Fiscales italianos interrogan a Lavítola por siete horas
REDACCIÓN DE LA PRENSA
Desde Italia
diligencia. El fiscal Henry J. Woodcock interrogó ayer a Lavítola por varias horas. ANSA / Ciro Fusco |
Ayer, Finmeccanica,
conglomerado italiano al que pertenecen las empresas Selex Sistemi
Integrati, Augusta Westland y Telespazio –que vendieron los radares,
helicópteros y el mapa digital, respectivamente, por $250 millones–,
emitió un comunicado rechazando categóricamente haber pagado comisiones
ilegales al Gobierno de Panamá o al empresario Valter Lavitola, “así
como haber autorizado que uno de sus
helicópteros Augusta haya sido
puesto a disposición del presidente panameño, Ricardo Martinelli”.
La
agencia de noticias Ansa señala que Giuseppe Orsi, administrador
delegado del grupo empresarial –cuyo capital incluye una cuota del
32.45% del Estado italiano– alegó que “nunca he autorizado, de ninguna
manera, que se pusiera a disposición o se entregara un helicóptero
AugustaWestland al Gobierno de Panamá o a su Presidente, como adelanto o
al margen de los tiempos acordados para la entrega regular de cinco
helicópteros”.
Finalmente, informó que Finmeccanica “ha encargado a
sus abogados de evaluar las acciones que estimen necesarias para la
tutela de sus propios derechos y a la reparación de los graves daños
soportados” por la difusión de noticias sobre presuntas irregularidades
vinculadas con sus actividades”.
El comunicado omite, sin embargo,
un importante dato: el 1 de diciembre de 2010 Pier Francesco
Guarguaglini renunció al cargo de presidente de Finmeccanica, debido al
escándalo de corrupción relativo al descubrimiento de la existencia de
un “fondo negro” alimentado con sobreprecios para sobornar a
funcionarios en el extranjero con el objetivo de obtener contratos.
A
esta renuncia se sumó después la de Salvatore Metrangolo, Paolo
Pozzessere, Manlio Fiori y Marina Grossi, esposa de Guarguaglini y quien
desempeñaba el cargo de directora general y consejera delegada de
Selex.
Algunas de estas personas, incluso, fueron detenidas en su momento por los hechos aludidos.
Tampoco
menciona el comunicado de Finmeccanica la carta del 17 de octubre, en
la que Selex suspende un contrato de “promoción de ventas” con la
sociedad anónima Agafia Corp., cuya presidenta es Karen De Gracias, una
panameña ligada sentimentalmente a Lavítola.
Igualmente ayer, el
diario italiano La Repubblica publicó la transcripción de unas escuchas
telefónicas del 21 de agosto de 2011 entre Lavítola y el ya mencionado
exdirector comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzassere, en las que
hablan de entregar un helicóptero al presidente de Panamá, Ricardo
Martinelli, “como anticipo del pago de 30 millones [no se especifica si
dólares o euros] que se le había prometido”.
Como ya se informó,
ni el helicóptero ni el resto del pago fue entregado. La operación salió
a la luz después de que el nombre de Lavítola apareciera en las
investigaciones por supuesto soborno a Berlusconi.
La agencia de
noticias EFE agrega que “los investigadores italianos centran sus
pesquisas en la sociedad Agafia Corp.”, mencionando al argentino Gustavo
Franchella, quien alega ser su dueño.
Los investigadores
consideran que Agafia Corp. “funcionó como intermediaria en los negocios
entre Finmeccanica y el Gobierno panameño”.
Las Cárceles
Los
documentos obtenidos por la Fiscalía de Nápoles relacionados a la
construcción fallida de cuatro cárceles modulares en Panamá por $176
millones, no hacen referencia a que el proyecto no se concretó por tener
un “costo muy elevado”, como declaró la exministra de Gobierno Roxana
Méndez.
El nombre de Méndez también ha sido ligado al supuesto
pago de coimas en Panamá por parte de empresas italianas, ya que como
exministra de Gobierno tuvo bajo su responsabilidad parte de las
negociaciones con la empresa que construiría las cárceles.
La hoy
alcaldesa capitalina explicó que se trató de un proceso largo en el que
se hicieron múltiples estudios de terreno y que, luego de consultar a la
Contraloría General, la Presidencia y el Ministerio de Economía y
Finanzas, se decidió no cerrar el trato, “tomando en cuenta las
prioridades del Estado y la capacidad de endeudamiento que había en el
momento”.
Sin embargo, el 15 de junio de 2011, Mauro Velocci,
presidente del Consorcio Svemark Panamá que propuso la construcción de
las cárceles, recibió un mensaje electrónico de Raúl Andrade, asesor
legal del Ministerio de Gobierno, en el que le pedía una “lista de
actividades bien detalladas para establecer los pagos toda vez que hay
que recordar que el 75% del contrato es suministro y se harán pagos sin
haber iniciado la construcción en Panamá...”. (Ver facsímil).
