Diputada Ábrego paga centavos por tierras costeras

EREIDA PRIETO-BARREIRO

eprieto@prensa.com

 

 

El paraíso de Yanibel Abrego, diputada del Cambio Democratico

 

Yanibel Ábrego llegó a la Asamblea Nacional en 2009 gracias a electores que le dieron su voto porque se postuló como independiente. Pero su fidelidad a ellos le duró poco. En enero de 2010 saltó a las filas del partido oficialista Cambio Democrático (CD), un mes después de que la Autoridad de Administración de Tierras (Anati) le vendiera un terreno bañado por el océano Pacífico, a cuatro centavos el metro cuadrado.

En total, Ábrego obtuvo unos 185 mil 500 metros cuadrados en una hermosa península conocida como Majagual –a unos 40 minutos del centro de Capira–, de los cuales, cerca de 135 mil los obtuvo a 4 centavos el metro cuadrado, y el resto a 60 centavos el metro.

En la cima de Majagual, la diputada se construyó su residencia de playa, que desde su piscina goza de una privilegiada vista del Pacífico. Además, construyó una glorieta, un pequeño parque y dos accesos a la playa de arena blanca que rodea la exclusiva propiedad.

Pero la diputada asegura que cuando sube la marea no hay acceso al mar. “Es más –dijo–, en Majagual no hay playa”, aunque las imágenes fotográficas muestran claramente la que rodea el globo de terreno.

Las escaleras que dan acceso a la playa desde su casa y la glorieta tienen 15 años de estar construidos, dice, mientras que la casa, 12, y que su piscina dice que se construyó hace 3 años, aunque los documentos hablan de 2011, fecha en la que otorgó el permiso de construcción el Municipio de Capira. De la vivienda no hay registro de permiso alguno en ese municipio, según fuentes consultadas allí.

A la residencia se llega por una calle exclusiva, flanqueada por palmeras en crecimiento, y no menos de 20 postes del tendido eléctrico, incluidas luminarias nuevas.

Aunque Ábrego no mencionó cuántos años tiene la calle que conduce a su casa (dice que fue antes de la piscina), indicó en una primera entrevista que su longitud es de kilómetro y medio, y luego dijo de 900 metros, y que es una “trocha de tosca y lodo”. Pero un recorrido por el lugar revela más que tosca y lodo. Hay tramos de cemento, cercas y drenajes pluviales para impedir la erosión de la vía. El tendido eléctrico hasta su vivienda dice que le costó $30 mil.

En la entrada de la propiedad, un letrero de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), en vez de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), anuncia la “construcción de camino de acceso a una finca privada”, aprobada el 23 de febrero de 2011, aunque el alcalde de Capira, Iván Saurí, desconoce cómo se tramitó su construcción y la colocación de las luminarias y el tendido eléctrico.

En un extremo de la finca hay pequeñas casas de pescadores, temerosos de ser desalojados. Alegan que fueron advertidos de que deberán abandonar sus tierras en cuanto se formalice una solicitud en tal sentido. Uno de ellos, que prefirió no ser identificado por temor a represalias, dijo que lleva más de 40 años de vivir allí con su familia. “Hemos escuchado que la honorable está comprando toda la zona”, dijo otro pescador de avanzada edad, que también asegura que fue notificado del eventual desalojo.

UN LUGAR ESTRATÉGICO

¿Cómo Yanibel Ábrego –por entonces diputada independiente– pudo titular en 2009 más de 13 hectáreas en un período de solo dos meses [22 de octubre al 23 de diciembre de 2009]? Es casi inevitable recordar las veloces titulaciones de Anati en las playas de Juan Hombrón (Coclé), en el mismo plazo.

Fue así como este diario pidió copia a la Anati del expediente de esta tierra vendida a la diputada Ábrego.

“Supe –dijo a este medio– que estabas en Catastro investigando mi expediente porque me dijeron que estabas esperando [respuesta]. Por eso me paré tres o cuatro veces en la Asamblea para decir que no era posible que no se verificaran las informaciones, porque para mí esa propiedad es sagrada, y no porque esté frente al mar o porque tiene un valor económico...”.

“Un día –añadió– me llamó Franklin Oduber [administrador de Anati], preocupado por si yo tenía algo malo en las tierras y no sé que [otra] cosa, porque él acababa de llegar a la Anati y pensó que yo tenía algún enredo con los que estaban anteriormente ahí...”, reveló Ábrego al señalar que meses atrás Oduber le había informado que respondería una solicitud periodística para verificar su expediente.

Fue, precisamente, a solicitud de este diario, que Oduber entregó los documentos en los que se revela que Ábrego hizo en 2004 su primer intento de obtener la finca ante la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por las más de 13 hectáreas, Ábrego pagó por entonces $4,708.68, a razón de 4 centésimos el metro cuadrado. La venta directa prosiguió el 2 de marzo de 2005, con una resolución firmada por el entonces viceministro de Finanzas, Rolando Mirones.

Pero el 25 de agosto de ese año, el entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, informó a Contrataciones Públicas que, por motivos de “interés público”, no se continuaría el proceso.

Colamarco advertía de que “la existencia de una notable incongruencia en cuanto a la ubicación del área objeto del trámite produce desaciertos e incertidumbres que afectan la actuación administrativa”, por lo que no se concretó la venta, y la Dirección de Contrataciones Públicas dejó “sin efecto” la resolución que aprobó la compraventa.

Ábrego pidió una reconsideración que fue rechazada en 2008, porque el acto administrativo “no es susceptible de recurso alguno en la vía gubernativa”. Pero eso estaría por verse.

Ábrego hoy dice sentirse “víctima” de Colamarco y de Mirones, que “me querían quitar mi tierra... Cuando hablé con Colamarco, aseguró, él me dijo que eran instrucciones de arriba, y cuando le pregunté [de quién], me dijo que Rolando Mirones”. Afirmó que sabía que, de salir elegida como diputada, solucionaría el “problema político” de la tierra.

Ante esta acusación, Colamarco dijo a este medio que todo se hizo con apego a la ley. Señaló que al verificar la ubicación del terreno, se percató de que “era un lugar estratégico para un plan integral de desarrollo y para el Estado”, por lo que era conveniente su uso público. Lamentó que por “metodologías políticas”, el terreno no sea de acceso público. Este diario no pudo localizar a Mirones.

UN ´REGALO´ DE NAVIDAD

Con el cargo de diputada y la entrada del llamado gobierno del cambio, la suerte le sonrió a Ábrego. El hoy exviceministro de Finanzas Dulcidio De la Guardia fue clave en ello, pero dice haber olvidado su intervención en el asunto. “No recuerdo los detalles del caso, toda vez que esto sucedió hace tres años. Sin embargo, estoy seguro de que todo se hizo con apego a la ley”, indicó.

Los documentos dejan claro su rol. De la Guardia alegó que era “incongruente” la resolución de Colamarco que, por interés público, dejó sin efecto la resolución que aprobó la venta de la tierra, pues no se le dio utilidad pública a esta.

También criticó que se haya rechazado el plano del terreno –calificado de improcedente por Colamarco– así como la reconsideración negada a Ábrego, ya que, a su juicio, no había “inconveniente jurídico para acceder a la venta del globo solicitado”. Además, que la entidad había incurrido en “faltas graves al debido proceso” y que “violó” y dejó en “indefensión al contribuyente”.

En vísperas de la Noche Buena –el 23 de diciembre de 2009–, el MEF acordó “dejar sin efecto” la resolución de Colamarco, con lo que Ábrego podía concluir su compra. El documento lleva las firmas de De la Guardia y del hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, como secretario ad-hoc del MEF.

Una semana después se notarió la venta. Por un lado, y a nombre de la Nación, Dulcidio De la Guardia, y por el otro, Ábrego, que se convirtió así en dueña de más de 13 hectáreas de tierra bordeada por playa a solo 4 centavos el metro cuadrado.

La minuta de la operación la elaboró Héctor Santos, el abogado de Anati que inscribió un terreno de más de 9 mil metros cuadrados en Punta Chame a favor de la sociedad Puntabeach Interprises, que hoy es objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

La venta del terreno a Ábrego se produjo dos días antes de que se promulgara en Gaceta Oficial la Ley 80 de 2009, que regula la titulación en zonas costeras y territorio insular que se discutía desde octubre de ese año en la Asamblea.

El artículo 7 de esa ley establece una tabla de precios que fija el pago de 6 mil dólares por un terreno que abarque más de 5 hectáreas, pero menos de 30 en Capira y hasta la playa Majagual.

Un mes después de que el Gobierno le permitiera comprar a cuatro centavos el metro cuadrado –el domingo 24 de enero de 2010–, Ábrego se inscribió en Cambio Democrático, teniendo como testigo al propio presidente, Ricardo Martinelli.

Sobre este terreno, Ábrego indicó haber iniciado los trámites para adquirirlo en el año 2000 cuando dijo tener “18 años” y no 22 años. Sin embargo, esto contradice los documentos de compra del terreno, que mencionan el expediente AL-139/ 2004.

MÁS TIERRAS

Pero esas no fueron las únicas tierras que Ábrego quería de la Nación. El 17 de agosto de 2010 la diputada solicitó a la Anati comprar otros dos terrenos de 4.1 hectáreas y de 0.9 de hectárea, ambos en Majagual, colindantes con sus recién compradas 13.5 hectáreas.

La nueva compra era, según dijo Ábrego a este diario, porque “nunca me percaté de hacerle entrada a la propiedad”.

La diputada, de 34 años de edad, afirmó en sus documentos de compra contenidos en el expediente, poseer esas tierras desde 1985, es decir, desde que tenía 7 años de edad. Aportó planos, declaraciones juradas de tres testigos y una escueta carta de un trabajador suyo que decía tener seis años de dar mantenimiento al terreno.

En la certificación de la corregidora de Cermeño, Eira Hernández, fechada el 15 de julio de 2010, se omitió mencionar la cantidad de años de residencia de Ábrego en la zona, aunque señala que la solicitante colinda al norte y al este con terrenos de ella misma, y al sur con el Pacífico.

Para que el trámite en la Anati se atendiera con prontitud, en la solicitud se hizo una petición: “Atención Héctor Santos”, el abogado que ya había inscrito el primer terreno de Ábrego.

El 9 de septiembre de 2010, Santos envió un memorando a Cartografía para que revisara los planos y programara una inspección a las tierras. La solicitud llevaba copia a su jefe, Eric Lamboglia, vinculado al caso de Juan Hombrón.

El informe de inspección lo entregó el departamento de Geodesia el 25 de octubre de 2010, que reportó que “la inspección solicitada no se puede efectuar debido a que el plano presentado no tiene amarre ni información para ubicar el terreno solicitado por Ábrego. Se devolvió hasta que se corrija”.

Un informe de otra inspección –en la que participaron un topógrafo, el abogado Santos y Eduardo García, esposo de Ábrego– dice que en el recorrido “no hubo oposición de terceros” y que se halló una zona inadjudicable cercada que impedía el paso de los moradores a la playa.

PROCESO

El 3 de enero de 2011, Ábrego presentó el plano, una vez más dirigido a Santos, y con una instrucción manuscrita efectuada por un funcionario de Anati: “hacer afuera para revisión e inspección de plano y aprobar”.

En carta con membrete de la Asamblea Nacional –dirigida a la entonces directora de Titulación, Anabelle Villamonte–, Ábrego pide inspeccionar la playa para determinar la servidumbre.

Simultáneamente, el abogado de la Anati que hizo los trámites de Ábrego –Héctor Santos– pidió a Cartografía una inspección del área que estaba siendo “usurpada” por el dominio de terceros en un sector inadjudicable y que el informe se remitiera a “la brevedad de lo posible”. “Concluida la diligencia en cuestión –decía– requerimos nos sea remitido lo actuado para continuar con el trámite respectivo”.

En abril de 2011, Villamonte envió una nota al alcalde de Capira, Iván Saurí, para que desalojara con policías a los que estaban “impidiendo el paso a las propiedades de Ábrego” y a la playa donde, además, se estaba aplicando un “cobro” ilegal a los visitantes.

Tras una inspección, Saurí concluyó que “no existe cerca o límite que impida el acceso” a la playa y que en la servidumbre “existen algunas casas provisionales” de pescadores y una casa de bloque de Ábrego y que “no se detectó cobro por acceso a la playa y los ocupantes presentaron una solicitud (de tierras) y planos” en trámite, por lo que preguntaba si debía seguir con el desalojo.

La respuesta la envió Villamonte un mes después: mantenía sus órdenes a Saurí de desalojar con la policía. Villamonte también envió una carta a la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, haciéndole la misma solicitud y señalando que, de requerir información adicional, hablara con Santos.

ADJUDICACIÓN

Entretanto, el 16 de abril de 2011, las personas que debían ser desalojadas presentaron una oposición al trámite de compra de Ábrego del terreno de 4.1 hectáreas. Alegaban que era “falsa” la marcación de servidumbre en el plano de Ábrego, que ellos no impedían el paso a la solicitante y que tenían una certificación de la Arap.

Además, presentaron una demanda civil, ya que la cerca que habían instalado “había sido violada por Ábrego con maquinaria pesada”, misma con la que “construiría una carretera privada”.

El abogado de la diputada replicó que su cliente había “comprado los terrenos desde 2004”, y aportó como prueba un expediente de 2010. (Este medio no halló detalles de tal gestión desde 2004 en el expediente).

A pesar de todo, el 28 de junio de 2011, Villamonte firmó un edicto que permitía continuar la venta del terreno que quería Ábrego.

En marzo de 2012, los reclamantes desistieron de su demanda sin explicar las razones, dando paso para que Carlos Dutari, el nuevo director de Titulación que reemplazó a Villamonte, emitiera un edicto sobre la venta del terreno.

En los expedientes se observan notas manuscritas de Lamboglia, con fecha del 10 de mayo de este año. Una de ellas, con copia a Dutari, tiene claras asignaciones para dos funcionarias de Anati.

“Compañeras –dice una de estas notas– para atender los expedientes que están amarrados al de Yanibel Ábrego, adjunto modelos de documentos. .. la idea es tener mañana antes del mediodía los documentos necesarios para la firma del director...”.

Lamboglia ordenó enviar una nota al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para el “visto bueno preliminar” del terreno. Y el 11 de mayo pasado, el departamento de Cartografía le notificó que las tierras solicitadas por Ábrego ya “reunían los requisitos técnicos”.

Ese mismo día, Dutari notificó a Ábrego del pago de 30 mil 534 dólares por los dos terrenos: a 0.60 centésimos el metro cuadrado.

Tras el escándalo de Juan Hombrón, Ábrego desistió de que estos se le entregaran de forma gratuita. Así, el 1 de junio, Ábrego canceló el pago y el 30 de agosto siguiente, Dutari firmó la venta de las tierras.

Visiblemente molesta, Ábrego cuestionó las razones por las que este diario investigó su residencia de playa y no a sus “colegas”, que tienen “tantas mansiones... en la Asamblea sí hay gente con mucha plata, billete”, pero se guardó los nombres de sus colegas con mansiones.