Los jamones de la discoria: empresa juez y parte.

Santiago Cumbrera

scumbrera@prensa.com

 

 

La Ley 22 de 2006 establece que la comisión verificadora o evaluadora deberá estar constituida por la entidad licitante.

Uno de los miembros de la comisión evaluadora que participó en la licitación para comprar 30 mil jamones con fondos públicos, que luego fueron repartidos por el presidente de la Asamblea Nacional y concejal de El Chorrillo, Sergio Gálvez, está vinculado con Proveedora Táchira, S.A., empresa que se alzó con este contrato de más de medio millón de dólares.

Se trata de Omar Guerra Montiel que, tan solo un día antes de la licitación –el 28 de noviembre de 2012– fue facultado por Reyna Antón Canto, presidenta y representantes legal de Proveedora Táchira, S.A., para representar a esta empresa en la licitación abreviada.

Lo anterior consta en una carta que envió la empresa a la junta comunal de El Chorrillo y que fue certificada por Jaime Guillén Anguizola, notario cuarto de circuito de Panamá (ver facsímil).

Esta designación no fue impedimento para que Guerra Montiel –en calidad de miembro de la comisión evaluadora nombrada por la junta comunal de El Chorrillo– diera su “voto favorable” a la calidad del producto ofertado [jamones de cerdo ahumado tipo picnic] por Proveedora Táchira, S.A. que, por cierto, fue el único oferente en esta licitación (ver facsímil).

A la comisión evaluadora –integrada además por la nutricionista Yakeida Rodríguez y Damaris de Ramos, contadora de la junta comunal de El Chorrillo– le correspondió revisar que la empresa beneficiada con este contrato cumpliera con todos los requisitos y exigencias del pliego de condiciones.

A juicio del abogado y especialista en contrataciones públicas, Ernesto Cedeño, ningún miembro de una comisión evaluadora puede estar vinculado con un proveedor que participe en una licitación, porque se viola el principio de transparencia y, además, existe conflicto de interés. “La transparencia debe primar en todo el proceso de contratación pública”, recalcó Cedeño.

El artículo 20, numeral 5, de la Ley 22 de 2006 –que rige las contrataciones públicas– señala: “los que sean integrantes de comisiones de evaluación están obligados a actuar con estricto apego a la ley y a los criterios y metodologías contenidos en el pliego de cargos”.

Igualmente, la citada norma en el mismo artículo, numeral 2, expresa: “los funcionarios serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa. En este último caso, la actuación indebida se considerará una falta administrativa grave...” .

Por otro lado, la Ley 22 de 2006 le concedía un plazo de cinco días hábiles a la comisión evaluadora para emitir un informe técnico a la junta comunal de El Chorrillo a fin de adjudicar el acto público. Sin embargo, el documento fue entregado –en un hecho poco usual– el mismo día en que se hizo la licitación, según información del portal de PanamáCompra.

Este diario le dejó mensajes ayer a Keira Navarro, suplente de Gálvez y encargada de la junta comunal de El Chorrillo, para conocer las razones por las que aparece un representante de la empresa beneficiada en la comisión evaluadora, pero no devolvió las llamadas.

VÍNCULOS Y RELACIONES

Aunque Gálvez ha guardado silencio sobre el origen de los fondos públicos y las razones que motivaron a comprar los 30 mil jamones a Proveedora Táchira, S.A. –empresa intermediaria en esta transacción–, se empiezan a revelar posibles vínculos políticos detrás de esta compra.

Por ejemplo, Guerra Montiel, designado como representante de Proveedora Táchira, S.A. –y como ya se dijo, miembro de la comisión evaluadora– aparece como secretario de la sociedad Exports, S.A., constituida en el año 2010 y que preside Camilo De La Guardia.

En esa sociedad también figura como tesorera Reyna Antón Canto, presidenta y representante legal de Proveedora Táchira, S.A., que el 12 de noviembre pasado también le vendió [de forma directa] a la Asamblea Nacional jamones y pavos por más de 95 mil dólares.

