Fiscalía italiana involucra a Martinelli en sobornos
SANTIAGO CUMBRERA
De La Prensa
 |
| ESCÁNDALO. Importantes medios italianos e internacionales recogieron en sus páginas el escándalo de pago de sobornos de Lavítola a funcionarios del Gobierno de Panamá. |
La investigación por corrupción internacional que adelanta la Fiscalía
de Nápoles y que tiene como figura central al italiano Valter Lavítola,
identifica al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, como una persona
que recibió “utilidades y sumas de dinero en efectivo”, en relación con
el fallido contrato para la construcción de cuatro cárceles modulares
por $176 millones.
Así lo dieron a conocer ayer los principales diarios italianos –que luego reprodujeron agencias internacionales y medios de todo el mundo– a la llegada de Lavítola a Italia, después de permanecer ocho meses en la clandestinidad.
De acuerdo con las investigaciones, la exministra de Gobierno Roxana Méndez y otros funcionarios panameños aún sin identificar, también habrían sido sobornados por Lavítola, quien será indagado hoy por los fiscales de la causa.
Varios medios en Italia revelaron detalles de un viaje a la isla de Cerdeña, del 18 al 21 de agosto de 2011, en la que participaron Martinelli, dos de sus ministros y un miembro de la Corte Suprema de Justicia, “con sus respectivas mujeres y acompañantes”.
Así lo dieron a conocer ayer los principales diarios italianos –que luego reprodujeron agencias internacionales y medios de todo el mundo– a la llegada de Lavítola a Italia, después de permanecer ocho meses en la clandestinidad.
De acuerdo con las investigaciones, la exministra de Gobierno Roxana Méndez y otros funcionarios panameños aún sin identificar, también habrían sido sobornados por Lavítola, quien será indagado hoy por los fiscales de la causa.
Varios medios en Italia revelaron detalles de un viaje a la isla de Cerdeña, del 18 al 21 de agosto de 2011, en la que participaron Martinelli, dos de sus ministros y un miembro de la Corte Suprema de Justicia, “con sus respectivas mujeres y acompañantes”.
Líderes opositores exigieron el nombramiento de una comisión Ad hoc para pedir información del proceso judicial en Italia.
El procurador de la Nación, José Ayú Prado, informó ayer que abrió una investigación por el delito contra la administración pública, y que pedirá asistencia judicial internacional dirigida al Ministerio de Justicia de Italia, con fundamento en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas.
El procurador de la Nación, José Ayú Prado, informó ayer que abrió una investigación por el delito contra la administración pública, y que pedirá asistencia judicial internacional dirigida al Ministerio de Justicia de Italia, con fundamento en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas.
(Con información de Ereida Prieto, José Otero, Rafael Luna Noguera y Gustavo Aparicio)
Fiscales italianos identifican el pago de sobornos
El procurador, José Ayú Prado, informó que había abierto una investigación por supuesto delito contra la administración pública.
Primero fue en los principales diarios italianos, y luego, en
importantes publicaciones internacionales como el Financial Times. La
noticia corrió ayer como reguero de pólvora: el presidente de Panamá,
Ricardo Martinelli, aparecía en las investigaciones que realiza la
Procuraduría de Nápoles a Valter Lavítola, el italiano que jugó un papel
clave para la formalización de los contratos entre Panamá y
Finmeccanica por $250 millones, para la compra de 19 radares, 6
helicópteros y un mapa digital.
Lavítola llegó ayer a Roma procedente de Buenos Aires, tras ocho meses como prófugo de la justicia.
A su llegada al aeropuerto Fiumiccino, y antes de ser llevado a
prisión, Lavítola fue notificado por representantes de la Fiscalía de
Nápoles de una larga lista de cargos en su contra, entre los que están
el fraude de quiebra, lavado de dinero y corrupción internacional, a
través de empresas italianas en Panamá.
Es en este último caso donde surge lo que la Agencia de Noticias
Parlamentaria italiana llama “un cuadro grave de pistas” identificadas
por las autoridades judiciales, acerca de la promesa y el pago de
“grandes sumas de dinero o bienes para el beneficio de miembros del
Gobierno de Panamá.
PESQUISAS
El diario italiano La Repubblica destacó en su
noticia de ayer, que las pruebas recabadas por los fiscales de Nápoles,
Henry John Woodcok y Vicenzo Piscitelli, que investigan el caso de
corrupción internacional, dan cuenta de que en el intento de obtener un
contrato para la construcción de cuatro cárceles modulares por $176
millones, Lavítola supuestamente recompensó con “utilidades y un maletín
con dinero en efectivo” al presidente Martinelli, a la exministra de
Gobierno y hoy alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, así como a otros
funcionarios panameños.
