, la inversión pone al
país en el mapa minero del mundo.
Además, actualmente América
Latina recibe el 27% de inversión minera mundial en proyectos de
exploración, lo que en 2010 fue $2 mil 883.6 millones.
“El buen
panorama regional alienta las exploraciones en todos los países; bajo
este contexto Panamá no está exento de ello”, dijo Juan Carlos Guajardo,
director ejecutivo de Cesco en una entrevista con este diario a través
de correo electrónico.
Los $4 mil millones corresponden a la inversión de Minera Panamá con su proyecto de cobre en Donoso, provincia de Colón, indicó.
La
macroinversión se realizará en un área “protegida” y dentro de la parte
panameña del Corredor Biológico Mesoamericano, lo que ha generado
alertas de la comunidad de biólogos y científicos respecto a las
consecuencias del proyecto minero de cobre a cielo abierto.
En el plan inicial de 30 años y explotando tres tajos se deforestarán 5 mil 900 hectáreas en Donoso.
“Es
necesario desmitificar respecto de la creencia de que la explotación de
los recursos naturales es una maldición o una bendición per se”,
expresó Guajardo.
El impacto de explotación de los recursos en el
desarrollo de un país depende de las políticas públicas aplicadas,
argumentó el directivo.
Entre estas políticas debe aplicarse
“necesariamente un estricto control ambiental, especialmente en el caso
de Panamá y sus bosques tropicales lluviosos”, señaló Guajardo “Pero eso no significa que Panamá sea incompatible con la minería”, acotó.
El
punto del directivo respecto a “los estrictos controles ambientales” es
el debate de grupos ambientalistas como Panamá Sostenible, la
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de
Incidencia Ambiental, entre otros que critican la débil
institucionalidad de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) para
fiscalizar la minería.
La última crítica se efectuó porque la Anam
no le ha exigido a Minera Panamá detener la construcción de la mina
hasta que haya un plan de manejo del área protegida de Donoso y la
minera se adecúe a este.
Desde el 28 de diciembre de 2011 la filial de Inmet tiene aprobado su estudio de impacto ambiental para proceder con la mina.
En
tanto, el consumo del metal rojo aumentó más rápidamente en los últimos
años en comparación con las últimas décadas , según Cesco. Sin embargo,
la tasa de crecimiento de la producción en la última década es menor
que el consumo.
América Latina tiene una oportunidad frente a Asia
o África por la alta demanda de materias primas debido al balance entre
potencial geológico, estabilidad institucional y condiciones materiales
para la operación.
En cuanto a la disposición para aprovechar la
oportunidad, Panamá se clasifica como “país en proceso de apertura”, lo
que según Cesco, significa que hay iniciativas institucionales para
comenzar la industria, al igual que Paraguay, Uruguay, República
Dominicana y El Salvador.
La minería canadiense en el mundo
Jennifer Moore *economia@prensa.com
OPINIÓN. Canadá ha asumido un papel importante en el sector minero a nivel mundial.
El
60% de las empresas mineras de todo el mundo cotiza en las Bolsas de
Valores de Toronto, de las cuales se estima que mil empresas canadienses
operan fuera de Canadá con 4 mil 300 proyectos mineros en varias etapas
de desarrollo.
De los 60 millones de dólares que invierten las
empresas mineras canadienses fuera del país, las dos terceras partes se
destinan para América Latina y el Caribe.
El gobierno y las
empresas mineras canadienses promocionan sus intereses en la región a
través del concepto de que Canadá es un país que promociona la
democracia, los derechos humanos y la responsabilidad social
empresarial.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento desde 2005
por el parlamento canadiense y varias instancias de las Naciones Unidas,
sobre la asociación entre las empresas mineras canadienses y graves
violaciones de los derechos humanos en comunidades afectadas en varias
partes del mundo, el gobierno canadiense no ha implementado controles
efectivos sobre esta industria globalizada hasta la fecha.
Cabe
decir que la minería metálica a gran escala es una actividad que por su
propia naturaleza genera enormes impactos ambientales y sociales en
donde se encuentra.
Requiere mecanismos de control y de
fiscalización fuertes con suficientes recursos para mitigar sus impactos
hasta donde sea posible.
Es una actividad, además, que no debería
suceder sin el consentimiento de las comunidades afectadas ni en los
sitios altamente sensibles ecológicamente y culturalmente por los
riesgos que representa.
Por todo lo expuesto, las empresas mineras
canadienses continúan operando sin mecanismos significativos en Canadá
para controlar sus operaciones fuera del país, mientras gozan de las
protecciones privilegiadas para sus inversiones y se aprovechan de la
institucionalidad y los marcos legislativos débiles en América Latina.
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