Cierra 2012 con una expectativa que le incumbe a todo el sector empresarial. El desenlace del caso Financial Pacific, la casa de valores investigada por supuestos delitos de estafa, falsedad de documentos y lavado de activos. El caso también es un choque entre dos pesos pesados: la Superintendencia de Valores y la Corte Suprema. La verdad de un expediente que no admite especulaciones. Y nada se sabe del paradero de Ramos.
ÓSCAR CASTAÑO LLORENTE
Es la noticia financiera del año o de la década, según expertos, con
la misma trascendencia de otros procesos administrativos y penales que
en el pasado sacudieron el ambiente regional de los negocios.
Es
el caso de la estructura piramidal de David Murcia Guzmán (DMG) o del
proceso sin fin del conglomerado empresarial Adelag. Ambos aún sin
conclusiones definitivas.
La comparación es propia porque
Financial Pacific presentaba una trayectoria modelo en el tracto
habitual de sus negocios. Reportaba una supuesta cartera de 400 clientes
y cerca de 80 empleados.
Cerró 2011 en la cuarta posición de la
lista de las casas de valores –más de 75– y un monto administrado de 135
millones de dólares.
Nadie advertía los riesgos y las operaciones
gestadas de puertas para adentro. Había dinero que entraba y salía bajo
la discreción de una de las empleadas de confianza, que alega que no
conocía a la junta directiva.
Se trataba ni más ni menos de un desfalco millonario, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Las
operaciones de la casa de valores tuvieron un serio tropiezo que quedó
en evidencia con la orden de reorganización emitida el 16 de octubre por
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La decisión se
sustenta en irregularidades observadas por el regulador meses atrás,
entre ellas la denuncia de un inversionista descontento con el manejo de
su cuenta, por ahora el único cliente visible, e incongruencias en los
estados financieros.
En el informe preliminar del pasado 23 de
octubre, elaborado por Maruquel Pabón de Ramírez, reorganizadora
designada por la SMV, resaltan el faltante de 11 millones 300 mil
dólares y la configuración de plazos fijos de inversionistas de
Financial Pacific en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de
la Caja de Seguro Social.
Sobre estas transacciones era equívoca
la información reportada a los clientes. Este fue un aspecto tenido en
cuenta por el regulador para emitir la suspensión de la licencia de
operaciones el 7 de noviembre.
Las expectativas iban en aumento y
se sabría pronto el nombre de los afectados, pues el regulador pediría
la reorganización de la empresa.
Pero el proceso emprendido por la
SMV se detuvo abruptamente cuando Alejandro Moncada, presidente de la
Corte Suprema de Justicia, acogió la solicitud de amparo de garantías
interpuesto el 8 de noviembre por los representantes legales de
Financial Pacific.
Sorprendentemente, la Corte Suprema concedió el recurso en un dictamen sin precedentes en la historia financiera del país.
El
amparo de garantías se basa en un posible conflicto de interés de la
reorganizadora –excomisionada de la extinta Comisión Nacional de Valores
(Conaval)– y que en 2003 había seguido un proceso administrativo sobre
la casa de valores.
Otros motivos del recurso descansan en vicios
de forma en el cumplimiento de la orden del SMV y la certeza de West
Valdés, uno de los directores, de la ilegalidad de la reorganización y
la intención de llevar a la empresa hasta su liquidación.
Nadie esperaba la decisión emitida por el órgano máximo de justicia.
Y
menos la SMV, que por lo visto la tomó desprevenida, y solo hasta el 20
de noviembre, a las 5:00 de la tarde, acudió al Ministerio Público para
presentar una denuncia por los delitos de estafa, falsedad de
documentos y blanqueo de capitales contra Financial Pacific.
Fuentes
del mercado aseguran que la denuncia se presentó por las presiones de
la junta directiva de la SMV, integrada por siete miembros, dos de ellos
representantes de las superintendencias de Bancos y de Seguros y
Reaseguros.
“O la presenta usted, señor superintendente, o lo hacemos nosotros”, aseguran que dijeron miembros del colegiado.
En
ese contexto de decisiones contradictorias, de choque de trenes entre
estamentos públicos, se enrarece el ambiente del mercado de capitales
con la aparición de carteles en las calles que informan sobre el
paradero desconocido de Vernon Ramos López, subdirector de análisis
financiero en la Dirección de Auditoría de la SMV.