La relación entre Lavítola y el Gobierno de Panamá se construyó, según el diario Il Giornale,
gracias a tres videos relacionados con la misión del Gobierno de Italia
en Panamá para el logro de acuerdos en los que participó Lavítola.
Con ello se hace referencia al acuerdo de cooperación firmado el 30
de junio de 2010 entre Martinelli y el entonces primer ministro de
Italia, Silvio Berlusconi, que sustentó los contratos del Gobierno
panameño con Finmeccanica.
El mismo diario destacó que entre lo incautado por los fiscales hay
una computadora –no se revela el nombre del propietario– con una serie
de correos electrónicos intercambiados entre Lavítola y el presidente
Martinelli, así como otros miembros del Gobierno de Panamá.
Las pruebas obtenidas hasta el momento guardan relación con el
contrato para la construcción de cárceles modulares por la empresa
Svemark. Este contrato no llegó a concretarse.
La Fiscalía de Nápoles también ordenó el arresto de Angelo Capriotti,
Paolo Passalacqua –del consorcio Svemak– y de Claudio Fagiano,
representante en Panamá de la empresa.
PAGOS
Según la agencia de noticias Ansa, Lavítola y sus socios prometieron
$20 millones al presidente Martinelli, a la exministra Méndez y a otros
funcionarios sin identificar, con el objetivo de concretar el millonario
contrato.
También se prometió un helicóptero Eurocopter valorado en 8 millones
de euros (10.5 millones de dólares) –con interior de piel Hermes– según
el diario Il Messaggero, que identificó a Francisco Frankie Martinelli,
pariente del Presidente de Panamá, como el gestor de las negociaciones.
Según la agencia Ansa, a pesar de que el negocio de las cárceles
finalmente no prosperó por los problemas judiciales de Lavítola, se
pagaron varios sobornos, entre los que mencionan dos: en 2010 y 2011, de
$64 mil y 530 mil euros ($695 mil), respectivamente, supuestamente
destinados a Martinelli.
La causa de la fiscalía describe incluso que la primera coima
“destinada al presidente Martinelli” fue entregada por Capriotti “en una
cajita de color oscuro” a Frankie Martinelli, el pariente del
Presidente.
Este diario intentó obtener una reacción de Frankie Martinelli, pero se informó que estaba en una reunión.
La agencia noticiosa también indicó que Capriotti, en enero de 2011,
entregó $16 mil a la exministra Méndez, a través de una transferencia a
la sociedad Devor Diagnostic, que dirige Rogelio Oruña, “inversor
dominicano, amigo íntimo y hombre de confianza del presidente
Martinelli”.
En marzo de 2011, destaca la causa de la fiscalía, hubo otro pago de
$60 mil a Passalacqua destinado a Martinelli. El pago más considerable
se produjo entre mayo y junio de 2011 y fue de 530 mil euros, “destinado
al presidente Martinelli por indicación de Lavítola”.
Este dinero surgió de una cuenta de la empresa italiana SIE Spa y
llegó a una cuenta de la brasileña Sie Ltda (ambas dirigidas a
Capriotti).
La empresa Svemark –constituida en Panamá el 25 de febrero de 2011 y
que propuso la construcción de las cárceles modulares– es presidida por
el otrora amigo de Lavítola, Mauro Velocci, quien denunció en Panamá que
el proyecto no se concretó porque lo presionaron para que “donara” un
hospital en la provincia de Veraguas, una obra que había sido ofrecida
por el hoy ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, en 2009.
En declaraciones a La Prensa el 8 de diciembre
pasado, Velocci narró que Lavítola impulsó este contrato que también
tenía sustento en el acuerdo de cooperación entre Panamá e Italia.
Velocci también acusó directamente a Méndez de “presionarlo” en junio
de 2011 para que comprara cuatro terrenos por $3 millones, para
construir las cárceles.
Consultada en su momento, Méndez negó las acusaciones, e insistió en que la obra no se hizo porque su costo era muy elevado.
Velocci, por su parte, asegura que el negocio no se produjo por problemas de la empresa en Italia.
TODO INCLUIDO
Los medios italianos también revelaron ayer los datos de un viaje a
la isla italiana de Cerdeña, en el que participaron el Presidente de
Panamá, dos ministros y un miembro de la Corte Suprema de Justicia,
“todos con sus respectivas mujeres y acompañantes”, cuyos nombres no
fueron revelados.
“Las vacaciones corrieron por cuenta de Lavítola, quien organizaba la
estadía del 18 al 21 de agosto de 2011”, reveló la agencia de noticias
Agi.
