Retraso en sistema jurídico afecta desarrollo comercial
El Órgano Judicial no ha realizado una adecuada inversión de sus
recursos para asegurar una eficiente y rápida provisión de justicia.
Alfonso Acosta P.
Una visita a las oficinas del Órgano Judicial repartidas a lo largo del
país refleja los anacronismos que causa esta falta de recursos, donde
jueces deben fallar en despachos reconvertidos, algunos tribunales
separados por mamparas. Secretarias judiciales toman dictado en
computadoras antiguas y algunas todavía en máquinas de escribir.
La epopeya del caso Financial Pacific ha generado un fuerte interés
por parte de analistas jurídicos, ya que ejemplifica las severas
deficiencias institucionales en los mecanismos judiciales del país.
La
casa de valores fue sujeta en octubre a un proceso de reorganización
por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), luego de que esta
detectara irregularidades en la administración de la entidad financiera.
En
respuesta, los directores de la casa de valores interpusieron un amparo
de garantías constitucionales ante el pleno de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), alegando una violación al debido proceso.
El
magistrado encargado del caso, Alejandro Moncada Luna, admitió el amparo
presentado y posteriormente ordenó en un oficio judicial la suspensión
del proceso de reorganización.
La SMV procedió a detener la
reorganización, pero ha recurrido a suspender la licencia operativa de
la entidad como medida preventiva hasta que la CSJ emita un fallo.
Luego
de su presentación hace más de un mes, la CSJ no ha resuelto el amparo
de garantías, un recurso que debe ser tramitado con prioridad.
Para
muchos abogados y expertos, esta situación muestra las fallas
institucionales de un órgano del Estado que debe jugar un rol más
importante en el desarrollo del país.
La tardanza en la resolución
del amparo ha causado una incertidumbre en el mercado de valores, lo
cual motivó a la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, que reúne a
los entes financieros más importantes del país, a pronunciarse de forma
contundente, solicitando a la CSJ fallar sobre el tema “de
inmediato”.
El abogado Carlos Ernesto González Ramírez coincide
con este juicio, indicando que “ha pasado mucho tiempo” y que una
resolución pronta es necesaria, ya que se impide “el cumplimiento de una
regulación” establecida por ley.
González Ramírez indica que este
tipo de casos tienen una importancia “enorme”, ya que pueden generar
una percepción de “inseguridad jurídica en cuanto a transacciones
comerciales. Estos eventos se pueden constituir en barreras de entrada
al mercado”.
La debilidad institucional del Órgano Judicial es un
problema que se ha discutido ampliamente, pero que no ha recibido una
respuesta definitiva por parte de varias administraciones que ha tenido
el país.
Para González Ramírez, una de las expresiones de esta
falta de apoyo institucional se ve en la escasa dotación de recursos que
recibe la entidad.
En 2012, el Órgano Judicial, uno de los tres
poderes del Estado, contó con 106.7 millones de dólares, un presupuesto
inferior al de muchas de las dependencias del Ejecutivo.
De
hecho, Moncada Luna, que preside la CSJ, tuvo que reunirse con el
ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, para evitar un recorte
presupuestario de 10.3% para 2013.
La utilización de estos
recursos debe ser repartida entre varios proyectos de reparación de
infraestructura, lo cual usualmente desvía la atención del
fortalecimiento institucional.
Una visita a las oficinas del
Órgano Judicial repartidas a lo largo del país refleja los anacronismos
que causa esta falta de recursos, donde jueces deben fallar en despachos
reconvertidos, algunos tribunales separados por mamparas. Secretarias
judiciales toman dictado en computadoras antiguas y algunas todavía lo
hacen en máquinas de escribir.
“Todavía se usa papel carbón, con eso te digo todo”, comenta el abogado Ramón Palacios.
La
deficiencia económica también afecta la capacidad de ofrecer justicia
de forma rápida y efectiva. Para 2007 existía un equipo de 118 jueces
civiles de circuito, ya en ese entonces bajo fuertes presiones de
trabajo, los cuales enfrentaron 15 mil 71 casos, dejando 7 mil 440
pendientes de resolución.
Para el período de 2012, el equipo de
jueces civiles percibió un aumento hasta los 150, pero tuvo que
enfrentar 19 mil 556 casos, dejando 11 mil 73 casos pendientes de
resolver.