De forma
paralela a las obligaciones con el regulador, Ramos López ocupaba el
cargo de director suplente del Banco Hipotecario Nacional y estaba
inscrito en el partido Cambio Democrático.
Dado el puesto que
desempeñaba el regulador, es casi seguro que desde hace tiempo el
funcionario debió detectar indicios concernientes a la situación real de
las cuentas de Financial Pacific.
Algunas personas ubican a Ramos López en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Otras lo dan por muerto. No se sabe nada de él.
Desde
hace varias semanas, este diario tuvo acceso a la indagatoria rendida
por Mayte Pellegrini ante el fiscal que lleva la querella interpuesta el
26 de julio por West Valdés e Iván Clare, el otro director de la casa
de valores.
En el expediente se hace referencia a las actividades
de Financial Pacific durante los últimos cinco años, sus intenciones
futuras de inaugurar un banco que tendría como socio a Ori Zbeda,
ejecutivo importante de Financial Pacific, y en el que su sobrino
Jonathan Binder juega un papel fundamental.
En todo este proceso
se omite el pasado de Financial Pacific y las investigaciones y
resoluciones en su contra por acciones alguna vez calificadas de
“reprochables” por la Conaval.
La entidad también le comprobó falsedades en ciertos documentos.
En
ese entonces, en otra empleada recayó parte de las explicaciones de los
directores Valdés y Clare sobre defectos de la información suministrada
al regulador y al público.
La estrella de una casa de valores
Entre
los argumentos del amparo de garantías se halla un posible conflicto de
interés de la persona designada para la reorganización, Maruquel Pabón
de Ramírez.
La funcionaria se había desempeñado como comisionada
de la Conaval hasta 2004. Un año antes, Financial Pacific pudo obtener
su licencia de operaciones al pagar una sanción pecuniaria de 20 mil
dólares por haber hecho operaciones sin la autorización del regulador.
“Es
decir, licencia contra multa, que no es la historia típica de una casa
de valores. Estas no se inician así”, comentó una fuente que prefiere la
omisión de su nombre.
La inculpación de un dependiente había sido
uno de los recursos utilizados por los directores de Financial Pacific
en procesos administrativos adelantados por el regulador. Así sucedió
con la multa de 4 mil dólares fijada por la Conaval el 13 de abril de
2007 por omisiones y desbalances en los estados financieros de 2005.
La Conaval observó entonces yerros en las transacciones reportadas por Financial Pacific.
El
volumen total de compra y venta de instrumentos al final de 2005 fue de
mil 172 millones, cifra muy superior a los 343 millones de dólares
tenidos en cuenta para pagar la tarifa de supervisión de 8 mil 582
dólares.
Parte de la falta fue imputada a Elena Araúz Díaz,
oficial de cumplimiento, “al copiar en el cuadro de Excel el precio al
cual se habían negociado los bonos en el mes de julio” de 2005. La
ejecutiva fue multada con mil dólares.
En las consideraciones de
la resolución, la Conaval hace hincapié en la manera como se pueden
generar incumplimientos en la normativa vigente.
Una de ellas,
mediante la entrega al regulador de informes o documentos que contengan
reportes falsos o engañosos o con omisiones de importancia, o cuando “se
deja de presentar al ente información correctiva una vez que se hubiere
percatado de la inexactitud”.
Otro elemento en consideración es
que la firma se publicitaba con información no veraz, que la mostraba en
un ranking en una posición que de acuerdo a lo probado, no le
correspondía, según lo determinó el regulador en 2007.
Este
antecedente es fundamental, vital, y debió de llamar la atención al
regulador en la omisión incurrida por la casa de valores al dejar de
publicar los estados de pérdidas y ganancias desde el año 2010.
En
la página web del regulador se hallan los activos y pasivos de 2008 y
2009. Son cifras significativas si se tienen en cuenta las comisiones
cobradas por la casa de valores y los topes máximos señalados por la
ley.
De los años 2010, 2011 y 2012 no aparecen las huellas del
fraude, que ahora ronda los 14 millones de dólares. Pellegrini es la
acusada por Valdés y Clare del desvío del dinero.
En la
indagatoria ella asegura que solo seguía instrucciones de Valdés e Iván
Clare. Se refiere a las irregularidades en el manejo de las cuentas e
inversiones administradas por Financial Pacific.
Y menciona una cuenta secreta llamada Hight Spirit, a la que ella vincula al presidente, Ricardo Martinelli.
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