Gobierno pretende acabar con el patrimonio del área canalera.
Dirigentes comunitarios de las áreas revertidas
denuncian que el gobierno pretende modificar el plan de desarrollo de
áreas canaleras ya planificadas.
Didier Hernán Gil Gil
Miembros de la Federación presentaron un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 2009. LA PRENSA/Bienvenido
Velasco
La Federación de Comunidades Revertidas denunció que el Gobierno pretende acabar con el patrimonio del área canalera.
La
coordinadora de esta agrupación, Aida Torres, manifestó que como el
Estado no pudo vender los terrenos de la Zona Libre de Colón,
ahora intenta hacerlo en las áreas revertidas.
Según Torres,
las autoridades del Gobierno buscan ajustar el presupuesto vendiendo
zonas de protección hidrológica, bosques y parques.
Para
facilitar la venta, el Gobierno pretende modificar el plan de
desarrollo de áreas canaleras ya planificadas como: “no desarrollables”,
“reservas naturales”, “áreas inundables”, “parques infantiles”, “la
única escuela pública en el área”, “edificios históricos” y “Amador”.
Aseguró que esto contradice la Ley 21 de 1997, que garantiza el uso colectivo, sostenible y de conservación de estas tierras.
Según
Rafael Spalding, asesor técnico de la Federación, la no protección de
la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá es un atentado al
funcionamiento de la vía acuática, ya que se afecta la cantidad y
calidad del agua, entre otros. Mientras que el experto en derecho
ambiental Donaldo Sousa sostuvo que las múltiples propuestas de
cambios de zonificación demuestran que esta administración busca hacer
dinero en poco tiempo.
La defensa por las áreas canaleras ha
generado que se unan varias organizaciones como el Sindicato Único de
Trabajadores de la Construcción, Consejo Nacional de Trabajadores
Organizados, Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente y
la Federación Nacional de Servidores Públicos, entre otras.
La
Federación de Comunidades Revertidas también presentó ayer un
recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia
contra la Ley 61 del 23 de octubre de 2009, que crea el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), y el Decreto 179 del
26 de febrero de 2010, que suspende la competencia del municipio en
materia de ordenamiento territorial en las ciudades.
Este medio pidió una versión al Miviot y a la Autoridad Nacional del Ambiente sobre el tema, pero no hubo respuesta.
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