Palacios explica que la creciente mora judicial “tiene
efectos negativos en la calidad de los fallos que emiten los jueces y
genera más apelaciones que son más costosas para el sistema”. Esto se
expresa en un círculo vicioso que tiene fuertes efectos en el país.
El
exmagistrado de la CSJ, Adán Arnulfo Arjona, también identifica un
problema de incentivos perversos. “Tienes a jueces de circuito, que
ganan 2 mil 500 dólares al mes, decidiendo casos de millones de dólares
en un sistema donde las presiones económicas influyen”, manifestó.
Además,
Arjona indica, muchas veces los jueces no cuentan con la independencia
institucional para poder tomar las decisiones necesarias. “La cúpula
está demasiado contaminada por intereses políticos”.
De forma
igual, la escasez de fondos genera una falta de inversión en
capacitación institucional. “Hay jueces que tienen que resolver asuntos
comerciales que no disponen de las herramientas cognoscitivas para
resolver estos temas y pueden no tener las competencias para manejar
temas bancarios y financieros”.
Esta falta de capacitación en
temas importantes para la economía nacional genera una inseguridad por
parte de comerciantes, que muchas veces prefieren pactar acuerdos de
arbitraje, buscando alejarse del sistema judicial.
Arjona
establece que esto no necesariamente implica un avance. “El arbitraje es
justicia boutique, pero no resuelve el problema. Como todavía hay una
respuesta tardía e ineficiente, muchos ven al sistema de justicia más
como un obstáculo que como una solución”.
Para la exprocuradora
Ana Matilde Gómez, todos estos elementos, incluyendo una falta de
capacitación, una alta presión, un fuerte volumen de trabajo y bajos
niveles de institucionalidad, afectan de forma importante a una entidad
que debe dar respuesta rápida a los conflictos que surjan en el país.
“El
estado emocional de estas personas se ve mermado cuando no se dan las
condiciones laborales necesarias”, además de que un asistente de un
ministro muchas veces pueden ganar más que un juez.
Aunque el
órgano ha recibido aumentos progresivos en su mínimo presupuesto, la
inversión que se realiza en el desarrollo institucional es
comparativamente pequeña.
Durante 2012, el Órgano Judicial ha
dedicado alrededor de 85% de su ejecución presupuestaria, unos 59.1
millones de dólares, a gastos de funcionamiento, mientras que sus
inversiones ascienden hasta los 10.8 millones de dólares.
De
estos, el presupuesto de transformación y desarrollo institucional ronda
los 3.7 millones de dólares, mientras que el gasto en capacitación
judicial ha sido de apenas 171 mil 539 dólares.
González Ramírez
indica que la provisión de justicia rápida es importante y requiere de
la dotación necesaria de recursos. “Hay que nombrar más jueces, cambiar
los procesos, invertir en infraestructura y mejorar los salarios”.
Palacios está de acuerdo con esta idea. “Necesitas más personal que cuente con más herramientas”.
El
exmagistrado Arjona agrega que también se deben tratar problemas que
no son necesariamente económicos. “Hay una situación humana que no es
fácil de abordar. Hay asimetrías en el sistema que se deben tratar, pero
ciertamente hay un problema real de déficit de personal en conjunto con
un problema de capacitación”.
Al preguntarle a Arjona por qué
considera que este órgano del Estado no recibe los recursos que necesita
para proveer a la población de justicia en la forma que la ley lo
establece, el exmagistrado indica que “ha habido una miopía
institucional. El problema práctico es que a la idea de mejorar la
justicia no se le tiene fe. Hay que trabajar en la gente para que reúna
el atributo de integridad”.
“Es un esfuerzo sobrehumano para cambiar la atmósfera de valores”, concluye.
Casos
como el de Financial Pacific y otros revelan la necesidad de contar con
una mayor institucionalidad en el sistema judicial, muchas veces
ignorado, pero extremadamente relevante.
15,071
casos civiles activos ante jueces de circuito en 2007.
7,440
casos civiles pendientes al cierre de 2007.
19,556
casos civiles activos ante jueces de circuito en 2012.
11,073
casos civiles pendientes al cierre de 2012.
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