En
los documentos incautados por la Fiscalía de Nápoles también aparecen
otros correos electrónicos entre Velocci y Ábrego, en los que se
menciona que el proyecto costaría $176 millones y tendría una dimensión
de 91 mil 470 metros cuadrados.
En estas negociaciones también
participó la abogada Marleni Paolo, quien es la agente residente de las
tres filiales de Finmeccanica en Panamá. La abogada Paolo además actuó
como agente residente de la ya citada sociedad anónima panameña Agafia
Corp., que según medios italianos, cobraría el 10% de la suma total de
los contratos.
Velocci declaró a este diario que el precio nunca
fue objetado por los miembros del Gobierno panameño durante el largo
período de negociación que finalmente fracasó.
Efectivamente, en
la carta del 23 de julio de 2011 que la exministra Méndez le envió al
consorcio Svemark Panamá, suspendiendo “por ahora” el proyecto debido a
“razones de prioridades”, no se menciona que el precio era muy alto.
“Confirmamos
que este Ministerio considera muy valiosa la propuesta presentada por
su empresa y se ajusta a lo que se desea implementar en el sistema
penitenciario panameño en un futuro”, agrega la citada carta.
El
tema volvió a abrirse tres meses después, el 14 de octubre de 2011,
cuando el embajador italiano en Panamá, Giancarlo Curcio, remitió una
carta al Consorcio Svemark solicitando la donación de un hospital
pediátrico para Veraguas a cambio de retomar las negociaciones del
proyecto de cárceles modulares.
La Prensa le envió ayer un cuestionario al embajador Curcio sobre este asunto, pero no respondió.
“Queda
claro que para que el embajador Curcio haya realizado una solicitud tan
loca, seguro había hablado con alguien de más arriba del Gobierno”,
comentó Velocci a La Prensa el 8 de diciembre de 2011.
Ayer,
la alcaldesa capitalina negó haber recibido ni dinero ni beneficio
alguno como parte del proceso de negociación con la empresa Svermark, e
insistió en que el alto precio fue la única razón para la suspensión del
contrato, cuya negociación empezó el ministro José Raúl Mulino.
El interrogatorio
La
agencia de noticias Ansa detalla que la primera sesión de preguntas que
enfrentó Lavítola ayer estuvo enfocada en las ingentes sumas (más de 20
millones de euros, unos 26 millones de dólares) que el empresario
recibió del Estado italiano y con documentación falsa, para financiar
los órganos de prensa partidarios, entre los que estaba el diario
L´Avanti del que Lavítola fue editor.
La hipótesis de los
investigadores es que Lavítola desvió estos fondos –2.5 millones de
euros– hacia cuentas personales en el exterior, para financiar
operaciones irregulares en América Latina, incluyendo el pago de
comisiones ilegales en Panamá.
El segundo interrogatorio, que
comenzó inmediatamente después del primero, fue conducido por el juez
para las investigaciones preliminares Darío Gallo, por encargo de la
fiscalía de Bari, donde Lavítola es investigado por sus relaciones con
Gianpaolo Tarantini, un empresario local ya condenado por cesión de
cocaína y actualmente procesado por instigación de la prostitución.
Tarantini
es considerado por los investigadores uno de los contactos que
utilizaba Berlusconi para procurarse compañía femenina para las fiestas
que organizaba en sus residencias privadas de Roma, Milán y Cerdeña.
La sesión de preguntas duró unas siete horas.
Finalmente,
ayer el procurador de la Nación, José Ayú Prado, informó que la fiscal
segunda Anticorrupción, Lizzett Marie Chevalier Ríos, preside la
delegación del Ministerio Público que viajó ayer a Italia para hacer
entrega formal a las autoridades italianas correspondientes, de la
Asistencia Judicial Internacional fundamentada en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción.
La intención de la petición
es obtener copias autenticadas y legalizadas de la documentación
pertinente, incluyendo órdenes de arresto contra Lavítola, declaraciones
de testigos y acusados, en relación al proceso de contratación para la
construcción de cárceles modulares.
A Italia también irá, en las
próximas horas, el ministro Mulino, para insistir en que el presidente
Martinelli nada tiene que ver con las investigaciones que se le sigue a
Valter Lavítola por corrupción internacional.
(Con información de Santiago Cumbrera, Ereida Prieto, José Otero, Eliana Morales, Irene Hernández y Gustavo Aparicio).
