Tensión en debate sobre ZLC

Conatos de pelea y amenazas en el período de consultas de la nueva ley de la Zona Libre de Colón. La sesión se reanudará el lunes.

Roberto González Jiménez

roberto.gonzalez@prensa.com   El Salón Azul fue escenario ayer de enfrentamientos físicos y dialécticos. En la imagen, la diputada del PRD Irasema de Dale discute con el dirigente colonense Carlos Grenald. La segunda jornada de consultas del proyecto de ley 529, que incluye la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón a los empresarios que operan en el área, estuvo marcada por la tensión y los enfrentamientos entre detractores y defensores del proyecto.   Cuando se estaba discutiendo el proyecto, dos de los representantes de los grupos populares llegaron a las manos en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, se intercambiaron amenazas y se emplazaron para enfrentarse fuera del recinto.   El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames pidió entonces más seguridad en la comisión y denunció agresiones en las afueras de la Asamblea. El diputado presidente de la Comisión de Comercio, el oficialista Raúl Hernández, reclamó a Adames que había llegado tarde, lo que provocó otro momento de tensión entre los diputados.   Los enfrentamientos entre las dos partes podrían ir en aumento a medida que avanza el debate en la Asamblea. Por lo pronto, los representantes del Frente Amplio de Colón comenzaron ayer las movilizaciones con una rueda de prensa y el cierre de calles en Colón.   En el cruce de acusaciones, la diputada del PRD Irasema de Dale denunció que quienes habían ido a apoyar el proyecto estaban recibiendo dinero. “Vienen aquí, tienen buses, tienen comida, como pasó con el Código Electoral”.   Cuestionada sobre quién estaría detrás de estos pagos, dijo que “la gente que quiere que este proyecto pase inmediatamente, porque necesitan el recurso económico”.   Carlos Grenald, representante del Sindicato de Trabajadores Nacionales de la Construcción y Afines, reconoció que están apoyando a Cambio Democrático y al Gobierno, pero negó que reciban dinero a cambio. “Nosotros somos un sindicato y tenemos nuestros propios ingresos”.   El debate   Ayer tomaron la palabra algunos de los interesados en el proyecto de ley. Participaron el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, el gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti, así como los representantes de los grupos populares y sindicales que reprueban y defienden el proyecto.   Una de las participaciones esperadas era la de los usuarios de la ZLC, por su implicación directa en la venta de los terrenos. El expresidente de la asociación, Severo Sousa, dijo que la ley modernizará la Zona Libre de Colón y que se lograrán avances que estaban “detenidos en el tiempo”.   Dijo que la creación de una ventanilla única, la posibilidad de que se establezcan sedes de empresas multinacionales o la reinversión del 20% de los ingresos operacionales a la misma ZLC beneficiarán al emporio.   Sobre la venta de tierras, insistió en que no fueron los empresarios quienes lo solicitaron, pero que tomada la decisión por parte del Gobierno, optaron por discutir cómo se iba a proceder. Los usuarios no querían que la compra fuera obligatoria, como planteaba el proyecto aprobado por el Gabinete a mitad de año. Ahora tendrán la opción de seguir alquilando con subidas anuales de hasta el 10% en el canon de arrendamiento.   Según el proyecto, el 25% de lo que se ingrese por las ventas de las tierras se invertirá en Colón. Sousa y varios de los que tomaron la palabra pidieron que se eleve ese porcentaje.   Con información de Migdalia Grinard   Datos del área comercial   31 mil Empleos ha generado la zona libre colonense. 3 mil Empresas están registradas. 2 mil tienen presencia física. $2 mil Millones espera recaudar el Gobierno por la venta de los terrenos en los próximos 20 años. Martinelli defiende proyecto El mandatario Ricardo Martinelli defendió su propuesta de vender los activos de la Zona Libre de Colón, rechazando las críticas que le hacen los representantes de los partidos políticos de oposición y miembros de la sociedad civil, quienes consideran que el esquema de alquiler de tierra es rentable para el Estado.   Según Martinelli, los fondos de esta venta se utilizarán para invertir en el país, especialmente para los residentes de la provincia de Colón, “porque no se puede tener un lugar donde más riquezas hay en Panamá, pagando una guayaba, y el pueblo panameño sigue pasando el Niágara en bicicleta”.   Pidió no mezclar la política con el tema de la venta de estos terrenos, “porque el Estado no tiene que ver nada con esto, y hay que cumplirle al pueblo panameño”. Irene Hernández