La información señala que el hotel donde se hospedaron los panameños
es propiedad de María Claudia Ioannucci, directora de la Oficina de
Correos de Italia, quien se encargó de las reservaciones.
La información agrega que existe una conversación telefónica con el
número 2082, del 7 de agosto de 2011, en la que Lavítola discute con
Ioannucci sobre la estadía que costaría 36 mil euros (unos 47 mil 200
dólares), 2 mil euros la noche.
Además de la estadía, Lavítola se preocupaba por la atención de los
huéspedes, por lo que alquiló un barco por 7 mil euros (unos 9 mil 200
dólares) por dos días, que pagó a través de una transferencia bancaria.
Las pesquisas que adelanta la Fiscalía de Nápoles y que han dado a
conocer los medios italianos coinciden con el misterioso viaje que
realizó Martinelli a Italia.
El Presidente partió el 18 de agosto hacia Alemania para recibir las
tuneladoras que trabajarían en la construcción del Metro. Sin embargo,
hizo escala en Italia y allí visitó a Berlusconi en su suntuosa mansión
vacacional en la isla de Cerdeña.
Martinelli estuvo acompañado de los empresarios Gabriel Btesh,
Ricardo Francolini, así como del ministro de Obras Públicas, Federico
Suárez.
Al revelarse el misterioso viaje, el Gobierno informó que se había
firmado un acuerdo para la modernización de los Correos y Telégrafos con
Ioanucci, la ya citada dueña del hotel donde se hospedaron los
huéspedes panameños y, casualmente, la directora de la Oficina de
Correos de Italia.
Hasta el momento, nada se sabe del citado convenio, ni sus repercusiones para Panamá.
Reacciones
Como ya es habitual, el presidente Martinelli reaccionó a las novedades a través de su cuenta de Twitter.
“En Panamá ninguna empresa italiana está construyendo ni una cárcel”, fue su primer mensaje.
Más tarde, y tras la conferencia de prensa de los directivos de la
empresa que vendió los helicópteros a Panamá (ver nota relacionada), el
mandatario comentó que “Augusta Westland, filial de Finmeccanica, dijo
que el precio de compra era justo y de mercado, que no había comisiones
ni pagó nadie en Pty”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, afirmó
que ese despacho no ha firmado ni tiene programado o en ejecución algún
contrato con ninguna empresa italiana para la construcción de cárceles,
por lo que desestimó las informaciones sobre supuestos pagos de sobornos
a altos personeros del Gobierno.
Fábrega agregó que el Memorando de Entendimiento de Cooperación
Técnica entre Panamá e Italia firmado el 30 de junio de 2010, incluyó la
posibilidad de que se construyeran cárceles en las ciudades de David,
Santiago y Colón, y para ello representantes de la empresa Svemark
Consorcio Panamá S.A. vinieron al país y elaboraron una propuesta, que,
sin embargo, fue rechazada por la entonces ministra Méndez.
El rechazo, afirmó, se debió al tema de los costos de las obras, que resultaron muy onerosos.
Detalló, además, que desde esa fecha solo se ha dado inicio a la
construcción de La Nueva Joya, obra encargada a una empresa
panameño-colombiana, y en el próximo mes se realizarán las licitaciones
para la construcción de nuevas cárceles en La Chorrera ($13 millones) y
David ($19 millones), ninguna de estas relacionada con empresas
italianas.
“[En Panamá] eso no existe, es un asunto meramente especulativo”,
dijo ayer en conferencia de prensa, en alusión a las informaciones sobre
las investigaciones que realizan los fiscales italianos.
Sobre el caso de la empresa Finmeccanica, señalada por el supuesto
sobreprecio en la venta de 19 radares a Panamá, Fábrega dijo que ese es
un tema que lleva el Ministerio de Seguridad.
¿INVESTIGACIÓN?
Ayer, diputados de los opositores Partido Panameñista y Partido
Revolucionario Democrático (PRD) instaron a la Asamblea Nacional a
nombrar una comisión Ad hoc para que pida información a las autoridades
italianas sobre el proceso judicial en el que se menciona que el
Presidente de la República recibió dinero en efectivo por parte de un
empresario italiano.
El diputado panameñista José Blandón afirmó que más allá de la
veracidad o no de estas acusaciones, lo cierto es que hay un
señalamiento al respecto de la Fiscalía de Nápoles en Italia.
Por ello, agregó, la Asamblea no le puede dar la espalda a esa
realidad. “Nosotros, también los de Cambio Democrático, los
panameñistas, los perredés, los molirenas, los del Partido Popular,
tenemos todos que pedir que el gobierno explique claramente lo que
sucedió aquí y no simplemente que diga que es un asunto de Italia,
porque lo que está saliendo en diarios de México, Italia, Argentina y de
otros países, es que un empresario italiano sobornó al Presidente
panameño”, argumentó Blandón.