El rol de los embajadores italianos en Panamá
Il
Fatto Quotidiano, en su edición de ayer, publicó una crónica titulada
“Las bellas carreras de los tres compañeros de Valter Lavítola”, en el
contexto de los escándalos de corrupción que involucran al gobierno de
Ricardo Martinelli.
El diario italiano cuenta los estrechos
vínculos, tanto del actual embajador de Italia en Panamá, Giancarlo
Cursio, como de su antecesor, Plácido Vigo, en las andanzas de Lavítola
en nuestro país.
La tripleta la completaría María Claudia
Ioannucci, exsenadora del partido de Silvio Berlusconi, y quien fuera
anfitriona del presidente Martinelli durante su viaje clandestino a
Cerdeña.
Según el diario, el grupo tiene dos características en común: una carrera pública exitosa y vínculos estrechos con Lavítola.
Se
asegura que los diplomáticos fueron “confidentes, cómplices e
informantes veloces de Lavítola, con una habilidad para involucrarlo en
temas [bilaterales], incluso llegando a seguir sus órdenes para
introducirlo en los negocios panameños”.
Uno de los testigos clave
de la Fiscalía de Nápoles, Mauro Velocci, presidente del consorcio
Svemark que –según se han reportado desde Italia, basado en las
investigaciones de la Fiscalía de Nápoles– habría pagado coimas en
Panamá, declaró a los fiscales que cuando buscaba obtener el contrato
para la construcción de cárceles modulares, “el embajador Cursio estaba
totalmente sometido a Lavítola y en más de una ocasión, antes de hacer
algo, consultaba con éste su parecer”.
Velocci confesó su sorpresa ante ciertas prácticas y relaciones en Panamá.
En
un recuento a los fiscales sobre la primera vez que vio el modo de
funcionar de Lavítola, dijo que “estando en el carro, de pronto [el
embajador] Vigo me dijo crudamente que para llegar a la firma del
contrato en breve, era indispensable que Capriotti [socio del consorcio
Svermark] llamara a un tal Valter Lavítola. En esa ocasión escuché por
primera vez su nombre. Y [el embajador me dijo] eso por dos motivos:
debido a que era allegadísimo al primer ministro Berlusconi –quien había
delegado en Lavítola el seguimiento de la ejecución del Memorándum
Italia-Panamá–, y sobre todo porque Lavítola [también] era muy amigo y
mucho más cercano al presidente Martinelli”.
Según el diario, a
las dudas de Velocci se contrapuso la certeza del diplomático italiano,
quien le insistió en que Lavítola estaba esperando la llamada de
Capriotti, y que esta debía producirse antes de que ellos llegaran al
ministerio.
“A ese punto, le pregunté a Vigo, que quién le había
advertido a Lavítola sobre dicha llamada y él me respondió que fue Paolo
Berlusconi [hermano de Silvio Berlusconi]”, relató Velocci.
Plácido Vigo es hoy en Roma la mano derecha del actual ministro de Relaciones Exteriores, Giulio Terzi di Sant´Agata.
Según
la crónica, Velocci contó a los fiscales sobre la firmeza del embajador
para que se hiciera la llamada. “Contrario a sus modos usualmente
educados, ese día me habló en términos duros y fatales, dejando claro
que de esa llamada dependía que nos recibiera el ministro”.
¿Pero,
de dónde nace el vínculo casi confidencial entre Lavítola y
Martinelli?, se pregunta el periódico, que inmediatamente empieza a
narrar unas vacaciones del mandatario panameño a cuenta de Lavítola en
Italia, donde entra la colaboración del tercer personaje de la crónica,
la exsenadora Ioannucci.
En agosto de 2011 –narra el diario–,
mientras Martinelli estaba en Cerdeña, Lavítola lo llevó a Villa
Certosa, la más importante de las mansiones de Silvio Berlusconi en
Cerdeña. Desde allí, Lavítola llamó al primer ministro, contándole que
está junto al Presidente de Panamá.
“Está él”, dijo Lavítola,
refiriéndose a Martinelli. “Además, están el ministro de Obras Públicas,
el presidente de la banca central, otro amigo de ellos y Ioannucci,
quien ha servido de anfitriona en Cerdeña”, cuenta el rotativo.
Ioannucci
en ese entonces había sido nombrada por Berlusconi en el consejo de
administración de los Correos Italianos, y cuenta que aprovechó la
ocasión para firmar un convenio con Martinelli para la supuesta
modernización de los correos panameños.
A Ioannucci le
correspondió la tarea de que el Presidente panameño –según Il Fatto–
fuera fotografiado en la villa de Berlusconi “para poder enviar dichas
fotos a la prensa de su país”.
“Son cosas de poder, de relaciones,
de publicidad, de dinero y de amistad, las cosas donde estaba el valor
agregado de Valter”, concluye el reportaje.
Redacción de La Prensa
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