ACUERDO DE SAN LORENZO NO EXIME A IMPUTADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
Siguen las investigaciones
Redacción de La Prensa
|
A
pesar del acuerdo suscrito el martes entre el Gobierno y la dirigencia
de la comarca Ngäbe Buglé, que entre sus primeros puntos plantea la
liberación inmediata de todos los detenidos en las protestas de la
última semana y el cierre de los expedientes penales contra estos, la
fiscal segunda superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, aclaró ayer que las
investigaciones seguirán y que quien resulte implicado en la comisión de
delitos será sometido a la ley.
“Quienes son inocentes pueden estar tranquilos, pero aquellas
personas que resulten vinculadas con el delito y [sobre quienes] existan
evidencias, se les abrirá un proceso como lo establece la ley, aunque
haya un acuerdo”, dijo.
Díaz precisó, empero, que tras el análisis de los casos, y previa
solicitud de los defensores, su despacho ha otorgado medidas cautelares a
los detenidos por la Policía Nacional (PN), lo cual no implica,
insistió, que hayan sido sobreseídos de cargos.
Detalló que hasta ahora no hay presos por la muerte de Jerónimo
Rodríguez Tugrí, ocurrida en San Félix la mañana del domingo; ni por la
del menor, ocurrida la madrugada del martes en Las Lomas, ambos sitios
en Chiriquí. No obstante, destacó que esos expedientes continuarán su
curso legal.
También reiteró que su despacho investiga los actos en que fueron
quemados seis cuarteles de la PN, una corregiduría, un cuartel de
Bomberos y un banco, todos en Chiriquí.
Estatus
Según las últimas cifras dadas ayer por el Ministerio Público (MP),
de los 119 detenidos en las protestas, incluidos los 33 obreros del
Suntracs apresados en Panamá, 59 fueron indagados por delitos contra la
seguridad colectiva, contra la libertad individual y contra la
administración pública.
Además, el MP decretó 32 detenciones preventivas y liberó a 37 sospechosos, incluidos los 33 obreros y 4 detenidos en Veraguas.
Los 13 menores apresados, en cambio, fueron entregados a sus padres, y los restantes 37 casos son evaluados aún.
Hasta ayer, el MP había abierto cinco expedientes por la protestas.
El primero, que se inició el 2 de febrero por el cierre de la
Interamericana, estaba en la fiscalía de Chiriquí y ayer fue devuelto a
la Auxiliar.
Hay un segundo caso por el cierre de la vía, de la misma fecha, pero en Veraguas, que se rige por el sistema penal acusatorio.
El tercer sumario data del 5 de febrero y tiene que ver con el homicidio del indígena Jerónimo Rodríguez.
El cuarto fue abierto al día siguiente, luego que abogados del PRD
presentaran una denuncia por el uso de armas de fuego por parte de la
PN; y, finalmente, este martes el MP recibió otra denuncia por la muerte
del menor.
El fiscal auxiliar, Dimas Guevara, confirmó que los expedientes por
las muertes seguirán en Chiriquí, y el proceso de Veraguas se quedará en
esa provincia.
Ayer en la tarde concluyó la autopsia al cadáver del joven de 16 años
muerto en Las Lomas y, según el abogado de la familia, José Caballero,
los patólogos determinaron que la causa de su muerte fue un trauma
craneofacial severo, pero no precisaron qué lo provocó; es decir, sigue
la interrogante de si fue ultimado por la PN o si murió tras una
explosión al manipular combustible y juegos pirotécnicos.
Restricciones
Acerca de los puntos del acuerdo de San Lorenzo, el jurista Ernesto
Cedeño explicó que el Gobierno no puede ordenar la liberación de los
detenidos a órdenes del MP, que es independiente; y solo podrá hacerlo
en los casos en que la investigación no empezó de oficio.
Además, en el tema del cierre de expedientes, dijo que el Gobierno lo
que puede hacer es mandar una carta al MP en la que diga que, basado en
el acuerdo, no se siente perjudicado por las acciones cometidas por los
indígenas desde el punto de vista económico, y les diga a los indígenas
que se obliga a indultarlos luego de emitidas las sentencias en firme
contra los implicados.
“Los delitos comunes pueden ser sujeto de indultos si se cometen por fines ideológicos”, detalló.
(José Otero, Rubén Polanco, Sandra Alicia Rivera y Rafael Luna Noguera).
Mayor, preso en la ´chirola´
El mayor de la Policía Nacional Rodolfo Jiménez, fotografiado con una
pistola en las recientes manifestaciones en Chiriquí, está detenido en
una celda conocida como la chirola, en la sede de esa institución, en
Ancón, confirmaron ayer fuentes policiales.
Jiménez, que formó parte de las desaparecidas Fuerzas de Defensa, fue
trasladado esposado desde Chiriquí y se le separó de su cargo. Además,
fue interrogado por la Dirección de Información Policial y por la
Dirección de Responsabilidad Profesional; se le sometió a la prueba del
detector de mentiras y será llevado ante la Junta Disciplinaria
Superior, dijo la fuente. La pistola 9 milímetros que portaba no es de
uso oficial, lo que implica otra violación al reglamento interno, añadió
la fuente.
