Las revelaciones y las contradicciones

SANTIAGO CUMBRERA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

scumbrera@prensa.com

VÍNCULOS. Documentos identifican a la abogada Marleni Paolo como la agente residente de las tres filiales que tiene el conglomerado italiano Finmeccanica en Panamá. También actuó como agente residente de Agafia Corp., sociedad panameña vinculada a Lavítola, que cobraría una comisión del 10% de los contratos con la empresa de Finmeccanica.

 

Dos días después de que el empresario italiano Valter Lavítola regresara a su país tras ocho meses en la clandestinidad, abundan los detalles de la investigación que, sobre corrupción internacional, entre otros delitos, le sigue la Procuraduría de Nápoles (Italia).

Nombres de testigos, testimonios y pruebas obtenidas por los fiscales han sido revelados en detalle por los medios italianos.

Y entre los colaboradores en la investigación destaca Mauro Velocci, el promotor de un contrato de $176 millones para construir cárceles modulares en Panamá que no llegó a concretarse.

Tras ser interrogado por los fiscales napolitanos Henry John Woodcok y Vicenzo Piscitelli, Velocci declaró que Lavítola era el mediador ante el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, identificado como una persona que recibió por adelantado “utilidades y sumas de dinero en efectivo” para concretar este negocio.

“Lavítola ha afirmado siempre que detrás de los contratos entre las sociedades de Finmeccanica y el Gobierno de Panamá había un fuerte movimiento financiero en negro, destinado al presidente Martinelli”, declaró Velocci, citado por los diarios italianos La Repubblica y Corriere della Sera.

El diario italiano La Stampa destacó (en dos páginas dedicadas al tema) que Velocci aportó evidencias documentales sobre estos posibles actos de corrupción, debido a que tuvo acceso al computador de Lavítola quien le entregó la contraseña. La Fiscalía tiene además en su poder grabaciones de conversaciones.

Los helicópteros

Según declaró Velocci, Lavítola prometió al Presidente de Panamá un helicóptero Eurocopter, valorado en $8 millones.

Dicha aeronave, continúa el relato, sustituiría otra nave prometida como soborno por AgustaWestland –del conglomerado Finmeccanica– que firmó un contrato con el Gobierno de Panamá para suministrar seis helicópteros por unos $60 millones.

El testigo reveló que la aeronave prometida a Martinelli no fue entregada “por prudencia”, debido a la apertura de una investigación judicial contra el presidente de Finmeccanica, Piero Guarguaglini, y su esposa Marina Grossi, presidenta de Selex, ambos investigados por supuestos pagos de sobornos a funcionarios y políticos extranjeros.

Justamente el lunes pasado, representantes de AgustaWestland convocaron en esta capital a una conferencia de prensa, en la que aseguraron que vendieron los helicópteros a Panamá a “precio justo”, que no pagaron comisiones y que no conocían a Lavítola.

Igualmente aseguraron no haber tenido trato alguno con la sociedad anónima panameña Agafia Corp.

Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este diario revelan vínculos entre Agusta Westland y Agafia Corp. Y es que Karen De Gracia, presidenta de la citada sociedad y vinculada sentimentalmente con Lavítola, le dirigió una misiva a Emilio Dalmasso, representante de Agusta Westland, informándole de la intención de constituir una sociedad en Uruguay controlada 100% por Agafia. Ambas sociedades tienen en común que la abogada Marleni Paolo se desempeñó como agente residente (ver facsímiles).

Paolo –que también es agente residente de Telespazio Argentina y Selex, ambas filiales de Finmeccanica– no quiso emitir comentarios, debido a que mantiene una querella penal a la excandidata presidencial Balbina Herrera por revelar una comunicación privada entre ella y Lavítola.

En un noticiero de televisión, Herrera detalló que Paolo intercambió correos con Lavítola en los que abordaba el tema de los reaseguros con Finmeccanica, surgiendo el nombre de Francisco Frankie Martinelli, pariente del Presidente de Panamá.