Esos señalamientos, agregó el diputado opositor, tienen que ser
objeto de debates en la Asamblea, por lo que se debe designar a una
comisión Ad hoc para que les pida a las autoridades italianas más
información con respecto a este caso y les pida a las autoridades
panameñas mayor transparencia en esta situación.
En tanto, el diputado perredista Juan Carlos Arosemena manifestó que
se trata de una situación muy delicada, por lo que si ya las autoridades
italianas están investigando, lo conveniente para la Asamblea Nacional
es que en su papel fiscalizador nombre una comisión Ad hoc que pida
mayor información.
“Aquí hay que eliminar las pasiones políticas; se está señalando al
primer magistrado de la República [sic] desde otro país, lo que es muy
delicado, y definitivamente esta situación en Panamá no puede ser
manejada si no por el Órgano Legislativo”, dijo.
Arosemena, de igual forma solicitó al Presidente de la República que
aclare esta situación, porque eso puede causar un grave problema no solo
a la imagen del mandatario sino a la del país.
Por su parte, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, informó
ayer que había abierto una investigación sumarial por el delito contra
la administración pública, relacionado con denuncias sobre el supuesto
pago de coimas en las contrataciones para las construcción de celdas y
cárceles modulares entre el actual gobierno y el consorcio italiano
Svemark.
Ayú Prado informó que este expediente se abría de oficio, basado en
las publicaciones de medios periodísticos en los cuales se informa de
estos supuestos actos de corrupción.
El Procurador agregó que su despacho enviará una formal asistencia
judicial internacional dirigida al Ministerio de Justicia de Italia, con
fundamento en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, en
la que solicitará información relacionada con las contrataciones para
las construcción de dichas cárceles en Panamá.
Agregó que hasta este momento el Ministerio Público no ha recibido
ninguna petición oficial de la Fiscalía de Nápoles, relacionada con las
investigaciones que instruye y sobre las denuncias y acusaciones que se
han dado a conocer a través de medios periodísticos de ese país.
Añadió que, por ley, el Ministerio Público no puede investigar al
Presidente de la República, ni a magistrados de la Corte Suprema, como
tampoco a diputados de la Asamblea Nacional.
(Con información de Gustavo Aparicio, Rafael Luna Noguera y José Otero).
Roxana Méndez niega acusaciones
La exministra de Gobierno y actual alcaldesa capitalina, Roxana
Méndez, negó que haya “recibido maletines” como parte de un soborno de
una empresa italiana para la construcción de cuatro cárceles modulares
por $176 millones. “En ningún momento hemos recibido un centavo de
ningún contrato que no existe; muchos menos he sido intermediaria para
darle ninguna plata a nadie. No entiendo de dónde sale esta noticia”,
señaló.
El proyecto para construir cuatro cárceles modulares originalmente
fue impulsado por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y era
parte del acuerdo que firmó el presidente, Ricardo Martinelli, con el
hoy exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi. Méndez confirmó que
fue Valter Lavítola, quien representaba al consorcio italiano Svemark
(que construiría las cárceles), quien le presentó el proyecto en
compañía del italiano Mauro Velocci, presidente del citado consorcio.
Dijo que solo en una ocasión le aceptó un almuerzo a Lavítola para
hablar de estos contratos. Contó que fue en el hotel Miramar, en
presencia de varios testigos.
Señaló que tampoco aceptó pago de vacaciones u otros beneficios
materiales de parte del consorcio italiano. La exministra había
declarado el 10 de abril pasado que se reunió en varias ocasiones con
Lavítola para las negociaciones sobre el contrato con el consorcio
Svemark. Méndez agregó que el contrato para las cárceles modulares no se
formalizó porque era muy costoso para el país. De una negociación que
comenzó en $150 millones de dólares, terminó en casi $180 millones,
explicó. Dijo que el convenio firmado con el Gobierno italiano no
obligaba a firmar el contrato para las cárceles móviles, y todo dependía
de si a Panamá le convenía el monto y el proyecto.
