En Panamá no hay credibilidad en los Organos del Estado, 

el gobierno vuelve a mentir, al tratar de hacer creer que el disparo que ocasionó la muerte del jóven Rodríguez Tugrí fué de un tiro de escopeta.

Hay tres investigaciones abiertas, 2 de estas en Chiriquí, en las que se cuentan 119 detenidos (13 menores) acusados por delitos contra la seguridad colectiva, contra la libertad y contra la administración pública.

José OteroRubén Polanco

panorama@prensa.com

ESCENA DEL CRIMEN

 

Menos de 24 horas después de que el indígena Jerónimo Rodríguez Tugrí cayera abatido tras recibir un disparo en el pecho durante los operativos efectuados por la Policía Nacional en San Félix, Chiriquí, para el despeje de la vía Interamericana, el Ministerio Público (MP) certificó que ese tiro mortal fue realizado a corta distancia con una escopeta.

En efecto, el MP difundió un comunicado de prensa a las 5:48 p.m. de ayer –menos de 36 horas después de la muerte de Rodríguez Tugrí, reportada a las 7:25 a.m. del domingo– en el que confirmó que a esa hora ya se había practicado no solo la autopsia al cadáver de la víctima, sino los peritajes de balística y química forense necesarios para establecer el origen y la distancia del disparo.

Según la nota, la necropsia fue realizada en la morgue de David por el subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar, y la médico Silvia de Bandel; mientras que las experticias de química forense y balística en la Subdirección de Criminalística de la entidad, en Panamá.

“...Las muestras y evidencias extraídas al cadáver dieron como resultado que la causa de la muerte fue por impacto de proyectil de escopeta efectuado a cercana distancia”, dice la nota difundida en la tarde.

Pero ya en la mañana, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, había informado en medios televisivos y radiales que el disparo mortal de Rodríguez Tugrí era de escopeta y no de las armas de la policía.

Inclusive, en la conferencia de prensa efectuada en la Presidencia, a final de la tarde del pasado domingo, Mulino adelantó que dicho disparo parecía de escopeta o de un arma calibre .38, y que la policía, casualmente, había detenido a indígenas con armas de esos calibres.

Celeridad increíble

Para David Villarreal, quien trabajó 20 años en la extinta Policía Técnica Judicial como investigador de criminalística y perito de balística, en el corto tiempo en que se realizaron todas las experticias confirmadas por el MP ayer pueden dejar muchas dudas.

Y es que, de acuerdo con su experiencia, con la autopsia al cadáver de la víctima solo se pudo determinar, en principio, las causas de la muerte, el diámetro de la herida provocada por el paso del proyectil y si esta tuvo orificios de entrada, salida o de ambos.

Si el disparo hubiese sido a próximo contacto o quemarropa, como se le dice coloquialmente, incluso se hubiese apreciado el quemado de la pólvora o un tatuaje alrededor del orificio de entrada.

Para Villarreal, sin embargo, determinar el calibre del proyectil y la distancia desde donde fue disparado requiere de una serie de pruebas que evidentemente no son tan rápidas, pues ameritan confirmaciones, pruebas y ensayos realizados con una escopeta similar o con la propia arma asesina.

En este criterio coincide el propio Pachar en su libro Lecciones de Medicina Legal, página 62, referida a la distancia de los disparos: “si bien es cierto que la distancia a la que se efectúa el disparo se puede establecer con cierta certeza en base al aspecto de la lesión de entrada, una aproximación más completa y correcta de este problema requiere del trabajo conjunto del médico forense con los peritos de balística, quienes examinarán el arma disparada y realizarán diferentes pruebas de disparos”.

Hasta la fecha, ni el MP ni la Policía Nacional han informado sobre la recuperación del arma homicida o de un arma similar.

Otros expertos advierten, incluso, que los peritajes de balística no aportan resultados concluyentes cuando se trata de escopetas, ya que estas no dejan marcas o estrías en los proyectiles que luego puedan ser comparados.

Aunque el comunicado del MP especifica que la autopsia fue realizada en David, no informa si el cadáver de la víctima ya fue entregado a sus familiares, como lo reclamaban estos desde el domingo.

Investigaciones

Hasta ayer, el MP ha dado inicio a tres investigaciones relacionadas con las protestas, una de estas a cargo de la Fiscalía Superior de Coclé y Veraguas y las otras dos por la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y Bocas del Toro.

De acuerdo con el comunicado del MP, la Fiscalía Auxiliar empezó el proceso a partir de informes presentados el jueves 2 de febrero por la Policía tras el cierre de la vía.

Al día siguiente, la Fiscalía Auxiliar comisionó a los otros dos referidos despachos, para darle seguimiento a los casos.

En Veraguas, la investigación se efectúa de acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio. No hay detenidos y ya declararon el director de Política Exterior de la Cancillería, Juan Carlos Espinoza; el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Arturo Alvarado; y dos funcionarios de esa entidad, básicamente en relación con la situación de los nacionales y extranjeros a quienes se les “impidió el libre tránsito y restringió el acceso a comida y agua”, producto del cierre de la carretera.