Según la Fiscalía de Nápoles, Frankie fue quien recibió de manos de Angelo Capriotti –socio de Lavítola– la primera coima “destinada al presidente Martinelli” en una “cajita de color oscuro”.

Hasta el momento ha sido imposible obtener una reacción de Frankie Martinelli al respecto.

Este diario también consultó en su momento al argentino Gustavo Franchella, quien dijo poseer el 100% de las acciones de Agafia Corp. Sin embargo, nada sabía de la filial en Uruguay. “Eventualmente los directores podrían tomar esta iniciativa sin mi consentimiento, pero no deberían”, afirmó.

Más testimonios

La Fiscalía de Nápoles también tomó declaración –el pasado 26 de noviembre– a Franco Frattini, quien fuera jefe de la diplomacia italiana del gobierno de Silvio Berlusconi. El ex funcionario dijo a la fiscalía que “Lavítola era muy amigo del presidente Martinelli, y que se trataban de tú”.

La agencia de noticias Ansa reportó que Frattini fue interrogado sobre las relaciones de Lavítola con el Gobierno de Panamá y, en particular, con Martinelli, al que llamaba “hermano”, declarando que era evidente que existía una relación de absoluta confianza entre Lavítola y Martinelli, ya que se tuteaban.

Según Frattini, este trato no era solo para cultivar una amistad, ya que Lavítola –aseguró el exministro– tenía otros intereses “menos filantrópicos” en Panamá.

El exministro dijo a los fiscales que el entonces embajador de Italia en Panamá, Plácido Vigo, le preguntó cómo tenía que comportarse con Lavítola, y que él le respondió que no formaba parte de la delegación, y que era un “entrometido”.

Frattini añadió que en 2011 Lavítola pidió ser nombrado cónsul honorario italiano en Panamá.

“Cuando me fue comunicada esta circunstancia, me moví con prudencia y pedí a mis colaboradores que echaran un vistazo a la petición, sin ni siquiera abrir el procedimiento. Me pareció que no era oportuno”, señaló el exministro.

Reacciones

Ayer otra vez el presidente Martinelli se comunicó a través de su cuenta de twitter.

“En lío Lavítola no he recibido un céntimo. La supuesta plata que recibí en Brasil quedó en la cuenta de Pesqueira Lavítola que no conozco”, fue el primer mensaje nada esclarecedor.

Más tarde escribió: “Para ser Presidente se debe aguantar uno que digan de todo, cierto o falso, pero compensa todo lo malo lo bueno que haces por el país”.

Por otro lado, la exprocuradora Ana Matilde Gómez calificó la situación como “un perjuicio para la gobernabilidad del país”.

“Si lo que sea que esté tratándose en el entorno judicial de Italia, de alguna manera toca nombres de altos funcionarios panameños o de funcionarios dentro del engranaje panameño, eso amerita que se esclarezca, porque la democracia se debilita cada vez más cuando quienes gobiernan pierden credibilidad”, dijo la jurista ayer a este medio.

Gómez rechazó que se distraiga la atención diciendo que los contratos de las cárceles no se dieron, porque, a su juicio, las cárceles son solo un elemento más. “Estamos hablando de una persona que gozaba del beneficio de policía presidencial (SPI), que se atendió con fondos públicos y ahora está siendo investigada”, agregó.

Sobre el anunciado viaje del vicecanciller Francisco Álvarez de Soto a Italia, Gómez advirtió que esas gestiones deben desvincularse de las que haga el Ministerio Público.

(Con información de Eliana Morales).

Las explicaciones del Palacio de Las Garzas

A pesar de que ayer se esperaba la convocatoria formal a una conferencia de prensa en el Palacio de las Garzas, no se produjo.

Solo se dio a conocer un comunicado que contenía 11 puntos explicativos de la versión del Gobierno Nacional sobre las graves revelaciones surgidas desde Italia, tras el regreso de Valter Lavítola.