El arma fue sometida a pruebas de balística y resultó que no había sido disparada.
Eliezer Oses, fotógrafo de La Estrella de Panamá que fotografió al mayor, no ha sido citado por el caso.
José Otero
Escuchas telefónicas son ilegales
Los casos del exviceministro Luis Ernesto Carles y del secretario
general del PRD, Mitchell Doens, que fueron grabados cuando hablaban por
teléfono con indígenas en las protestas de la pasada semana, y dichas
grabaciones fueron difundidas por YouTube y la página Dealante.com,
ponen de relieve otra vez las quejas de la oposición de que el Gobierno
estaría pinchando las comunicaciones de sus opositores sin autorización
judicial.
El propio ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo en días
pasados que el Gobierno tenía “información de inteligencia” de que
políticos de oposición estaban detrás de las protestas indígenas y que
ello motivó la suspensión de las comunicaciones en la zona.
En su momento, Carles dijo que la conversación fue editada y
manipulada, y que, aunque existió, nunca tuvo un propósito ilícito.
Doens también aceptó estar en constante diálogo con los indígenas, pero
que ello no representa delito alguno.
Para el presidente del Colegio de Abogados, César Ruiloba, el
Ministerio Público (MP) debe investigar la procedencia de las llamadas
interceptadas a Doens y a Carles, pues sin una orden judicial eso es un
delito.
En tanto, Zulay Rodríguez, del frente de abogados del PRD, dijo que
no solo el Consejo de Seguridad tiene equipos para esas escuchas. Según
ella, Mulino confesó públicamente que habían pinchado teléfonos por
motivos de seguridad, lo cual amerita que sea procesado por delitos
contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la libertad.
En noviembre pasado, Rodríguez denunció la interceptación de una
conversación con su esposo. Antes, en 2010, el presidente del PRD,
Francisco Sánchez Cárdenas, denunció una situación similar, pero el caso
fue cerrado.
Jaime Abad, exdirector de la PTJ, dijo que solo los estamentos de seguridad tienen equipos para hacer esas escuchas.
Juan Manuel Díaz C.
Las transgresiones durante el conflicto indígena
Al terminar las protestas contra la minería, expertos coinciden en
que el balance de las transgresiones cometidas por los indígenas y el
Gobierno es amplio.
Según el constitucionalista Ernesto Cedeño, los manifestantes no solo
violaron el artículo 27 de la Constitución al impedir el libre
tránsito, sino que, además, por lo menos ocho artículos del Código
Penal.
Se trata de los artículos 136 (delitos contra la vida e integridad
personal), 149 (contra la libertad individual), 167A (contra la libertad
de reunión y prensa), 218 (contra el patrimonio económico), 230 (contra
el patrimonio histórico de la Nación), 325 (asociación ilícita), 329
(posesión y tráfico de armas y explosivos) y 394 (apología).
A juicio de Cedeño, “los indígenas obstaculizaron el tráfico y
causaron daños a la propiedad privada; se asociaron ilícitamente al
afectar bienes del Estado; portaron armas y explosivos e instigaron a
terceros”.
Sobre el Gobierno, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, la
exprocuradora Ana Matilde Gómez, el expresidente del Colegio de Abogados
Rubén Elías Rodríguez y el experto en derechos humanos Roberto Troncoso
citaron durante las protestas violaciones a los artículos de la
Constitución números 4 (acatamiento de las normas del derecho
internacional), 17 y 18 (principio de estricta legalidad), 26
(inviolabilidad del hogar), 29 (inviolabilidad de las comunicaciones),
37 (libertad de expresión), y 55 (suspensión de garantías).
A su juicio, al suspender las comunicaciones en la zona de hecho y no
en derecho, se vulneró la libertad de expresión, la inviolabilidad de
las comunicaciones y la obligación del Estado a acatar las leyes internacinales,
entre ellas, el Pacto de San José de Costa Rica sobre
derechos humanos. Asimismo, el principio según el cual los funcionarios
solo pueden hacer lo que le indican las leyes y los procedimientos para
suspender las garantías, que obligan a la declaración de un estado de
emergencia.
Pero, además, pese a lo afirmado por el ministro de Seguridad, José
Raúl Mulino, en cuanto a que la policía no entró en las casas de los
moradores de las zonas en conflicto, fotos de este y otros diarios
confirman lo contrario.
Cedeño agregó la violación del artículo 17 de la Constitución, pues, a
su criterio, el Gobierno no actuó con velocidad para proteger a los
extranjeros y nacionales; y los artículos del Código Penal 137 (contra
la vida) y 351 (abuso de autoridad).
Precisó que aún no se puede decir quién violó el 131 del Código Penal
(homicidio) ni el 164 del mismo texto (contra la inviolabilidad del
secreto y el derecho a la intimidad), esto tras la difusión de
grabaciones al margen de la ley.
El Ministerio Público, por su parte, solo ha formulado cargos por
delitos contra la libertad, contra el patrimonio y la seguridad
colectiva.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario