´Seré procuradora de hierro´

Ana Belfon, que en un informe publicado en 2007 criticó el método de selección del Procurador, aseguró ayer que mantiene su posición.

Isidro Rodríguez

irodriguez@prensa.com

 

Ana Belfon prometió que cumplirá con las leyes y la ´Constitución´ tras ser ratificada anoche en la Comisión de Credenciales de la Asamblea. LA PRENSA/Jorge Fernández

Ana Isabel Belfon llegó ayer a las 8:40 a.m. a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para la segunda sesión en la que se discutiría su ratificación como procuradora general de la Nación.

Belfon rompió el silencio que había mantenido desde que fue nominada por el Ejecutivo para el cargo de procuradora.

Habló de su pasado como “fiscal de hierro” durante la dictadura militar. Negó que haya perseguido a los civilistas que se oponían al entonces dictador Manuel Noriega. Respondió a las dudas sobre su independencia en el Ministerio Público debido a su cercanía laboral con el presidente, Ricardo Martinelli.

¿Fue la fiscal de hierro durante la dictadura militar?

Bueno de acuerdo con la información histórica que existe, se me denominó fiscal de hierro porque era dura con la persecución del delito, y en este momento voy a hacer lo mismo: a perseguir, pero el delito.

¿Se va a apegar a la ley?

Por supuesto, toda mi vida como abogada me he apegado a la ley y a la Constitución. Ese es el norte.

¿Persiguió a civilistas?

Yo nunca perseguí a civilistas.

Usted dijo que la denominaban fiscal de hierro porque era estricta, ¿ahora será la procuradora de hierro?

Persiguiendo el delito, por supuesto que sí.

¿Persiguió a Guillermo Sánchez Borbón en la época de la dictadura?

Oportunamente me voy a referir a ese tema.

¿Firmaba órdenes de detención en blanco para detener a civilistas, como denunció el diputado José I. Blandón?

Desconozco lo que usted me pregunta.

¿Usted renunció a su cargo en la Presidencia?

No es necesaria la renuncia.

¿Cómo justificará su independencia, si usted trabaja en el gobierno?

Oportunamente yo voy a referirme al tema respecto a la independencia judicial, porque yo soy una estudiosa de la ley.

¿Considera que merece ser procuradora?

No sé si merezco o no ser la procuradora. Soy abogada. Tengo una formación penalista y vengo a hacer mi trabajo dentro de los rangos que establece la Constitución.

¿El Presidente conversó con usted para la designación?

Por supuesto. Cada vez que se va a designar a una persona, el Presidente de la República conversa con la persona elegida.

Salomón Shamah dijo que el Presidente no la conocía hasta después de 2009, sin embargo, en 2000 usted fue su abogada en un proceso.

Bueno, el señor Shamah se refería al tema respecto a la inmediatez en el tipo de trabajo que uno hace.

Representó al Presidente en el proceso contra Balbina Herrera. ¿Cómo atenderá esto cuando llegué al Ministerio Público?

Yo no era la representante legal de ninguna manera. En el caso de la señora Balbina Herrera, a nosotros nos ha correspondido como secretaria ejecutiva interponer una denuncia, no contra Herrera, sino con relación a los hechos que dieron lugar, cuando se hicieron públicos unos correos del Presidente de la República. Nosotros, en ese momento, no hicimos más que cumplir con una disposición que está contenida en el Código Judicial, de que cuando se es servidor público y se tiene conocimiento de la posible existencia de un delito, se denuncie ante el Ministerio Público, y eso fue lo que nosotros hicimos. Toda la vida lo que he hecho es cumplir con los postulados de la Constitución y de los códigos.

Pero ahora usted estará en la Procuraduría, ¿qué pasará con esa denuncia?

El código establece los mecanismos para que las personas que han conocido de denuncias se declaren impedidas, de tal suerte que yo no pudiera tener ninguna intervención en el proceso de la señora Balbina. Pero incluso por razones de competencia, no le corresponde al Procurador General de la Nación conocer del tipo de delito que se le está imputando a la señora Balbina.

Los opositores afirman que usted ha estado detrás de la ley chorizo, la reelección, entre otras leyes polémicas.

Oportunamente nos vamos a referir a eso.

El diputado Blandón leyó un documento en el que usted criticaba la forma como se selecciona al Procurador.

Y la sigo criticando.

Pero la están ratificando de la misma manera.

Recuerden que como abogados tenemos que trabajar con las leyes que existen. En este momento no existe otro mecanismo para escoger a los magistrados y procuradores.

¿Y por qué no eleva su queja nuevamente, sabiendo que va a ser ratificada con esa misma metodología que usted criticó?

Yo hice un estudio como consultora sobre administración de justicia en Centroamérica y Panamá, e hicimos observaciones puntuales respecto a la fórmula que está contenida en la Constitución de cómo se escoge a los magistrados y procuradores del país. Esa crítica la continúo haciendo, porque en nuestra vida hemos procurado ser consecuentes con lo que decimos y lo que pensamos.

Pero va a terminar beneficiándose.

Porque también he estado acostumbrada a hacer los cambios dentro de las instituciones. Toda mi vida me he dedicado a construir en materia de educación, porque soy educadora. He sido facilitadora y catedrática de la Universidad de Panamá desde 1996 . De manera que muchos abogados han pasado por las aulas donde hemos impartido la cátedra penal y procesal penal, y siempre creo que debemos construir dentro de las instituciones.

La renuncia de Ayú Prado

El debate en la Comisión de Credenciales empezó con la presentación de una carta de José Ayú Prado en la que confirma su renuncia al cargo de procurador.

La carta enciende el debate, ya que el diputado panameñista José I. Blandón señala que la renuncia de Ayú Prado es condicionada.

Según Blandón, Ayú Prado menciona que su dimisión no será efectiva hasta que la comisión y el pleno tomen la decisión de ratificarlo como nuevo magistrado de la Corte Suprema.

Indicó que no se podía ratificar a Belfon como procuradora, ya que la vacante aún no está disponible sin la renuncia formal de Ayú Prado en el Ministerio Público.

No obstante, el presidente de la Comisión de Credenciales, Mario Miller (Cambio democrático), interpretó que en la carta la renuncia de Ayú Prado era tácita.

Intervenciones

Luego de la discusión por la carta de Ayú Prado, se dio paso a las personas que concurrieron a señalar sus argumentos en contra o a favor de la ratificación de Belfon.

Se anotaron cerca de seis personas, entre abogados y políticos. El expresidente Ernesto Pérez Balladares se anotó, pero no asistió. El expresidente concurrirá hoy cuando se ventile la ratificación de Ayú Prado como magistrado de la Corte, señalaron fuentes legislativas.

La mayoría de los que intervinieron defendió el nombramiento de Belfon.

“La licenciada Ana Belfon cuenta con toda la capacidad profesional para ocupar el cargo para el cual ha sido designada”, señaló el abogado Ulises Pittí.

Mientras que Eduardo Sinclair también pidió el voto afirmativo para Belfon porque “tiene los méritos para el cargo”.

Por su parte, el dirigente panameñista Jorge Gamboa Arosemena indicó que para ocupar el cargo de Procurador hay que ser honesto y Belfon no lo es, porque cuando era fiscal primera aceptó el puesto sin tener los años de experiencia que exigía la ley.

Belfon se graduó en 1982 y ese mismo año se la nombró fiscal de circuito, y en 1986, con tres años y medio, ya era fiscal superior, cuando las leyes de la época establecían como requisitos para ese cargo cinco años de ejercicio, denunció el también panameñista José I. Blandón.

Por su parte, el abogado Daniel Henderson Mora también defendió la designación de la abogada para jefa del Ministerio Público.

En tanto, la dirigente perredista Balbina Herrera cuestionó la independencia que Belfon pueda tener en el Ministerio Público, porque es una funcionaria que viene de trabajar con el mandatario, Ricardo Martinelli, y además, lo representó en una denuncia en su contra por revelar correos sobre el escándalo de corrupción con empresas italianas.

PRD: voto zigzagueante

Los dos diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) que pertenecen a la Comisión Legislativa de Credenciales (Leandro Ávila y José Luis Fábrega), se ausentaron en el momento de la votación en que se ratificó el nombramiento de Ana Belfon para el cargo de procuradora general de la Nación. Con seis votos a favor y dos en contra, la comisión ratificó a Belfon, y su nombramiento como jefa del Ministerio Público debe pasar hoy al pleno legislativo. Ávila había participado durante la mayor parte de la sesión, pero horas antes de la votación abandonó el recinto y dejó a su suplente Alejandra Sanjur, que votó en contra.

El perredista Fábrega no envió a su suplente.

No obstante, Ávila en su intervención dijo que no podía criticar a Belfon cuando laboró en el Ministerio Público en la dictadura, porque él no era político en esa época.

Su colega Crispiano Adamés, también del PRD, la defendió. “Yo no tengo por qué defenderla, pero confío en que su perfil académico le podrá permitir construir su pedestal en este cargo”, indicó.

Los argumentos de los diputados del PRD a favor de Belfon se dieron a pesar de que el secretario general encargado, Javier Martínez Acha, declaró que la bancada votaría en contra del nombramiento de Belfon. Por su parte, del lado del Partido Panameñista, su diputado en la comisión José I. Blandón votó en contra del nombramiento. “Ana Belfon fue el brazo ejecutor de los militares para perseguir y arrestar a civilistas como Miguel Antonio Bernal y Guillermo Sánchez Borbón”, sostuvo Blandón como argumento para rechazar a la abogaba que viene de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia. Por el oficialismo, sus seis diputados respaldaron la designación del Ejecutivo: Mario Miller, Manuel Cohen Salerno, Francisco Alemán, José María Herrera y Vidal García. Un informe de diputados con procesos pendientes en la Corte Suprema de Justicia revela que Salerno mantiene ocho denuncias en la Corte; Herrera y García tienen dos procesos, y Alemán y Miller tienen una denuncia cada uno. Las quejas están relacionadas con delitos que van desde supuestas faltas electorales hasta violación a normas de la administración pública.

Isidro Rodríguez