El Tabasará y la derogación de normas sobre indígenas
JOSÉ ARCIA
Un proyecto que estuvo suspendido
provisionalmente por dos años a principio de década, sigue vigente en la
vida de la Comarca. La historia de derogaciones de normas que protegían
a indígenas
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| PROTESTA. El pasado 25 de enero, una semana antes de las protestas en San Félix, indígenas realizaron piquete en el área de Viguí en contra del proyecto Tabasará. Foto: Oscar Sogandares G | Cortesía |
Una posición que mantienen los indígenas desde hace más de una década y durante el año 2011 y 2012 bloquearon la carretera Interamericana para oponerse a las intenciones del Gobierno de desarrollar ambas actividades en la comarca.
Todo esto, a pesar de que en 1997 se aprobó la Ley 10 que creó la Comarca Ngäbe Buglé que le da autonomía a los ngäbes para decidir sobre su territorio y un año después, se aprobó la Ley 41 de 1998, que creó la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) y desarrolla un capítulo sobre las comarcas indígenas.
Sin embargo, el potencial económico que ofrecen los recursos naturales de la comarca siempre ha estado en la mirada del poder político e inversionistas.
TABASARÁ
En el año 2000, tres años después de que se aprobara la ley de la comarca, los dos proyectos hidroeléctricos sobre el río Tabasará reciben el aval de las autoridades.
Los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Pipo Virzi, dueños del proyecto y con conocidas influencias durante los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y con el actual Ricardo Martinelli, celebraron por lo alto. Al mismo tiempo, se iniciaron las primeras manifestaciones de los ngäbes, cuando en octubre de 2000 bloquearon la carretera Interamericana.
En el escenario aparece el abogado Jacinto Cárdenas que demandó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la resolución de la ANAM que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Tabasará II.
El 6 de diciembre de 2000, la Corte suspendió provisionalmente el proyecto al admitir la demanda.
El argumento de los magistrados fue que no se tomó en cuenta los artículos 63, 99 y 102 de la Ley General de Ambiente que ‘guardan relación con la participación y aquiescencia que es preciso obtener de las comunidades indígenas’. Un día antes que la Corte suspendiera el proyecto, Moscoso anunció la designación de Winston Spadafora como magistrado de la Sala Tercera de la Corte, y como su suplente a Cárdenas.
Quedaba pendiente la ratificación, por parte de la Asamblea Nacional, de los nombramientos. Cárdenas desiste de la demanda en contra del proyecto Tabasará II y en diciembre de 2002, la Corte admite el desistimiento y levanta la suspensión del proyecto. Spadafora, uno de los magistrados más cuestionados, firmó el fallo.
ARGUMENTO DEROGADO
Los empresarios volvieron a celebrar por segunda vez y solo debieron esperar un mes para hacerlo por tercera ocasión. Dos de los tres artículos que la Corte tomó en cuenta para suspender provisionalmente el proyecto fueron derogados por la Asamblea Nacional.
El viernes 31 de enero de 2003, en Gaceta Oficial se publicó la Ley 18 de 2003, que creaba dos corregimientos, pero en una sola línea derogaba los mencionados artículos, al igual que otros tres de la Ley General de Ambiente. Todos relacionados con derechos indígenas. Ver infografía.
Los dos proyectos seguían su curso y el Tabasará I cambió de dueño y de nombre en el 2007, en vista de que Btesh y Virzi pierden la concesión, que es ganada, en licitación pública por la empresa Generadores del Istmo S.A. (Genisa) del hondureño Luis Kafie, que bautiza el proyecto con el nombre de Barro Blanco.
ÁREAS ANEXAS
El proyecto Barro Blanco inició construcción y surge una nueva polémica por las afectaciones. Tres directivos de Genisa (Aldo López, gerente general, Juan Ramón Vallarino, asesor legal, y Julio Lasso, director de Proyecto) aseguraron ayer que el proyecto no afectará un ‘solo centímetro’ de la comarca.
El proyecto, explicaron, abarca 234 hectáreas, de las cuales solo 6.8 hectáreas incluyen las áreas anexas de la comarca. El 98% de los terrenos que usará el proyecto son propiedad de la empresa y un 2% de las áreas anexas comarcales, dijeron.
‘En todos estas áreas no reside nadie, tampoco se realiza actividades ganadera y agrícola’, recalcaron.
La empresa ya cuenta con el contrato de concesión de agua y de generación y que han sido refrendados por la Contraloría.
Incluso, alegaron, que el pasado 6 de junio, el proyecto recibió la certificación de la Oficina de Cambio Climático de la ONU sobre producción limpia.
Los indígenas y ambientalistas tienen otra realidad de las afectaciones. Manolo Jiménez, dirigente del Movimiento 10 de abril, calculó en 17 mil indígenas afectados por las inundaciones que ocasionará la represa.
A juicio de Jiménez son cuatro cuencas de ríos que se verán afectadas al represar el Tabasará.
Félix Wing, director de Centro de Incidencia Ambiental, dijo que en las afectaciones no se están incluyendo áreas que la Ley 10, de la comarca, contempla como zonas anexas.
Wing pidió una comparación entre los mapas que la empresa ha mostrado del proyecto y los polígonos establecidos en la Ley 10.
En medio de estos reclamos, el Congreso Regional Kadrini firmó un acuerdo con la empresa Genesi para el desarrollo de la obra. .
Los ngäbes reinician hoy conversaciones con el Gobierno y las hidroeléctricas será el tema central. Los indígenas mantienen firme su decisión de prohibir la minería e hidroeléctricas, que le han costado decenas de heridos y un fallecido: Jerónimo Rodríguez.
TABLA
Concesión
Los proyectos Tabasará I y II inicialmente lo desarrollaban los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Virzi.
Cambios
El proyecto Tabasará I fue cedido a la empresa de capital hondureño Generadora del Istmo, que le cambió el nombre al proyecto por Barro Blanco.
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