Por su parte, el vicepresidente, Juan Carlos Varela, quien acompañó a
Martinelli en al menos dos viajes a Italia, manifestó que el convenio
de cooperación técnica en materia de seguridad firmado el 30 de junio
entre ambos gobiernos (Italia y Panamá) y que menciona la publicación
italiana, no era vinculante y no obligaba a contratar empresas ni montos
específicos. “Desde que se dieron los primeros indicios de falta de
transparencia en estas contrataciones, dejé clara mi posición de que los
contratos debieron ser suspendidos”. El hoy político opositor agregó
que que en los viajes que hizo a Italia con el Presidente, en calidad de
canciller, hubo entrevistas con empresarios por intereses en el Canal,
en temas de energía, Metro, seguridad, almacenamiento de combustible,
pero nunca, dijo, se tocó directamente el tema de las cárceles o los
contratos que actualmente se investigan.
Eduardo Mendoza
Eliana Morales
Eliana Morales
´No conocemos a Lavítola´
“No hubo pago de soborno, le vendimos los helicópteros a precio justo
a Panamá y no conocemos a Valter Lavítola”, fueron las afirmaciones
hechas ayer, en conferencia de prensa, por Marcos Acca, director
comercial de AugustaWestland, que vino desde Italia a “aclarar” su
relación con la empresa Finmeccanica, hoy investigada por supuestos
pagos de sobornos a funcionarios extranjeros.
“Espero que quede claro, si no es así, lo repito: se vendieron los
helicópteros a precio justo y no hubo intermediarios, no conocemos a
Lavítola”, insistió Acca.
Sin embargo, reconoció que no ocupaba su actual cargo cuando se negociaron los contratos con el Gobierno de Panamá.
Al ser interrogado sobre la posible intervención de Lavítola y de la
sociedad panameña Agafia Corp., vinculado –a través de Karen De Gracia–
al hasta ayer prófugo de la justicia italiana en las negociaciones, Acca
dijo que “nunca hemos tenido comunicación con esa empresa ni con
Lavítola. No hemos pagado ninguna comisión. De ello solo sabemos por los
periódicos”. Sin embargo, Lavítola trabajó como consultor para
Finmeccanica hasta el 30 de junio de 2010, justo el día en que se
firmaba el convenio de cooperación entre Italia y Panamá que sustentó el
contrato para la compra de seis helicópteros.
A pesar de que el Gobierno de Panamá informó en su momento que, de
los seis helicópteros comprados a Augusta, cinco serían para los
estamentos de seguridad y uno de pasajeros, documentación a la que tuvo
acceso este diario muestra que se solicitaron dos helicópteros de
pasajeros y uno de ellos con especificaciones VIP, por más de 13
millones de euros (17 millones de dólares). Unos 2 millones de euros
(2.6 millones de dólares) más que los otros cinco helicópteros.
“La única diferencia sustancial con los otros helicópteros es que los
sillones son más cómodos y el ruido es mínimo. La diferencia de precio
no es sustancial”, aseguró Acca.
“Me parece que fue el gobierno el que después decidió que sería un
solo helicóptero VIP”, añadió. Pero dijo no saber quién, ya que tenía
“poco tiempo en el cargo”.
Aunque no se brindaron detalles específicos de la visita, los
directivos de Augusta anunciaron que habían llegado “hace días a Panamá”
para aclarar la situación, y que antes de subir al avión de retorno a
Italia querían hablar con la prensa.
Lo que sí se aclaró es que los helicópteros “serán entregados en el verano [julio] de 2012”, ya que se están construyendo.
Una revisión a la página oficial de Augusta revela que los
helicópteros VIP son para “exigentes viajeros de negocios” con sillas de
cuero, interior lujoso, que “hacen de este helicóptero una excelente
opción chárter privado, incluso para el líder empresarial más refinado”.
Mientras los representantes de Augusta justifican su presencia en
Panamá, en el lugar apareció repentinamente Luis Eduardo Camacho,
secretario de Comunicación del Estado.
Camacho se colocó cerca de la mesa principal; luego de un sutil
saludo al equipo de Augusta, se ubicó detrás de los periodistas. Se
mostró atento a cada respuesta de los empresarios, pero la pregunta
sobre los helicópteros VIP llamó especialmente su atención.
-¿Cuál es la especificación del helicóptero VIP, aparte de tener puestos cómodos... tiene un minibar?, preguntó La Prensa.
Camacho se elevó ligeramente para ver el rostro de los ejecutivos de
Augusta cuando respondían la interrogante. Ellos dijeron que era más
espacioso y que no había bar. Luego, Camacho afirmó que para el gobierno
estaban “cerradas” las investigaciones por supuesto pago de coimas a
funcionarios panameños para tramitar el contrato millonario con
Finmeccanica. “El Ministerio Público cerró la investigación porque no
encontró ninguna evidencia de irregularidad, pero las autoridades
italianas harán lo suyo porque eso les compete es a ellos; ese es su
problema”, sostuvo Camacho.
Ereida Prieto-Barreiro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario