SANTIAGO CUMBRERAEREIDA PRIETO-BARREIRO
lujo.
En este avión viajaron a la final del Mundial de Fútbol 2010 Adolfo De
Obarrio, secretario privado del Presidente; André Rabello (Odebrecht);
Rogelio Oruña (IBT); Federico Suárez (MOP), así como el diputado José
Luis Varela. Cortesía
Las respuestas que hasta ahora se conocen de los
interrogatorios a los que ha sido sometido Valter Lavítola, en las
investigaciones por corrupción internacional de empresas italianas en
Panamá, evidencian importantes contradicciones.
Por un lado,
Lavítola negó a los fiscales napolitanos que lo interrogan, que hubiese
pagado soborno al presidente, Ricardo Martinelli, o a miembros de su
gobierno.
Sin embargo, Lavítola admitió haber pedido dinero al
empresario Angelo Capriotti (de la empresa italiana Svermark que
instalaría las cárceles modulares) “para mediar en la concesión de las
licencias para la realización de varios centros penitenciarios en
Panamá”.
Según la agencia de noticias EFE, Lavítola explicó
durante el interrogatorio del pasado 18 de abril, que tras una serie de
reuniones pidió a Capriotti “que fuera correspondido con 11 millones
(sin identificar la moneda), si no me equivoco. Primero 20, luego 15 y
al final llegamos a 11 millones de comisiones sobre este asunto”.
Ya
los medios italianos habían informado que Lavítola había aceptado ante
los fiscales italianos que entregó $600 mil a funcionarios panameños,
aclarando que no era para sobornos sino para pagar una serie de
“operaciones comerciales lícitas”, que no fueron explicadas.
Un
día antes de que Lavítola revelara este dato, Martinelli escribió en su
cuenta de Twitter que “En lío Lavítola no he recibido un céntimo. La
supuesta plata que recibí en Brasil quedó en la cuenta de Pesqueira
Lavítola que no conozco”.
De esa manera, el mandatario respondía a
las publicaciones de medios italianos que revelaban que, a pesar de que
el negocio de las cárceles no prosperó por los problemas judiciales de
Lavítola, se pagaron varios sobornos: $64 mil en 2010 y 530 mil euros en
2011, supuestamente destinados al Presidente de Panamá.
Los
medios italianos también destacaron que Capriotti, en enero de 2011,
entregó $16 mil a la exministra de Gobierno Roxana Méndez, a través de
una transferencia a la sociedad Devor Diagnostic, de Rogelio Oruña,
“inversor dominicano, amigo íntimo y hombre de confianza del presidente
Martinelli”, como es identificado en el expediente de la Fiscalía de
Nápoles.
Oruña –que representa a la empresa IBT que construye,
entre otras cosas, cuatro hospitales en Panamá por más de $200 millones–
asegura que esta transferencia por $16 mil era un reembolso para él,
correspondiente a la compra de equipo de cocina por $12 mil para el
restaurante Muelle Morena, en Gorgona, y propiedad de Karen De Gracia,
compañera sentimental de Lavítola en Panamá. La suma entregada a Oruña
incluía también el costo de un pasaje a Brasil para que De Gracia se
reuniera con Lavítola.
MISTERIO
Un
código de silencio es el que parece imperar hasta el momento entre los
viajeros a la final del Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica.
Por segundo día consecutivo no hubo respuesta a las preguntas que este diario le enviara al respecto al presidente Martinelli.
Las
interrogantes tampoco fueron contestadas por la Secretaría de
Comunicación del Estado, a pesar de que funcionarios como el ministro de
Obras Públicas, Federico Suárez, así como los secretarios privados del
Presidente, Adolfo De Obarrio y Sebastián González viajaron junto a
André Rabello y Rogelio Oruña, representantes de dos importantes
contratistas del Estado.