De La Guardia es un exmilitante del Partido Panameñista. Además, su hijo Julio De La Guardia Arrocha es actualmente embajador de Panamá en la India. El diplomático abandonó las filas panameñistas en diciembre de 2008 para inscribirse en el oficialista Cambio Democrático (CD), partido en el que también milita Gálvez.

En 2009, el entonces candidato presidencial por Vanguardia Moral de la Patria, Guillermo Endara (q.e.p.d), fustigó a Gabriel De Janón y a Camilo De la Guardia, entonces directivos de su partido, acusándolos de haberse plegado “a los ofrecimientos” de su contendor Ricardo Martinelli, y de merodear en los corrillos alegando que su candidatura no era legal.

Endara, en la noticia divulgada por el diario Panamá América, calificó a De Janón y a De La Guardia de “traidores” y de “andar con maletines llenos de dinero para ofrecerles a él y a la dirigencia vanguardista para que abandonaran el partido y se sumaran a la alianza opositora que lidera Martinelli”.

Hoy, De Janón enfrenta un proceso en la Fiscalía Electoral por el supuesto ofrecimiento, en abril pasado, de 130 mil dólares al concejal panameñista Aurelio Alonso (Penonomé) para que se cambiara al partido oficialista.

Fuentes políticas del Molirena y del panameñismo confirmaron la relación de amistad entre Camilo De La Guardia, su hijo y De Janón. También mencionaron que el diputado expanameñista –ahora Molirena– Francisco Alemán, es parte estrecha de ese círculo de amistad.

Este medio llamó tres veces al celular de Camilo De La Guardia. La primera vez contestó y dijo que estaba en una reunión y que devolvería la llamada, pero no lo hizo, pese a que posteriormente se le dejaron varios mensajes en su celular.

También se llamó a Reyna Antón Canto, quien contestó la llamada, pero cuando se le interrogó sobre sus vínculos con la compra de los jamones de Gálvez, colgó. Ni el diputado Alemán ni De Janón respondieron a las llamadas que les hizo este diario a sus teléfonos.

Además, se envió un correo electrónico a la dirección que aportó Proveedora Táchira, S.A. en esta licitación, pero al cierre de esta edición tampoco hubo respuesta. A su vez, el teléfono que proporcionó la empresa en la licitación corresponde a una máquina de fax.

Los intermediarios

Proveedora Táchira es la intermediaria que le compró a Corporación Internacional de Alimentos, S.A. los 30 mil jamones que Gálvez pagó con fondos públicos.

Corporación Internacional de Alimentos, S.A. tiene como suscriptor a Claudio Lacayo Álvarez, militante del Molirena y exsecretario general de ese colectivo oficialista.

La última vez que Corporación Internacional de Alimentos, S.A. importó jamones fue en abril de 2012: fueron 830 cajas de jamones (3 mil 500), de 10 libras cada uno, por las que pagó $65 mil, incluyendo el impuesto de importación. Su procedencia es Estados Unidos, con fecha de vencimiento: 2013.

Para esta licitación, Corporación Internacional de Alimentos, S.A. –presidida por Rafael Larrea– firmó un “compromiso solidario” con Proveedora Táchira, S.A. en el que se detalla que están en capacidad de entregar, en un término de 15 días, 30 mil jamones con las especificaciones que establece el pliego de condiciones.

El compromiso se fijó según un acuerdo de comercialización de los jamones picnic, específicamente, para la licitación aludida.

(Con información de Isidro Rodríguez y Eduardo Mendoza).

 
Proveedora Táchira, S.A. nombró a Omar Guerra Montiel como su representante en la licitación abreviada de los 30 mil jamones que regaló Sergio Gálvez. Guerra Montiel también es miembro de la comisión que aprobó la compra de los jamones.