Ilegales escuchas políticas

Redacción de La Prensa

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Marcos González LA PRENSA/Archivo

Exfuncionarios que en los últimos años tuvieron en sus manos la competencia para solicitar, autorizar y ejecutar escuchas telefónicas advirtieron ayer que el manejo político e ilegal que le da actualmente el Gobierno a ese instrumento puede provocar una crisis similar a la registrada en Colombia por las prácticas del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), varios de cuyos funcionarios son acusados ahora por delitos de lesa humanidad.

Los exfuncionarios reaccionaron ante las declaraciones dadas el martes pasado por el vicepresidente de la Asamblea y diputado de Cambio Democrático, Marcos González, en las que reconoció que “la seguridad del Estado” escucha a políticos de oposición y a otras personas ligadas con las recientes protestas indígenas.

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, destituida y condenada en 2010 precisamente por autorizar una escucha telefónica en un proceso judicial contra un fiscal acusado de concusión, aunque sin ser autoridad judicial para ello, calificó la admisión de González como “escandalosa”.

“Admitir que en el Consejo de Seguridad se usa toda esa tecnología que debe estar al servicio de la persecución criminal para violar la Constitución y la ley, para hacer persecuciones políticas, es un escándalo”, dijo. “Eso fue exactamente lo que pasó con el DAS de Colombia y eso es lo que quieren evitar los países que donan estos equipos”, acotó.

Gómez explicó que basada en la Ley de Drogas y después de la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia a partir de su caso, el Procurador de la Nación es la única autoridad facultada para pedir una escucha telefónica en un proceso por la comisión de un delito grave, y la Sala Penal la única que puede autorizarla.

“ No tiene ningún sentido que estamentos de seguridad estén siguiendo la vida íntima de nadie que no esté dentro de una investigación criminal”, dijo.

El exmagistrado Edgardo Molino Mola –exmiembro de la Sala Penal de la Corte– apuntó que tratándose de un diputado de gobierno, las declaraciones de González se convierten en un asunto sumamente grave que el Ministerio Público, de oficio, debe investigar.

“Este diputado ha puesto en una posición comprometida al Consejo de Seguridad”, señaló.

Su colega, la también exmagistrada de la Sala Penal Esmeralda de Troitiño, agregó que el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones es garantía fundamental consagrada en la Constitución, y todo acto que violente ese derecho es sujeto de un proceso.

A su juicio, usar las escuchas para fines diferentes a la investigación de hechos delictivos graves viola abiertamente la Carta Política.

“Cuando a la procuradora Gómez se le condenó porque ordenó unas interceptaciones telefónicas, ella lo había hecho, en principio, como autoridad judicial. Y hubo un hecho delictivo y se denunció a un funcionario de su propia institución. Por ello es que esto pareciera un absurdo. Cómo es posible que a ella se le haya condenado, y hoy día se reconozca esto otro”, dijo.

En tanto, Pablo Quintero Luna, quien fuera director del Consejo de Seguridad en el gobierno de Mireya Moscoso, dijo, de entrada, que la declaración de González se traduce en el siguiente principio: “a confesión de parte, relevo de prueba”.

Es decir, a su juicio el Gobierno acepta los “pinchazos políticos” y eso está prohibido.

“El Consejo de Seguridad no fue creado para inmiscuirse en la vida privada de nadie. Ese ente tiene funciones de ley y si sus autoridades no la cumplen, deberán ser sometidas al rigor de ley”, puntualizó.

Para el presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Carlos Lee, son preocupantes las declaraciones de González, ya que no dejaron claro si los funcionarios del Consejo de Seguridad tienen autorización judicial para las escuchas que están realizando.

Después de esas declaraciones, el Ministerio Público debe investigar si había o no la debida autorización judicial para que el Consejo de Seguridad interfiriera en la privacidad de la comunicación de los ciudadanos”, indicó, al tiempo que dejó en claro que el Órgano Judicial solo puede autorizar pinchazos cuando se investiga un delito dentro de un proceso, no cuando se sospeche de la comisión de ese delito.

Y como quiera que el diputado González señaló en sus declaraciones a la “seguridad del Estado” como responsable de las escuchas a políticos, se consultó al ministro de Seguridad encargado, Alejandro Garúz, en relación con los pinchazos.

Garúz no dudó en marcar distancia con el diputado oficialista. “ Eso es negativo. A mí no me consta que eso se esté haciendo en el Consejo de Seguridad. Este no es un tema que nos competa. No tenemos ningún conocimiento de pinchazos ni los hemos ordenado ni sabemos si se están haciendo”, dijo.

También se consultó a las autoridades de la Corte, pero se informó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial que no harían comentarios.

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, también evitó dar información en cuanto a si abrirá o no una investigación.

Reacciones políticas

Tras el aluvión de reacciones en su contra, González se desdijo ayer y afirmó que lo que él dijo fue que la inteligencia del país sabe quiénes conspiran contra el Gobierno.

Además, reiteró que tiene en su poder una grabación en la que habla el exviceministro de Trabajo Luis Ernesto Carles y que a eso se refirió cuando dijo que políticos de oposición estaban detrás de las protestas indígenas contra la minería.

“Yo lo que digo es la participación del Suntracs y de políticos panameñistas y del PRD en las áreas indígenas. El mismo día que yo dije que se estaba aprobando un golpe de Estado y que los opositores estaban en eso, la esposa de un futuro candidato a la Presidencia era quien estaba trayendo comida a los indígenas”, dijo.

Según el diputado, está mal que se graben las conversaciones. “El problema es que con el avance de la tecnología, cualquier ciudadano te graba. Pareciera que ese equipo lo venden por toda Salsipuedes. Aquí me hicieron una inspección en mi oficina el 30 de enero y encontraron que me estaban escuchando”, apuntó.

Por su parte el diputado panameñista José Blandón informó que una comisión de abogados de ese partido evalúa qué acciones tomar contra González, que además de reconocer los pinchazos acusó a opositores de planear un golpe.

(Rafael Luna Noguera, Juan Díaz C., Isidro Rodríguez, Gustavo Aparicio y José González Pinilla).