Espinoza entregó a la Fiscalía documentos de las embajadas de Costa Rica y Argentina.

Mientras, la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y Bocas del Toro lleva el caso de los 119 detenidos por las protestas hasta ayer, de estos 95 hombres, 11 mujeres y 13 menores de edad.

De los menores, 11 fueron entregados a sus padres ayer y los otros dos quedaron a órdenes de la jurisdicción de adolescentes, debido a que no se halló a sus parientes.

El comunicado no especifica cuántos de los detenidos fueron capturados en Chiriquí y cuántos en Veraguas.

Según el MP, hasta ayer se había ordenado la indagatoria de 66 de los detenidos a órdenes de la Fiscalía de Chiriquí, que los acusó de delitos contra la seguridad colectiva, contra la libertad y contra la administración pública.

De ese total, ocho quedaron detenidos preventivamente y una mujer fue liberada por estar embarazada.

Estas nueve personas se acogieron al artículo 25 de la Constitución, para no declarar e incriminarse.

Algunos detenidos en Chiriquí fueron llevados al hospital de Santiago y allí se les tomó declaración.

A su vez, los extranjeros fueron interrogados en el aeropuerto de David.

La Fiscalía de Chiriquí también investiga el incidente del cual fue objeto la defensora del Pueblo, Patria Portugal; la detención de personas con armas de fuego y bombas molotov; los daños a la sucursal del Banco Nacional de Panamá en San Félix; y la destrucción de los cuarteles de San Félix, Cerro Punta y la garita de tránsito de Risacua.

Ocho funcionarios de la Fiscalía Auxiliar y Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, y de las dos fiscalías de Drogas en la capital, fueron enviados a Chiriquí, para reforzar el trabajo.

La denuncia presentada ayer por abogados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la que se piden investigar el homicidio de Rodríguez Tugrí, la violación a los derechos humanos por la represión de la Policía, el uso de armas de fuego letales, la interrupción de las comunicaciones y el traslado de los detenidos a Panamá, será enviada hoy a las Fiscalía de Chiriquí.

En tanto, ayer se informó que el abogado Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), interpuso el jueves pasado un recurso de hábeas corpus preventivo en favor de la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, y contra el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; el director de la PN, Gustavo Pérez; el fiscal auxiliar, Dimas Guevara y contra cualquier otra autoridad que haya ordenado su detención.

En el reparto realizado por la secretaría del Órgano Judicial el viernes, el recurso quedó en manos del magistrado Harley Mitchell.

Uso de armas de fuego, un recurso extremo

Por cuarta vez en los últimos dos años, la opinión pública debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional (PN), esta vez tras su actuación este domingo al despejar la Interamericana, operativo que dejó un muerto y decenas de heridos.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y las autoridades de la PN afirmaron el domingo que los policías solo llevaban escopetas de perdigones y gases lacrimógenos, pero fotos publicadas ayer por La Estrella, que muestran a un oficial empuñando una pistola 9 milímetros, confirmaron las muchas denuncias de los indígenas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.

Como la del cacique Celestino Mariano, quien afirmó haber visto cuando Jerónimo Rodríguez cayó mortalmente herido en San Félix por un disparo de la policía.

Al volver a ser interrogado ayer sobre el hecho, Mulino admitió que no todos los policías que participaron en el despeje de la carretera llevaban solo equipos antimotines; que algunos pocos y experimentados oficiales, previamente autorizados, portaban consigo armas letales.

Y luego reconoció que ni él ni las autoridades de la PN estaban en la capacidad de controlar a todo el personal enviado a los operativos y que el hecho será investigado.

Pero más allá de esa investigación, la Ley 18 del 3 de junio de 1997 es clara al indicar que, si bien la PN está facultada para aplicar la fuerza y “mantener el orden público y la paz social”, debe hacerlo dentro de cuatro “niveles apropiados” de “fuerza no letal”: la persuasión, reducción física; utilización de rociadores irritantes y gases lacrimógenos y, finalmente, el uso de la vara policial.

En el caso de la “fuerza letal”, la ley dice que el uso de armas de fuego será solo un “recurso extremo”, “en caso de grave alteración del orden público” y cuando el funcionario esté en riesgo de muerte; es decir, en un acto de legítima defensa.

En 2011, la Corte Suprema se pronunció sobre el tema y expresó su preocupación al declarar legal la detención de cinco policías acusados por la muerte de igual número de menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el 9 de enero de ese año.

Pero antes, a mediados de 2010, hubo pronunciamientos tras las protestas indígenas y campesinas en Changuinola, Bocas del Toro contra “ley chorizo”, que dejaron al menos 2 muertos y 716 heridos.

Y como si aquello no hubiese ocurrido, en febrero de 2011 hubo las protestas indígenas contra la ley minera, que terminaron con 17 heridos y 20 detenidos.

Rafael Luna Noguera