Al viaje también asistieron Ricardo y
Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del mandatario; los diputados
panameñistas José Luis Varela y Adolfo Valderrama; Raúl Sandoval, así
como Rafael Flores, ambos asistentes del vicepresidente, Juan Carlos
Varela. También viajaron Marco Geovanelli y Ricardo Moinés, amigos de
los hijos del mandatario.
Adolfo De Obarrio, el ya citado
secretario privado del presidente Martinelli, tampoco respondió a los
interrogantes que se le hicieran.
Los empresarios
El
empresario estadounidense Rogelio Oruña no solo representa a la empresa
IBT que ha obtenido contratos por $237 millones en esta administración.
También es citado en las investigaciones italianas por presunta
corrupción internacional.
IBT tiene como presidente al empresario
dominicano José Ramón Brea, a quien este diario también le envió unas
preguntas sobre el viaje a Sudáfrica. Tampoco hubo respuesta.
Sin
embargo, en febrero pasado, Brea concedió una entrevista a La Prensa, en
la que describió a Oruña como “un asociado... es más allá que un
consultor, [hace] ´lobismo´ particular, él me sirve de representante
localmente... Si estuviéramos en Estados Unidos el término es ´lobismo´
profesional, [pero] en nuestros países tiene una connotación negativa de
tráfico de influencias... él es un ´lobista´... nos abre puertas, pero
es más allá que un asociado, es una persona que estimamos...”.
El
16 de marzo de 2010, cuando la empresa IBT hizo una recepción para
anunciar su llegada a Panamá, asistieron importantes funcionarios, como
el ministro Frank De Lima; la gobernadora de Panamá, Mayín Correa; altos
cargos del Ministerio de Obras Públicas, y conocidas figuras del mundo
social y empresarial panameño; todos convocados por Oruña. “No conocía a
nadie, la verdad, no sabía si eran funcionarios o no”, comentó Brea a
La Prensa.
Otro que viajó a Sudáfrica fue el representante de la
constructora brasileña Odebrech, André Rabello. Esta empresa ha obtenido
millonarios contratos con esta administración, entre ellos la tercera
fase de la cinta costera. Rabello tampoco quiso hablar del viaje a
Sudáfrica y de su costo.
En las oficinas centrales de Odebrech, en Brasil, a las que llamó este medio, pidieron unos días para dar una respuesta.
Por
lo pronto, lo único que se sabe es que uno de los aviones utilizados
para el misterioso viaje es del empresario colombiano Jaime Gilinski,
socio de la empresa London & Regional Properties que desarrolla la
antigua base militar de Howard.
Pero no se sabe quién pagó el otro avión utilizado (un Bombardier Global Express, con matrícula EC-KFS).
OTRAS SECUELAS
En
tanto, activistas de la agrupación Partido Alternativo Popular (PAP)
presentaron ayer ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una denuncia
en contra de Martinelli y del vicepresidente, Juan Carlos Varela, por
la posible violación de la Constitución y las leyes en torno al caso
Lavítola.
Ayer también hubo movimiento en el Ministerio Público,
pero en investigaciones que apuntan en otra dirección. La excandidata
presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático Balbina
Herrera acudió a la Subdirección de Criminalística del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, para cumplir una diligencia ordenada
por la Fiscalía Séptima de Circuito, como parte de la investigación que
adelanta tras una denuncia presentada en su contra por la directora de
Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Ana Belfon, por la divulgación de
correos electrónicos pertenecientes al presidente Martinelli.
Herrera
fue citada para que reconociera dos videos presentados en los
noticieros de TVN y Canal 13 el 5 y 6 de diciembre de 2011, en los que
planteó la necesidad de rescindir los contratos suscritos en junio de
ese año con el conglomerado italiano Finmeccanica para el suministro de
19 radares, 6 helicópteros y un mapa cartográfico digital. Herrera dijo
que ella no divulgó los correos y que quien se los entregó fue Mauro
Velocci.
(Con información de Gustavo Aparicio y Juan Díaz) .
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