El documento habla de las “fuentes judiciales que no se identifican”, como las utilizadas por las agencias internacionales de prensa que han divulgado las noticias aparecidas en diarios de todo el mundo.

El comunicado también hace un recuento cronológico de los hechos, desde que el presidente, Ricardo Martinelli, hiciera su primer viaje oficial a Italia en septiembre de 2009.

En esa ocasión –se informa– el mandatario tuvo un primer contacto con Lavítola, que llegó a Panamá el 29 de junio de 2010, junto con el entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

Con relación a las revelaciones sobre el pago de sobornos por parte de la empresa que intentaba obtener un contrato para la construcción de cárceles, el comunicado señala que “es preciso aclarar que ninguna empresa italiana ha construido o está construyendo cárceles en nuestro país”.

El documento añade que el entonces Ministerio de Gobierno sostuvo conversaciones en 2010 con la empresa Svemark, que presentó una propuesta de construcción de ciudades carcelarias en La Chorrera, David y Colón, formadas por cárceles modulares.

“Las conversaciones sobre la propuesta de construcción de las ciudades carcelarias, por parte de la empresa Svemark, solo llegaron hasta la confección de un borrador de posible contrato...”, explica el comunicado oficial.

El documento termina aludiendo el hecho de que el motivo de las investigaciones que se adelantan en Italia tienen como objetivo “las relaciones entre el señor Valter Lavítola y el ex primer ministro Silvio Berlusconi”. Por ello, el Gobierno Nacional se pregunta las razones por las que “las autoridades italianas muestren más atención en la relación del señor Valter Lavítola con autoridades panameñas y en cárceles que nunca se construyeron...”.

“Rechazamos que por canales informales a las autoridades italianas, buscando desviar la atención de los motivos originales de las investigaciones que se adelantan en ese país, traten de vincular a nuestras autoridades en inexistentes sobornos por inexistentes contratos de construcción de cárceles que nunca se construyeron”, concluye el comunicado.

Redacción de La Prensa

Un expediente perdido en la Corte

El paradero del expediente remitido por el procurador de la Nación, José Ayú Prado, a la Corte Suprema de Justicia, solicitando el cierre de las investigaciones relacionadas con la compra de radares, helicópteros y un sistema cartográfico a la empresa italiana Finmeccanica, es un misterio.

Y es que, a pesar de que fuentes del Ministerio Público aseguran que el magistrado de la Sala Penal Aníbal Salas, es el ponente del caso, en su despacho aseguran que dicho expediente no ha sido repartido ni se encuentra allí.

Este diario solicitó información a la Secretaría de Comunicación de la Corte sobre cuál de los tres magistrados de la Sala Penal tenía el caso iniciado con la denuncia del dirigente de la juventud del opositor Partido Popular, Orestes Del Río. La respuesta fue que dicho expediente no se encontraba en esa Sala y, por ende, no había sido repartido.

En la citada denuncia desestimada por el procurador Ayú Prado, y presentada por Del Río el 20 de diciembre de 2011, se solicitó la separación del cargo del ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, para garantizar la imparcialidad de las investigaciones.

Además, se pidió investigar el posible pago de una comisión del 10% a la sociedad anónima panameña Agafia Corp. y que se investigara si el ministro Mulino o alguno de sus subalternos tenía relación con el conglomerado italiano, dedicado a la fabricación de armas y equipo de seguridad.

Ahora, tras las publicaciones aparecidas en Italia vinculadas a las pesquisas por corrupción internacional relacionada con empresas italianas en Panamá, el procurador Ayú Prado dijo que solicitó a las autoridades italianas la documentación relacionada con Valter Lavítola, específicamente sobre las órdenes de arresto, con sus respectivas formulaciones de cargos, y las declaraciones de testigos o acusados relacionadas con la construcción de cuatro cárceles modulares en Panamá.

La asistencia judicial internacional se emitió dentro del sumario abierto este lunes por el Ministerio Público.

Juan Díaz/José Otero

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